En las recientes protestas ciudadanas para exigir agua limpia en la Zona Metropolitana de Guadalajara se ha observado la presencia de “grupos de choque”: qué es esto, qué hay detrás del accionar violento de un grupo de personas, quién o quiénes promueven y financian su actuar, por qué es necesario desmarcar sus acciones de quienes legitamamente exigen garantías a su derecho huamano al agua, y por qué es una obligación del Gobierno de Jalisco aclarar quiénes son estos grupos y no sólo mencionarlos como parte de una narrativa que busca justificar sus acciones y omisiones.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Fotos: Leslie Zepeda / @Lesszep
La expresión “grupo de choque” tiene antecedentes documentados en la investigación académica sobre la violencia política en México. En su artículo Del carrusel al juego de las sillas. Ilegalidad y violencia en los procesos electorales locales, publicado en 2019 en la revista Alteridades, el antropólogo Emanuel Rodríguez Domínguez analiza cómo, durante distintos procesos electorales de la Ciudad de México, grupos identificados como de choque participaron en actos de intimidación y agresión relacionados con disputas entre facciones políticas.
A partir de su trabajo de campo, el investigador documenta episodios en los que estas agrupaciones actuaron en favor de determinados grupos políticos y buscaron obstaculizar actividades de sus adversarios. También describe cómo, en algunos casos, la violencia se desplazó de las disputas internas de los partidos hacia el control político y territorial de barrios y colonias. El estudio muestra que, en esos contextos específicos, la intimidación y las agresiones físicas fueron utilizadas para entorpecer actividades proselitistas y limitar la participación de grupos rivales.
Otro antecedente se encuentra en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 2018. En el artículo Movilización estudiantil contra la violencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (2018), publicado en la Revista de la Educación Superior en 2020, Leticia Pogliaghi, Marcela Meneses Reyes y Jahel López Guerrero analizan la movilización estudiantil y las agresiones perpetradas por grupos porriles contra estudiantes que protestaban. Este caso permite examinar otra expresión de violencia organizada en espacios de movilización, aunque el porrismo universitario tiene su propia historia y no debe equipararse automáticamente con cualquier grupo que intervenga en una protesta.
Sin embargo, llamar “grupo de choque” a un conjunto de personas no demuestra por sí mismo quién lo organiza, quién lo financia o si actúa por instrucciones de un partido o de alguna autoridad. Para establecer esos vínculos se requiere evidencia específica sobre sus integrantes, sus relaciones y la coordinación de sus acciones.
En el lenguaje de las movilizaciones también se utiliza la palabra “reventadores” para referirse a personas a quienes se atribuye la intención de interrumpir, obstaculizar o desacreditar una protesta. A diferencia de una categoría analítica sustentada en antecedentes y patrones de actuación, el término suele funcionar como una acusación sobre la conducta y el propósito de quienes intervienen. Por eso, su uso periodístico requiere identificar quién hace el señalamiento y qué pruebas ofrece para sostenerlo.
El concepto de “bloque negro” —conocido también por su nombre en inglés, black bloc— tiene un significado distinto. La literatura académica lo describe principalmente como una táctica de acción colectiva, no como el nombre de una organización única y permanente. Consiste, entre otras prácticas, en que algunas personas se vistan de negro y oculten sus rostros para dificultar su identificación durante una manifestación. Dependiendo del contexto y de quienes la emplean, esta táctica puede acompañar acciones de cuidado y protección de las y los manifestantes ante alguna confrontación con la policía.
Por tanto, los términos no son intercambiables: “grupo de choque” remite a una agrupación asociada, en determinados contextos documentados, con intimidación o violencia al servicio de una disputa; “reventadores” es una denominación que atribuye a ciertas personas la intención de frustrar una movilización; y “bloque negro” identifica una táctica de protesta. Ninguno de estos términos permite, por sí solo, concluir quién está detrás de determinadas acciones ni establecer que existe una coordinación con autoridades o actores políticos. Pero lo que sí resulta importante señalar es que tampoco es correcto utilizar los términos como si fueran sinónimos o asumir que describen a las mismas personas, como está pasando tanto en discursos políticos, mediáticos y periodísticos.
En la segunda Mega Marcha por el Agua en Guadalajara, realizada el 18 de octubre, un grupo de asistentes denunciaron la presencia de grupos no identificados, así como el lanzamiento de petardos y acciones que obstaculizaron el inicio de la movilización. Al cierre de la jornada, la Asamblea Popular Jalisco calificó a quienes intervinieron como: “grupos de choque y reventadores”, además exigió esclarecer a las autoridades a esclarecer quiénes son estas personas y por qué aparecieron en ambas marchas.
Estos señalamientos colocan sobre la mesa preguntas que siguen abiertas: ¿quiénes eran las personas que intervinieron?, ¿actuaron de manera coordinada?, ¿qué buscaban con sus acciones y existen pruebas de vínculos con algún actor político? Responderlas requiere reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios, registros audiovisuales y otras evidencias verificables, sin confundir las denuncias de quienes participaron en la marcha con conclusiones que aún necesitan demostrarse. Y hacer esto es responsabilidad del gobierno que encabeza Pablo Lemus.
Lo que las declaraciones oficiales no resuelven
Las declaraciones del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, documentan la postura del Ejecutivo estatal frente a los hechos violentos del 11 y 18 de octubre, pero no bastan para establecer la identidad de las personas señaladas, quién habría coordinado sus acciones o si existían vínculos con partidos, autoridades u otros actores.
Para responder esas preguntas, como lo prometió el gobernador, se requiere hacer una investigación a fondo para recabar evidencias verificables como: registros audiovisuales contextualizados, testimonios contrastados, información sobre las detenciones ya realizadas, así como transparentar el tipo de inteligencia policial que permitió la contabilización de quienes integraban estos grupos de choque: 400 personas a las afueras de Casa Jalisco y 300, congregadas en cinco grupos, en los alrededores de Palacio de Gobierno
Así mismo será necesario explicar por qué, en ambos casos, la actuación de la autoridad fue distinta si, en palabras del propio gobernador, se trataba de grupos que buscaban desestabilizar tanto a la protesta ciudadana como a su gobierno. En la marcha del 11 de octubre, la actuación policial fue excesiva y se resume en: reprimir, torturar, así como perpetrar desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias; en cambio, los hechos violentos que sí derivaron en daños evidentes al Palacio de Gobierno y al Congreso de Jalisco, el rol de la policía fue de resistir sin confrontar, esto durante más de 12 horas.
El resultado de la primera acción fueron 39 detenciones; en la segunda, sólo diez. Esto también requiere ser explicado para así contribuir a la explicación de la existencia y actuación de los grupos de choque que ha dado el propio gobernador Lemus.
Así, mientras las autoridades y diversos medios utilizan distintas expresiones para explicar los episodios violentos, permanecen abiertas preguntas centrales: ¿quiénes eran las personas que intervinieron?, ¿qué buscaban?, ¿existió coordinación entre ellas?, ¿qué evidencias respaldan las acusaciones y qué investigaciones oficiales permitirían esclarecer los hechos?
Sin embargo, nombrar a un grupo no equivale a identificarlo ni a demostrar sus vínculos. En un contexto de protesta social, distinguir entre declaraciones, testimonios y hechos corroborados es indispensable para evitar que una etiqueta sustituya la investigación de lo ocurrido, aclarar esto es una obligación del Gobierno de Jalisco.
