¿Díganme dónde quedó el cuerpo de mi hermano?: la historia de una desaparición forzada al interior del SEMEFO de Jalisco.

Antonio Cabezas Hernández, 59 años, desapareció en agosto de 2017. Lamentablemente, falleció el 29 de septiembre de 2017 en las instalaciones de la Cruz Verde en Tonalá, Jalisco; lugar al que ingresó con su nombre y en el cual otorgó datos de sus familiares.

Al morir, su cuerpo fue a parar al SEMEFO donde se le registró con su nombre, pero nadie intentó buscar a sus familiares, pese a que ya se tenía un reporte de su desaparición.

Su familia desde el inicio lo buscó en SEMEFO, pero constantemente les afirmaban que ahí no había nadie con sus características, pero eso era mentira porque el 27 de agosto de 2019, su hermana, lo identificó mediante una fotografía forense que se le tomó a Antonio cuando ingresó al forense, el 30 de septiembre de 2017.

A punto de cumplirse tres años de esto, los registros del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses señalan que el cuerpo de Antonio fue confinado en alguno de los contenedores frigoríficos del llamado “tráiler de la muerte”; tras el escándalo se anunció que se hizo un “trabajo escrupuloso” para identificar a todas las personas; sin embargo, poco importó que Antonio sí estuviera identificado, pues aún así lo inhumaron.

¿En qué panteón se le sepultó? Esa es la duda, pues a la fecha nadie es capaz de decirle a la familia Cabezas Hernández dónde quedó el cuerpo de Antonio; tras tantas negativas y evasiones, su familia piensa que lo perdieron o ya lo entregaron a alguien más.

Por Darwin Franco / @DarwinFranco

“¿Dónde quedó el cuerpo de mi hermano, díganme dónde quedó? No hay problema, si me dice que lo cremaron… sólo dígame dónde tiraron las cenizas; tampoco pasa nada si me dice que lo enterraron, sólo quiero saber dónde está su cuerpo”; fue lo que exigió conocer Rosa María Cabezas a un ministerio público de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

La respuesta que obtuvo de éste fue: “¡Si Usted no sabe dónde está el cuerpo de su hermano, pues yo menos!”.

Esta ha sido la terrible experiencia que ha padecido Rosa María, tras más de dos años de buscar el cuerpo de su hermano, Antonio Cabezas Hernández, quien debería estar resguardado en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ya que ahí llegó tras fallecer, el 29 de septiembre de 2017, en la Cruz Verde en Tonalá, Jalisco.

Debería de estar ahí porque en los Servicios Médicos Forenses (SEMEFO) se le ingresó, el 30 de septiembre de 2017, con nombre y apellido; sin embargo, ahora nadie sabe qué fue lo que pasó con su cuerpo, el cual estaban obligados a resguardar y preservar.

Antonio, desde su muerte, padeció las negligencias burocráticas, pues nadie buscó a su familia cuando éste falleció en el hospital; nadie la buscó cuando ingresó al SEMEFO plenamente identificado, tampoco la buscaron cuando la lógica era descartar con su nombre si éste no había sido reportado como desaparecido.

Rosa María cuenta que la última vez que vio a su hermano con vida fue, justamente, en la Cruz Verde de Tonalá, donde Antonio fue atendido de urgencia a causa de la cirrosis hepática que padecía. En el hospital tenían los datos de Rosa María porque el propio Antonio los otorgó cuando ingresó por sus dolencias.

Tras recuperarse, Antonio regresó a su casa en Tonalá. Su hermana no volvió a saber nada de él y al no encontrarlo en su lugar de residencia, lo reportaron como desaparecido en agosto de 2017.

Antonio volvió a ingresar de urgencia en la Cruz Verde en Tonalá, el 27 de septiembre de 2017, mismo día en que falleció. Rosa María ahora sabe que al llegar a la Cruz Verde, él se registró con su nombre completo y otorgó los datos de la familia en caso de alguna emergencia, pero nadie les llamó luego de que éste perdiera la vida.

Por sus antecedentes de salud, la Cruz Verde de Tonalá fue uno de los primeros lugares en que buscaron a Antonio al saberlo desaparecido; sin embargo, las autoridades hospitalarias les dijeron que éste no había vuelto a ingresar para atención médica, lo cual fue mentira porque ahí llegó Antonio, el 27 de septiembre de 2017.

Tras no hallarlo, se animaron a ir al SEMEFO para preguntar si no había llegado alguna persona con sus características, pero ahí durante varios meses, también les dijeron que no había nadie que cumpliera con las descripciones físicas de Antonio, pero él ya estaba ahí.

Fue hasta enero de 2018 que la Fiscalía, a través de un ministerio público, giró la orden para que a los familiares de Antonio se les pudiera tomas las muestras de ADN en el IJCF, y así contrastar los resultados con los ADN de las personas fallecidas no identificadas.

Un hermano de Antonio fue quien otorgó su ADN, pero no pudo hacerlo hasta septiembre de 2018, pues residía en Ciudad Juárez, Chihuahua; a Rosa María, no se le autorizó donar su ADN argumentando que era mujer y su hermano, un hombre, y si ella daba la muestra de ADN, los resultados no ayudarían en la identificación.

En septiembre de 2010, en plena crisis forense tras haberse localizado dos contenedores frigoríficos con 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas, fue cuando se tomó la muestra de ADN; conforme los dichos de las autoridades forenses toda muestra tomada debía servir para identificar a todos y cada uno de los cuerpos de los contenedores, pero eso también fue mentira, ya que la muestra que se le tomó al hermano de Antonio se hizo mal y, por tanto, no pudo ser confrontada con alguno de los 322 cuerpos.

Pero esto no lo supieron hasta meses después cuando simplemente les dijeron que “había un error en su expediente y que tenían que hacer otra vez el ADN”, para ese entonces la mayor parte de los 322 cuerpos de los contenedores ya habían sido inhumados en los panteones municipales de Guadalajara y El Salto, o habían sido entregados a sus familias.

La oportunidad de haber localizado el cuerpo de Antonio dentro de los contenedores se arruinó por un mal proceder del área de genética del IJCF, pues el mismo día en que les confesaron que se habían equivocado también les dijeron que era importante reponer el proceso porque, quizá, Antonio era una de esas 322 personas que con registros irregulares y de manea inhumana habían hacinado en alguno de los dos frigoríficos.

“Ese fue el primer indicio que tuvimos de que Antonio sí había fallecido, pero no nos dijeron más… al reconocer su error me comentaron que el proceso se repetiría y que ahora sí me tomarían el ADN, pero al momento de la toma les marcaron por teléfono y les dijeron que eso no era permitido y frente a mí rompieron los papeles… me mandaron a Fiscalía donde me ratificaron que el ADN había salido incompleto y que mi familiar debía hacerlo la toma otra vez, yo les dije que eso era complicado porque no vivía aquí y simplemente me dijeron que eso ya era nuestro problema”.

Tras estos hechos violatorios a sus derechos, Rosa María presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, la cual tiene el folio 503/2019/LV.

Aquí fue cuando todo se echó a perder

“Parece que su familiar fue uno de los del tráiler, pero lo estamos confirmando, pues hubo un error con su ADN y por eso los resultados no están en su carpeta”, le precisó a Rosa María, una de las trabajadoras sociales del SEMEFO.

Ella no podría creer que nadie les hubiera dicho que su hermano ya no estaba vivo: “cómo sería eso posible, si nunca vimos sus fotos en el SEMEFO y en donde lo buscamos, como en la Cruz Verde, me dijeron que éste ya no regresó ahí”.

Pero así fue porque el cuerpo de Antonio, ingresó al SEMEFO el 30 de septiembre de 2017, pero esto no lo supo Rosa María hasta que el 27 de agosto de 2019, cuando exigió ver todas las fotos de los meses antes y después de cuando reportaron su desaparición.

Ahí fue cuando identificó a su hermano, quien en los registros forenses no aparecía como una persona fallecida no identificada sino como ANTONIO CABEZAS HERNÁNDEZ, así lo decía tanto su expediente forense como su número de autopsia, la 2794/2017.

Nadie en más de dos años buscó a Antonio en la base de datos del IJCF por su nombre, sólo lo buscaron por sus características físicas. Nadie le mostró a su familia en todo ese tiempo todas las fotografías forenses que se tenían de los cuerpos de la edad de Antonio, nadie lo hizo hasta aquel 27 de agosto de 2019, cuando así lo exigió Rosa María.

Con esta información comenzó una nueva búsqueda para saber cómo había ocurrido su muerte, tras indagar con vecinos de Antonio supo que éste, efectivamente, tuvo una nueva crisis de salud en septiembre de 2017 y fue a parar a la Cruz Verde, mismo lugar en donde le dijeron que éste no regresó luego de haber estado hospitalizado en julio de 2017.

Esto le hizo saber a Rosa María que Antonio murió en el hospital y que murió el 29 de septiembre de 2017 y que la causa de su muerte a causa de la cirrosis hepática que padecía. El cuerpo de su hermano tras morir fue trasladado al SEMEFO donde siempre estuvo cada uno de los días en que fueron a buscarlo.

“Cuando supe que mi hermano había fallecido, me pasaron al ministerio público del SEMEFO; ahí me dieron el número de autopsia que fue la 2734/2017, pues con este número podría yo recoger el cuerpo… pero en ese momento me dijeron que no estaba la persona y que fuera más tarde… luego me dijeron que regresara al otro día, pero es fecha en que aún no podemos tener su cuerpo porque nadie sabe dónde está; ahí fue cuando todo se echó a perder”.

Ella pensó que tras reconocer a su hermano todo sería más fácil, pero todo se complicó. Tras no tener noticias sobre cuándo y cómo le entregarían el cuerpo de Antonio, Rosa María no dejó de insistir:

“Me pasaron con un licenciado quien me dijo que por la fecha de fallecimiento lo más seguro es que su cuerpo ya había sido inhumado, yo le dije que estaba bien, pero que me dijera dónde había quedado, pero ese encargado me mandó a trabajo social del SEMEFO; ahí me pidieron esperar para saber dónde había quedado pues tenían que revisar los registros y así pasaron varios días y semanas… cuando regresé al SEMEFO me mandaron con la que era la encargada de ese entonces, la doctora Martha Estefanía, quien me preguntó si estaba segura de que ese cuerpo era de mi hermano y yo le dije que sí, que yo lo había identificado con las fotos… le dije que sabía que el había muerto en la Cruz Verde de Tonalá y que en las fotos forense que me mostraron aparecía con su nombre”.

La entonces directora el SEMEFO, Martha Estefanía Robles Cervantes, le pidió a Rosa María una foto de Antonio, la contrastó con los registros y afirmó que no había duda de que se trataba de la misma persona, pero le pidió esperar una semana más para saber dónde había quedado su hermano.

“Se pasó la semana, pero no me habló. Al llamarles me dijeron que todavía no sabían dónde había quedado el cuerpo de mi hermano, así que me pidieron más días y que me hablarían, pero pasaron dos semanas y entonces yo fui, pero la doctora Martha Estefanía ya no me recibió… me pasaron con la jefa de Trabajo Social, quien me pidió más días y volvió a decirme que sí lo habían inhumado, pero que no sabían dónde”.

Antonio, víctima de desaparición forzada

Entre septiembre de 2017, cuando ingresó Antonio al SEMEFO, y julio de 2020; tanto la Fiscalía del Estado de Jalisco como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses habían autorizado la inhumación de mil 272 personas fallecidas no identificadas y/o reclamadas.

De éstas, 468 fueron inhumadas en el Panteón Municipal de El Salto; 429 en el Panteón Guadalajara; 233 en el Panteón de Coyula en Tonalá y 142 diversos panteones municipales al interior del estado.

Hasta ahora, a Rosa María le han dicho que su hermano podría estar en cualquiera de estos panteones; sin embargo, lo que no saben es en cuál, lo cual es una grave irregularidad, pues se supone que cada uno de los cuerpos colocados en las gavetas hasta ahora empleadas están marcados con un número de folio que tiene correspondencia con un expediente forense y una carpeta de investigación. Con Antonio esto no ha ocurrido.

Revisando a fondo los datos de las inhumaciones a las que se ha tenido acceso, a través de múltiples solicitudes de información, se encontró la siguiente información que podría llevar a la ubicación de Antonio:

  • En el Panteón de Coyula, de los 322 cuerpos ahí inhumados: 211 son hombres; de éstos sólo 15 fueron localizados en Tonalá y de ellos sólo uno murió por cirrosis hepática, se trata de un hombre entre 25 y 30 años. Respecto de los cuerpos en un rango cercano a la edad de Antonio sólo hay 25 personas fallecidas entre 55 y 65 años.
  • En el Panteón de Guadalajara, de los 429 cuerpos inhumados, 393 son hombres; lamentablemente, en los registros públicos no se señala dónde fueron localizados cada una de estas personas. Lo que sí es posible saber que sólo siete fallecieron por cirrosis hepática, pero de éstos en sólo un cuerpo existe registro de edad (50 años), del resto no existe información. En su rango de edad sólo hay 18 personas fallecidas.
  • En el Panteón de El Salto de los 468 cuerpos ahí inhumados, 411 son hombres. De éstos 126 murieron a causa de alguna enfermedad, pero sólo en un caso se especifica que la muerte fue a causa de una cirrosis, pues en 109 registros sólo se colocó como causa de muerte “enfermedad”, quien falleció por cirrosis lo hizo en 2018, pero no se registró su edad. Tampoco se tiene registro de dónde fueron localizados cada uno de estos cuerpos. En su rango de edad hay sólo 28 cuerpos de personas fallecidas.

Son justos estos datos lo que ha solicitado una y otra vez, Rosa María, a quienes la han atendido en Fiscalía y el IJCF, pero nadie le sabe decir nada: “Creo que no deben revisar todos los datos, pues tienen ahí que era hombre, su edad y de qué murió, pero ni así”.

Incluso, ya habló con el Director General del IJCF, Gustavo Quezada, pero éste cuando la recibía o atendía sus llamadas sólo le decía que estaban revisando todo para tener la seguridad de que su hermano sí estuviera fallecido.

“Pero que más seguridad quería, si entró a la Cruz Verde con su nombre, si yo ya vi el expediente y ahí cuándo, cómo y de qué murió… que más seguridad si yo lo identifiqué con las fotos que me mostraron en Semefo… ¡Qué más seguridad quiere! Si yo lo único que les pido es que me digan dónde me lo dejaron”.

Y así pasó febrero, marzo y abril de este año, pero ya nadie le respondió. Indagando, Rosa María, habló con una persona que trabajó en el IJCF y éste bajo anonimato, le aseguró que era muy probable que el cuerpo de su hermano haya sido entregado a otra familia.

“En mayo una persona del IJCF me dijo que perdiera la esperanza de encontrar a mi hermano, pues su cuerpo pudo haber sido entregado a alguien más; así que volví a insistir con el director del instituto, quien me dijo que todo se iba a aclarar, pero revisando mi caso me informó que en el panteón de El Salto no estaba y que en el panteón nuevo tampoco y que, quizá, podría estar en Coyula”.

Una semana más pasó y la novedad fue que ya habían averiguado que Antonio no había sido inhumado, sino que lo tenían en resguardo; entonces, una vez más el director General del IJCF, Gustavo Quezada, le pidió otra semana más para ya entregarle el cuerpo.

“La semana pasó y nada, al momento de insistirle me dijo que con él ya no tenía nada que arreglar, que él ya me entregó un resultado y que ahora en Fiscalía es donde me van a informar, entonces, fui a Fiscalía de Desaparecidos y no me atendieron porque no tenía cita, así que les pedí una y me dijeron que me la confirmarían por teléfono, pero ya pasó agosto y septiembre, y nada”.

A tres años de que desapareció Antonio y a casi un año de que Rosa María lo identificara en SEMEFO pareciera que su cuerpo se hubiera esfumado y que nadie, absolutamente nadie, sabe qué fue lo que pasó con él o dónde lo inhumaron, si acaso lo hicieron.

La Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición entre particulares establece que quien: “oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito” comete el delito de desaparición forzada y, por tanto, deben ser acreedores de un castigo de 20 años de prisión y hasta mil 500 días de multa.

“Lo único que pido saber es qué pasó con mi hermano, incluso, si ya no tuvieran el cuerpo, yo sólo quiero que me digan qué fue lo que le hicieron; sé que tienen miles de cuerpos y mucho trabajo, estoy de acuerdo, pero quiero saber qué pasó porque mi hermano fue registrado con su nombre, entró ahí con su nombre… por qué no me saben decir qué fue lo que pasó… yo sólo quiero que me digan dónde está el cuerpo de mi hermano”.

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Darwin Franco
Me encanta hacer periodismo y contar con dignidad las historias de quienes confían en mi trabajo. Disfruto ser profesor y aprender de mis alumnas, alumnos y alumnes. Creo que el periodismo es una potente herramienta de paz y esperanza.

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