Por Mercedes Matz
Desde hace un año, en Yucatán se conformó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, que significa Caminamos Juntos. Desde entonces, sus integrantes, defensores del territorio y habitantes de la península han sido blanco de amenazas de muerte en diversas ocasiones. Ya que desde hace un par de años han emprendido acciones legales e informativas para reafirmar su oposición y organización contra grandes proyectos que se pretenden insertar o esparcir en la zona sur del país, incluido el ‘Tren Maya’.
Pedro Uc, escritor, poeta e integrante de la asamblea hizo del conocimiento público la amenaza de muerte que recibió a través de su teléfono celular, donde, en un mensaje vía Whatsapp, se le da un lapso de 48 horas para «irse» o de lo contrario se atentaría contra su vida y la de su familia, según se lee en la captura de pantalla con fecha de este lunes.
En el mensaje dirigido al activista, se hace mención de sus familiares más cercanos y se le reprocha que con su defensa del territorio esté afectando a «gente local». En entrevista telefónica, Pedro Uc señaló que esta amenaza se debe a su actividad en contra de grandes proyectos empresariales relacionados con mega granjas porcícolas, la generación de energía renovable y turismo de alto impacto que afectaría negativamente el territorio y la vida del pueblo maya.
El defensor recuerda que recientemente ha aparecido en entrevistas y medios de difusión donde ha dado a conocer los objetivos de lucha de la Asamblea “y creemos que esto ha molestado a empresarios”, dijo en relación a la amenaza de muerte recibida este día.
Esta no es la primera vez que integrantes de la Asamblea reciben este tipo de intimidaciones. El Consejo Nacional Indígena (CNI) informó que la mañana del 8 de agosto, el defensor Gregorio Hau recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como integrante de un grupo del crimen organizado, quien lo amenazó con lastimarle “por andar molestándolos” y le advirtió “que conocen su dirección”, según se lee en un comunicado emitido por el Consejo.
Meses antes, Hau recibió una visita en su domicilió del representante de una empresa que promueve el proyecto “Yucatán Solar”, con el fin de entregarle a él y a su padre un documento para hacerles desistir de la demanda de amparo contra dicho proyecto, perteneciente a Lightening PV Park, subsidiaria de Jinko Solar (China), explicó el CNI.
Otro caso es el de María Candelaria May, también integrante de la Asamblea (que lleva como lema “No vendemos ni rentamos nuestra tierra”), ha recibido mensajes desde su cuenta personal de Facebook y ha sido víctima de una serie de publicaciones que aparentemente buscan su desprestigio. Aunque la activista interpuso una denuncia por amenazas, no ha sido atendida por las autoridades, añade el CNI en su comunicado de agosto.
Los defensores también se han dirigido a autoridades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, a quienes han dado a conocer su falta de confianza hacia las autoridades estatales, como la policía y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, quien es considerado por los activistas como cercano a empresarios que tienen intereses en dichos megaproyectos que ahora se ven afectados por las actividades del Múuch’ Xíinbal.
No es para menos, de los cuatro amparos que han promovido como defensores del territorio de la península de Yucatán, todos han sido concedidos por instancias judiciales, por lo que los megaproyectos deben mantenerse suspendidos hasta que se cumpla con la entrega de estudios de impacto ambiental.
Pedro Uc anunció que también solicitarán un amparo para el caso del Tren Maya, esto, cuando el proyecto sea presentado de manera oficial.
Caminamos juntos se conforma por representantes de 25 comunidades de toda la península que han manifestado su rechazo a los grandes proyectos, mismos que despojarían al pueblo maya de su territorio. “Y sin territorio dejamos de existir”, advirtió Uc.
Desde hace años, los Defensores del Territorio Maya se reúnen de dos a tres veces al año, para promover campañas de información, fomentar la reflexión en los habitantes, convocar a asambleas comunitarias de participación y para emprender acciones legales, como ha sido en el caso de los cuatro amparos que han sido concedidos.
