Operación Jalisco, sus antecedentes y desarrollo

Por Darwin Franco y Hector Guerrero

La violencia que actualmente vive en Jalisco tiene su origen en una inadecuada estrategia de seguridad pública, la cual se estableció desde el año 2006 y tuvo como figura central a Luis Carlos Nájera, único funcionario estatal de primer nivel que transitó del gobierno de Emilio González Márquez (PAN) al de Aristóteles Sandoval (PRI). Sus años como Secretario de Seguridad Pública y, posteriormente, como Fiscal General del estado, coincidieron con el ascenso y crecimiento de las estructuras y bases del Cártel Jalisco Nueva Generación.

 Los hechos del 1 de mayo del 2015 y la salida de Luis Carlos Nájera de la Fiscalía de Jalisco, el 6 de julio, forman parte de una cadena de hechos que puede explicarse si se concatenan los sucesos violentos que sucedieron en Jalisco desde el año 2006 y los cuales para dos administraciones estatales fueron sólo “hechos aislados” y no causas de la violencia que hoy tiene a Jalisco como uno de los cuatro focos rojos del país y como uno de los estados donde existe más violencia, muerte y desapariciones.

  Jalisco, cuna de los cárteles de la droga

La detención de los capos del Cártel de Guadalajara y el asesinato de Camarena generó la incisión que dio vida a los principales cárteles del narcotráfico que hoy coexisten en México, pues a raíz de estos hechos surgen: El Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, los cuales comienzan a disputarse el territorio con el ya existente Cártel del Golfo. 

Esta violencia permeó en Jalisco, pues esta plaza durante dos décadas estuvo dominada por dos grupos criminales; el primero, fue el denominado Cártel del Milenio o Cártel de Los Valencia, éste era comandado por Juan Carlos Valencia y Óscar Nava Valencia; el segundo grupo, fue el Cártel de Sinaloa, quien se instaló en el estado para realizar labores financieras (lavado de dinero) bajo la conducción de Ignacio “Nacho” Coronel.

Los líderes del Cártel de Los Valencia, no obstante, fueron detenidos entre 2009 y 2010, e Ignacio “Nacho” Coronel fue abatido en un enfrentamiento con la milicia en el año 2010. Esto provocó la generación de dos nuevos grupos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Resistencia. El CJNG desde su inicio ha estado bajo el mando de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y La Resistencia, la encabezaba Elgidio Migarro, “Don Pilo”.

Estos últimos grupos se disputaron por varios años la plaza hasta que La Resistencia perdió a sus lugartenientes, Víctor Manuel Torres y Ramiro Pozos González, esto ocasionó que el CJNG tomara el control de Jalisco con el beneplácito de Cártel de Sinaloa. Sin embargo, antes de su extinción el Cártel de Los Valencia generó los primeros narcobloqueos de la historia del estado, el primero sucedió el 15 de enero del 2011 y el segundo un par de semanas después, 1 de febrero de 2011. En ambos hechos se incendiaron vehículos en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara para impedir el traslado de sus principales líderes.

  El CJNG, el crecimiento de la organización criminal y el amparo

Desde que el CJNG surgió en 2007, el estado ha sido territorio de disputas entre este cártel y otros grupos como La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel de Los Zetas, éstos últimos incursionaron en el estado de manera importante y aún mantienen una disputa abierta contra el CJNG, el cual en sus inicios se autodenominó como “mata zetas”, pues se adjudicaron la muerte y abandono de 35 personas en las calles de Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre de 2011. En respuesta, Los Zetas abandonaron 19 cuerpos en Guadalajara, el 26 de noviembre de 2011.

Con un crecimiento importante y bajo el amparo de autoridades municipales y estatales, el CJNG fue fortaleciendo su estructura e, incluso, comenzó a dar muestras de poderío cuando el 8 de marzo del 2012, la Sedena capturó a uno de sus lugartenientes, Erick Valencia Salazar “El 85”, ese día y como respuesta el CJNG realizó 25 narcobloqueos en el estado.

Los golpes al CJNG, desde entonces, se gestaron desde las autoridades federales, las cuales de manera quirúrgica han realizado diversos operativos para capturar a sus líderes; sin embargo, la fuga de información de las autoridades locales facilitaba su huida, tal y como pasó el 25 de agosto del 2013 cuando en el municipio de Tonaya, al sur de Jalisco, la Sedena intentó capturar a Nemesio Oseguera “El Mencho”, el capo no sólo escapó sino que a su paso generó 22 narcobloqueos en diversos puntos del estado.

El crecimiento del CJNG coincidió con la presencia de Luis Carlos Nájera Gutiérrez al frente de las labores de seguridad en Jalisco. Nájera Gutiérrez en el año 2006 fue nombrado Secretario de Seguridad Pública (SSP). Sus funciones le valieron ser el único funcionario en pasar de la administración de Emilio González Márquez (PAN) a la de Aristóteles Sandoval (PRI), éste último trasformó la SSP en una Fiscalía General y le dio todo el control a Luis Carlos Nájera. El CJNG surgió cuando éste ya era Secretario de Seguridad Pública.En sus nueve años al frente de la seguridad del estado, la labor de Luis Carlos Nájera Gutiérrez fue cuestionada por la federación porque en este mismo periodo de tiempo en Jalisco crecieron los homicidios, las desapariciones, las extorsiones y el hallazgo de fosas clandestinas. También en este periodo, el CJNG pasó de ser una célula delictiva local para convertirse en uno de los principales cárteles nacionales e internacionales.

Los golpes de la federación al CJNG

Los golpes más exitosos que ha tenido la federación en contra del CJNG sucedieron el 30 de enero del 2014 cuando se capturó, sin apoyo del gobierno de Jalisco, a Rubén Osegueda González, “El Mechito”, hijo de “El Mencho”, líder del cártel. Tras su captura, se generaron tres narcobloqueos en la ciudad. Sin embargo, “El Menchito” salió libre el 26 de diciembre de ese mismo año por falta de pruebas que pudieran vincularlo al crimen organizado.

Seis meses más tarde, el 26 de junio de 2015, fue nuevamente capturado por elementos de la Sedena en el municipio de Zapopan. “El Menchito” estuvo a punto de ser liberado por segunda ocasión, el 1 de julio. Hoy, sin embargo, está detenido en el penal del Altiplano.

La otra detención que resultó exitosa fue la de Abigael González Valencia, “El Cuini”, operador financiero del CJNG. Su detención ocurrió el 2 de marzo del 2015 en Puerto Vallarta. Hoy se sabe que Los Cuinis son los que controlan el trasiego de la droga de México hacia Europa y Asia, lo cual los hace uno de los grupos criminales más ricos en el mundo. Otros capos importantes del CJNG detenidos son: Víctor Manuel García Orozco, detenido el 29 de mayo del 2015, a este capo se le adjudica la autoría del secuestro y homicidio de dos elementos de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 de noviembre de 2013. La desaparición de estos agentes condujo a la localización de 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos. Javier Guerrero Covarrubias, líder del cártel en la Región Ciénega fue el 31 de agosto de 2015 en el municipio de Zapopan. A Guerrero Covarrubias se le acusa de haber dado la orden para que elementos de la Gendarmería Nacional fueran emboscados el pasado 19 de marzo en Ocotlán, Jalisco. El saldo de esta acción provocó la muerte de cinco gendarmes, ocho civiles y dos integrantes del crimen organizado.

Enrique Alejandro Pizano Jiménez, presunta mano derecha de Nemesio Oseguera “El Mencho” y líder en la Región Sur. Pizano Jiménez junto con otros integrantes de su familia es también señalado como uno de los principales responsables de la tragedia sucedida en Lagos de Moreno, el 7 de julio del 2013, donde fueros desaparecidos y asesinados seis jóvenes y un adulto. Giovanni Castro Urbano, presunto jefe de plaza de la Región Valles. A quien apodaban “El Duente” también se le acusa de haber orquestado la emboscada en la que fallecieron cuatro militares en mayo de 2014 en el municipio de Guachinango, además se le investiga por su presunta participación en el ataque y muerte de 15 elementos de la Fuerza Única Jalisco, el 7 de abril de 2015 en el municipio de San Sebastián del Oeste.
Daniel Quintero Riestra, “El Dany” fue aprehendido el 13 de octubre de 2015 en las paradisíacas playas de Quintana Roo, lugar donde lo detuvo el Ejército mexicano, la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la Policía Federal. “El Dany Quintero” formaba parte de los 122 criminales más buscados por el gobierno y fungía como el líder del CJNG en la ciudad de Guadalajara.

Iván Cazarín Molina o Víctor Hugo Delgado Rentería, quien a decir del comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, es el segundo en la estructura del CJNG, su captura sucedió el 18 de noviembre de 2015 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

EL 1 DE MAYO, LA VIOLENCIA DESBORDADa

Los rumores se hicieron realidad y la aparente calma nos estalló a todos la mañana del 1 de mayo. Todos en Jalisco amanecimos con la noticia de que 25 municipios del estado estaban siendo víctimas de las acciones del terror de parte del CJNG, todo como una reacción al enfrentamiento que éste sostuvo la madrugada de ese día con integrantes de fuerzas federales en el municipio de Villa Purificación. Más tarde nos enteraríamos que ese hecho marcó el inicio de la denominada Operación Jalisco. El terrible saldo de ese día fue:

• • 39 bloqueos de vialidades por la quema de 36 camiones y vehículos
  • 3 intentos fallidos de bloqueos
  • 25 municipios afectados (siete en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto fueron 18 municipios de Jalisco)
  • 4 enfrentamientos armados (En uno de ellos se disparó un lanza cohetes desde tierra a un helicóptero militar, lo cual provocó que éste se desplomara).
  • 12 puntos carreteros afectados
  • 19 detenidos (10 de ellos ya fueron consignados a la PGR por los delitos de terrorismo y delincuencia organizada.)
  • 12 muertos (ochos de ellos eran militares, uno policía estatal, un civil y las dos personas eran presuntos delincuentes)
  • 19 heridos (13 elementos de las fuerzas federales, cinco civiles y un policía estatal).
  • 26 rutas de transporte público suspendidas
  • 11 sucursales bancarias incendiadas
  • 19 gasolineras afectadas (5 incendiadas y en 14 existió la tentativa de incendio)
  • 2 comercios particulares incendiados
    

La anterior información se dio a conocer de manera oficial en dos ruedas de prensa que concedió el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, y en las cuales se negó a responder preguntas sobre la falta de acción inmediata de las fuerzas policiacas estatales y, más aún, del desconocimiento de su gobierno del inicio de la Operación Jalisco. El gobernador de dedicó sólo dar “cortes de caja” pero nunca asumió su responsabilidad.

La respuesta, en cambio, vino de manera inmediata del gobierno federal y de su gabinete de seguridad, el cual se instaló un par de días en Jalisco para trazar un plan de acción que los llevara a la detención de los principales capos del CJNG. Su objetivo central es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. El líder del CJNG logró escapar esa mañana del 1 de mayo.

La Operación Jalisco es una acción de seguridad que encabeza la Secretaría de Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, instancias que tienen un Centro de Mando Único que es coordinado por el comandante de la V Región Militar, Miguel Gustavo González Cruz.

Una de las primeras acciones de la Operación Jalisco fue la neutralización de las operaciones del CJNG, así lo anunció el ex titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Este funcionario federal indicó que las reacciones violentas del CJNG se dieron a consecuencia de las labores que elementos federales realizaron en las primeras horas del 1 de mayo en los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación, fue en este último donde fue derribado el helicóptero de la Sedena (Eurocapter Cougar EC 725 SP, matrícula 1009). En el ataque murieron ocho soldados, un policía federal y 13 militares resultaron heridos.

Ellos también son víctimas de la violencia

Debi Almeida Hernández, Jesús Adrián Chávez Hernández, Valente Chávez Hernández, Jesús Alberto Chávez Rodríguez, Bonifacio Velázquez Díaz, Gerardo Rojas Soto, Juan Carlos Cázares López, Ricardo de Jesús Uribe Niño, Juan Antonio Nolasco Reynaga, Pedro Oliveros Rosa, Gilberto Aguilar García, Gerardo Hernández Padilla, Ramón Águila Espejo, Rosendo Fregoso Ramírez y Rigoberto Murillo Prieto, se incorporaron a las labores de la Fuerza Única Jalisco (FUJ), el 21 de junio del 2014.

Todos ellos provenían de distintos corporativos policíacos del estado, pues la FUJ se creó con el objetivo de “reforzar la capacidad de los gobiernos del Estado y de los municipios de Jalisco para garantizar el orden y la paz pública”; por ello, desde un mando único se incorporó a los mejores policías de los 125 municipios de Jalisco. Esta policía se convirtió, desde su creación, en la principal estrategia de seguridad del actual gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de su ex Fiscal General, Luis Carlos Nájera.

Estos 15 elementos no imaginaban que el 7 de abril de 2015, el convoy en el que viajaban sobre la carretera Puerto Vallarta-Mascota, específicamente en la comunidad de Soyatán en el municipio de San Sebastián del Oeste, sería atacado con tal violencia que su vida les sería arrebatada por la acción que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) emprendió como venganza de la muerte de uno de sus principales capos Heriberto Acevedo Cárdenas, alías “El Gringo”, el cual fue abatido, el 23 de marzo en el municipio de Zacoalco de Torres.

La muerte de “El Gringo” marcó una serie de hechos violentos entre los que destacan el atentado fallido en contra del Comisionado de Seguridad Pública en la Entidad, Alejandro Solorio Aréchiga, el cual sucedió el 30 de marzo en el municipio de Zapopan, y la muerte el jefe de la policía de Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, quien fue asesinado el 6 de abril por el CJNG, los cuales en su cuerpo dejaron amenazas contras las autoridades.

La terrible muerte de Caicedo Vargas fue el antecedente directo del ataque contra los integrantes de la FUJ, quienes ese 7 de abril alrededor de las 14:20 horas fueron emboscados en una curva estrecha ubicada en la comunidad serrana de Soyatán. En el convoy de 10 vehículos viajaban 40 elementos de la FUJ; sin embargo, fueron los cuatro primeros vehículos, en los que viajaban 15 policías, los que recibieron toda la furia de los cerca de 80 sicarios del CJNG, los cuales perpetraron la agresión usando granadas de calibre 40 propulsadas desde rifles, ametralladoras M-60 con capacidad para 550 disparos por minuto y fusiles con proyectiles especiales para la perforación. Todo esto, expresaría el Fiscal, Luis Carlos Nájera, a través del “uso de tácticas militares”.

Ahí en Soyatán, fue el lugar donde estos 15 integrantes de la FUJ se volvieron víctimas de la escalada de violencia que vive en Jalisco. Ahí fue donde en cumplimiento de su deber, dejaron la vida. Alrededor de estos hechos se detuvieron a 15 presuntos integrantes del CJNG; sin embargo, no se han dado más detalles de los hechos. Pobladores de San Sebastián del Oeste, municipio que desde 2011 padece la presencia del crimen organizado, han insistido una y otra vez que cerca de Soyatán se ubica un campo de entrenamiento de sicarios. Las autoridades, al respecto, sólo dijeron que tras la emboscada los sicarios huyeron a través del monte. Del campo de entrenamiento, no se dijo una sola palabra.

En la conferencia de prensa después de los hechos, el Comisionado de Seguridad Pública, Alejandro Solorio Aréchiga, precisó que: “este hecho atroz en contra de los policías estatales no quedará impune ni menguará nuestra convicción de erradicar la violencia en nuestro estado”, asegurando que esta acción no ameritaba la activación del “código rojo” en la entidad. Esta fue la primera ocasión que el llamado “código rojo” (que hoy está activó tras los narco-bloqueos del 1 de mayo), se nombró de manera pública.

“No vamos a parar, lo que pasó no va a quedar impune. Quienes la hicieron, con la ley en la mano y la convicción de que en Jalisco los buenos somos más, muchos más, la van a pagar. Y éste no es un grito de guerra, es un grito de paz, es un grito de justicia, es un clamor de todos”, mencionó en el acto de honor a los 15 policías, el gobernador, Aristóteles Sandoval.

Sin embargo, la acción de justicia no provino de las autoridades locales sino de las federales, pues el 22 de septiembre de 2015 tras un enfrentamiento en la población de San Antonio Matute, en municipio de Ameca, se logró capturar a Giovanni Castro Urbano, alias ”El Duende”, quien era el jefe de plaza de la Región Valles del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ocotlán, una noche de terror

Todo transcurría de manera habitual en la calle Manuel Martínez en su cruce con Centenario, esto en la colonia Mascota en el municipio de Ocotlán, lugar ubicado a una hora de Guadalajara. Los vecinos, como de costumbre, estaban fuera de sus casas platicando. Eran las nueve de la noche.

De pronto, un joven descendió de una camioneta estacionada en el cruce de ambas calles y se dirigió hacia la vivienda marcada con el número 562 sobre la calle Manuel Martínez. Los vecinos que se encontraban platicando observaron como éste corrió de regreso y al pasar frente a ellos sacó un arma que detonó al aire. Ahí fue cuando inició todo porque inmediatamente un grupo de policías de la Gendarmería Nacional, grupo de elite de la Policía Federal, descendieron de sus patrullas para comenzar a disparar sus armas largas.

La balacera se desató generando un caos entre los vecinos que corrían despavoridos a sus casas para resguardarse de la lluvia de balas que duró más de una hora porque de la vivienda ya señalada también comenzaron a dispararse diversas armas. Era un fuego cruzado, una especie de emboscada fortuita donde los gendarmes y los vecinos quedaron atrapados bajo la ráfaga de balas que venían de dos frentes. En la balacera murieron 15 personas (5 gendarmes, 8 civiles y dos integrantes del crimen organizado). Semanas después de estos hechos las víctimas ascendieron a 25 personas.

“¿De esto cómo se puede recuperar? ¿Cómo puede sacarse uno el miedo de escuchar las balas y del impacto de ver los muertos sobre la calle en que había vivido tranquila?”, expresó de manera contundente una de las vecinas de la calle Manuel Martínez, la cual tuvo que resanar por su propia cuenta los 138 impactos de bala que recibió la fachada de su casa: “Todo ha cambiado aquí para mal, estamos asustados y ariscos porque apenas escuchamos un ruido y brincamos de miedo… Yo recuerdo que después de ver a los policías disparar corrimos a meternos a la casa, nos tiramos al piso y ahí oramos para que nada nos pasara”.

Las versiones de los vecinos contrastan mucho con la primera explicación oficial que se dio esa noche por parte de la Policía Federal, ya que esta instancia a través de un boletín de prensa manifestó que: “a bordo de siete unidades realizaban labores de patrullaje y reconocimiento en la colonia La Mascota en el municipio de Ocotlán, Jalisco, cuando una de las camionetas avanzó junto a un vehículo de color blanco, estacionado sobre la calle Manuel Martínez casi esquina con Oxnard. Al paso del convoy oficial y sin mediar palabra, uno de los individuos sacó un arma larga y disparó contra los agentes federales”.

En esa versión no se informó que tras la detonación al aire de uno de los presuntos delincuentes fueron los gendarmes quienes comenzaron a disparar. Ese dato fue omitido pese a que los testimoniales de los vecinos coinciden en que los hechos no ocurrieron como informó la Policía Federal en un boletín de prensa que fue borrado de su página web.

Un día después, el 20 de marzo, el ex Fiscal General de Jalisco, Luis Carlos Nájera, informó que tras el ataque a los elementos de la Gendarmería Nacional estaban integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin dar más detalles al respecto precisó que sobre el tema la instancia que se encargaría de dar información sería la Policía Federal y que la Fiscalía realizaría sólo labores de colaboración; sin embargo, sí aclaro que Jalisco es un estado seguro aunque con riesgo para los grupos delictivos y los elementos policíacos que participan en labores de combate al crimen: “La gente común puede salir a las calles para hacer su vida normal, pero el riesgo es ese: encontrarse en medio de un enfrentamiento y perder la vida como la perdieron cuatro personas inocentes (en Ocotlán)”.

Sobre los motivos reales que desataron la balacera poco es lo que se sabe, pues ni la Policía Federal o la Fiscalía General aclararon los rumores de que el enfrentamiento pudo darse para facilitar la huida de Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, líder del CJNG, el cual se encontraba esa noche en Ocotlán, tal y como se informó en Proceso Jalisco.

Los vecinos de la colonia Mascota siguen en alerta y no pueden olvidar lo ocurrido, pues hay un viento frío que recorre sus calles y les recuerda lo que ahí ocurrió; por ello, a su paso por la calle Manuel Martínez: transeúntes, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos particulares o de servicio público no pueden no voltear a ver la vivienda blanca marcada con el número 562 y acordonada por etiquetas del Ministerio Público.

Esa vivienda que, a diferencia de las otras 31 casas afectadas que ya fueron resanadas y pintadas las autoridades de Ocotlán, aún conserva los impactos de las balas de alto calibre y la sangre que no fue limpiada de su entrada. Por este motivo, todos los que por ahí pasan la miran y se asoman por una de las ventanas principales desde donde aún se pueden ver las cajas de balas que ese día alimentaron las armas que fueron disparadas desde ese domicilio. La gente mira la casa y las veladoras blancas que, como afirman los vecinos, han sido colocadas todos los días después de que ocurriera la balacera entre “los buenos y los malos”, como afirmó el ex Fiscal, Luis Carlos Nájera. Sin embargo, los vecinos no creen en esas posturas porque llevan tiempo padeciendo la inseguridad y violencia en Ocotlán.

Los vecinos, a la fecha, no saben cómo les serán reparados los daños a sus casas y vehículos, pues lo único que han recibido es ayuda para arreglar sus fachadas pero no para los daños al interior de sus casas y, mucho menos, la atención para resarcir las afectaciones de salud, física y mental, que sufrieron luego de vivir una experiencia como la del 19 de marzo.

Al respecto, fue la población de Ocotlán la que dio el primer paso al realizar una marcha por la paz el pasado 28 de marzo, ahí entregaron una serie de peticiones a las autoridades ocotlenses para recuperar la tranquilidad. Tres días después, el 31 de marzo, se ofició una misa con el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, en el atrio del Templo del Señor de la Misericordia, iglesia principal de Ocotlán.

El 31 de agosto de 2015, fue detenido por fuerzas federales, Javier Guerrero Covarrubias, líder en la zona de la ciénega del CJNG. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, informó que Guerrero Covarrubias es responsable directo de la muerte de los integrantes de la Gendarmería Nacional y copartícipe de la masacre sucedida el 22 de mayo en Tanhuato, Michoacán, ya que el operativo que se realizó en este municipio era para lograr su detención. En este operativo, la Policía Federal abatió de manera cruenta a 43 personas, de éstas 38 eran oriundas de Ocotlán y 28 de ellas formaban parte de la organización criminal de los hermanos Guerrero. En sus coronas de flores había mensajes como: “Qué Dios los bendiga, su amigo J.G.! ¡Los vamos a extrañar, Guerreros de Ocotlán”.

Guerrero Covarrubias era además responsable del tráfico de droga, extorsiones y secuestros en los municipios de Ocotlán, La Barca, Poncitlán, Atotonilco, Arandas, San Ignacio y Tepatitlán en Jalisco, así como Tanhuato y Yurécuaro, en Michoacán.

Villa Purificación: desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

Villa Vieja, perteneciente al municipio de Villa Purificación, es una pequeña comunidad donde la gente tiene la opción de trabajar en los aserraderos o en las minas de hierro aledañas. La vida en Villa Vieja cambió la madrugada del 1 de mayo de 2015 cuando se inició ahí la Operación Jalisco con una balacera entre integrantes de un Grupo de Fuerzas Especiales de la Sedena y sicarios del CJNG. Estos hechos provocaron la caída del helicóptero que generó la muerte de nueve militares.

Ese día también marcó el inicio de las desapariciones de personas y las ejecuciones a manos de integrantes del ejército. Los pobladores, incluso, refirieron que fueron más de 40 personas inocentes las que fueron asesinadas. El gobierno federal sólo reconoció la muerte de ocho civiles. Sin embargo, estas personas permanecieron casi tres semanas en calidad de desaparecidas porque sus familias ignoraban su paradero y las fuerzas federales les negaron la posibilidad de reconocer los cuerpos que permanecían en el campamento militar que se levantó en la zona donde cayó el helicóptero.

Los cuerpos de estas ocho personas que murieron el 1 de mayo fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en Guadalajara, hasta el 19 de mayo. Todo el tiempo previo estuvieron bajo el resguardo del ejército y no existieron las medidas necesarias para garantizar su preservación. Los dejaron descomponerse al aire libre.

Las familias que buscaban a sus familiares, a través del abogado Javier Díaz, interpusieron un amparo (666/2015) ante el Juzgado Quinto de Distrito para que las autoridades informaran sobre la identidad de las personas que murieron en la primera acción de la Operación Jalisco. Luego de esta acción legal comenzó la cadena silencios y omisiones, pues no se precisó por qué razones estos cuerpos fueron retenidos por la Sedena; cuáles fueron las causas reales de su muerte porque el lunes de 18 de mayo se había informado que eran “bajas” de un enfrentamiento que sostuvieron militares e integrantes del CJNG entre el 16 y 17 de mayo; sin embargo, después se confirmó que su muerte sucedió desde el 1 de mayo.

En este lapso de tiempo las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora, Margarito Capetillo García y Fernando Gaspar González, presentaron su denuncia por desaparición e indicaron que el último día en que tuvieron comunicación con sus familiares fue ese 1 de mayo.

Adriana, esposa de Margarito Capetillo, incluso refiere que días después de la desaparición de su esposo, quien laborada en un aserradero, un compañero de éste le marcó para confesarle se lo habían llevado por la fuerza unos militares. De ahí que ella acudiera a ellos para exigirles que la dejaran ver los cuerpos que tenían resguardados: “Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron. Cuando metimos el amparo nos dijeron que los cuerpos los habían trasladado a Guadalajara… después de varias semanas pude ver el cuerpo de mi esposo. En las fotos que me enseñaron no lo podía reconocer porque los cuerpos estaban en muy mal estado pero cuando lo vi supe que era él y fue terrible porque él era un buen hombre y cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala uno en la cabeza y otro en la mejilla. Yo lo que quiero que me digan es por qué lo desaparecieron y por qué fue que me lo mataron”.

Los cuerpos de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora y Fernando Gaspar González también fueron entregados a sus familias con huellas de tortura, el 3 de junio del 2015; sin embargo, los otros cuatro cuerpos que también fueron remitidos al SEMEFO por los hechos sucedidos en Villa Purificación no han sido identificados. Tampoco se ha tenido conocimiento del paradero de por lo menos tres jóvenes que se encuentran desaparecidos desde aquel 1 de mayo, así lo ha informado el abogado, Javier Díaz, quien ha acompañado a las familias en su proceso judicial y en la queja 3593/2015 que interpusieron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de sus familiares a manos del ejército y las fuerzas federales.

Tanhuato: Disparo, luego investigo

El 22 de mayo de 2015, en la frontera entre Jalisco y Michoacán, la persecución de los presuntos líderes de la región Ciénega del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) terminó en una de las acciones de seguridad más cruentas en la historia de la guerra contra el narcotráfico, pues en el rancho de El Sol -ubicado entre los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, Michoacán- fueron abatidas en una operación de seguridad 42 personas.

La manera en que se realizó el operativo dejó muchas dudas porque luego de tres horas de aparente balacera, las bajas sólo se concentraron en los presuntos delincuentes. La Policía Federal, encargada del operativo, reportó la muerte de un solo oficial; sin embargo, las fotografías de estos hechos mostraron a 42 personas que murieron con marcas de tortura y con el tiro de gracia. En la recomendación 4VG /2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se concluyó que en 26 de las 42 muertes ocurrieron producto de ejecuciones extrajudiciales al recibir de parte de las fuerzas armadas tiros por la espalda y en la cabeza, además se señaló que la escena del crimen fue manipulada no sólo por cambiar del lugar los cuerpos sino también por colocarles armas de manera deliberada, y si esto fuese poco también se cometió tortura en contra de dos detenidos, un hombre fue quemado vivo y uno más murió tras ser atropellado por un vehículo oficial.

Ante estos señalamientos dirigidos a Renato Sales Heredia, entonces Comisionado Nacional de Seguridad, éste justificó el actuar de la Policía Federal, ya que: “El uso de las armas fue necesario y proporcional ante la agresión real e inminente y sin derecho. Es decir, se actúa, a nuestra consideración, en legítima defensa”.

Entre las 42 víctimas de esta operación de seguridad se comprobó que las fuerzas armadas privaron de la vida a cuatro civiles que trabajan en ranchos aledaños al lugar de los hechos y que simplemente fueron detenidos sin tener plena seguridad de que se tratasen de integrantes del crimen organizado. El resto de los abatidos –como prefirió señalar la Comisión Nacional de Seguridad- formaban aparentemente formaban parte de una célula del CNJG que se auto nombraban “Los Guerrero” y cuya presencia abarcaba las regiones Ciénega y Altos Sur de Jalisco.

El día de los hechos, los 42 cuerpos –menos el del Policía Federal- fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Morelia donde si refrigeración fueron apilados sobre una leve cama de aserrín que los separaba del piso. Ahí permanecieron apilados hasta que sus familiares –quienes ya los habían reconocido en las fotografías que publicitó la Policía Federal para mostrar lo efectivo que resultó su operativo- fueron a reclamarlos para llevárselos a su tierra natal: Ocotlán, Jalisco.

Las imágenes fueron dantestas al interior del Semefo de Morelia porque los 42 cuerpos daban cuenta de una masacre y no de un operativo de seguridad, pues en las fotos mostradas por la Policía Federal muchos de los cuerpos aparecían boca abajo y sin ningún tipo de impacto de bala en sus ropas pero debajo de ellas existían balazos por la espalda y cortes realizados por navajas en brazos y piernas. “Los masacraron y torturaron”, expresó el padre de Francisco Daniel Magallón Torres, de 17 años, quien entró al SEMEFO de Morelia y pudo comprobar estas marcas de tortura en el cuerpo de su hijo.

38 de las 42 personas que murieron en Tanhuato, la mañana del 22 de mayo, fueron identificadas por sus familiares. 34 de estas personas eran oriundas del municipio de Ocotlán, Jalisco; lugar donde el 19 de marzo ocurrió una balacera entre integrantes del CJNG y elementos de la Gendarmería Federal. El saldo 15 personas muertas, cinco de ellas eran integrantes de las fuerzas federales.

Ocotlán es un pequeño municipio que se ubica a una hora de Guadalajara, capital de Jalisco, y es mayormente conocida por ser santuario del milagroso “Señor de la Misericordia” pero también por ser la capital de la industria del mueble en el país. En este municipio fueron enterradas 34 de las personas que murieron en Tanhuato. Algunas de sus tumbas mostraron las flores de sus familiares y otras más grandes coronas de flores con las leyendas: “¡Qué Dios los bendiga, su amigo J.G.! ¡Los vamos a extrañar, Guerreros de Ocotlán”. Informes de seguridad elaborados por el gobierno federal y el gobierno de Jalisco, reconocen como líder del CJNG en la región Ciénega a Javier Guerrero Covarrubias, estos mismos documentos señalan que el operativo en Tanhuato tenía como fin su detención y la de sus familiares, Adrián Alonso Guerrero Covarrubias y Heraclio Guerrero Martínez.

El CJNG, a través de un video, precisó que lo ocurrido en Tanhuato fue una venganza de parte de la Policía Federal contra ellos, razón por la cual anunciaron futuras represarías en contra de dichas autoridades. La Policía Federal, en cambio, anunció que el 28 de mayo capturó (no abatió) a Víctor Manuel García Orozco, presunto operador del CJNG en la región Ciénega. A éste se le señala como presunto autor intelectual y material del secuestro y homicidio de dos elementos de la PGR en Briseñas (Michoacán), el 3 de noviembre de 2013. La desaparición de estos agentes condujo a la localización de 37 fosas clandestinas ubicadas en el municipio de La Barca, y de las cuales se exhumaron 74 cuerpos.

Javier Guerrero Covarrubias fue detenido sin disparar un solo tiro, el 1 de septiembre de 2015, en el municipio de Zapotlán. Su detención la anunció el mismo Renato Sales Heredia señalando que alias “El Javi o El Javiercillo” sería sentenciado por su participación en la emboscada contra elementos de la Gendarmería Nacional y por ser el responsable del tráfico de droga, extorsiones y secuestros en los municipios de Ocotlán, La Barca, Poncitlán, Atotonilco, Arandas, San Ignacio y Tepatitlán en Jalisco, así como Tanhuato y Yurécuaro, en Michoacán. Su centro de operaciones se ubicaba en Zapotlanejo.

Desaparecer en Jalisco

La extensión territorial del estado de Jalisco es de 78 mil 588 kilómetros cuadrados, aquí viven aproximadamente 7 millones 350 mil habitantes; sin embargo, en la tierra del mariachi y el tequila se esconden historias desoladoras se repiten a lo ancho y largo del estado: “A mí hijo se lo llevaron hombres armados”, “mi hija salió de casa y ya no volvimos a saber de ella”, “mi papá nos habló para decirnos que ya venía de regreso pero no llegó”, “mi hermano fue levantado después de que se negó a trabajar para el crimen organizado…”.

Estas historias están presentes en 115 de los 125 municipios del estado, pues de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) sólo en 10 municipios de Jalisco, no hay denuncias por desaparición. Estos datos corresponden a las desapariciones del fuero común que son investigadas por la Fiscalía General de Jalisco, las cuales de acuerdo al RNPED son 2 mil 634 (2mil 634 hombres y 322 mujeres). En relación a las denuncias de fuero federal que han sido presentadas ante la Procuraduría General de la República, Jalisco sólo registra 19. Esto hace que en el registro nacional, Jalisco cuente con 2 mil 643 desaparecidos, lo cual lo sitúa como el tercer estado con más desaparecidos.

Sin embargo, los datos que se han obtenido a través de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General arrojan un número mayor de desaparecidos: 4 mil 427 (hasta el 30 de abril del 2017), esto mantiene a Jalisco como el segundo estado del país con más desaparecidos, tan sólo por debajo de Tamaulipas donde han desaparecido 5 mil 558 personas.

La diferencia entre el número de desaparecidos que las autoridades de Jalisco reportan al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las que en verdad poseen en sus propios registros es de mil 793 desapariciones. Esconder y/o manipular las estadísticas, sin embargo, no ha inhibido la práctica de este delito, el cual ha crecido desde 2006 de manera exponencial, pues ese año en que arrancó la guerra contra el narcotráfico se pasó de mil 085 denuncias por desaparición a 19 mil 880.

Tomando únicamente la información del RNPED de las desapariciones del fuero común que deben ser investigadas por la Fiscalía General, las regiones que mayor número de desaparecidos en Jalisco son: Región Centro (mil 331), Región Ciénega (166), Región Costa-Sierra Occidental (161), Región Sierra de Amula (146), Región Valles (144), Región Altos Sur (134) y Altos Norte (124). Estas regiones concentran el 93% de las desapariciones.

Las fosas clandestinas y su vinculación con las desapariciones

Otro delito que se relaciona directamente con las desapariciones son las fosas clandestinas, pues la Fiscalía General de Jalisco reporta que de enero del 2009 al 30 de abril de 2017 ha localizado 147 fosas en las cuales ha exhumado 265 cuerpos. Si a estas fosas se les suman las 37 fosas localizadas en La Barca y que son investigadas únicamente por la PGR, se tiene que en el estado se han exhumado 339 cuerpos de 184 fosas clandestinas.

 En 52 de los 125 municipios de Jalisco se han localizado fosas clandestinas, las regiones con más municipios con fosas son Región Centro con seis (Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos); Región Altos Norte con cuatro (Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Unión de San Antonio y Encarnación de Díaz); Región Sierra Occidental con cuatro (Mascota, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste); Región Norte con tres (Bolaños, San Martín de Bolaños y Mezquitic) y Región Sur también con tres (Jilotlán de los Dolores, Tamazula de Gordiano y Tecaltitlán).

 En las solicitudes de información hechas a la Fiscalía de Jalisco ha manifestado que 339 cuerpos exhumados sólo ha identificado a 136; sin embargo, ignora cuántos han sido entregados a sus familiares, ya que: “no se cuenta con una base de datos estandarizadas que precisen la cantidad de cuerpos identificados y de cuerpos entregados a la familia, ya que no se genera o procesa dicha información de manera ordinaria y, en tal sentido, lo que hace particularmente inexistente esta información”.

Este mismo proceso sucede con el Instituto Jalisciense de Ciencia Forense, el cual Desde el año 2006 hasta el 30 de abril de 2017, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) ha incinerado mil 581 cuerpos pero tan sólo les ha tomado perfiles genéticos a 803. Es decir, 778 cuerpos fueron incinerados sin prueba de ADN, lo cual no sólo es violatorio a la Ley General de Víctimas porque vuelve imposible cruzar la información de estos cuerpos no identificados con los perfiles genéticos tomados a los familiares de los desaparecidos.

Sin precisar cuántos cuerpos corresponden a personas desaparecidas, el IJCF, oficio IJCF/UT/284/2015, precisa que entre 2010 y el 15 de octubre de 2015 ha entregado 105 restos humanos en cenizas. La Fiscalía General, a través del oficio FG/UT/6341/2015, precisa que en el mismo periodo entregó a familiares de desaparecidos, 373 cuerpos; no obstante, argumentaron que no saben cuántos fueron entregados en cenizas porque esto no es un indicador que utilicen “en materia de procuración de justicia”.

Jalisco es el segundo estado con más desaparecidos; sin embargo, el estado sólo está preocupado en el discurso pero no en sus prácticas periciales o investigativas, pues la mayoría de los familiares de los desaparecidos aseguran que en sus expedientes no hay ninguna acción de búsqueda de parte de la autoridad y los únicos avances (cuando los hay) corresponden a los que ellos han entregados a sus policías ministeriales.