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A juicio Gobierno Mexicano por acuerdo migratorio con Estados Unidos

A juicio Gobierno Mexicano por acuerdo migratorio con Estados Unidos

Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, han hecho público a través de un comunicado, que interpusieron una demanda de amparo indirecto “en contra del acuerdo migratorio firmado entre México y los Estados Unidos el 7 de junio de 2019”.

En éste se señala que “el acuerdo migratorio suscrito por México es contradictorio a las garantías constitucionales, dado que en su celebración no se cumplieron las formalidades de suscripción de un tratado internacional, además de que su aprobación e implementación resultaron en una violación manifiesta a las normas de importancia fundamental del derecho internacional e interno”; entre éstas, la “actuación irregular de la Guardia Nacional para realizar acciones migratorias contrarias a la Ley de Migración”, así como, “dejar en manos del gobierno estadounidense la facultad unilateral y discrecional para decidir si México está cumpliendo o no con el acuerdo” acción que viola el principio de autodeterminación.

Si  bien, el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, no admitió la demanda interpuesta desde julio de 2019, argumentando que “era notoriamente improcedente” al considera que la política exterior y la firma del acuerdo constituyen una facultad discrecional y exclusiva del poder Ejecutivo, la Fundación para la Justicia promovió un recurso de queja el 21 de agosto de 2019 ante el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual, en sesión del 13 de noviembre revocó la determinación del juzgado y “ordenó admitir el juicio de amparo, aún pendiente de su resolución.

En el documento se nombraron como responsables a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Consultoría Jurídica Adjunta “A” de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.

Los costos humanos y las violaciones a los derechos humanos que ha traído consigo el Acuerdo Migratorio  

“Violaciones a la integridad y vida de las personas migrantes, solicitantes de asilo y de protección internacional” son algunas de las secuelas que ha dejado la implementación de este acuerdo migratorio binacional unilateral. A decir de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, con datos del Secretario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, a consecuencia del programa Quédate en México, “se han devuelto 60 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a varias de las ciudades más peligrosas en el norte de la República Mexicana”.

Secuestros, ejecuciones extrajudiciales en persecución de personas migrantes y deportaciones masivas por parte de la Guardia Nacional sin respetar el derecho internacional al asilo, han sido también, consecuencia de la implementación de estos acuerdos. El hacinamiento en las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración son otras de las condiciones extremas que atentan contra la salubridad y la dignidad de la población migrante en México.

La organización, precisa en su comunicado que, a la par, han “observado una tendencia regional para limitar los derechos de las personas solicitantes de asilo”, puesto que, bajo este mismo patrón, han “suscrito acuerdos migratorios por Guatemala, Honduras y El Salvador, de manera individual con Estados Unidos”. En ese sentido, reclaman que, “tanto el Acuerdo Migratorio firmado por México como el Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por el gobierno de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido negociados y firmados en un ambiente de ocultamiento de la información, desinformación y declaraciones contradictorias sobre el alcance y contenido de los mismos, sin respetar el interés de la sociedad en su conjunto”.

Finalmente, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en sus oficinas en México, Honduras, Guatemala y El Salvador, esperan que el Gobierno mexicano, junto con los países firmantes y el Poder Judicial, “resuelvan las solicitudes de amparo con independencia y con apego a los compromisos internacionales adquiridos”.  

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