En diciembre de 2018 se aprobó el dictamen para implementar la Guardia Nacional en México, y con ello, concederle atribuciones constitucionales al ejército para la seguridad pública. El rechazo social no cesó. La Cámara de Diputados convocó a las audiencias públicas de “Parlamento abierto”, en las que se pretendió discutir e intercambiar opiniones con especialistas, senadores, representantes de los gobiernos estatales y municipales, así como con ciudadanos, sobre lo que podría llegar a ser, según han advertido especialistas “un modelo de seguridad militarizado basado en la amenaza, la vigilancia externa y la no participación ciudadana”.
Las audiencias públicas se llevaron a cabo del 8 al 12 de enero, mientras que el Congreso de la Unión abrirá este 16 y 17 de enero un periodo extraordinario de sesiones para aprobar o no, el proyecto.
Por Dalia Souza
Aunque Andrés Manuel López Obrador anunció durante la campaña electoral que enviaría a los militares de regreso a sus cuarteles, tras su llegada a la presidencia de la República su oferta caducó. Contrariamente, en su Plan Nacional de Paz y Seguridad éste ha previsto como uno de los ejes principales la creación de una Guardia Nacional; es decir, una corporación integrada por militares y policías civiles al mando de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) cuyas tareas estarán inscritas en el “resguardo” de la seguridad pública del país.
La creación de la Guardia Nacional en México implica, según advirtió el ahora mandatario en el mes de diciembre pasado, la aprobación de una reforma al artículo 21 constitucional que permita, en el marco legal, la actuación de las fuerzas militares –Ejército y Marina- en las tareas de seguridad de los estados y municipios.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la reforma al artículo 21, sostiene que la Guardia Nacional es una institución del Estado que: participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación.
Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha asegurado en su columna para El Financiero que la propuesta de ley supone una “constitucionalización de la militarización del país” nada distinta a lo previsto en la repudiada Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto; la cual fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos promoviera el recurso de inconstitucionalidad junto con diversos organismos nacionales e internacionales, defensores y defensoras de los derechos humanos, víctimas de la violencia, especialistas y ciudadanas agrupadas alrededor del colectivo #SeguridadSinGuerra, quienes pugnaron de manera conjunta para evidenciar el fraude que dicha ley buscaba hacer a la constitución.
Y es que, de acuerdo con el análisis que realiza el investigador, la clave y el error se encuentran en el mismo artículo 21, donde se precisa que dicha institución: forma parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones, y de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, reclutamiento, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación …
¿Qué significa esto?
Como lo ha advertido la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Guardia Nacional implica: “una institucionalización de un régimen militar en la política de seguridad pública del país”, por lo cual, ésta no sólo estará integrada por los elementos de las Fuerzas Armadas, sino que el mando operativo será militar: su reclutamiento, adiestramiento, organización de sus efectivos, equipamiento, despliegue, operatividad y jerarquía obedecerán al régimen castrense.
Ya sea como soldados, policías y/o civiles reclutados, éstos serán –o han sido- formados, entrenados, organizados y al mando de la fuerza militar; es decir, de aprobarse esta reforma, tendremos un cuerpo de seguridad pública compuesto por agentes militares.
A decir de Salazar, la crítica está en dejar en claro que la estrategia militar propuesta no es compatible con un Estado regido –al menos en el discurso- por una Constitución, pues según explica, el paradigma del constitucionalismo moderno advierte que la intervención de las fuerzas militares en las tareas de seguridad debe ser excepcional y complementaria a las labores de todas aquellas corporaciones civiles fiscalizadas por órganos de naturaleza civil.
En los hechos la propuesta a la reforma del artículo 21 de la Constitución, podría evitar los controles jurisdiccionales –bajo la noción de la estrategia militar- para combatir al crimen y “recuperar la seguridad pública.”
Para este especialista, es relevante no omitir que el Estado mexicano pertenece al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDDHH) y, por lo tanto, tiene obligaciones vinculantes sobre las normas internaciones de respeto a los derechos humanos de las personas. Una muestra de ello es la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre uno de los casos más emblemáticos de crímenes de lesa humanidad en México acontecido en 2009: la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes a manos de presuntos militares, esto en el marco de la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua, en el cual, el Ejército, además de realizar labores de seguridad, desempeñaba tareas fuerza de sus funciones con el objetivo de emprender la lucha contra el narcotráfico.
De acuerdo con la resolución de la Corte Interamericana, las fuerzas armadas de los Estados parte, aunque pueden desempeñar tareas fuera y ajenas a los periodos de conflicto armado, su empleo debe “limitarse al máximo y responder a criterios de estricta excepcionalidad”; ya que, su entrenamiento está dirigido –desde la estrategia militar- a derrocar al enemigo y no así, a la protección y control de civiles, labor que ha sido otorgada a los elementos policiales.
Por lo tanto, aprobar esta reforma constitucional implicaría actuar de manera “inconvencial”, sentencia el investigador, puesto que, jurídicamente se estaría actuando de forma contraria y/o incompatible con las normas internacionales de las cuales el Estado mexicano forma parte.
¿Qué hace pensar que el despliegue militar esta vez tendrá resultados diferentes?
Así se lo cuestionó Catalina Pérez Correa investigadora y colaboradora del Programa de Política de Drogas del CIDE, en una columna publicada en El Universal: “doce años después tenemos información suficiente para afirmar que desplegar a las fuerzas federales en el país y militarizar la seguridad pública no sirvió para contener la violencia”.
Por el contrario, las consecuencias de esta estrategia de seguridad que, a lo largo del primer año de su puesta en marcha, incluyó el despliegue de más de 23 mil elementos de la Sedena a diversos estados del país a cambio del incremento de homicidios, secuestros, desapariciones, robos, ejecuciones extrajudiciales además de otros delitos graves.
Audiencias, sí. Simulación, no
El colectivo #SeguridadSinGuerra se ha manifestado al respecto de la Guardia Nacional de la misma forma en la que lo hicieron con la Ley de Seguridad Interior, manifestando su preocupación sobre las consecuencias que ha dejado una estrategia de seguridad nacional fallida, que llevó a los militares a salir de sus cuarteles en el año 2006 tras el inicio de la Guerra contra el narcotráfico.
En un comunicado de prensa resaltaron que, aunque el representante del Alto Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos argumentaron estar en contra del proyecto ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, sus argumentos fueron desechados y el dictamen se votó a favor aprobándolo.
La simulación o doble discurso por parte del nuevo gabinete, se dejó de manifiesto. El colectivo de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos demandó a los legisladores un ejercicio de consulta más abierto, amplio y representativo, para discutir la creación de un modelo de seguridad militarizada. Reconocieron la voluntad de algunos diputados pero advierten una contradicción pues ya se emitió una convocatoria dirigida a los jóvenes para integrarse a una corporación inexistente, la Guardia Nacional, y por el otro, han anunciado –sin considerar la resolución final de las audiencias- un periodo extraordinario para la votación de la reforma.
Una de las propuestas metodológicas que más preocupó al colectivo no se respetaron para las audiencias públicas, fue que las víctimas de la guerra contra el narco y sus acompañantes participaran activamente; el incumplimiento de este punto generó quejas por parte de defensores y especialistas, quienes advirtieron a los congresistas la urgencia con la que deberían ser escuchadas las víctimas y sus familiares, puesto que, son ellas las que han sufrido los efectos devastadores de la estrategia de seguridad fallida desde el año 2006 donde, desde luego, ha estado involucrado el ejército mexicano.
#AudienciasGuardiaNacional
Las reacciones
Los representantes de la CONAGO, los gobernadores del PRI, PAN, PRD y el partido Movimiento Ciudadano –entre ellos Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco- se inclinaron a favor de la Guardia Nacional no sin antes advertir que ésta deberá contar con un mando civil y no militar.
Lo anterior implica según sus argumentos, que la Secretaria de Seguridad Pública federal obtenga el control de dicha institución y que tanto la Sedena como la Marina dejen las tareas policiales en manos de los civiles.
Asimismo, el actual gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, además de inclinarse a favor de la Guardia Nacional, declaró en las audiencias públicas sobre el estado que gobierna, se trata de una “coyuntura” que “no puede enfrenarse sin el apoyo del Ejército y de la Marina” aunque esto no significa, dijo, que como nación se acepte el camino a la militarización del país.
Como “una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad” que enfrenta el país, fue como evaluó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Plascencia, pues aseguró que tiene una visión coyuntural y cortoplacista; Tatiana Clouthier, vicecoordinadora del grupo parlamentario de MORENA, precisó en respuesta a lo dicho por González Pérez, que ella se encuentra en contra de la militarización de la corporación y que, por lo tanto, está a favor de que ésta sea encabezada por un mando civil.
En tanto, Jan Jarab representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, advirtió como parte de su intervención en la mesa Derechos Humanos y Guardia Nacional, que el dictamen de reforma constitucional para la creación de la corporación, no brinda garantías de no repetición, al mismo tiempo que debilita los esfuerzos de fortalecer las instituciones civiles; reconoció además que desde que el Ejército se encuentra en las calles la violencia en México ha aumentado. Además, precisó que ésta no cumple con los criterios establecidos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, tal y como lo habíamos precisado antes.
En ese sentido, expuso diez preocupaciones que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México mantiene respecto al dictamen de la Guardia Nacional que será discutida por los legisladores y legisladoras entre el 16 y 17 de enero:
Asimismo, Dolores González Coordinadora del Área del TPC de Serapaz advirtió que una política de seguridad humana no se construye a través de la militarización. Invitó a diseñar y a desarrollar una estrategia de integral de seguridad y de largo alcance, pero, desde un enfoque de seguridad humana, “que atienda los distintos modelos y componentes de la problemática, y que, por lo tanto, requiere de la participación no sólo de todos los órganos y recursos del Estado, sino de toda la sociedad, alineados en la construcción de condiciones para una paz que sea verdaderamente sostenible y duradera”.
Paralelamente a las audiencias públicas, el día jueves 10 de enero se llevó a cabo la proyección del documental “Hasta los dientes”, que expone el caso de Jorge y Javier, dos jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, quienes fueron víctimas del abuso militar luego de que las Fuerzas Armadas entraran a las instalaciones del centro universitario y comenzaran a disparar sin ningún protocolo, la excusa “venían en la persecución de un grupo de criminales”.
A decir de Lucía Baca, quien participó en el panel posterior a la presentación del documental y es madre Alejandro Alfonso Moreno Baca desaparecido en enero de 2011 en Nuevo León, continuar con los militares en la calle “ocasionará más casos de tortura, desapariciones y ejecuciones”.
Los efectos de la militarización en Jalisco
Es un hecho que, así como sucede a nivel nacional en Jalisco, resulta igualmente difícil documentar la totalidad de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por elementos castrenses; y es que, asegura el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo Cepad, la denuncia, seguimiento y sanción de los casos suelen estar condicionadas por el ejercicio de coerción y amenaza a la que son sometidas las víctimas y sus familias, así como producto de los contextos de parcialidad y opacidad que imperan en los tribunales militares.
Sin embargo, esto no ha resultado imposible gracias a las denuncias constantes que los familiares de las víctimas e, incluso, ellas mismas, han hecho respecto a los casos de abuso de autoridad y violencia militar en el estado de Jalisco.
De acuerdo con los datos que presenta el periodista Cristian Rodríguez Pinto, luego de realizar diversas solicitudes de información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Sedena es la corporación que más viola derechos humanos en Jalisco. Las estadísticas advierten al menos 359 quejas en un periodo de 11 años (2006-2017), donde todas involucran a elementos de las fuerzas armadas por diversas razones.
La violencia militar en Jalisco #NoSeOlvida
Entre algunos de los casos más destacados se encuentra el ocurrido en el año 2009 en la comunidad de la Maltaraña en el municipio de Jamay, donde un convoy con cerca de 30 soldados irrumpió en las casas de los habitantes sin una autorización; así como los hechos acontecidos en Jilotlán de los Dolores en el año 2010, donde seis personas fueron detenidas de manera arbitraria y posteriormente desaparecidas forzadamente.
A estos eventos documentados, les siguen los hechos de enero de 2016 en Tepatitlán de Morelos, donde tres personas fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas forzadamente, torturadas y violentadas sexualmente, y de las cuales dos fueron asesinadas.
Entre los casos más recientes se encuentra el de Ulises Adair Cardona Flores de 19 años, quien fue desaparecido el 22 de enero de 2018 por elementos de la Secretaria de Marina (Semar) en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.
El joven que después de abandonar la carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial decidió alcanzar su sueño de convertirse en un elemento de la misma corporación, jamás imaginó que fuese ésta la responsable de ocasionar tanto dolor para su madre y familia. A casi un año de su desaparición forzada no se tiene información sobre su paradero.
Tras la exposición de los argumentos presentados dentro y fuera de las audiencias públicas y que a una sola voz dijeron NO a la militarización del país, la discusión sobre la Guardia Nacional está ahora en el Congreso de la Unión, en los legisladores y legisladoras que decidirán si aprobarán o no el dictamen de reforma, si éste será modificado o no y, principalmente, si decidirán apostar por escuchar a las víctimas y a la sociedad que reclaman un escenario social de verdad seguridad humana, justicia, no repetición y paz.
