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NUEVO LITIGIO CONTRA EL MANDATO DE EPN DE LEVANTAR VEDAS EN CUENCAS Y RÍOS

NUEVO LITIGIO CONTRA EL MANDATO DE EPN DE LEVANTAR VEDAS EN CUENCAS Y RÍOS

POR JADE RAMÍREZ CUEVAS V.

“Ríos libres, pueblos vivos”, es el lema afianzado en las varias luchas mexicanas contra la privatización del agua. En sí, engloba la situación en la que debieran permanecer las comunidades forjadas bajo la lógica milenaria de asentarse a orillas de un río pues, la vida, prospera si hay agua; pero el flujo de las cosas para los pueblos enfrascados en conflictos socio ambientales en las últimas dos décadas por la apuesta neoliberal del gobierno mexicano, ha puesto entre dicho no solo su existencia, sino la del campo en general.

La devastación ecológica no es un hecho aislado, viene de la mano de la privatización de bienes y servicios ambientales, la batalla por enajenar la gestión del agua en México, recibió el 5 de junio de 2018, un regalo con el membrete de Enrique Peña Nieto: levantar 30 vedas en cuencas y ríos que desde hace 40 años mantenían un cierto impedimento para que las aguas superficiales no terminaran concesionadas. Es decir, ya no está protegida el agua de México para que cualquier empresa concurse por administrarla.


El anuncio de los decretos (Zona de Reserva Parcial de Aguas Nacionales Superficiales para los Usos Doméstico y Público Urbano en la Cuenca Alto Río Coatzacoalcos, y de Facilidades Administrativas para el Otorgamiento de Nuevas Concesiones o Asignaciones de Aguas Nacionales, publicados el 06/06/18 en el Diario Oficial de la Federación) que liberan el uso de agua de 300 cuencas, no pasó desapercibido para comunidades, ejidos, reservas y sectores de producción agrícola. Se intentó acallar el reclamo de la privatización del agua en México en redes sociales y notas periodísticas, asegurando versiones oficiales de que no se trataba de ello, que había confusión o se tergiversaba el último regalo de la administración priísta y neoliberal; pero los afectados, organizaciones civiles antirrepresas y académicos a favor de una gestión integral del agua, sostienen todo lo contrario; anunciaron acciones para ponerle revés al gesto amable al capital extranjero altamente interesado en la explotación de los bienes nacionales.


Llegaron los amparos. Las regiones hidrológicas 14 Ameca, 15 Costa de Jalisco y 12 de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago atraviesan Jalisco y se conectan con Aguascalientes, Nayarit, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, donde reposan circuitos industriales sin control y se mantienen proyectos extractivos que convierten a los caudales poco estudiados y evaluados en sus niveles, en atractivo para las empresas que represan agua, la trasladan y venden.


El río Verde donde se construyó la represa El Zapotillo y permanece inhabilitada pues gobiernos locales, la CONAGUA y empresas con capital de origen español elegidas para la administración del agua en la región, han contraatacado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber determinado que la altura de la corta que impacta en la captación de agua, se quede a 80 metros de altura. Es decir, en la prospectiva de los empresarios, entre más agua se capte más negocio hay, por lo que el levantamiento de vedas por parte del decreto presidencial, se acomoda a esos intereses.

La Asociación Civil Salvemos Temacapulín, figura legal de una de las luchas más longevas del país contra la privatización y a favor de una gestión integral del derecho humano al agua, interpuso un amparo colectivo contra el decreto de Peña Nieto, argumentando “violaciones a los derechos humanos como el derecho al medio ambiente sano, al agua y la alimentación”.

Un tema controversial es que a ciencia cierta, no hay un solo estudio de factibilidad que sostenga cuánta agua hay, no solo en la cuenca del río Verde, sino en general en los cuerpos acuíferos de México, siendo las aguas superficiales un argumento, pero desconociendo cuánta agua subterránea existe. Eso por la parte de los pueblos impactados en lo inmediato, pero afectados en otro nivel, mediados y grandes corredores agrícolas como ganaderos, advierten que son 50 mil productores los afectados con los decretos. Quienes hasta este 2018, habían estado combatiendo multas por hasta 500 salarios mínimos, en caso de que una inspección de la CONAGUA les encontrase un pozo profundo, por la veda que existía; investigadores y ambientalistas afirman que con los decretos presidenciales de Peña Nieto, se seguirá persiguiendo a pequeños productores para no afectar las grandes concesiones de captación y venta de agua.

El Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco, compuesto por investigadores de la Universidad de Guadalajara, del ITESO, cúpulas empresariales y comisiones técnicas en la legislatura local, se expresaron contrariados por los decretos del 5 de junio de 2018, pues “representa una señal contraria a lo que no han respondido a nuestras solicitudes de información en los últimos tres años, cuando le pedimos a la CONAGUA que nos muestre los registros de disponibilidad y, sin exhibirlos, solo responde que “no hay agua” y Jalisco aparece en rojo dentro de toda la geografía con mayores cuencas, pero ahora resulta que sí hay”, cuestionó José Antonio Gómez Reyna quien también rememoró que los decretos presidenciales son herencia de las iniciativas de reforma de la Ley de Aguas Nacionales conocidas como “Korenfeld” y luego “Pichardo”, por referirse a los exfuncionarios federales promotores de “entregar un tema de seguridad nacional a firmas extranjeras y nacionales, sin interés por respetar el artículo 4to. Constitucional del derecho humano al agua”, redondeó.

23 ríos son los que confluyen en tres cuencas, para la del río Lerma que se conecta con Chapala el lago más grande México y el río Santiago, quien interpuso un amparo colectivo fue la Asociación Civil Instituto y Vida de Juanacatlán y El Salto, bajo el argumento de “se pondrá en mayor riesgo la calidad del agua, la degradación de los ecosistemas y el derecho a la salud de quienes habitan en los márgenes del río Santiago”, pues éste es el considerado más contaminado de México, mortífero, y cuya zona industrial enclavada en El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco, ha envenenado a más de diez pueblos con la tasa más alta de muertes por cáncer e insuficiencia renal.

Los riesgos que se corren con los decretos de reservas que levantan las vedas, pueden aprovecharse para que los servicios municipales de abastecimiento de agua, que competen a alcaldías y sistemas estatales, bajo las reglas del modelo de organismos público-privado, pasen al control de Aguas de Barcelona, Abengoa, FCC, o cualquier filial de trasnacionales establecidas en territorio mexicano, y convertir a los empresarios en responsables del manejo de aguas superficiales para dotar servicios básicos a la población, responsabilidad del estado pero a un precio exorbitante como ya se aprobó en Puebla, o elegir priorizar la entrega de agua a complejos inmobiliarios, megaproyectos de fracking, minería e industria automotriz. Negocio redondo.

Para más información sobre el impacto de estos decretos consulta aquí el análisis que realizó la Coordinadora Nacional de Agua para Todos.

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