La iniciativa incorpora 40 acciones para fortalecer la búsqueda y la atención a víctimas, pero colectivos advierten que su cumplimiento dependerá del presupuesto, la vigilancia pública y la voluntad de las instituciones.
Por Mario Marlo / @Mariomarlo
Fotografía de portada: Yohan Saldaña / @SaldanaYohan
Guadalajara, Jalisco, 24 de julio 2026.- La reforma a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco avanzó en el Congreso local después de un proceso de revisión en el que participaron familias buscadoras, organizaciones civiles, especialistas y personal legislativo. Aunque la iniciativa amplía derechos y obligaciones institucionales, los colectivos que participaron en su construcción advierten que la aprobación de nuevas normas no garantiza que las autoridades las cumplan.
La Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas aprobó la reforma el 20 de julio de 2026. El proyecto deberá ser votado por el pleno del Congreso de Jalisco y, en caso de ser aprobado, enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.
La iniciativa atiende 40 de las 50 acciones prioritarias identificadas en un diagnóstico elaborado por la propia comisión legislativa. Entre sus principales disposiciones se encuentran la eliminación de cualquier plazo de espera para iniciar una búsqueda, la obligación de emitir fichas en un máximo de 24 horas, la presunción de vida de la persona desaparecida y el fortalecimiento de la atención a familias fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, para Héctor Flores, vocero del colectivo Luz de Esperanza, uno de los principales problemas permanece sin resolver: la falta de mecanismos efectivos para sancionar a las instituciones que incumplan la ley.
“No existe ningún mecanismo, desgraciadamente, que obligue”, afirmó durante una entrevista en el programa Territorio Sonoro, producido por Somoselmedio en alianza con La Coyotera Radio Comunitaria.
“A pesar de que está la visitaduría, la contraloría y la Comisión Estatal de Derechos Humanos; a pesar de que existe todo este aparato burocrático, realmente no hay un mecanismo. Siempre estamos dependiendo del humor y de la voluntad de quienes nos gobiernan y de quienes están a cargo de estas instituciones”, señaló.
Búsquedas inmediatas y atención en los 125 municipios
La reforma busca ampliar la responsabilidad de los 125 municipios de Jalisco en las labores de búsqueda, prevención y acompañamiento a las víctimas. También incorpora los enfoques psicosocial, de género, especializado y diferencial como principios obligatorios en la atención a las familias.
El proyecto establece que las investigaciones deberán comenzar bajo la presunción de que la persona desaparecida continúa con vida y prohíbe suspender las diligencias por el paso del tiempo o por la inexistencia de una denuncia previa.
Asimismo, reconoce el derecho de las familias y colectivos a colocar y difundir fichas de búsqueda en espacios públicos, sin que autoridades estatales o municipales puedan retirarlas, alterarlas u obstaculizar su difusión.
La iniciativa también contempla mejorar la coordinación y capacitación del personal de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.
Una vez publicada la reforma, las autoridades tendrían un plazo de hasta 90 días para armonizar reglamentos y disposiciones administrativas. También deberán actualizar el Programa Estatal de Búsqueda con la participación de familiares y colectivos.
Más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco
Jalisco concentra más de 15 mil personas desaparecidas, de acuerdo con las cifras citadas durante el programa. En México, el registro nacional supera las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas.
Flores advirtió que las cifras oficiales no muestran la dimensión completa de la crisis, debido a los casos que no son denunciados y a las deficiencias en la integración de los registros.
“En el país, de hecho, pudiéramos tener casi medio millón de personas desaparecidas”, sostuvo.
El vocero de Luz de Esperanza identificó el reclutamiento por parte de organizaciones criminales como una de las principales causas de desaparición en Jalisco.
“Sus necesidades operativas y de reclutamiento cada vez son mayores. Esa es una de las principales causas de desaparición”, explicó.
También alertó sobre el incremento de desapariciones de adolescentes, aunque señaló que la población más afectada continúa siendo la integrada por jóvenes de entre 17 y 29 años.
Durante Territorio Sonoro se informó que, en un periodo de cinco días, se registraron hasta nueve desapariciones de niñas, niños y adolescentes de entre 14 y 17 años en Jalisco. Cinco de los casos fueron denunciados públicamente por sus familias un día antes de la presentación de la reforma.
Flores cuestionó que el reclutamiento forzado por organizaciones criminales todavía no se encuentre tipificado de manera específica en el ámbito federal. También denunció el debilitamiento del Sistema Nacional de Búsqueda debido a la falta de presupuesto, personal e investigadores especializados.
La revictimización también está en las omisiones
Uno de los ejes de la reforma es el principio de no revictimización. Para Flores, este concepto no debe limitarse al maltrato directo que reciben las familias cuando acuden ante una institución.
“La revictimización también está en lo que dejan de hacer en las investigaciones, en las simulaciones y en las dilaciones que sufrimos todos los días”, afirmó.
Aunque la legislación establece que cualquier agencia del Ministerio Público debe recibir una denuncia por desaparición y canalizarla a la autoridad correspondiente, las familias siguen siendo enviadas de una dependencia a otra.
Durante el programa se expuso el caso de Facundo, desaparecido el 17 de julio. Su familia se trasladó desde Tlajomulco de Zúñiga hasta las instalaciones de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, en Guadalajara, donde recibió como primera respuesta que debía regresar al municipio para presentar la denuncia.
Flores también describió un patrón de extorsiones contra familias que comienzan inmediatamente después de acudir ante la Fiscalía.
“Hay muchos casos en los que las familias no habían recibido ninguna amenaza ni intento de sacarles dinero hasta que presentan la denuncia. Van saliendo de la Fiscalía y es cuando empiezan las llamadas”, aseguró.
Las condiciones son todavía más graves fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
“Terrible, terrible”, respondió Flores al ser consultado sobre la situación en el interior del estado.
En regiones como Los Altos, la Ciénega y Valles, explicó, existen familias que no pueden presentar una denuncia ni conseguir la apertura de un expediente de búsqueda debido al control territorial de organizaciones criminales y a la posible corrupción o colaboración de autoridades locales.
Cuestionamientos a las instituciones de búsqueda
Flores reconoció que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco tiene mayores capacidades operativas que instituciones similares de otras entidades. No obstante, cuestionó el desempeño de su Dirección de Análisis y Contexto.
“Es una fuga constante de dinero público, del dinero de nosotros, que ni siquiera ha encontrado una sola fosa en más de seis años”, declaró.
Según el vocero, esa dirección entrega a las familias cientos de posibles puntos de búsqueda sin determinar previamente su viabilidad operativa, lo que dificulta su exploración en campo.
También señaló la sobrecarga laboral que enfrenta el personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.
“¿Qué se puede esperar de un ministerio público que trabaja más de 300 carpetas de investigación y al que cada día le van llegando más?”, cuestionó.
Flores acusó además que los órganos internos de vigilancia, entre ellos la contraloría y la visitaduría, no han garantizado investigaciones efectivas contra servidores públicos señalados por omisiones o irregularidades.
Los describió como “extensiones del poder que protegen incluso a los mismos elementos de la Fiscalía cuando cometen algún delito, entorpecen la investigación o simplemente no la hacen”.
“Una persona puede desaparecer dos veces”
Durante la presentación de la reforma, familiares de personas desaparecidas recordaron que la crisis no comenzó con el actual proceso legislativo y que muchas de ellas llevan más de una década enfrentando omisiones institucionales.
Esperanza Chávez Cárdenas, integrante del colectivo Por Amor a Ellos, relató la desaparición de su hermano Miguel Ángel Chávez Cárdenas, ocurrida el 16 de mayo de 2014 en Guadalajara.
“No había una ley ni una ruta clara. No sabíamos quién tenía la obligación de buscarlo”, recordó.
Chávez Cárdenas sostuvo que las familias acompañarán el proceso legislativo, pero también vigilarán que las disposiciones se conviertan en acciones concretas.
“Venimos con voluntad de diálogo, pero también con la responsabilidad de vigilar que lo escrito se convierta en acciones. Una ley no puede borrar lo vivido, pero sí puede evitar que otras familias recorran solas el mismo camino”, afirmó.
Marta Isela Morales Valdivia, madre de Marco Fregoso Morales, desaparecido el 7 de noviembre de 2015 en Mazamitla, advirtió que el olvido social puede convertirse en una segunda forma de desaparición.
“Una persona puede desaparecer dos veces: primero, cuando no sabemos dónde está; después, cuando su nombre y su historia desaparecen de la memoria de la sociedad”, expresó.
Morales Valdivia, quien participó en la construcción de la primera ley estatal y formó parte del Consejo Estatal Ciudadano, señaló que el respaldo de las familias está condicionado a que existan presupuesto, personal capacitado, plazos verificables y autoridades responsables.
“Respaldamos las 40 acciones incorporadas, pero nuestro respaldo es responsable: necesitamos presupuesto, personal capacitado, plazos, autoridades responsables, seguimiento público y una ruta para las diez acciones restantes”, señaló.
Participación sin paternalismo ni intereses partidistas
Jonathan Ávila, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo —CEPAD—, organización que acompañó el proceso legislativo, explicó que uno de los principales retos fue convertir la participación de las familias en decisiones concretas dentro de la reforma.
Advirtió que la participación conjunta no debe quedar subordinada “a las urgencias burocráticas, electorales, al protagonismo partidista ni a la competencia legislativa o entre los poderes del Estado”.
Ávila llamó al Congreso de Jalisco a escuchar a las familias “sin paternalismo, sin sobrevaloraciones de sus conocimientos y sin invalidar sus sentires”.
La intervención de las familias, agregó, no debe limitarse a reuniones públicas o consultas simbólicas, sino mantenerse durante la elaboración de reglamentos, programas, presupuestos y mecanismos de evaluación.
Proponen fiscalía especializada en desapariciones
El mismo 20 de julio, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó otra iniciativa relacionada con la crisis: la creación de una fiscalía especializada en personas desaparecidas.
De acuerdo con Flores, ninguna entidad del país ha establecido una fiscalía especializada con las características previstas en la legislación general. En caso de que Jalisco apruebe la reforma, publique el decreto y le asigne presupuesto, podría convertirse en el primer estado en hacerlo.
“Tendríamos una fiscalía con autonomía de gestión y con su propio presupuesto, que no estuviera subordinada a un fiscal ni a la Fiscalía del Estado de Jalisco”, explicó.
El vocero insistió en que ninguna transformación institucional será posible sin recursos suficientes y voluntad política.
“Se necesita un presupuesto mayor y una mayor voluntad política. No sólo del Ejecutivo, sino de los fiscales, los secretarios técnicos de la Comisión de Víctimas, los comisionados de búsqueda y los directivos”, sostuvo.
También llamó a la sociedad a dejar de considerar las desapariciones como tragedias privadas que únicamente afectan a las familias.
“La desaparición forzada es un delito que afecta a toda la sociedad. Una sola desaparición tendría que afectar a toda la familia humana”, expresó.
La reforma todavía no entra en vigor
La aprobación en comisión no significa que la reforma ya se encuentre vigente. El dictamen deberá ser discutido y votado por el pleno del Congreso del Estado. Posteriormente tendrá que ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco.
Las familias y el colectivo Luz de Esperanza informaron que mantendrán un seguimiento público del proceso legislativo, la asignación presupuestal y la elaboración de los reglamentos.
El avance de la iniciativa puede consultarse en el sistema Infolej del Congreso de Jalisco.
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Esta nota fue elaborada a partir de la emisión de Territorio Sonoro transmitida el 23 de julio de 2026. El programa es producido por Somoselmedio en alianza con La Coyotera Radio Comunitaria, 102.3 FM, en Guadalajara, y es conducido por Nancy Ángel, Mario Marlo y Abraham Acosta. Se transmite los martes y jueves a las 20:00 horas.
