La “nueva normalidad” de la rendición de cuentas

Columna AMEDI Jalisco

Por César Omar Mora Pérez / @AmediJalisco

¿Cuál será la “nueva normalidad” en materia de rendición de cuentas?

Después de superar la pandemia por el COVID-19 entraremos como sociedad a una fase que se ha denominado “nueva normalidad”, que supone, en principio, adaptarnos o acostumbrarnos a nuevas formas en el cuidado de nuestra salud, en nuestra forma de comunicarnos con los demás, así como nuevas formas de trabajo y de aprendizaje.

La contingencia ha sido un reto para todos, pero ¿qué ha pasado en materia de rendición de cuentas?

La transparencia y el acceso a la información pública son herramientas que favorecen la rendición de cuentas, además, son condiciones necesarias para la disminución de la corrupción.

La rendición de cuentas puede definirse como la obligación de los funcionarios a informar sobre sus decisiones y justificarlas a la sociedad, así como la capacidad de sancionar a funcionarios en caso de que hayan violado las obligaciones que se les confieren.

En principio quiero referirme a los resultados de las últimas encuestas en materia de corrupción para nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental (ENCIG) 2019, la tasa de prevalencia de corrupción se incrementó a nivel nacional un 7.5% respecto al 2017. De acuerdo con el INEGI, el costo total de la corrupción en pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos fue de 12,770 mdp. Por su parte, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 de Transparencia Internacional México obtuvo una calificación de 29 sobre 100, donde 0 es la calificación más baja a obtener.

Los datos no son alentadores, pero pueden ser el resultado del comportamiento que han tenido los diferentes niveles de gobierno y que han sido objeto del debate público, fortaleciendo la teoría de que la corrupción es sistemática en nuestro país.

A nivel nacional tenemos más interrogantes que preguntas, desde las adjudicaciones directas que se han realizado, el caso Lozoya y recientemente los videos sobre las aportaciones en efectivo al partido en el poder. Estos casos reflejan el problema de la corrupción en nuestro país, pero además, su seguimiento queda en duda, ya que se han basado más por una justificación mediática que por el debido proceso legal, lo que favorece la impunidad. Qué decir del discurso para desaparecer las instituciones con autonomía constitucional que se han creado precisamente para ser un contrapeso natural que favorezca la rendición de cuentas.

A nivel estatal las cosas no son tan diferentes, la contratación de deuda bajo un clima de incertidumbre financiera y sin claridad en la aplicación de los recursos, las designaciones de Consejeros de la Judicatura que generaron indignación por el reparto de lo que se ha denominado “cuotas y cuates”, o la propuesta para regresar la revisión de cuentas públicas a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, como una versión que generó dudas del trabajo realizado en la llamada reforma 2.0 del sistema anticorrupción.

Lo anterior, sin olvidar los ataques a medios de comunicación y los que recientemente han sufrido algunos integrantes de organismos garantes del mecanismo anticorrupción estatal y que parecen buscar su debilitamiento institucional, lo que atenta contra el avance que los ciudadanos hemos logrado por más de dos décadas en el combate a la corrupción y al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Hoy queda claro que la sociedad ha entendido la importancia del acceso a la información y la exigencia de información oportuna y de calidad.

Con todas estas acciones nocivas que han estado en el debate público y de las cuales no hemos tenido una justificación clara y una rendición de cuentas efectiva podemos inferir que la nueva normalidad se vislumbra para adaptarnos a que seguirán sucediendo, lo que no solo atenta, sino que es regresivo en la lucha anticorrupción en la que diferentes sectores de la sociedad han participado.

Sin embargo, tenemos la oportunidad de que la nueva normalidad nos permita transitar hacia una rendición de cuentas efectiva, que fortalezca las instituciones garantes de la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, a través de sólidos marcos jurídicos y mecanismos contra la impunidad. Quiero focalizar esta intervención en dos temas: las compras públicas y las designaciones públicas, ambos temas incluidos en la reforma 2.0 del sistema anticorrupción estatal.

En materia de compras públicas, debemos aprovechar las tecnologías de la información, transitar a un enfoque de transparencia digital que nos permita ser testigos sociales y realizar auditorías ciudadanas de qué, cómo, a qué precio y para qué se adquieren bienes y servicios públicos. En materia de designaciones públicas entrar al debate de las propuestas de Ley, pero que se vinculen con una propuesta seria de profesionalización y carrera profesional, que fortalezca las capacidades institucionales para que no quede duda de los perfiles de los funcionario o de los aspirantes a convocatorias y que ello sea un incentivo para mejorar la formación del sector público.

Quiero hacer una última reflexión sobre una frase que ha estado muy de moda en este tiempo, la capacidad de desaprender para aprender. Necesitamos desaprender de la corrupción, en sus diferentes prácticas que nos han dañado como sociedad, necesitamos desaprender que nuestra voz no se escucha y que la decisión popular solo se basaba en el voto electoral, el cual, también ha estado influenciado por viejas prácticas electorales.

Lo anterior para aprender a ejercer una rendición de cuentas efectiva, donde se apoye el periodismo de investigación, donde utilicemos las redes sociales como herramientas para poner sobre la lupa los actos de corrupción. Aprender que las decisiones de deben tomar bajo consensos, que la gobernanza es el medio más efectivo que tenemos para la toma de decisiones colectivas, que el ejercicio del poder debe tener pesos y contrapesos que nos permitan gobernabilidad y en ello los organismos ciudadanos son fundamentales. Aprender que la transparencia y la rendición de cuentas no pueden ser sustituidas ni pueden ser moneda de cambio ante intereses personales o de grupos de interés. Aprender también a fortalecer las instituciones para garantizar el cumplimiento de sus fines pero ser vigilantes de sus resultados.

Por último, debemos aprender que la nueva normalidad en la rendición de cuentas es observar, vigilar y denunciar el indebido ejercicio del gobierno.

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Amedi Jalisco
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