Guardia Nacional en Chiapas detiene arbitrariamente y desaparece a defensores del pueblo Maya Tseltal

El 15 de octubre de 2020, los ejidatarios de San Jerónimo Bachajón y San Sebastián Bachajón realizaron un acto legítimo de protesta en contra de la construcción de una Base General de la Guardia Nacional en territorio del ejido de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chipas.

Durante la protesta pacífica, alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional les reprimieron mediante un operativo en el punto conocido como crucero Temó, ubicado a 21 kilómetros de la carretera Ocosingo–Palenque. Este operativo dejó un total de 13 personas heridas, dos detenciones arbitrarias y una desaparición forzada.

Por Samantha Anaya/@Sam_An16

Fotografía de portada Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Juan Hernández Morales, ejidatario originario del Centro San Gabriel en Chilón, Chiapas de 24 años de edad, fue desaparecido forzadamente desde las 10:30 horas del día 15 de octubre de 2020 pasado, momento en que comenzó el violento operativo policiaco y militar de desalojo en el crucero Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque.

En el momento del ataque a sus derechos humanos fundamentales, Juan Hernández se encontraba en una manifestación pacífica y, durante los mismos hechos, detuvieron arbitrariamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, además de lesionar a otras 13 personas.

Protestaban pacíficamente en contra de la construcción de una Base General de la Guardia Nacional en el territorio del ejido de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Chipas. Al respecto, las y los habitantes del ejido denunciaron que desde 1994 la presencia del Ejército Mexicano en la región ha traído graves violaciones a sus derechos humanos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó un amparo, el cual se encuentra en trámite ante el Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, por la desaparición forzada de Juan Hernández Morales, de quien hasta el momento no se sabe de su paradero.

Por su parte, la criminalización de la protesta que ejerció el Estado generó que José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Publico de la Fiscalía de Justicia Indígena, Octavio Luis Martínez, en el municipio de Ocosingo, acusados por el delito de motín, además de ser golpeados y heridos durante su detención injustificada.

De acuerdo con los estándares legales, el término de 48 horas para la resolución de la situación jurídica de José Luis y César se cumplió el pasado 17 de octubre de 2020, a las 13:00 horas. Sin embargo el día 16 de octubre de 2020, fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Ocosingo, y adelantaron la Audiencia de Control que se realizó en la madrugada del viernes 16 de octubre.

Durante esta audiencia, el Secretario de Acuerdos del Juzgado, David Mancillas Murias, obstruyó el acceso a la documentación, al negar información a los abogados y defensores del Frayba y al amenazarles con enviar a los detenidos a otro Centro de Reinserción Social.

“En estos momentos están siendo hostigados y amenazados por parte de funcionarios del juzgado”, señaló durante la noche del 16 de octubre Rubén Moreno, abogado del caso e integrante del Frayba. Además, se registraron actos de hostigamiento y amenazas a defensores y ejidatarios, perpetrados por parte del Secretario de Acuerdos del Juzgado y elementos de la Policía Municipal de Chilón.

Posterior a ello, las autoridades negaron y obstruyeron el derecho de los detenidos a contar con una defensa adecuada. Por la tarde del 17 de octubre, ambos detenidos fueron trasladados a otro Centro de Reinserción Social, éste en el municipio de Cintalapa, a 270 kilómetros, es decir, a casi 5 horas de distancia del lugar de detención.

De acuerdo con el Frayba, esta acción es muestra de cómo el Estado mexicano criminaliza y hace uso indebido de la Ley, con la finalidad de desarticular el movimiento del pueblo tzeltal, por la defensa de su territorio; una violación a sus derechos de reunión, manifestación y de expresión.

El Frayba señala que, José Luis y César deben ser liberados debido a que las acciones que realizaban están sustentadas en el derecho a la libre manifestación y protesta, así con en el Convenio 169 de la OIT, el cual tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan, en este caso a consultarles sobre el establecimiento de la Base General de la Guardia Nacional.

Además, las acciones están fundamentadas en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas y en Los Acuerdos de San Andrés.

Por todos estos actos de injusticia cometidos por el Estado mexicano hacia la comunidad tseltal, el Frayba hace un llamado a las autoridades implicadas para regresar con vida a Juan Hernández Morales, cuyos derechos a la integridad personal, a la libre manifestación y su derecho a defender los derechos humanos han sido violados por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública.

Han demandado a la par, liberar inmediatamente a José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad, violentado de igual forma su derecho al debido proceso.

Garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de hombres y mujeres del Pueblo Maya Tseltal que ejercen su derecho a la libre manifestación y protección a su territorio.

Investigar las violaciones a derechos humanos, así como los delitos cometidos en contra de la población del Pueblo Maya Tseltal de Chilón; respetar y garantizar sus derechos a la defensa de su territorio y su libre determinación como Pueblos Originarios; y que el Estado garantice el trabajo en la defensa de los derechos humanos de los abogados y defensores del Frayba.

“Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la acción urgente que encontrarán en la página https://frayba.org.mx/la-protesta-no-es-sinonimo-de-motin/ y/o hagan llamamientos al Estado mexicano”.

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Samantha Anaya
Amo pasar tiempo con mi persona favorita: mi mamá. Considero que el ser periodista implica hacer un compromiso con la verdad, la justicia, la empatía y, sobre todo, con las personas.

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