#Reportaje
La crisis ambiental del río Santiago y de la presa El Ahogado, en la periferia metropolitana de Guadalajara, ha derivado en una emergencia sanitaria de largo aliento en municipios como El Salto y Tlajomulco de Zúñiga. Desde hace décadas, la descarga constante de residuos industriales ha contaminado el agua, el aire y el suelo, mientras las políticas de vivienda y el crecimiento del corredor industrial han asentado a miles de familias en una de las zonas más afectadas por este deterioro ambiental.
Este reportaje documenta cómo esta crisis impacta de manera diferenciada a las mujeres, quienes concentran las labores de cuidado, el trabajo doméstico no remunerado, la atención a la enfermedad y, en muchos casos, la organización comunitaria frente a la omisión institucional. A través de los testimonios de habitantes, activistas y especialistas, se exponen las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de vivir en un territorio marcado por la contaminación del agua.
Por Camila Alvarez / @camila.alvza (IG), Alejandra Partida / @aleparvit (IG) y Tania González / @tygofe (IG)
El sol de media mañana cae sobre el patio de Carmen Ríos y José Soto, en El Salto, Jalisco. El sonido de los aviones que sobrevuelan la zona es cercano. Motores, voces y música se escuchan afuera del pasillo que lleva hasta la puerta principal. Carmen, de 31 años, viste una blusa rojo vivo, y José, su pareja, viste una sudadera del mismo tono. Sus manos están entrelazadas y se encuentran sentados sobre sillas de plástico. Detrás de ellos hay cubetas para cargar agua, una lavadora y plantas.
“Me levanto y pues lo primero es desayunar y ya después depende cómo caiga el desayuno”, Carmen relata su vida con insuficiencia renal. Su día es una batalla constante contra la fatiga que le deja la insuficiencia renal, el corazón agrandado y la fibrosis pulmonar. El trabajo no remunerado del hogar exige una carga extra:
“Hay veces que desayuno y me da para abajo la presión. Hasta que me restablezco, empiezo a barrer, a sacudir, a tender la cama. En eso poco que hice, si siento la agitación, me recuesto, si no, a veces vengo y lavo”.
Carmen llegó a El Salto a los 10 años, vivió la gradual degradación del entorno: “Cuando yo estaba trasplantada llegué a vivir aquí… pasaron los años y en cierto tiempo yo perdí el riñón”. En el hospital sólo le dijeron que su riñón “ya no funcionaba” y con el tiempo entendió la relación: “Yo siento que entre tanta contaminación en ese lapso que llegué aquí a los 10 años, a los 17, absorbiendo todo, fue que empecé con el rechazo”. Recuerda cuando de pequeña jugaba en la calle “como si nada”, o los olores del río por la noche que lastimaban la nariz, con la hipótesis de que la contaminación fue absorbida en su organismo por el simple hecho de respirar y habitar la zona.
Raúl Muñóz Delgadillo, activista ambiental y coordinador del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, ha acompañado a Carmen y José en sus procesos de salud y de lucha. Desde el Comité se han documentado cifras: 2 mil 398 personas con insuficiencia renal, 376 casos de cáncer (30% mujeres), 136 fallecidos en lo que va del año. En total, estiman 2 mil 500 muertos en los últimos 18 años.
La situación de Carmen también se extiende a su pareja, José Soto, de 29 años, paciente renal y con discapacidad visual que ha eliminado su capacidad de trabajar. Esta cadena de vulnerabilidad recae en la madre de José, María Guadalupe Soto, una mujer que asume la carga total del sostén familiar. “Todo el gasto al 100% lo asume mi mamá”, dice José.
Este apoyo económico es crucial para cubrir entre los 200 y 300 pesos que cuestan los traslados en camión a las clínicas de Guadalajara. Carmen es consciente de que su realidad es un sacrificio económico para la madre de José y una constante lucha contra la precariedad: “No podemos seguir una dieta porque es muy caro estar comprando todo” dice Carmen en referencia a la dieta rigurosa y costosa que deberían de seguir para evitar que el fósforo y el potasio sigan dañando sus cuerpos.
En el caso de Carmen y María Guadalupe, la madre de José, la jornada de cuidados se complica con la deficiencia del sistema de salud y la mala calidad del agua. Los centros de atención en El Salto no tienen la capacidad de atender urgencias complejas, obligando a las familias a ir a Guadalajara, donde la atención es pésima: “Ahí no es de que llegues y te den cama, no, llegas sin una silla. Si te llegas a desmayar o algo, pues ya hacen una excepción”, cuenta Carmen sobre la Clínica 14 del IMSS en Guadalajara. La promesa histórica de un Hospital Civil en la zona, impulsada por administraciones anteriores (tanto estatales como municipales), sigue sin concretarse, forzando a la población a trasladarse.
Los traslados son un infierno físico y social. Después de horas de hemodiálisis, salen agotados: “El traslado es… se puede decir que es muy difícil ir y de salir, porque sales prácticamente agotado”. Aun en este estado, José relata que en el transporte público son juzgados y “hasta te quieren golpear porque vas en los asientos de hasta delante”, evidenciando el estigma social. Además, el agua que llega a su casa no es confiable: “No es agua que dijera 100% tratada, porque hay veces que llega y, por ejemplo, cuando se llenan botes o tambos, al fondo siempre se enloda”.
La vulnerabilidad de Carmen y José se extiende al ámbito de los programas sociales. A pesar de la gravedad de su condición, el gobierno federal no reconoce la insuficiencia renal como una discapacidad elegible para los apoyos de bienestar: “A los de insuficiencia renal los consideran como una enfermedad general”. José recibe el apoyo, pero no por su enfermedad renal, sino por su discapacidad visual; su condición de salud más grave y costosa es invisibilizada por la burocracia, lo que vulnera el apoyo que realmente necesitan. Esta exclusión estructural, unida al alto costo de la enfermedad, hace que la madre de José deba asumir con su salario casi el 100% de los gastos, siendo ella la única que sostiene la cadena de cuidados.
A pesar de la sobrecarga, fue precisamente en el ámbito de la enfermedad donde Carmen y José encontraron la empatía para luchar. José relata que se conocieron en el transporte en camino a la hemodiálisis y que la enfermedad fue su vínculo más fuerte: “Uno sabe por lo que pasa el otro porque lo vive también”.
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Una crísis provocada
Anidado entre la orilla del río Santiago y el corredor industrial, El Salto es un municipio ubicado a 40 minutos de Guadalajara. En los años 80, la necesidad de mano de obra para el creciente corredor industrial combinada con una política nacional de vivienda social atrajo a una gran cantidad de personas. Actualmente, sobre la población original de El Salto se alza una colina salpicada de casas blancas idénticas, inquietantes por su simetría y el gran número de ellas. Son el resultado de un incentivo de préstamo de casa Infonavit que reubicó a una gran cantidad de personas a las periferias.
A menos de 15 minutos de El Salto se encuentra la Presa del Ahogado, en Tlajomulco de Zúñiga. Este es un cuerpo de agua importante para el paso de aves migratorias, y también es donde se vierten las aguas residuales del corredor industrial. Este lugar se encuentra sumergido en un hedor fétido penetrante. Es el olor de un cóctel de químicos siendo arrojados tanto al aire que respiran los habitantes a no más de 100 metros de lugar, como al agua que regresa al Río Santiago.
A pesar de que el gobierno estatal tiene pleno conocimiento sobre la crisis de contaminación en el Río Santiago desde la década de los 70, permitió y facilitó la construcción de casas y empresas a la orilla del río. Bajo la lógica de la protección a la industria, las periferias de México se han configurado como zonas de sacrificio. En la búsqueda de crecimiento económico, se paga con la salud y la vida de comunidades enteras.
En la Presa del Ahogado opera una planta de tratamiento, parte de las políticas implementadas para “sanear” el Río en el gobierno del emecista Enrique Alfaro. Sin embargo, estas plantas de tratamiento sirven apenas de escenografía. “Es como echar agua limpia en un vaso sucio”, insiste, señalando que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Ahogado, cuyo valor inicial fue superior a los 858 millones de pesos, más que un beneficio, es un ciclo constante de simulación.
“Hay muchas personas que cuando vienen por primera vez se dan con un malestar, les duele la cabeza, los ojos, se sienten mal. Por eso la mitad de esta colonia está vacía, los expulsan. No se lo deseo a nadie”, comenta Raúl.
La migración ambiental es una de las tantas vulnerabilidades acumuladas a las que se encuentran las comunidades de la periferia por la contaminación. Las poblaciones más pobres dependen más que las ricas de recursos naturales, como la pesca y el acceso al agua. Al eliminar el recurso del río, la industria, que prometìa traer prosperidad y empleos, destruyó la fuente de sustento para los pueblos ribereños. “Antes eran pueblos que comían del río. Ahora son pueblos con hambre y sin río”, dice Raúl.
Esta desigualdad de clase se convierte en una crisis de salud pública, obligando a los habitantes de menores recursos a consumir alimentos cocinados con agua contaminada y contaminantes, o a seguir dietas médicas imposibles de costear, lo que perpetúa la enfermedad. La omisión del Estado agrava la situación, pues a pesar de los 18 años transcurridos desde la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el estudio epidemiológico para validar el desastre sanitario nunca se ha llevado a cabo, impidiendo destrabar los recursos necesarios para atender la emergencia, lo que a su vez contribuye a invisibilizar a las víctimas de este desastre ecológico.
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En la lucha, la maternidad, y la crianza
La doble carga de las mujeres que realizan labor no remunerada es una pieza esencial que sostiene esta maquinaria de desigualdades. En 2024, el trabajo doméstico no remunerado equivalió a un 26,3 % del PIB en México. Mientras tanto, la industria se cruza de brazos y se recarga sobre la espalda de las mujeres para la producción y el cuidado de su mano de obra. En esta estructura, la desigualdad de género funciona como el eje que absorbe el impacto total de la crisis.
En El Salto, Jalisco, la crisis del agua tiene rostro de mujer. Sofía Enciso no se asume como líder, pero en los hechos lo es: madre, trabajadora, cuidadora del hogar e integrante activa del colectivo “Un Salto de Vida”. Su vida transcurre entre asambleas, juntas escolares, horarios laborales y la búsqueda diaria de agua limpia. Una doble (a veces triple) jornada para sobrevivir en un territorio donde el desabasto y la contaminación son parte de lo cotidiano.
Ser mujer en la lucha socioambiental implica cargar con tareas que no se nombran, pero que sostienen la vida. Sofía lo sabe:
“Yo trabajo y soy madre y es más pesado. Mis hijos llevan uniforme todos los días; implica lavar constantemente y buscar la manera de cubrir eso. A veces llego cansada, no puedo pedir agua y me las tengo que ingeniar: baños en seco, toallitas, lavar solo la cabeza, comprar un uniforme por día”.
Ingenio como forma de realizar sus cuidados con dignida.
Pero no siempre es solo cansancio. Es violencia. Durante un bloqueo al basurero de Los Laureles, un hombre intentó levantar el plantón sin acuerdo previo. Sofía y otra compañera intervinieron para evitarlo. Él no soportó que una mujer señalara la ruptura del pacto. Días después la engañó ofreciéndole un aventón, la dejó en un cerro, lejos de su casa, diciéndole: “Ni mi vieja ni mi madre me han ridiculizado como tú”, y la obligó a bajarse: “A ver si muchos huevos”. Un castigo por tener voz.
“Con los hombres hay menos chance de equivocarte: debes tener siempre la razón para que tu opinión sea válida. Con las mujeres te das cuenta de que no es necesario”, reflexiona Sofía. Dentro del activismo, como en el hogar o en el trabajo, la legitimidad de las mujeres parece siempre a prueba.
El agua, cuando no llega, también se vuelve asunto de mujeres. Ellas sostienen redes silenciosas de apoyo: “Entre mujeres nos ayudamos. Puedes venir a lavar a mi casa cuando gustes, es como ofrecerte una taza de café”, dice Sofía. Una vecina pasó dos meses sin agua; otra mujer le cuidaba la ventana para que no “se le fuera” el de la pipa. Ante la precariedad, se organizan, vigilan, comparten. “Sería más pesado sin el apoyo de las mujeres. La gente que no tiene familia o gente cerca batalla más.”
En la lógica del mercado, una pipa cuesta entre 500 y 550 pesos, repartida entre cuatro o cinco casas. Cuando una industria ofrece mil pesos por la misma pipa, el agua se va para allá. Todo depende del dinero. También del tiempo, ese recurso que para las mujeres nunca alcanza. “No hay espacios pensados para quienes maternan. Son cuidadoras y a la par obreras”, resume Sofía. Si un hijo se enferma, ellas pagan taxi para llegar al trabajo, pagan cuidado extra y aun así les descuentan el día. Ser madre es una falta; no tener agua, una carga; exigir dignidad, un riesgo.
Frente a la crisis, las mujeres tejen comunidad. Sofía se apoya de su mamá, a quien recientemente le detectaron cáncer en la garganta:
“Ella nos cuida, pero la tenemos que cuidar. También con mi hermana, un día yo alimento a su familia, otro día ella alimenta a la mía. Las tres generaciones juntas para que sea más leve.”
La vida organizada desde el lavadero, desde el patio, desde el fogón. Las mujeres sostienen el territorio incluso cuando todo alrededor colapsa.
“Nosotras ya estábamos aquí. Nuestros abuelos ya estaban aquí. ¿Por qué tendríamos que irnos?”, pregunta Sofía. En El Salto se lucha por algo básico: una vida digna. Que los niños crezcan donde respirar profundo no dé miedo.
A la violencia económica y doméstica se suma la violencia ambiental. Estudios recientes realizados por la Universidad de San Luis Potosí detectaron presencia de metales pesados en sangre, orina y plasma de habitantes cercanos a la laguna de Chapala. Aluminio, níquel, cobre, arsénico: contaminantes que se inhalan, se ingieren, se lavan, se cocinan. “No es solo que huela a mierda: lo hueles, lo ingieres y se queda en el cuerpo”, dice Sofía. La normalidad es tóxica.
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El fallo de las normas ambientales
Los resultados del estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en 2010, y que fueron ocultados por el Gobierno de Jalisco por más de 10 años, revelaron algo aún más profundo: el problema no es solo sistemático — es normativo. Rafael Chávez García del Seminario Permanente de Estudios del Agua ITESO explica que a pesar de que la norma NOM-001 regule ciertos contaminantes en las descargas residuales, esta norma se queda corta en su capacidad de proteger los derechos humanos de un medio ambiente sano.
Un problema es que la norma establece los límites de descarga de contaminantes por cada empresa individual, pero no toma en cuenta la cantidad total de desechos. “No es lo mismo si son 200 industrias, a una, y aún así, los límites se mantienen los mismos”, explica Rafael. “Me parece que está bien que tengamos una normativa de límites, pero también me parece que ignora por completo el efecto acumulativo en los cuerpos de agua”, es decir, no solo se acumula por la cantidad de empresas, sino que los metales a través del tiempo se van acumulando en el agua y en la tierra.
Raúl mantiene la esperanza de que una reforma a la norma se acerque a los estándares de las normas europeas. “Nosotros queremos que la norma sea más estricta, que no sea permisible descargar ciertos metales pesados”. Actualmente en la NOM-001, no solo es permisible descargar metales como arsénico y plomo, sino que, además, algunos metales como el aluminio y el manganeso ni siquiera tienen un límite.
Los resultados de esta omisión se reflejan en el estudio de sangre: “lo que se puede ver es que el 100% de los muestreados presentó altos niveles de aluminio, níquel y cobre”, revela Sofía Enciso. “Todos estos niveles están libres, tanto en el aire como en el agua.”
Una exposición alta al níquel causa fallas respiratorias, problemas del corazón y cáncer de pulmón. Otros metales como el cadmio y el plomo causan problemas renales, y en personas cuyos riñones no funcionan bien, que es el caso de muchas familias de comunidades del río, el aluminio es particularmente difícil de procesar.
Las infancias del río Santiago se han visto particularmente vulneradas por la contaminación del río. En el examen de sangre, 33% del muestreo fueron niños. “Es duro ver cómo hay presencia en altas cantidades de tóxico en ellos, que están en un empaque más chiquito”. Uno de ellos, de apenas tres años, obtuvo un resultado de aluminio por arriba de las 3000 unidades en su sangre. “Dices, ¿Cómo, en menos de un metro, cabe tanto aluminio?” se pregunta Sofía.
La respuesta es que a menor tamaño hay mayor exposición, y por eso se presenta con mayor frecuencia en los más vulnerables. En niños, la exposición al manganeso puede producir alteraciones en el desarrollo del cerebro y la capacidad de aprendizaje.
Ese daño también se hereda: “Lo más duro es ver cómo tus hijos normalizan la catástrofe. Me siento en deuda con ellos, de que estén en este aire y agua que envenena”. Sofía, como madre, intenta transmitirle a sus hijos la certidumbre de que su familia ha defendido la vida, el territorio, las memorias y las historias de sus abuelos, y que busca hacer posible que las cosas cambien.
Tener que dejar a su comunidad para irse a otra parte, explica ella, sería como desraizar a un árbol viejo que ha crecido en un clima cálido para intentar que retoñe en una tierra extraña con un clima frío.
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La inspección del agua, y otras simulaciones
Otra particularidad de la norma NOM-001 es que las mismas empresas son las responsables de autorregulares para comprobar estar dentro de la norma. Si una empresa está incumpliendo, no habrá forma de determinarlo a no ser que se realice una visita de inspección ambiental. Cuando esto ocurre, siempre se le avisa a la empresa con anticipación. “Las empresas reciben aviso antes de los operativos y siempre aparecen dentro de la norma”, comenta Raúl.
El problema mas indignante está en la inspección. En 2022 había dos inspectores para casi 40 mil permisos. El plan de “revivamos el río”, propuesto por Enrique Alfaro y retomado por el actual gobernador, Pablo Lemus, prometía fortalecer la inspección y vigilancia; hoy en día hay tan sólo cuatro inspectores.
Los inspectores son los únicos facultados para multar a empresas y frenar sus operaciones. Es decir, son los únicos capaces de hacer responsables a los primeros causantes de la contaminación; a los tequileros y las empresas de tecnología que son entre las que más descargas anuales emiten. Sin ellos, no hay forma de frenar la descarga frenética de contaminantes y de castigar a aquellos que infringen la ley. Uno pensaría que ese sería el primer curso de acción en un plan de saneamiento, pero termina siendo el último recurso.
A pesar de que la CNDH, en 2022, le exigió al gobierno mexicano aumentar las visitas de inspección, el gobierno de López Obrador redujo el presupuesto de la CONAGUA de forma drástica. En 2019, se redujo el presupuesto para la inspección de 1.5 a 0.4 mdp. Mientras que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado un nuevo viraje al mostrar interés en el plan de saneamiento, no ha afirmado nada contundente sobre aumentar la inspección ni reducir las descargas, por lo cual existe la preocupación latente de que el plan se quede en una nueva simulación.
Mientras tanto, las administraciones estatales del partido Movimiento Ciudadano, encabezadas por Alfaro y Lemus, se han vanagloriado de hacer una inversión histórica de 7 mil 333 millones de pesos para sanear el río Santiago con la construcción las plantas de tratamiento de agua, labor que le debería corresponder a cada empresa contaminante: “Queremos que cada empresa, así como marca las leyes nacionales, instale su propia planta de tratamiento. Lo ideal es que sea un tratamiento de circuito cerrado. O sea, el agua que utilicen la traten y la vuelvan a reutilizar”, comenta Raúl.
De acuerdo Cindy McCulligh, académica del CIESAS Occidente, en su informe “Empresas Transnacionales y Libre Comercio en México: Caravana sobre los impactos socioambientales” son un total de 15 transnacionales las que más han contaminado el río Santiago; por ejemplo: AMCOR, Continental, Cytec-Solvay, Diageo, Hella, Ikor, Mannesmann, Nestlé, NXP Conductores, Pernord Ricard, Siemens, Trouw Nutrition, Voit y ZF.
El hedor de químicos que sueltan estas empresas en El Salto y Tlajomulco de Zúñiga no es sólo un malestar; es un veneno que ha llevado la crisis a un punto de normalización. Tras décadas de omisión, prioridad a la industria y un Estado que se niega a realizar el estudio epidemiológico solicitado por la CNDH, la crisis se ha incrustado en el imaginario colectivo, con infancias que crecen creyendo que la naturaleza es hostil. Raúl Muñóz Delgadillo lamenta que haya una generación completa que ha normalizado el desastre, y es contra esta rendición que hay personas y mujeres, como Sofía Enciso, que trazan rutas de esperanza.
Sofía, activista, madre y habitante de El Salto, lo llama “romper con la dictadura de normalidad”. Su lucha no es solo por detener el veneno, sino por recuperar el imaginario de sus propios hijos. Ella y el colectivo del cual forma parte trabajan porque “todx infante debería crecer con un imaginario donde la naturaleza no da miedo, donde el río no perturba y se pueda disfrutar respirar hondo”. Sofía recuerda que la primera vez que sus hijos vieron un río limpio, “preguntaban insistentemente por qué no olía a río”, un asombro inocente que es el motor de su resistencia.
La visión de Sofía sobre el futuro desafía la resignación:
“Mi abuelo siempre les dice a sus nietos que va a recuperar el bosque del fin del mundo. Mis hijos así como piensan que su abuelo está loco porque antes el río estaba limpio, luego sus nietos creerán que ellos son los locos por pensar que el río antes estaba contaminado”.
La ruta para desmantelar estas zonas de sacrificio exige una acción múltiple que debe ser impulsada desde la sociedad, la ley y la voluntad política. La simulación industrial debe ser enfrentada con un sistema legal que no pueda ser comprado. La denuncia de Raúl Muñóz Delgadillo sobre el principio de pagar por contaminar exige que el Congreso legisle para que se decrete la cárcel sin fianza para los contaminadores. A la par, el Estado debe fortalecer los mecanismos de inspección que ha debilitado. Esto significa incrementar los recursos a la CONAGUA y la Profepa para contratar más inspectores y garantizar que la vigilancia sea permanente y no anunciada. Solo así se podrá evitar que empresas como Sanmina sigan operando sin la protección laboral necesaria para las mujeres.
El gobierno federal debe ordenar de inmediato la realización del estudio epidemiológico para destrabar los fondos de emergencia que permitan la reparación histórica. Con cifras como 2 mil 398 personas con insuficiencia renal y más de 2 mil 500 muertos documentadas por el Comité, es inaceptable que se mantenga la omisión.
Esos recursos deberían destinarse a la construcción de un Hospital Civil en la zona para poner fin a los traslados inhumanos de Carmen y José. La Secretaría de Salud debe garantizar servicios dignos y de tiempo completo que asuman la carga de cuidados que hoy recae en las mujeres, y el gobierno debe reconocer la discapacidad renal para los apoyos de bienestar, poniendo fin a la invisibilización burocrática.
La sociedad civil y el colectivo de mujeres son la prueba de que la transformación es posible. El activismo de las 11 mujeres del Comité, que asumen la doble carga de cuidados y la documentación de la crisis, es la base de la resistencia. Sofía Enciso y Un Salto de Vida, el colectivo al que pertenece en El Salto, han construido una economía de cuidados donde se comparte el agua, la vigilancia y el sostenimiento familiar.
La rabia de haber sido envenenados no se traducirá en abandono, sino en la defensa de la memoria y el territorio. Sofía resume la fuerza de esta convicción, la misma que impulsa a las mujeres a organizarse incluso cuando el sistema intenta callarlas:
“Nosotras ya estábamos aquí. Nuestros abuelos ya estaban aquí. ¿Por qué tendríamos que irnos? En El Salto se lucha por algo básico: una vida digna. Que los niños crezcan donde respirar profundo no dé miedo”.
En este contexto, las mujeres de las comunidades cumplen un papel central en la contención de la crisis. Además de asumir las tareas de cuidado, participan en la documentación del daño, la organización comunitaria y la exigencia de atención médica, agua limpia y responsabilidades ambientales. Colectivos como Un Salto de Vida o el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto mantienen activas estas demandas, mientras la respuesta institucional avanza con lentitud.
Hasta ahora, los habitantes de El Salto siguen viviendo entre una infraestructura sanitaria deficiente, un entorno contaminado y una red de cuidados sostenida casi por completo por las mujeres. Mientras tanto, la reparación integral del daño ambiental, sanitario y social continúa siendo una demanda pendiente.
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Este reportaje fue elaborado en el marco del Laboratorio de Información del ITESO, el cual es parte del proceso formativo de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Pública.
