Tras el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco y el subsidio anunciado por el gobernador, Pablo Lemus, la Barra de Abogados Mexicanos, advirtió sobre los riesgos que podría traer consigo para la población usuaria adquirirla. Entre estos, destaca la opacidad de sus términos y condiciones, así como la preocupación frente al manejo de datos personales, pues se trata de una tarjeta bancaria utilizada para ofrecer servicios de movilidad.
Cómo será resguardada la información de las personas menores de edad que la usen (estudiantes, por ejemplo) y qué implicaciones tendrá la posibilidad de que la población usuaria pueda ser geolocalizada por entidades de gobierno, además del almacenamiento de sus datos biométricos.
Por Karen García / @karen_gdlt
Ante el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, de $9.50 a $14 pesos, el gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció un subsidio de $11 pesos, al cual las personas interesadas solo se podrá acceder al tramitar la “Tarjeta Única al Estilo Jalisco”. Una tarjeta bancaria de débito, vinculada a VISA.
Esta promete ser una “herramienta universal e integral” en la que se podrá, no solo recibir el subsidio, sino, los apoyos del Gobierno de Jalisco, tener descuentos en multas y recargos, depositar y retirar dinero, recibir remesas, entre otras. Sin embargo, para tramitarla es necesario presentar una identificación -como el INE-, el CURP, un número de teléfono y correo electrónico, -incluidas las personas menores de edad-.
Esto ha generado desconfianza. Ya que, resulta cuestionable que para acceder a un “descuento” al transporte público y tener derecho a la movilidad con un precio menor, las personas usuarias deban brindar datos personales y hasta ser forzadas a entrar al sistema bancario. A ello, se suma que la tarjeta se encuentre asociada a Servicios Broxel, empresa que está bajo investigación federal por la Secretaría Anticorrupción.
La Barra de Abogado Mexicanos (BAM), una asociación civil que busca promover la ética profesional, la justicia, y el mejoramiento del sistema jurídico, ofreciendo formación continua, defendiendo el Estado de Derecho y brindando orientación jurídica gratuita a grupos vulnerables a través de su fundación; emitió un comunicado que advierte los riesgos que implica la “Tarjeta Única” en materia de datos personales y derechos fundamentales.
Al estar vinculado con un servicio bancario, señalaron la preocupación no solo tecnológica, sino de carácter jurídico y sobre la gestión de los datos recopilados mediante esta. Ya que, explicaron, se da un “consentimiento inválido”, es decir, que se condiciona el acceso al servicio público del transporte al aceptar el tratamiento de los datos personales.
Con este consentimiento inválido, BMA insiste en el tratamiento desproporcionado de la identidad digital vinculada directamente con la movilidad de las personas, así como los servicios financieros que ésta almacenará, los datos biométricos y de geolocalización.
Al mismo tiempo, detallaron que la persona usuaria, al acceder a esta tarjeta, no tiene la posibilidad de oponerse a finalidades secundarias, como lo son: la publicidad o vinculación con otros programas sin perder el subsidio de $11 pesos, lo cual “limita el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad”.
Mientras que, en el caso de las niñas, niños y adolescentes, el riesgo también es latente. Debido a que se permite incorporarlos en el sistema bancario como personas dependientes, sin medidas específicas para los mecanismos de protección e interés superior de la niñez y adolescencia.
Otro de los riesgos que advierte la BMA, destacan “la opacidad en la delimitación de responsabilidades” de las autoridades estatales como de la institución financiera privada. Generando incertidumbre sobre, ¿quiénes serán los responsables para cada tratamiento de datos?, ¿ante quiénes se ejercen los derechos ARCO-P (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad)?. Estos derechos protegen a las personas sobre el uso de sus datos personales y les permiten mantener el control sobre su información frente a instituciones públicas y empresas privadas.
“Esta comisión subraya que estos riesgos son prevenibles. No se trata de cancelar el proyecto de modernización, sino, de corregir su arquitectura jurídica.”, expresaron mediante su comunicado.
Al mismo tiempo, exigieron:
- El reordenamiento del mecanismo de consentimientos, separando claramente contratos, avisos de privacidad y consentimientos específicos.
- Garantizar alternativas reales de acceso al transporte sin tratamiento de datos no necesarios.
- Eliminar el consentimiento empaquetado y permitir la oposición a finalidades secundarias
- Reforzar la protección de datos de niñas, niños y adolescentes.
- Transparentar los flujos de datos y las responsabilidades entre actores públicos y privados.
Finalizaron advirtiendo que el derecho a la movilidad en un sistema de transporte público no debería estar sujeto a un sistema privado en el que corren riesgo los datos personales.
