Después de haber denunciado públicamente el caso paradigmático de Liliana Carrillo González, mujer wixárika de 20 años asesinada por su esposo el pasado 3 de marzo de 2020, así como, las omisiones y violaciones a derechos humanos en las que incurrió la Fiscalía Regional y la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Sierra Norte del estado, al clasificar su feminicidio como un suicidio, organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres evidenciaron nuevamente el contexto de impunidad y riesgo al que ha sido ahora expuesta la familia de la víctima.
Este 6 de agosto, en rueda de prensa, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) México y CLADEM Jalisco, junto con Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas en Zacatecas (este último acompañante legal del caso) denunciaron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la Recomendación 25/2020 por los hechos, sin embargo, ésta contiene información errónea que pone en riesgo la vida e integridad de las víctimas indirectas.
Según advirtieron, además de esperar cuatro meses para que este organismo de derechos humanos se pronunciara al respecto, lo hizo de manera equivocada, al establecer que “la parte quejosa es un familiar de Liliana Carrillo González víctima de feminicidio, cuando en la presentación de la queja la parte quejosa es el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C”.
Y es que, previamente las organizaciones ya habían señalado que la familia de Liliana comenzó a ser acosada en su comunidad debido al actuar insensible de la Fiscalía Anticorrupción, quienes se encuentran indagando sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos que resulten responsables del actuar negligente en los procesos de justicia para la joven víctima.
Han exigido que la CEDHJ corrija la información y señale correctamente a la parte quejosa, así como, que cuando el organismo emita recomendaciones públicamente, notifique previamente a las víctimas para que éstas conozcan el contenido, ya que, expresaron que si bien fueron “avisadas con una llamada” el material ya había sido difundido y distribuido en medios de comunicación.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada: Brince Tapia Graniel
El 1 de abril, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C. en Zacatecas, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre todas las irregularidades y violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía Regional y la Delegación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en la Sierra Norte, en el feminicidio de Liliana Carrillo González, mujer wixárika de 20 años asesinada por su esposo el 3 de marzo de 2020 en Rancho El Bajío, anexo a Pueblo Nuevo 2 Mayehekwa, comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco
Según habrían denunciado diversas organizaciones para la defensa de los derechos humanos de las mujeres, el 9 de julio pasado, luego de una serie de omisiones y negligencias, el asesinato de Liliana habría sido clasificado como un suicidio.
Incluso, tres semanas después de la presentación de la queja, ésta fue ampliada con la información generada en los hallazgos que surgieron durante las diligencias de campo realizadas entre el 16 y el 20 de abril alrededor de su muerte y sobre el actuar de las autoridades ministeriales y forenses.
Más información: ¡Justicia! Feminicidio de Liliana, mujer wixárika, deja en evidencia investigaciones judiciales sin perspectiva de género en comunidades indígenas de Jalisco https://www.zonadocs.mx/2020/07/09/justicia-feminicidio-de-liliana-mujer-wixarika-deja-en-evidencia-investigaciones-judiciales-sin-perspectiva-de-genero-en-comunidades-indigenas-de-jalisco/
Pasaron cuatro meses para que por fin este organismo de derechos humanos se pronunciara al respecto, sin embargo, cuando por fin decidió tomar cartas en el asunto, lo hizo de manera errónea y poniendo en riesgo a la familia de la víctima, quien ya habían sido acosa en su comunidad debido al actuar insensible de la Fiscalía Anticorrupción, mismos que se encuentran investigando sobre el actuar de los funcionarios públicos involucrados.
“La familia de la víctima fue llamada por miembros de la comunidad, quienes les amenazaron incluso, con retractarse de los testimonios que de manera libre ofrecieron en las investigaciones de la fiscalía”, advirtió en su momento Mara Muñoz, Directora Ejecutiva del Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas A.C.
Lamentablemente, precisaron en conjunto el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (CLADEM), el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C. y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio la Recomendación 25/2020 emitida por la CEDHJ el pasado 4 de agosto, correspondiente al feminicidio de Liliana Carrillo González, mujer wixárica de Jalisco, comete graves faltas en el proceso.
La primera de éstas, consideraron, fue que la CEDHJ “dio a conocer públicamente la Recomendación, difundiéndola en medios de comunicación el 4 de agosto, sin antes establecer contacto con la familia de la víctima y la asesora jurídica”, hecho que lacera directamente los derechos de las víctimas, así como de la parte quejosa.
“… no fuimos notificadas de dicha medida y nos enteramos por medios de comunicación, siendo hasta el día siguiente a las 10:53 a.m. que la asesora legal fue notificada vía correo electrónico, violando con esto el debido proceso y el derecho a decidir sobre la publicidad o no de la misma”.
En segundo lugar, refirieron que la Recomendación 25/2020 contiene información errónea, puesto que, establece que la parte quejosa es un familiar de Liliana Carrillo, cuando en realidad la queja fue presentada por el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C
Y, en tercer lugar, advirtieron que la CEDHJ “puso en riesgo la vida y la integridad de la familia de la víctima” al hacer pública esta información bajo las condiciones ya expuestas; es decir, al no consultar a las víctimas indirectas y al suscribir datos erróneos.
Enlace al video de la rueda de prensa: https://www.facebook.com/watch/?extid=UXMFvmH9SI813WCK&v=291865888585364
Habrá que señalar que la Recomendación fue dirigida al Fiscal del Estado, Genaro Octavio Solís Gómez; al Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quezada Esparza; al Presidente Municipal de Mezquitic, César Rolando de la Torre Martínez; y al Presidente Municipal de Huejuquilla el Alto, José Acuña Ruiz, por “violación a la legalidad, al debido ejercicio de la función publica, a la igualdad y no discriminación, al acceso a la justicia, a una vida libre de violencia”.
Por lo anterior señalado, el 5 de agosto las organizaciones presentaron una queja formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar que el actuar de la CEDHJ respete los derechos de las víctimas, así como, para que realice una serie de acciones encaminadas a proveer justicia en el caso de Liliana, pero también, para que las dependencias atiendan las violencias sistemáticas y sistémicas que laceran la vida de las mujeres, expresó Mara Muñoz.
Con ello, señaló que este caso no debe pasar de largo sólo porque ya existe una sentencia condenatoria para el feminicida Gelacio “N”, quien fue vinculado a proceso el pasado 30 de abril; por lo que, exigió a las autoridades que actúen con la debida diligencia en los procesos de justicia y en estricto apego a los derechos humanos y a la perspectiva de género, para que ninguna otra mujer indígena o mestiza sea víctima de violencia o violaciones a sus derechos.
Asimismo, afirmó que este caso no ha sido prioridad para la CEDHJ, puesto que, durante estos cuatro meses y por múltiples razones el tema ha sido descartado, aún y pese a su naturaleza:
“Desde el principio, el caso de Liliana no fue un caso primordial para la CEDHJ a través de estos cuatro meses ha sido omisa, incluso cuando se establecieron medidas cautelares”, sentenció.
Por ello, han exigido:
- Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco corrija públicamente la información que emitió en la Recomendación 25/20 correspondiente al feminicidio de Liliana Carrillo González mujer wixárica de Jalisco, aclarando la correcta identificación de la parte quejosa, el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de las Mujeres y Niñas, A.C.
- Que las recomendaciones se hagan públicas, siempre y cuando las victimas hayan sido notificadas y conozcan el contenido de las mismas antes que cualquier medio de comunicación.
Aunado a ello, lamentaron que, pese al perfil del actual Presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, quien fungió en su momento como Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la respuesta no haya sido proporcional ni congruente en el caso de feminicidio de Liliana, mujer wixárika.
Finalmente, sobre el actuar de la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, a quienes se les había requerido realizar una investigación y un estudio sobre la situación de las mujeres en las comunidades indígenas del estado, Guadalupe Ramos, Directora de CLADEM Jalisco, advirtió que las acciones hasta ahora llevadas a cabo por la dependencia no corresponden a la realidad adversa y tampoco atiende la problemática de violencia que enfrentan las mujeres indígenas en Jalisco.
En su opinión y desde la experiencia, expuso que no se trata de políticas públicas reales sino de meros materiales de difusión que, si bien, pueden llegar a ser útiles, parten de un principio de desconocimiento, pues no se tienen insumos documentales o diagnósticos que establezcan los contextos de violencia que enfrentan.
En ese sentido, advirtieron que, al menos se tienen identificados tres casos de feminicidio semejantes al de Liliana, es decir, clasificados presuntamente como “suicidios”.
