Columna AMEDI Jalisco
Por Graciela Bernal Loaiza
El pasado sábado 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber. El establecimiento de esta fecha se debió a una iniciativa promovida en 2002 en Bulgaria, por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas, que fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas en 2015. En México este derecho fundamental se encuentra en el artículo 6° de la Constitución Política el cual reconoce la facultad de acceder a la información pública gubernamental y de las organizaciones sociales y privadas que reciben dinero público.
Dentro de este marco de celebración del Derecho a Saber, a partir del 1 de octubre los mexicanos pueden conocer la información de las personas físicas y morales que fueron beneficiarias por la condonación de sus impuestos desde 2007 hasta 2015. Antes de esa fecha, esta información estuvo clasificaba como información reservada en respeto la figura del “secreto fiscal”, según las propias autoridades.
Gracias a la organización de la sociedad civil Fundar Centro de Análisis e Investigación, que se dedica “a la incidencia en políticas e instituciones públicas a través de la construcción y socialización de conocimiento especializado, de la reflexión crítica y propositiva, así como de la experimentación y vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales” (fundar.org.mx), logró después cuatro años de litigio, “que el Pleno del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolviera una contradicción de tesis, que determinaba que los nombres y montos de los beneficiarios de condonaciones fiscales debían ser publicados” (Aristegui Noticias, 2019, 1 de octubre).
Con base en los datos publicados por Fundar, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó la lista de condonaciones de 2007 a 2015 por un total de 172 mil 335 millones de pesos, y falta por conocer la información relativa a 101 mil 443 millones de pesos correspondientes a 201 contribuyentes amparados. Durante ese periodo 7,885 contribuyentes fueron beneficiados y se registraron 9,941 condonaciones, cifra mayor debido a que algunos contribuyentes recibieron más de un beneficio. Los montos de las condonaciones ascienden a 273,700 millones de pesos a precios de 2019.
Conforme en las estimaciones de Fundar, 24 por ciento, es decir, casi una cuarta parte del monto condonado o perdonado, correspondió solo a 10 contribuyentes, de los cuales la mitad son entidades públicas, entre las que se encuentran la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía Luz y Fuerza del Centro.
Esta información revela que la actuación del Estado mexicano estuvo alejada del sentido que justifica el perdón de los impuestos y adeudos fiscales, en razón de que éstos últimos están contemplados para apoyar económicamente a las personas afectadas por un desastre natural, y para lograr que los contribuyentes morosos se regularicen mediante el perdón de multas, y de esa manera promover el pago que les corresponda.
La lista de beneficiarios incluye a políticos, empresarios, artistas, deportistas y entidades públicas, es decir, a quienes tienen mayores ingresos en el país, que representan 1% de los mexicanos, y son dueños de 40 de cada 100 pesos de la riqueza nacional.
Mientras que los trabajadores son exigidos en su cumplimiento de pago de sus contribuciones al erario mexicano, los más ricos del país, durante años fueron objeto de favores y recompensas multimillonarias en contra de los recursos públicos de la nación.
Por su parte, el 24 de septiembre la Cámara de Diputados con 421 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, aprobó reformar el artículo 28 de la Constitución Política para establecer que en el país quedan prohibidas las condonaciones de impuestos, en los términos que fijan las leyes.
“El objetivo es desmantelar los esquemas generados para el favorecimiento de grandes contribuyentes por vía de la condonación de sumas cuantiosas, bajo el amparo de una laxa regulación legal y de múltiples lagunas jurídicas que permiten un amplio arbitrio gubernamental” (Cámara de Diputados, 2019, Boletín No. 2233).
Sin desconocer el avance en materia de acceso a la información pública que se logró con las acciones de Fundar, a un costo alto en inversión de tiempo y trabajo, el tema aún se mantiene en proceso, porque falta que el Congreso de la Unión elabore y apruebe las nuevas leyes, con base en la reforma al artículo 28. Este nivel de legislación es el que habrá que vigilar porque es donde se consigan las reglas del juego. En México, algunas leyes secundarias contravienen los mandatos constitucionales.
Habrá que observar a los legisladores para saber si realmente tienen voluntad política para que en México exista efectivamente una justicia tributaria a favor de la clase trabajadora y del desarrollo del país. y empresas a quienes entre 2007 y 2015.
El Derecho a Saber nos reclama un mayor involucramiento en el conocimiento sobre las decisiones de los gobernantes, porque no hay que olvidar que ocupan esos puestos por mandato popular.
Nuestro derecho a saber implica que actuemos y nos informemos. Que hagamos un esfuerzo por conocer de manera crítica y analítica los juegos del poder. Para ello, tenemos que conocer nuestros derechos, aprender a ejercerlos y reclamarlos cuando estos sean vulnerados.
El logro de Fundar muestra que la acción ciudadana es capaz de sortear los obstáculos y mañas del poder público para acceder a la información púbica, que es de todos. Sumemos esfuerzos.
