La ONU-DH condena la muerte de Giovanni López y pide que no quede impune

Ante la ejecución extrajudicial de Giovanni López en manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) recuerda que en las muertes ocurridas bajo la custodia de autoridades, existe una presunción general de responsabilidad del Estado.

Por tal motivo la ONU-DH urge a las autoridades de Jalisco a realizar una investigación sobre lo sucedido para aclarar los hechos y responsables, pues la muestra más clara de que no se tolerarán más violaciones de derechos humanos es que la muerte de Giovanni no quede impune.

Por Ximena Torres / @ximena_tra

A través de un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó la muerte de Giovanni López Ramírez, un hombre de 30 años que el pasado 4 de mayo fue detenido arbitrariamente por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y encontrado sin vida, con signos de tortura un día después.

Aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco niega que la detención Giovanni fue por incumplir con el uso obligatorio de cubrebocas, impuesto por el Gobernador Enrique Alfaro ante la emergencia sanitaria por COVID-19 (acuerdo estatal DIELAG ACU 026/2020), la ONU-DH señala como motivo de preocupación que esta medida sea incentivo de la brutalidad de la policía.

Jesús Peña, Representante Adjunto de la ONU-DH en México alentó a las autoridades de Jalisco a enviar un mensaje claro e inequívoco de que no se tolerarán más violaciones a derechos humanos en la implementación de las medidas de emergencia durante la pandemia de COVID-19.

Mientras que del Gobernador Enrique Alfaro ha señalado que “en Jalisco no se toleran los abusos de nadie”, el Representante Adjunto asegura que “la más clara muestra de que las violaciones de derechos humanos no serán toleradas es que la muerte en custodia del Sr. López Ramírez no quede en la impunidad”.

Por tal motivo la ONU-DH urge a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente sobre la muerte de Giovanni. En ella pide que se incluyan las circunstancias en que ocurrió y las violaciones de derechos humanos que se cometieron, especialmente las relativas al derecho a la vida y al respeto a los principios de uso de la fuerza.

La Oficina de las Naciones Unidas también asegura que se debe determinar si hay medidas que no se tomaron para prevenir la muerte e investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia de Giovanni, desde su detención hasta su fallecimiento.

“La ONU-DH recuerda a las autoridades del estado de Jalisco que las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario” dice el comunicado publicado el pasado 4 de junio.”

A través de su cuenta de Twitter, el Gobernador Enrique Alfaro aseguró que “no descansará hasta que cada implicado sufra las consecuencias de sus actos”. Sin dar a conocer más información sobre la investigación, el 6 de junio a través la misma red social anunció la detención de al menos tres personas que pertenecían a la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos por su presunta participación en la muerte de Giovanni López.

Días antes también informó que autoridades Estado de Jalisco habían tomado el control de la policía de Ixtlahuacán, siempre resaltando que lo sucedido fue “una atrocidad producto de la autoridad municipal”, porque “no hubo ninguna participación de policías estatales en los hechos”.

Sin embargo, la brutalidad por parte de policías estatales y municipales ha continuado en Jalisco con represión, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desaparición forzada contra los ciudadanos que se manifiestan en las calles para exigir justicia para Giovanni López.

Las exigencias de otras organizaciones

Tomando en cuenta las recomendaciones de la ONU-DH y las acciones posteriores de las autoridades jaliscienses, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) también se ha pronunciado, asegurando que no se han seguido las directrices internacionales que garanticen una investigación exhaustiva sobre la ejecución de Giovanni.

En su pronunciamiento publicado el 5 de junio, CEPAD “repudia la política criminal que aplica el gobierno de Jalisco caracterizada por una violación sistemática a los derechos humanos y exige una investigación por probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez”.

Por su parte la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) hizo un llamado urgente a todos los gobiernos municipales de Jalisco para que instruyan a sus cuerpos policiales el actuar conforme a la ley, respetando los derechos humanos y evitando todo abuso de poder contra los ciudadanos.

Además, inicio la queja de oficio 4256/2020/III y emitió medidas cautelares a la Fiscalía Estatal para que se hagan las investigaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos; y al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, para que “inicie, tramite y concluya el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos policiales que intervinieron en la detención y lesiones de la víctima, que causaron su muerte”.

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