Foto: Mario Marlo
Durante veinte años los indígenas de Mezcala de Asunción en el municipio de Poncitlán dentro de la ribera del lago de Chapala, han sido sometidos a leyes mestizas y por delitos fabricados. Casi una docena de comuneros están bajo proceso perseguidos por ministerios públicos y tribunales de Jalisco como los federales; se ignoró que los cocas han respondido ante la realidad del despojo con instrumentos y derechos de autodeterminación que les corresponden como pueblo indígena, por lo que el siguiente paso, así lo anunciaron, es pedir a la SCJN que ejerza la facultad de atracción.
Por Jade Ramírez Cuevas V. /@jadercv
Les quitaron el idioma, les han quitado las tierras y la tranquilidad, pero no la dignidad. Anunciaron el 13 de marzo de 2019 que llevarán sus denuncias de cómo han sido criminalizados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ante el Relator Especial de Pueblos Indígenas, aprovechando su paso por México, próximamente.
Y es que desde que doce hectáreas de uso común las tomó sin consentimiento de la comunidad el empresario Guillermo Ibarra Moreno a través del compadrazgo con Crescenciano Santana originario de la comunidad que aceptó el acuerdo, se ha descompuesto la salud, la economía y la paz social entre los herederos de la disidencia a la Corona Española más valiente de la región.
Bajo un procedimiento no autorizado por la asamblea, el empresario se auto convirtió en comunero y comenzó a usurpar derechos que no le correspondían ocupando el cerro El Pandillo y alterando el área llamada El Comal; cercó áreas de uso común, desvió flujos de agua, construyó una represa, un heliopuerto y después llegando al extremo: se escolta de grupos armados ejerciendo acoso entre los defensores del territorio. Guillermo Ibarra tiene su domicilio para notificaciones en una colonia lujosa de Guadalajara, pero ante tribunales se jacta de ser comunero, como Jorge Vergara y el propio Aristóteles Sandoval quienes poseen tierras ejidales a punta de artimañas.
Afectación ambiental, despojo, daño moral y criminalización es lo que se vino en cascada desde entonces.
En 2011 fue insostenible la situación, cuenta Petra Sanabria quien argumenta “no hicimos nada que estuviera fuera de las reglas”, se refiere a cuando la asamblea de comuneros y comuneras de Mezcala aprobó tumbar una torre de fierro que el empresario había erguido. La embestida fue una denuncia penal contra seis personas. En mayo de 2015 el Juez Penal del Sexto Distrito con sede en Ocotlán, dictó una sentencia definitiva contra diez personas, la 318/2011-c
Foto: Manuel Jacobo
Aunque se le acercaron las pruebas a la ministerio público en su momento, esta ignoró que se trataba de una comunidad indígena y que por tanto, debía procesarse la denuncia desde otros parámetros. La condena fue restricción de la libertad y el pago de la reparación del daño al empresario: colectas, deudas, pero sobre todo impacto psicosocial es lo que han tenido que enfrentar los ancianos de la comunidad como describe Petra.
En el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de Personas, Comunidades y Pueblos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio número cuatro se refiere a el acceso a la justicia considerando las especificidades culturales, menciona que “Es importante alinear la justicia ordinaria con la justicia indígena, a fin de generar un marco normativo que evite los solapamientos entre ambas jurisdicciones y que proporcione algunas reglas básicas”, lo que reafirma que la ministerio público y demás juzgadores han anulado la condición indígenas de los involucrados sometiéndolos, estrictamente, a la justicia mestiza.
¿Qué debe considerar un juzgador en un caso así?
* Los pueblos indígenas tienen derecho a aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, respetando los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. De ahí que los juzgados deben considerar declinar competencia en aquellos casos que corresponde conocer a las autoridades propias de los pueblos.
* Es obligación de los tribunales del Estado, reconocer la existencia de los sistemas normativos indígenas y convalidar las resoluciones y elecciones que se realicen conforme a los mismos, siempre y cuando respeten derechos humanos.
* El juzgador o la juzgadora tendrá que allegarse todos los datos que le permitan comprender la lógica jurídica que la autoridad indígena aplicó, prevaleciendo el diálogo y el respeto a la diversidad cultural.
Resistencia milenaria
La criminalización judicial de cómo han defendido su territorio, no ha mermado sus costumbres y prácticas culturales, pese a la pérdida progresiva del idioma original en el periodo colonial y la vestimenta en el siglo XX. En sí el pueblo coca no está reconocido a nivel estatal “no existimos para el Estado de Jalisco”, explica Rocío Moreno una de las voceras de la comunidad e incansable defensora de los derechos de su pueblo.
Ante la omisión, en total acto de hipocresía el poder legislativo celebró una Sesión Solemne del Congreso del Estado en la isla, en 2016, poniendo vallas para que la disidencia, no se acercara, pero transgredieron ese intento de invisbilizarlos. En el discurso ante diputados de la pasada legislatura, Rocío Moreno, concejala del Concejo Nacional Indígena, arremetió: “La actual Ley estatal de indígenas del estado de Jalisco no reconoce al pueblo coca, a pesar de que toda su documentación, historia y auto descripción lo acredita, nuestro pueblo está fuera de este padrón”
Mezcala pertenecía al señorío de Coinan y todo su territorio eran centros ceremoniales, pero con la llegada en 1533 de las expediciones españolas se extinguió buena parte del pueblo; el registro indica que el último hablante de la lengua coca fue 1770 y que por el proceso de colonización se perdió el uso, pero también, hay estudios que reconocen palabras y composiciones orales que hacen referencia a esa lengua materna.
De 28 batallas con el ejército español, a la invasión
En Mezcala resuenan las hazañas de quienes libraron 28 batallas hasta desarmar al ejército español; “la disidencia indígena desarmó a los realistas en muchos sentidos. El primero las armas, pero también en la articulación de las rabias de otros pueblos, por lo que la región ayudaba a la resistencia, por eso los españoles mandaron quemar todos los sembradíos de la ribera del lago”, narró Rocio Moreno en el discurso ante los diputados de Jalisco.
En el video La tradición no morirá de Manuel Jacobo, la cuadrilla de Melitón Rojas encargado de la danza tradicional de los Güegüenches en 2015, le rinde un homenaje. El anciano murió esperando justicia por el juicio de invasión en el cerro El Pandillo.
Salvador de la Rosa es otro indígena criminalizado señalado de haber secuestrado al empresario. Él describe que donde se asentó el empresario “tiene una visibilidad especial para todos lados, un área boscosa que se usaba para el ganado”. Manuel Jacobo comunero y activo defensor del territorio, explica que el secuestro por el que Salvador autoridad de la comunidad está bajo proceso, “fue auto secuestro pues le dio miedo presentarse y se escondió en la cárcel municipal”, esto cuando la Asamblea lo llamó a rendir cuentas pero Ibarra Moreno argumentó que había sido secuestrado por los indígenas, pero asegura Salvador “él solo se fue a meter a la cárcel”.
Esteban Indalesio, Santiago de la Cruz, Severiano Baltazar, son los otros ancianos con sentencia definitiva de culpables. Desde hace varios años la comunidad ha tenido que enfrentar la presencia de grupos armados que están al servicio del empresario.
Cuando impugnaron la sentencia, logró la defensa orientada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD A.C., que en varias ocasiones magistrados de la Sexta Sala Especializada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia, “reconociera su inocencia” se lee en la resolución.
Guillermo Ibarra Moreno lleno de relaciones estrechas con cúpulas empresariales y políticas a nivel gobernadores, impugnó y “sorpresivamente”, cataloga la organización, en 2018 la Sexta Sala resolvió en contra de los comuneros señalados confirmando la sentencia condenatoria de 2015: prisión. Actualmente están a la espera de que se resuelva en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de Jalisco un amparo directo.
De los argumentos para acudir a la Suprema Corte está que el sistema judicial remedie los errores en el proceso y a partir de reconocer la pluriculturalidad del país, en Mezcala bastión de gran insurgencia, resuelva de una vez por todas el proceso que ha negado derechos desde el sistema judicial para favorecer a un empresario, quien ya perdió el juicio más trascendente el caso de la invasión de la que es autor, pues el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV en octubre de 2018, resolvió no reconocer al empresario como comunero y entonces, todo proyecto inmobiliario de su empresa Riviera que ya ha emprendido, se debe echar para atrás y con ello, iniciar la restitución de las 12 hectáreas invadidas de 3 mil 600 que corresponden a los coca, debe concretarse en menos de un año.
