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Políticas migratorias en México recrudecen violencia contra migrantes: REDODEM

Políticas migratorias en México recrudecen violencia contra migrantes: REDODEM

Como cada año desde el 2013, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) presentó su informe 2018 sobre el contexto de la migración en territorio mexicano. Este documento incorpora información recabada por 23 casas, albergues, estancias, comedores y organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria a personas migrantes en 13 estados de la república.

En esta ocasión, la REDODEM nos presenta en su informe un análisis sobre las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que las personas migrantes sufren como consecuencia de las políticas migratorias implementadas por los Estados, particularmente por el gobierno mexicano.

Como dato relevante destaca que el 10% de las personas en situación de movilidad que recorrieron territorio mexicano durante el 2018 y que fueron entrevistados por integrantes de la REDODEM, reportaron haber sufrido alguna violencia en México. En ese sentido, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas son las entidades con “mayores expresiones de violencia hacia las personas en situación de movilidad, sean nacionales y extranjeras” sentencia el documento al que titularon “Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas”.

Por DaliaSouza / DalhiaSouza

Ilustración de Laura Lupi

Por sexto año consecutivo la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) presentó su informe anual sobre el contexto de las personas en situación de movilidad en México. En esta ocasión, el informe 2018 lleva por nombre “Procesos migratorios en México: nuevos rostros, mismas dinámicas” y definió como uno de sus objetivos principales: dar a conocer las múltiples agresiones que sufren las personas en situación de movilidad como consecuencia de las políticas migratorias implementadas por los Estados, en este caso, por el gobierno mexicano.

La REDODEM está compuesta por 23 casas, albergues, comedores, estancias y organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria, jurídica, médica o psicológica a personas migrantes en 13 estados de la república. Sus informes concentran datos estadísticos sobre la población que acudió a estos espacios, así como, sus experiencias de tránsito, mismas que han sido recabadas a través de entrevistas. 

Las cifras

La información que la REDEDOM recabó durante el año 2018, indica que 36 mil 190 personas en situación de movilidad fueron atendidas por casas y/o albergues de la red, este número, representa un incremento del 27% respecto a las cifras registradas en el 2017.

Respecto al perfil de las personas, el 91.7% fueron hombres; 8.1% mujeres y 0.1 personas transexuales, trasvestis o transgénero. En cuanto a los grupos etarios, la Red logró documentar el paso de 3 mil 881 niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre los 0 y los 17 años de edad; es decir, este grupo de población representa el 10% de la población migrante en tránsito por el país y el 57.7% viajaba de manera no acompañada.

A la par, el 1.3% de las personas en situación de movilidad que fueron atendidas por la REDODEM declararon pertenecer a algún grupo indígena; la mayoría de éstos provenientes de Honduras. Se trata de 37 grupos indígenas de los que destacan: Garífunas; Mestizo; Maya; Mam; K´iche´; Lenca; Nahua; Maya-Chortis; Q´eqchi´; y Kaqchikel.

Frente a este contexto, advierte el informe, el Estado mexicano tiene la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos de estas poblaciones, especialmente porque “la discriminación étnica y racial… afecta todos los ámbitos de la sociedad mexicana”. De manera lamentable, señala el documento, “lejos de contar con la protección del Estado de cara a estas vulnerabilidades, lo que ocurre es que se enfrentan a instituciones de gobierno que desconocen sus derechos o incluso reproducen la discriminación y cometen abusos de poder o algún otro tipo de agresión o delito. De acuerdo con el informe de las 106 personas de origen étnico indígena o afrodescendiente que fueron víctimas de un delito, 20 tuvieron como agresor a un agente del Estado. 

Si bien, los países de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) continúan siendo las naciones de origen de las personas que migran, es importante destacar que la población hondureña ha aumentado considerablemente, por lo menos durante el año 2018, en este periodo sentencia el informe, incrementó un 44.6%. Le siguen otros países de América del Sur, El Caribe, África, Europa y Asia, cuyo flujo representó en 0.8% de los registros.

Estados Unidos es el país de destino más referido por las personas que migran, 66.4% aseguró dirigirse a éste como su objetivo final en 2018; sin embargo, México, advierte la REDODEM, no puede descartar su posición como país de destino, más aún cuando las políticas migratorias entre ambos países, están llevando a las personas a establecerse en México a pesar de no ser –usualmente- su primera opción.

En el caso de las personas originarias de El Caribe los motivos de violencia fueron los más referidos (57.1%), desplazando a un segundo plano los motivos económicos (35.1%). Este patrón se repitió en las personas procedentes de África quienes en el 63.4% de los casos advirtieron que la violencia era su principal razón de salida.

En ese sentido, los motivos económicos divergen entre la falta de empleo o la búsqueda de uno mejor remunerado, la búsqueda de una mejor calidad de vida y tener deudas. En cuanto a los motivos de violencia se encuentran: los contextos de violencia generalizados, la persecución de crimen organizado, la violencia doméstica, la persecución política, la discriminación por orientación sexual o género y el despojo de la tierra o el territorio.

Para la REDODEM, “los motivos por los cuales las personas salen de sus lugares de origen suelen ser variados”, es decir, pueden combinar y coexistir entre distintas razones o motivaciones. Sin embargo, preocupa a la Red aquellas personas con perfil de refugio, esto significa que se han visto obligadas a salir de sus países de residencia por motivos de violencia y que, de la misma manera, evidencian múltiples razones por las cuales han sido forzadas a huir.

Así, aunque la mayoría de éstas se reconocen sobre la violación masiva a derechos humanos y la violencia social generalizada, la REDODEM generó un registro de 2 mil 543 razones de salida en estos contextos de violencia.

Violencias y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes

El 10.4% de las personas registradas por la REDODEM durante el año 2018, aseguraron haber sido víctimas o testigos de algún delito; es decir 3 mil 777 personas, respecto a las 2 mil 724 registradas durante el 2017, lo que representa un 27.8% más que el año anterior. Asimismo, los estados en donde se perpetró el mayor número de agresiones se localizan en la frontera sur del país: Chiapas con el 30.7% de los casos; Veracruz con el 22.4% de los incidentes y Oaxaca con el 11.8%.

Las personas originarias de Honduras son principales víctimas del delito en territorio mexicano, le siguen los guatemaltecos y los salvadoreños; sin embargo, los registros también apuntan a víctimas o testigos del delito provenientes de Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Cuba, Venezuela, Argentina, Puerto Rico y República Dominicana. Esta situación, sentencian los expertos en su informe “indica que la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad no depende totalmente de su nacionalidad”.

El reporte de la REDODEM reconoce al menos 27 tipos de agresiones y/o delitos, entre los que se encuentran: el robo, lesiones, secuestro, abusos de autoridad y extorsión; también destaca la intimidación, la privación ilegal de la libertad, las amenazas, la discriminación, la violencia sexual y el homicidio.

Además, entre los agresores más referidos pueden identificarse: particulares actuando de manera conjunta, bandas delictivas o pandillas, elementos de seguridad privada del tren, elementos de la Policía Federal, policías municipales, policías estatales, elementos del Instituto Nacional de Migración, el Ejército y la Marina. No obstante, advierte el documento:

“…aunque se identificaron 11 agresores, tanto privados como públicos, son las autoridades quienes no sólo tienen la obligación de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas en situación de movilidad, sino, además, de no participar en la comisión de delitos de los cuales deberían protegerles”

Sobre éstas, es importante señalar que sólo el 5% de las personas que sufrieron o fueron testigos de algún delito, hicieron una denuncia ante las autoridades; y es que, precisa el documento, frecuentemente “los delitos no son denunciados por el miedo a la deportación, ya que existe una desconfianza sobre la eficacia de los sistemas de procuración de justicia por su grado de impunidad, así como por la falta de información de los procedimientos y las instituciones dedicadas a ello”.

Esta situación se agrava cuando las violencias están asociadas a violaciones a los derechos humanos por acción de agentes del Estado, ya sea por elementos de la Policía Federal, el Ejército, la Marina o el Instituto Nacional de Migración. En su defecto, es importante señalar que este escenario de violencia y violaciones a los derechos humanos cobra mayor sentido, cuando se reconoce que, pese a que las agresiones no sean cometidas por agentes del gobierno, el Estado mexicano, “tiene una responsabilidad por la ineficacia de los sistemas de procuración de justicia, o bien por la falta de protección o prevención de la violencia, así como por la ausencia de garantías de protección” para esta población, sentencia la REDODEM en su informe.

Aunado a lo anterior, es importante destacar que, si bien las principales víctimas del delito son personas adultas, las niñas, niños y adolescentes migrantes también sufren una serie de atentados en su contra, incluso, son éstas, “poblaciones altamente expuestas a vivir violencia por parte de las organizaciones criminales”, ya sea de agentes del Estado u otros privados o particulares.

Robo, secuestro, amenazas, abuso sexual, discriminación, extorsión y trata de personas son algunas de las agresiones más referidas por los menores de edad en el documento.

También es importante destacar la situación de las mujeres en la migración frente al contexto de violencia de género que experimenta el país, situación que incrementa tanto las condiciones de riesgo como de vulnerabilidad. A ellas se suman las personas trans quienes, aunque huyen de sus países para salir de los escenarios de homofobia y transfobia, sufren en México los estragos de estas mismas formas de violencia de género y discriminación. Los datos recabados por las organizaciones de la red documentaron que, de un total de 48 personas trans, ocho fueron víctimas de agresiones y delitos. 

Las implicaciones

A decir del informe, las políticas de seguridad en el país, tienen implicaciones e “la intensificación de la violencia” particularmente en las ciudades fronterizas o de tránsito de personas migrantes. Ejemplo de ello, sentencia el documento, la Guerra contra el narcotráfico que trajo consigo, un incremento en los delitos cometidos en contra de esta población, “debido a las condiciones en que se ven forzadas a viajar a través de rutas cada vez más peligrosas” y en control de los cárteles del narcotráfico.

A estos contextos, explica la REDODEM, se suma el conjunto de políticas migratorias restrictivas, que:

“lejos de procurar la seguridad de las personas migrantes y comunidades de tránsito, promueven una migración irregular que facilita el desarrollo del negocio del tráfico de personas, así como un tipo de economía ilegal sustentada en la extorsión y el robo”.

En esa tesitura, la respuesta del Estado, denuncia la Red, no sólo ha sido omisa, sino que, además, continúa “generando políticas que reproducen la inseguridad, violencia y discriminación contra personas migrantes”.

De Enrique Peña Nieto y el Plan Frontera Sur al falso discurso humanitario de AMLO

Para las organizaciones que conforman la REDODEM, la respuesta del gobierno mexicano actual ha sido tibia y evasiva, ante las violencias que continúan perpetrándose contra la población migrante; por lo que, ha quedado de manifiesto la postura y falta de voluntad política ante el problema. Incluso, consideran que, aunque se ha pregonado que hay un “mayor esfuerzo intersectorial para realizar operativos para perseguir el delito del tráfico de personas”, haciendo, uso del término “rescate”, en la práctica, sólo existe confusión sobre el origen de estas medidas y las garantías de acceso a la justicia de las personas. Ya que, en estos operativos de “rescate” la mayoría de las personas fueron devueltas a sus países de origen de forma inmediata sin abrir una carpeta de investigación.

Lo anterior, considera la REDODEM: “… permite observar el poco interés de las autoridades en dar seguimiento a lo ocurrido y aportar a la desarticulación de las redes de tráfico y secuestro”.

Por lo tanto, este informe considera que:

“el nuevo gobierno, lejos de comprender la complejidad y las necesidades específicas de protección de los grupos más vulnerables, continúa implementando las políticas de detección, detención y deportación del Programa Integral Frontera Sur y, por lo tanto, vulnerando el Estado de derecho al no atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes”.

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