Ciudad de México, 3 de enero de 2019.- A cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo cuando fue sustraído de su domicilio en el municipio de Medellín, Veracruz, su caso continúa en impunidad.
La investigación ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas (FEADLE) se mantiene sin avances sustanciales, prácticamente igual que hace un año. Lamentablemente, las omisiones que desde los primeros días hubo por parte de las autoridades locales y federales, hasta la fecha, tienen como consecuencia la pérdida de indicios que condujeran a la verdad de lo sucedido y también determinar la autoría mediata o intelectual en los hechos. Muestra de ello, el ex alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, continúa prófugo y ninguna autoridad ha mostrado voluntad en cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.
Durante estos cuatro años, la familia de Moisés ha luchado contra un sistema de procuración de justicia inoperante e indolente. En este lapso han sido otorgados amparos a favor de probables responsables de los hechos, debido al actuar deficiente de la Fiscalía de Veracruz. Por su parte la FEADLE se negó a atraer la investigación de Moisés Sánchez, hasta que fue obligada mediante un amparo otorgado por un tribunal federal, promovido por ARTICLE 19 en representación de la familia del periodista.
Asimismo, la Comisión Especial de Atención y Protección a Periodistas del estado de Veracruz (CEAPP) también ha sido sumamente negligente en su labor de brindar protección a las víctimas indirectas.
Lo anterior ha constituido una larga serie de omisiones e irregularidades por autoridades locales y federales que 4 años después sigue teniendo como consecuencia la falta de justicia y verdad para las víctimas. Esto se traduce en la existencia de una responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos.
En este contexto, pese a la supuesta intención de construir un plan de investigación, éste ha sido prácticamente letra muerta, faltando a los acuerdos alcanzados con las víctimas por parte de la PGR, y peor aún, violentando sus derechos dentro de una investigación de esta índole.
Si todo lo anterior no fuera suficiente en una constante revictimización por parte de las autoridades, en septiembre de 2018 la FEADLE notificó a la familia de Moisés Sánchez y ARTICLE 19 como representante, la negativa de expedirle copias del expediente de averiguación previa solicitadas por la misma familia.
Bajo un argumento totalmente erróneo, tergiversado y con interpretaciones restrictivas, la FEADLE negó la entrega de copias a la familia de Moisés Sánchez, quienes se encuentran absolutamente legitimados para ello, dándoles un tratamiento como terceros ajenos a la investigación, bajo el régimen de acceso a la información pública, el cual no es aplicable en este caso.
Ante ello, la organización ARTICLE 19 promovió un juicio de amparo por violaciones a los derechos de las víctimas de delito ante la negativa de copias y las restricciones en el acceso a consultar el expediente en las instalaciones de la PGR. Sin embargo, en una resolución desafortunada, el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal se declaró incompetente el pasado 28 de diciembre de 2018 para conocer este juicio ante la solicitud que realizó el Comité de Transparencia de la PGR, estudiando este asunto como de carácter administrativo y no de violaciones a derechos de las víctimas de delito, en el ámbito penal.
Como se refirió hace un año, ARTICLE 19 detalló que sigue observando una actitud de represalia por parte de la FEADLE ante la obligación que judicialmente se le impuso en 2016 de atraer la investigación.
Las graves omisiones del Estado mexicano han sido puestas en evidencia en el plano internacional. Jorge Sánchez, hijo de Moisés, forma parte de un grupo de cinco periodistas que componen “De la mano”, un programa de solidaridad hacia periodistas mexicanos y mexicanas en alto riesgo lanzado por Europarlamentarios/as el pasado 21 de noviembre en Bruselas con el fin de dar seguimiento a sus casos.
Además el caso de Moisés Sánchez es representativo del contexto nacional de violencia contra periodistas y de la impunidad en México. El 99.2% de los delitos cometidos contra la prensa se encuentra en impunidad, sin sanciones a responsables.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto se registraron 47 periodistas asesinados, 11 en Veracruz, estado con el mayor número de asesinatos. El gobierno de Javier Duarte (2010-2016) ha sido el más letal, con 17 periodistas asesinados. En el presente sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya se registró el asesinato de un periodista, Jesús Alejandro Márquez, en Tepic, Nayarit.
Ante la situación anterior, y con la transición de la PGR a la Fiscalía General de la República, urge un verdadero compromiso y cambio real por parte del nuevo gobierno federal para establecer una verdadera fiscalía autónoma, de la cual en próximos días nombrarán a su titular.
Los nuevos gobiernos federal y estatal tienen la alta misión de responder en casos como el de Moisés Sánchez y decenas de periodistas que han sido víctimas de la violencia y omisiones de autoridades tanto en Veracruz como en el resto del país, para que no queden en el expediente de la impunidad.
