En cuarentena: la omisión sistemática para erradicar la violencia contra mujeres

11 noviembre, 2020

#ViolenciasEnCuarentena

En el país se han registrado alzas en feminicidios y en llamadas al 911 por los incidentes de violencia contra las mujeres en la cuarentena, pero los niveles de omisión han penetrado tanto a las estrategias para atender a los casos y para comprenderlos mediante su medición. 

Texto: Ian Cavazos (México).

Ilustración: Arantza García (México). 

Más de siete meses han pasado desde que comenzó la contingencia por el coronavirus en México. La Jornada Nacional de Sana Distancia en México inició el 23 de marzo por la contingencia de la covid-19 con la intención de mitigar la epidemia en el país. Pero la violencia contra las mujeres, quienes han estado atadas a sus hogares por la cuarentena, no viene acompañada de acciones nacionales para combatirla. Y un patrón común encontrado en diversos niveles del país: la falta de coordinación y la falta de profundización en un sistema de datos.

En seis meses, no ha habido una estrategia nacional coordinada e integral, advierten colectivas feministas; el país sigue sin contar con una línea telefónica a nivel federal exclusiva para atender casos de violencia de género —contrario a otros países de América Latina, y existen deficiencias en el recuento de los casos, disponibles en los portales públicos de gobierno.

Aunado a ello, la peor forma de la violencia machista continúa presente y sin parar: los feminicidios.

De marzo a junio 2020, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 324  presuntas víctimas de feminicidio en el informe sobre violencia contra mujeres con corte a septiembre 2020. Esto representa un aumento del 5.53% —es decir, casi 6— comparado con las 307 presuntas víctimas durante el mismo periodo de 2019. El SESNSP es un organismo encargado de recabar la incidencia delictiva a nivel nacional, el cual cuenta con información de las 32 fiscalías estatales.

Aunque el SESNSP emita dichos números y sean los oficialmente reconocidos por el gobierno, las colectivas feministas y activistas insisten en que existe una omisión en los datos. Además, como comentó en entrevista Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) en México, estos no ofrecen un retrato completo de la situación, debido a que existe una cifra “negra”; es decir, que no se registra.

La omisión en los datos

Cabe mencionar que en México la Jornada Nacional de Sana Distancia comenzó de forma oficial el 23 de marzo y concluyó el 30 de mayo, y la cuarentena no se llevó a cabo mediante restricciones severas a la movilidad como en otros países latinoamericanos. Sin embargo, entró en vigor, posteriormente, un sistema de un semáforo epidemiológico, en el cual los estados establecen restricciones con base en la magnitud de contagios a nivel estatal. Por lo tanto, hay estados en los que se sigue recomendando permanecer en casa de no ser necesario salir.

En un periodo de cinco meses, de marzo a agosto 2020, mismo en que la epidemia del coronavirus en México ha estado presente de manera pronunciada, los datos del SESNSP revelan que la cantidad de presuntas víctimas de feminicidios disminuyó un 2.45% comparado con el mismo periodo de 2019.

No obstante, los datos recabados por María Salguero, investigadora, geofísica y activista feminista quien elabora un mapa del feminicidio en México, pintan una realidad distinta. Este método involucra a notas periodísticas producidas en el país por diversos medios de comunicación, las cuales hacen constar de asesinatos contra mujeres.

Tan solo del 23 de marzo al 23 de abril, el primer mes de la cuarentena en México, el mapa del feminicidio de Salguero registra al menos 262 muertes violentas de mujeres. El SESNSP reporta que en marzo de 2020 hubo 79 presuntas víctimas de feminicidio, y en abril, 73.

El Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) recomienda que toda muerte violenta se analice con una perspectiva de género. De ahí, debe determinarse “si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y confirmar o descartar el motivo de esta”, como se aclara en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que en las muertes de mujeres se deben identificar las conductas que causaron su muerte y se debe “verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta”.

Sin embargo, existe una gran diferencia en la práctica. Por ejemplo, una investigación de Animal Político revela que las fiscalías estatales indagan como feminicidio solo uno de cinco asesinatos de mujeres. 

Existen, además, omisiones de otro tipo con los datos oficiales. En el informe de violencia contra mujeres, el SESNSP proporciona las presuntas víctimas mujeres de algunos delitos que se derivan de carpetas de investigación. Sin embargo, no se publican los datos desagregados por sexo sobre víctimas de delitos sexuales. En una consulta con el Centro Nacional de Información, esto le fue confirmado a Distintas Latitudes.

Incluso, hay un delito llamado “Violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar”, pero tampoco se proporcionan las cifras desagregadas de víctimas mujeres.

La Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Alanís Sámano, comentó en entrevista que los datos disponibles de SESNSP, como las lesiones dolosas, culposas y otros delitos que se presentan, permiten tener una “idea muy aproximada” de lo que sucede en el país, aunque en estos informes exclusivamente de violencia contra mujeres se proporcionan diversos datos de delitos de la categoría “culposos”, los cuales sugieren negligencias o accidentes, contrario a una acción intencional. 

María Fabiola Alanís admite que sí falta mayor nivel de desagregación en los datos y que buscan solucionarlo.

Pero los datos de las organizaciones revelan también una parte dura de la realidad, la cual no se aborda del todo con los números disponibles del gobierno mexicano. La Red Nacional de Refugios (RNR), que cuenta con más de 60 espacios de protección para las mujeres en todo el país, hace un trabajo de rescates a mujeres del país en situación de violencia. También reciben llamadas de auxilio y brindan atención a los casos.

En el informe “De los discursos a los hechos: Violencias contra las mujeres y la ausencia de políticas gubernamentales para garantizar una vida libre de violencias antes y después del covid-19”, RNR revela que han registrado un aumento en personas atendidas y acompañadas integralmente durante los meses de la epidemia.

De marzo a julio han brindado acompañamiento, atención integral y protección a 23 mil 303 personas, de acuerdo con el informe. Esto representa un aumento del 71% a las personas que han atendido en el mismo periodo de 2019, cuando hubo 14 mil 230.

Además, el informe de RNR señala que una de 15 mujeres que pide orientación espera al momento en que la contingencia se levante para poder salir de casa, pues les da miedo contagiarse del coronavirus.

En marzo, hubo un máximo histórico de llamadas a la línea de emergencia nacional 911 por incidentes relacionados con violencia contra la mujer, como lo revela el SESNSP. Las llamadas por este incidente para los meses de la cuarentena del 2020 abarcan mayores cantidades que las de años pasados en el mismo rubro.

Activistas coinciden sobre una falta de estrategia integral

Las acciones que el gobierno mexicano ha implementado para erradicar la violencia contra la mujer en este periodo de tiempo de la cuarentena por el coronavirus son desvinculadas y aisladas, coinciden especialistas feministas.

Wendy Figueroa, de RNR, comentó en entrevista que no ha habido una estrategia integral en todo el país, lo cual conlleva a tener “resultados fragmentados”. Además, explicó Figueroa, estas no consideran a cada una de las instituciones del país, mismas que se contemplan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Cuando tenemos esta falta de una política integral, de una estrategia general nacional, pues estamos viendo realmente lo que yo llamo estos pequeños ‘parches’ para atender una problemática, pero como parches, se van a abrir y no estamos realmente atendiendo la problemática desde las raíces”, dijo Wendy Figueroa. 

Esto se concentraría en atender las desigualdades y discriminaciones que se viven en México. Wendy Figueroa también considera que se necesitan propuestas intersectoriales, pues existen vulnerabilidades específicas encontradas en niñas, niños y mujeres de diversidades.

“México sigue instalado en querer hacer una política, una propuesta homologada para todas las personas sin reconocer que habemos una gran diversidad en este país, y que, además, no solamente la pobreza tiene rostro de mujer, sino que la covid tiene un impacto muy diferenciado contra las mujeres”.

La directora de RNR también argumentó que el gobierno actual “está omiso” y no tiene un diálogo con las víctimas.

“Entonces tenemos propuestas realmente revictimizantes, como la campaña de Cuenta Hasta 10, que es una vergüenza, que revictimiza, que justifica las violencias, que las naturaliza”. 

Esta campaña consiste en lo siguiente: cuando las familias pierdan la paciencia, se aconseja respirar, contar hasta 10 y sacar “la bandera blanca de la paz”. La campaña fue criticada fuertemente en redes sociales.

María Fabiola Alanís, de Conavim, destacó que en los primeros meses de la cuarentena por el coronavirus, desde la Segob se convocó a reuniones con instituciones del gobierno federal, la Fiscalía General de la República, para integrar un equipo único de respuesta, así como una coordinación con gobiernos estatales, municipales y con la línea 911 para garantizar que haya respuesta de varias de estas instituciones. 

Además, asegura que se capacitó a operadores para que tuviesen una perspectiva interseccional y de género, e incluso que buscan garantizar intérpretes para mujeres indígenas.

También considera que con la línea 911 es suficiente, debido a la infraestructura que tiene. Países como Brasil, Argentina y Colombia cuentan con una línea nacional para atender casos de violencia contra la mujer, como fue publicado en la primera edición de Violentadas en Cuarentena de Distintas Latitudes.

Pero más allá de estrategias en pandemia, se deben también implementar soluciones de raíz. María Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) en Jalisco y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, sostiene que no hay políticas públicas para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Además, dijo, las campañas que ha habido en este tiempo no van acompañadas de dichas políticas públicas.

“Como no están articuladas, como no están vinculadas a una política pública mucho más amplia, pues no tienen el impacto que deberían de tener. Están totalmente aisladas, incluso de los niveles de gobierno. No hay una articulación entre los tres niveles de gobierno a nivel federal, estatal y municipal”, dijo.

Ni antes del encierro el país contaba con políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de estas violencias que fuesen transexenales y transversales, agregó María Guadalupe Ramos.

¿Qué falta por hacer?

La directora de RNR enfatiza que las violencias están cruzadas y no vienen solas. Por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia sexual, también lo es de violencia física y emocional, dijo Wendy Figueroa.

Además, existe un trasfondo de violencia feminicida, como lo es en las violencias que llegan con esta asociación a nivel nacional; es decir, el feminicidio es la máxima expresión de violencia contra la mujer, esto empieza con violencias como la psicológica y económica, y van escalando. 

En efecto, quedan acciones por realizar en México. La directora de RNR afirmó que no hay registros de las violencias contra las mujeres por razones de género, lo cual se relaciona con que un feminicidio se siga tipificando como un homicidio doloso.

Por ende, existen medidas pendientes, como la homologación del feminicidio a nivel nacional y que realmente todas las muertes y asesinatos contra mujeres sean investigados como feminicidios, dijo Wendy Figueroa, pues actualmente sucede en un retroceso, en el que primero se investiga como homicidio doloso o suicidio. La coordinadora de CLADEM, María Guadalupe Ramos, también afirma que es necesario que estos asesinatos violentos se investiguen como feminicidios.

La titular de Conavim explica que esto ocurre a causa de los códigos penales de las entidades, que tienen dos vías: los homicidios dolosos o los feminicidios.

“Nosotras decimos que, y estamos trabajando en eso, que debe haber un código penal único para el delito de feminicidio”, dijo Alanís, quien también sostuvo que están promoviendo que este tipo de asesinatos se integren como feminicidios en las carpetas de investigación. 

También es de alta importancia, planteó la directora de RNR, hacer conteos con perspectiva de género, donde se incluya desde la cantidad de mujeres trans, indígenas, con discapacidades, niñas, adolescentes y mujeres con uso de una propiedad o no.

“Tenemos que identificar que la violencia por razones de género tiene sus raíces justamente ante esta construcción heteronormada donde todo lo que sale de lo normal, entonces es discriminado, es violentado y nos toman como si fuéramos objetos, y no sujetos y sujetas de derecho”, afirmó la directora. 

Por otra parte, afirmó Wendy Figueroa, el país no cuenta con un sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento tanto para las violencias como para las estrategias implementadas. María Fabiola Alanís, de Conavim, también comentó que esto no se lleva a cabo desde el gobierno. “Una medición integral de todo lo que se hace como gobierno federal para la atención, prevención, sanción y erradicación, no cuenta, desafortunadamente con una medición y con un modelo de evaluación de impacto. Hay que hacerlo”, señaló Alanís. 

Wendy Figueroa sentencia: “Si no hay una evaluación, si no hay un seguimiento, ¿pues cómo sabes que funciona?”.

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Si quieres conocer los documentos obtenidos a través de las solicitudes de información para esta investigación, da clic en este enlace.

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Violentadas en cuarentena”, publicada en Distintas Latitudes, es una investigación colaborativa regional realizada en 19 países de América Latina y el Caribe sobre la violencia contra las mujeres por razones de género durante la cuarentena por la covid-19. Esta investigación fue apoyada por el Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

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