Daniela logró salir de una relación violenta después de 15 años, pero su ex pareja le ha impedido todo contacto con su hija. El conflicto que precede a una separación afecta principalmente a niños y niñas que quedan en el fuego cruzado de acusaciones y denuncias.
Por Dafne García @DafneBetsabe2 / Lado B
Daniela decidió separarse de su esposo David después de 15 años de una relación violenta. La separación fue conflictiva: después de denuncias y varios procesos legales en contra de Daniela, David se quedó con la custodia de la niña. Desde ahí él le cortó todo contacto con su hija.
Daniela recuerda que con David eran “peleas, gritos, empujones, control económico, eso fue un constante toda la relación”, ella intentó dejarlo varias veces durante la relación, sin embargo él le rogaba y le prometía que iba a cambiar y ella aceptaba.
Esto pasó por más de 15 años: “yo estaba en este círculo de violencia”. Los maltratos y gritos no cesaron ni con el nacimiento de su hija, “yo era el problema, yo estaba molestando ya la niña y yo éramos una carga para él”.
Entonces a medida que la violencia iba aumentando Daniela acudió al DIF a levantar reportes de lo que estaba sucediendo, aunque esto sólo empeoró las cosas cuando él la descubrió.
En una de sus peleas (en agosto de 2018), David les gritó y las corrió de la casa por lo que Daniela tomó uno de los carros y decidió ir con su familia a buscar ayuda y salir definitivamente de esa situación, pero la tranquilidad no duró mucho, la acoso y hostigó hasta que Daniela aceptó un acuerdo de guardia y custodia.
Ella pensó que ese acuerdo bastaría para al fin poder rehacer su vida con su hija, aunque fue todo lo contrario.
“El día anterior a que me regresara a la niña (después de una de las visitas estipuladas en el acuerdo) David me había metido una denuncia por delitos sexuales en la fiscalía especializada, por supuesto abuso sexual a la niña y pidió al segundo juzgado de lo familiar (que en ese entonces estaba bajo el mando de la jueza Veronica Rojas Pasan) que me restringiera todo contacto con ella, ni acercarme ni llamadas ni nada y desde entonces no he podido ver a mi hija, desde octubre de 2018”.
Después de la separación, el conflicto
Debido a la denuncia de abuso sexual promovida por David, se inició una investigación y fue hasta 1 año y cuatro meses después que, gracias al apoyo que recibió de su abogada, se determinó el no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas en contra de Daniela, también se determinó que el peritaje que se realizó a la niña y que David mostró como prueba de que la niña sufrió abuso sexual fue realizado de una forma no adecuada y sin las técnicas correspondientes.
Además, la investigación de la Fiscalía arrojó que en el peritaje que realizó una de sus peritos en Psicología, la niña no externaba ni daba señales de haber sido víctima de abuso sexual, según consta en la Carpeta de Investigación (CDI) compartida a LADO B.
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) explica a LADO B que un conflicto parental ocurre cuando una pareja de adultos que ya no se lleva bien decide separarse, sin embargo, esto con mucha frecuencia no se cierra bien y hay cosas no resueltas como frustración, enojo y traiciones, esto amenaza el derecho a vivir en familia de los menores.
De acuerdo con el especialista, este tipo de pugnas genera violencia psicológica además de que, como en este caso, termina importando más el mismo conflicto de los adultos que el derecho de los menores a vivir en familia.
El libro “Alienación Parental” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) establece que existen divorcios de alto conflicto en los que a pesar de la que la separación ya tiene tiempo de que haya sucedido, el conflicto entre los padres no se resuelve sino que al contrario aumenta o prolonga indefinidamente.
Este tipo de divorcios altamente conflictivos se caracterizan por altos índices de litigio y re litigio, grados altos de ira y desconfianza, incidentes de abuso verbal, agresión física intermitente.
El director de la REDIM hace énfasis en que “el Estado y sus autoridades están obligados a garantizar el derecho a vivir en familia y a reducir el impacto del conflicto parental, que en los temas de litigio se convierte en una agonía porque van y vienen estudios, peritajes, reportes trampas y demás”.
El calvario de los procesos legales
Foto: brother’s photo | Pexels
El libro de la CNDH establece que en casos severos de alienación parental pueden llegar a haber denuncia falsas por abuso sexual que pueden dañar más a los menores que la propia alienación ya que una niño o niño que cree que ha sido abusado (o permitió el abuso) sexualmente por un familiar, puede desarrollar problemas parecidos a aquellos que tiene quien sí ha sufrido abuso.
Otra de las consecuencias es que, la niña o el niño empieza a no confiar en sus cuidadores, su punto de vista de la sexualidad se corrompe a una edad temprana y esto puede llevar a problemas en su vida adulta, su habilidad para confiar en relaciones cercanas es bloqueada y puede interferir en sus relaciones durante toda la vida.
Aunque, el mismo texto de la CNDH señala que, aunque se presuma que los reportes de abuso sexual son falsos en algunos casos, estos deben ser investigados y tomados en serio.
Uno de los aspectos a tener en cuenta, tal como lo menciona el especialista de la REDIM, es que “en el proceso de los conflictos parentales, y ya los juicios de lo familiar como en todos los apartados jurídicos hay bastantes vicios, incluso lamentablemente hay despachos de abogados sin ética que tienen el paquete completo”, es decir ofrecen llevar el caso de divorcio más una denuncia de violencia familiar o un abuso sexual.
“Tristemente ya este es un negocio para estos profesionales sin ética o personas sin ética que venden este tipo de servicios”, denuncia Pérez García.
Para Daniela todos los procesos legales y jurídicos a los que se ha visto sometida en el proceso de volver a ver a su hija han sido un calvario, además identifica tres figuras que han complicado que sus procesos legales avancen: la denuncia por violencia familiar en contra de David que está siendo llevada por la jueza Blanca Laura Oliver Palacios, el proceso de guarda y custodia y la denuncia por abuso sexual en contra de Daniela (que su ex esposo logró que se reabriera alegando que no se procesaron unas pruebas que él había presentado.
“Tenemos tres autoridades que están permitiendo que se ejerza violencia, no sólo en contra mía sino también de la niña, porque desde diciembre yo veo a mi niña por primera vez (en una de las diligencias del proceso de guarda y custodia) desde hace un año y medio, y encuentro a mi niña con rasguños en los brazos con heridas en sus manos”.
A todo esto se suma que la pandemia provocada por COVID-19 ha retrasado la resolución de una apelación (en el proceso de denuncia por abuso sexual que reabrieron por petición de David y que es el que impide que Daniela pueda obtener la guarda y custodia de su hija) que Daniela y su abogada metieron en donde señalan que aunque David no se ha presentado a tres audiencias (alargando aún más el proceso legal) no se le ha declarado como sustraído de la ley.
El informe anual 2018 de la UNICEF revela que en México hay 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes de los cuales el 63% de entre 1 y 14 años ha sufrido algún tipo de violencia, además se agrega que “independientemente de la naturaleza o la gravedad del acto, todas las formas de violencia que viven los niños, niñas y adolescentes son perjudiciales para su desarrollo, por lo que es necesario prevenirla y cuando ocurre, atender sus consecuencias”.
Por otra parte, la ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes establece que aunque sus familias estén separadas, “tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular”.
*Foto de portada: user18526052 | Freepik
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Link Original: https://ladobe.com.mx/2020/07/no-he-podido-ver-a-mi-hija-desde-octubre-de-2018/
