Fracking no… pero sí

¿México podría convertirse en uno de los pocos países que prohíben el fracking? Según el presidente del país, sí. Pero para sus operadores no está claro. Por lo pronto, el controvertido método es campo de conquista para Petróleos Mexicanos y empresas que tienen campos concesionados para la extracción de hidrocarburos

Texto: Emilio Godoy José Ignacio De Alba

Imágenes: Arturo Contreras Camero

Fecha: 14 de febrero 2019

En julio de 2018, luego de ganar las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no se usará el fracking para extraer gas o petróleo. Un par de meses después, en San Luís Potosí repitió la promesa. Y el pasado 4 de febrero, ya como presidente en funciones, lo confirmó categórico en su conferencia de prensa matutina:

“No al fracking. Es un compromiso (…) Somos ambientalistas, de verdad. Auténticos”, aseguró, desautorizando a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien un par de días antes había dicho a empresarios que se usaría la última tecnología en la fractura hidráulica. La funcionaria tuvo que dar marcha atrás: “yo nunca lo dije”.

Pero el deslinde no es tan sencillo como un dicho presidencial.

En el presupuesto de 2019, Pemex tiene asignados 6 mil 603 millones de pesos para la exploración y extracción de shale en las cuencas de hidrocarburos de Sabinas, Burro Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua, así como en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo en Veracruz y Puebla.

La paraestatal tiene 25 asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales —que requieren fracking— en seis estados del país, según un informe de CartoCrítica. Además, tiene un contrato (CNH-M5-MIQUETLA/2018) compartido con la empresa Operadora de Campos DWF, S.A. de C.V., para el sondeo y obtención de gas y petróleo shale en un lote situado entre Veracruz y Puebla.

Y este 11 de febrero, apenas una semana después de que López Obrador insistió en que no se usará la técnica en su gobierno, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) aprobó una solicitud de Pemex para modificar asignaciones y porder explorar no convencionales usando fractura hidráulica masiva en Veracruz.

En la sesión extraordinaria de la CNH, el comisionado Gaspar Franco Hernández puso el acento en el problema: “Mi voto está dentro del marco legal (…) estamos todos dentro del marco legal”.

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Los opositores al fracking argumentan que la técnica es muy agresiva con el medio ambiente y que sus consecuencias no son previsibles. El método consiste en extraer el gas y el petróleo shale o esquisto alojados en las rocas sedimentarias muy profundas inyectando grandes cantidades químicos tóxicos y agua dentro de la tierra.

La fractura hidráulica deja masivos volúmenes de residuos líquidos que deben tratarse para su reciclaje y de emisiones de metano, más contaminante que el dióxido de carbono, el mayor responsable del calentamiento planetario.

Cada taladramiento requiere de entre nueve millones y 29 millones de litros de agua. Además, los fluidos de fracturación contienen unos 750 componentes químicos, entre ellos varios nocivos para la salud humana y el ambiente, según coinciden organizaciones ambientales y académicos estadounidenses. Una de sus mayores secuelas es la filtración de metano y los desechos hacia los acuíferos.

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La entrega de campos petroleros inició en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, en el marco de la Reforma Energética aprobada en 2013. Pemex subastó y repartió lotes para la extracción de hidrocarburos. Pero la realidad es que desde 1996 se ha practicado la fracturación hidráulica. En los años posteriores se han fracturado 7 mil 879 pozos (casi una de cada cuatro perforaciones petroleras se hizo con esta técnica).

Pemex opera los pozos con empresas privadas bajo la figura de contratos integrales de exploración y producción, mediante los cuales reciben dinero por los trabajos realizados. Para apegarse a los cambios legales de la reforma energética, esos contratos deben migrar a figuras como licencias de extracción o utilidad compartida, autorizadas por la CNH —instancia facultada para convocar a licitaciones de hidrocarburos y de velar por la recuperación de las reservas petroleras nacionales—.

Esa migración ha quedado en el limbo desde diciembre, cuando empezó el sexenio de López Obrador. También se frenó la subasta de campos petroleros. Sin embargo, hay 183 polígonos con potencial para ser licitados y adjudicados en un futuro, identificados por el Plan Quinquenal de Hidrocarburos vigente a noviembre de 2018, una superficie de 53 mil 72 kilómetros cuadrados.

La Administración de Información de Energía de Estados Unidos sitúa a México en el sexto lugar mundial en reservas de gas de lutitas —que sólo se extrae por medio de fracking—. El país se ubica detrás de China, Argentina, Argelia, Estados Unidos y Canadá, con un volumen de 545 billones (millones de millones) de pies cúbicos.

La CNH maneja estimaciones de reservas probables más moderadas, del orden de 81 billones de pies cúbicos, repartidos en seis provincias petroleras.

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En diciembre pasado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos canceló la subasta de bloques, programada originalmente para septiembre y pospuesta para este 14 de febrero, dentro de la Ronda 3.3, que ofrecería nueve áreas contractuales, con una superficie promedio de 300 kilómetros cuadrados, ubicadas al norte de Tamaulipas, en la Cuenca de Burgos.

Esos bloques se ubican en el estado de Tamaulipas y totalizan una extensión de 2 mil 700 kilómetros cuadrados, donde se encuentran asentadas 158 comunidades en los municipios de Méndez, Burgos, San Fernando, San Carlos, San Nicolás y Cruillas.

La Secretaría de Energía asignó en 2014 a Pemex los bloques AE-0392-M-Pánuco y AE-0391-M-Ébano, vigentes por 25 años y que abarcan dos polígonos con nueve campos en San Luís Potosí, Tamaulipas y Veracruz, según las fichas consultadas por Pie de Página. Pobladores de las comunidades afectadas han denunciado que Pemex utilizaría fracking para extraer gas shale en esos lotes, aunque Pemex y las autoridades estatales lo niegan. En el caso de San Luís Potosí, ambos polígonos se ciernen sobre los municipios de Ébano, San Antonio, San Vicente, Tamuín, Tanlajás y Tancuayalab.

El 31 de julio último, pobladores de 12 municipios de la Huasteca potosina rechazaron en una asamblea comunitaria la aplicación del fracking en la región. Además unos 120 ejidos y comunidades han prohibido el uso de esa técnica.

Una de las mayores preocupaciones de las comunidades se basa en el riesgo de que la explotación gasífera acapare el agua, en zonas donde el líquido es escaso debido a la sobreexplotación de los acuíferos y los efectos del cambio climático, como la sequía. Además, temen carencia del recurso para su consumo y sus actividades productivas.

El “Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking, lanzado por primera vez en 2014 por las organizaciones estadounidenses Concerned Health Porfessionals of New York y Physicians for Social Responsability, resume los efectos ambientales, económicos, geológicos, laborales, sanitarios y sociales de la técnica.

¿Hay salidas?

En el 2014, diputados de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza presentaron una iniciativa de Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica en la exploración y explotación de hidrocarburos, que terminó engavetada. Desde entonces se han elaborado otras tres iniciativas, que también terminaron archivadas.

Organizaciones civiles han planteado rutas para impedir el uso de la técnica. Una de ellas es el veto legal por parte de la Cámara de Diputados, controlada por el partido Morena.

Otro atajo involucra a la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (Asea), que podría negar su aval a cualquier Manifestación de Impacto Ambiental que involucre la fracturación hidráulica.
En 2017, la Agencia —responsable de vigilar la operación del sector de hidrocarburos —, publicó normas sobre la exploración y extracción de petróleo y gas sale, que imponen medidas a las empresas como verificar la integridad del pozo, aplicar procedimientos para la prevención de escape de gases, revelar la composición de los fluidos de perforación, vetan el venteo de gas y restringen su quema. Pero no define cómo se apegarán los operadores a esas normas.

También, la Secretaría de Energía podría decretar como zonas de salvaguarda para cuidado ambiental la totalidad de las áreas con recursos no convencionales. Y la Comisión Nacional del Agua podría revocar los lineamientos para la autorización del uso de agua para el fracking.

Finalmente, Pemex podría no ejercer y devolver el presupuesto asignado para la exploración y extracción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica.

Todo ello, sin embargo, requiere de una voluntad política que no sea solo del presidente.

 

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