Las familias de Raúl Gómez Mireles, Policía Investigador del área de vehículos y de Salvador Perea Rodríguez, comandante del Área Operativa de la Policía Investigadora, ambos trabajadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se manifestaron este sábado a las afueras de las instalaciones de la dependencia de seguridad pública estatal para denunciar su detención e inculpación en delitos presuntamente no cometidos durante las manifestaciones del viernes 5 de junio.
En el caso del “comandante Perea”, su familia denunció, además, haber permanecido sin información e incomunicados con el agente por más de 14 horas.
Son acusados de robo, abuso de autoridad, retención ilegal y agresiones a la prensa.
A las 9:11 p.m. de este sábado 6 de junio, el gobernador del estado, Enrique Alfaro publicó a través de sus redes sociales las fotografías de los dos oficiales y refirió que se trataba de “los dos primeros elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detenidos por presuntamente violar los derechos humanos de las personas durante las manifestaciones del viernes pasado”.
Las familias de ambos rechazan las acusaciones y señalan que se trata de una injusticia, ya que en los videos donde se capta a personal de la Fiscalía realizando detenciones arbitrarias y clandestinas el día viernes, aparecen otros agentes que claramente puede ser identificados; sin embargo, las autoridades han decidido obviar estas pruebas en video y han evadido sus detenciones.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotos: Darwin Franco / @DarwinFranco
“Si ellos se mandaran solos no estarían aquí” precisa la señora Paty Nazarín, esposa de Raúl Gómez Mireles, quien ostenta el cargo de Policía Investigador en el área de vehículos de la Fiscalía del Estado de Jalisco; y es que narra que el pasado viernes 5 de junio, los agentes recibieron la orden desde “la dirección” para resguardar las instalaciones de la dependencia de seguridad estatal, durante la concentración que ciudadanas y ciudadanos organizaron para exigir justicia en el caso de Giovanni López y demandar la liberación de las personas detenidas durante las protestas del día anterior, en el Centro Histórico de Guadalajara.
De no haber sido así, advierte la señora Paty “se hubieran ido a comer”; sin embargo, señala “una orden es una orden” y “buena o mala, ellos la reciben”.
Raúl Gómez Mireles tiene 28 años y medio de servicio, además es diabético, explica su esposa, quien ya pudo entrar a verlo y corroborar que se le ha administrado uno de los medicamentos que necesita para controlar su enfermedad. No obstante, denuncia que su marido fue registrado como detenido hasta las 6:00 a.m. de este sábado 6 de junio, pese a que fue arrestado a las 11:00 p.m. del día anterior, bajo el presunto cargo de “agresión a la prensa”:
“El coraje que me da es que si desde ayer se quedó detenido por qué no le dan chance de hablar, él es diabético, ya cuando hablé ya le habían conseguido una pastilla. Hasta las 6:00 de la mañana lo registran, desde las 11:00 p.m. entonces, dónde están sus garantías, dónde quedo la evidencia que ellos agredieron o fueron todos a agredir a la prensa”.
Señala que, en los videos que las autoridades presentan para inculparle sobre este cargo, se observa cómo no sólo él, sino, otros compañeros, incluso, oficiales a cargo, impiden la entrada de civiles al cerco que se montó sobre la calle 12, en las inmediaciones de la Fiscalía de Jalisco durante la concentración del 5 de junio:
“Él me dice que estaba ahí parado y que no golpeó a nadie, ni agredió a nadie y de hecho los videos que supuestamente dice el director que él agrede, yo no veo ninguna agresión. Que a él lo mandan a decirle a la gente que se mueva para que no se acerque, se ve que la gente va corriendo porque ven que no nomás viene él, vienen varios, ¿por qué no detuvieron a todos los que venían?, ¿por qué nomás a mi esposo y a Perea? si venían como diez compañeros. No es justo”.
En los videos que fueron difundidos por ciudadanas y ciudadanos, así como por medios de comunicación, se evidencia la actuación de agentes con puestos de mando dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco y de demás personal de seguridad estatal, señalan las familias; pese a esto, no se ha iniciado una acción legal contra ellos y por el contrario, se ha adjudicado, por ahora, la responsabilidad absoluta a sus familiares sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por decenas de elementos:
“Yo habló por todos los compañeros, todos los compañeros nos callamos, aquí hay cosas buenas y cosas malas pero esta vez es una injusticia” declaró su esposa.
Junto con ella, protestaron los familiares de Salvador Perea Rodríguez, comandante del Área Operativa de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado. Portando pancartas que reclamaban justicia para el agente, denunciaron que habían permanecido por más de 14 horas sin información y sin comunicación, incluso, señalaron que desconocían si éste se encontraba detenido o no.
Tanto la familia de Raúl Gómez como de Salvador Perea coinciden en señalar que los agentes de seguridad estatal actuaron por órdenes del Fiscal General, Gerardo Octavio Solís y de los oficiales al mando; así lo precisó el abogado de la familia Perea, Óscar Arturo Díaz, durante la manifestación:
“Cómo es posible que estén solapando esto, ellos son testigos de que la orden fue dada por el Fiscal y por ejecutar una orden están sufriendo las consecuencias nuestros compañeros. Primera ocasión en mi vida profesional que estoy después de 12 horas y que no me dejen hablar con mi cliente. Nos dicen que no se puede, ya se recorrió todas las dependencias y nadie nos dice nada. Más de 14 horas esperando afuera de Fiscalía del Estado de Jalisco para que nos digan dónde está el comandante Perea, nadie, nos saben decir si está detenido, si no está detenido”.
Con ello, señalaron que, se le ha negado el derecho a un abogado, ya que, a la persona que ha sido contratada por su familia no se le ha permitido entrar. Además, señalaron que hasta la noche del sábado 6 de junio no se había ratificado un amparo interpuesto ante el Juzgado Quinto de lo Penal por el caso que involucra al comandante.
Insistieron en manifestar que “los mandos” fueron quienes dieron la orden de actuar el viernes 5 de junio y que es un “injusticia lo que están haciendo porque los policías no actúan al menos que tengan una orden que cumplir”.
De acuerdo con la familia, los cargos que hasta ahora se le imputan son: robo, abuso de autoridad y retención ilegal, cometidos presuntamente durante las manifestaciones del viernes 5 de junio en los alrededores de la Fiscalía del Estado en la zona industrial de Guadalajara.
Fue hasta las 7:00 p.m. del sábado 6 de junio que su esposa pudo ingresar a verle, luego de permanecer en incertidumbre desde las 2:00 a.m. del mismo día. En esta conversación que tuvieron, expresa su familia: “él le dijo que no era el responsable, que por favor lo ayudáramos que estaban haciendo una injusticia muy grande a su persona”.
“Exigimos que nos digan por qué tanta injusticia, por qué los mandos no dan la cara, el Fiscal, el Gobernador por qué se quiere lavar las manos, si él dio la orden, insisto, las policías no actúan solos al menos de que les den una orden”.
Salvador Rodríguez Perea, ingresó a trabajar en la Fiscalía del Estado de Jalisco en el año 2006 y se desempeñó como comandante de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro; mientras que, en el año 2019 se postuló como titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas.
En 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició la recomendación 10/2013 en contra de seis agentes, (entre los cuales se encontraba él) por violación a los derechos a la integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica. Perea y sus compañeros negaron categóricamente los hechos.
Sin embargo, en opinión de sus familiares, el agente es “la persona más honesta que puede existir en la fiscalía… Es un hombre súper institucional, odiaba las injusticias y él jamás actuaría de esa forma”, por ello exigen su liberación inmediata y la sanción a los verdaderos responsables de las detenciones arbitrarias y clandestinas del viernes 5 de junio.
Por su parte, el Gobernador del estado, Enrique Alfaro, hizo públicas las fotografías de ambos agentes la noche de este sábado 6 de junio y señaló que se trata de “los primeros dos elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco detenidos por presuntamente violar los derechos humanos de las personas durante las manifestaciones del viernes pasado”.
La jornada de acciones de protesta del pasado viernes 5 de junio, terminó con la detención de más de 80 personas de manera arbitraria, ilegal y violenta, por elementos de seguridad de la Fiscalía del Estado de Jaliscoquienes, vestidos de civiles, encapuchados, armados y montados arriba de camionetas no oficiales, se llevaron “al azar” a ciudadanos y ciudadanas que buscaban asistir a la concentración que fue convocada para exigir justicia por Giovanni López y la liberación de 28 personas que fueron reprimidas y detenidas arbitrariamente dentro de las instalaciones de la Fiscalía del Estado, durante las manifestaciones del día jueves 4 de junio en el centro de Guadalajara.
