Abriendo grietas: un informe que demanda justicia, verdad y memoria para víctimas y sobrevivientes de la violencia en México

Artículo 19, publicó el informe: “Abriendo grietas. Contribuciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos al derecho a la verdad”; durante su presentación al público, las y los participantes narraron sus historias y experiencia de vida, que evidencian la violencia y la impunidad que enfrentan miles hoy en México.

La información expuesta en 133 páginas fue recabada y escrita por las periodistas Daniela Rea Gómez y Paula Mónaco Felipe; en este informe, además de datos importantes que dimensionan las diversas formas de violencia, también se relata a través de testimonios las historias de lucha de sus sobrevivientes.

Por Leslie Zepeda / @Lesszep2

Para Artículo 19, la importancia de este informe radica en que cada relato representa, en algunos casos, a las de miles de personas que han experimentado las mismas violencias y atrocidades. Leopoldo Maldonado, Director Regional de ARTICLE 19 en su oficina para México y Centroamérica, menciona que el informe exhibe cómo, durante décadas, el Estado ha aplicado una política de muerte:

“Es a partir de estas historias como vemos que el Estado simula buscar justicia, simula buscar a sus hijos, hijas, hermanos, primos, amigos, como simula que va a garantizar verdad, pero también, cómo genera estrategias de revictimización, estigmatización en contra de las propias víctimas e incluso de criminalización”.

Asimismo, afirmó Maldonado, este documento, consigue evocar a la memoria en un sentido de justicia social con el nombramiento de las víctimas del Gobierno mexicano; mientras que, describe y dimensiona las formas que históricamente ha utilizado para violentar los derechos humanos. Todo lo anterior con el objetivo, propio de la asociación, de buscar el reconocimiento de las autoridades mexicanas de los daños ocasionados, acompañado, por supuesto, de un accionar integral que sea visible y recupere a las víctimas y sobrevivientes los males, el dolor y el sufrimiento experimentado.

El Gobierno Mexicano debe adoptar una política que revierta la necropolítica que estamos viviendo.”

Para narrar las realidades que se viven en México, familiares de víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, participaron en la presentación del informe, compartiendo de viva voz el camino que han recorrido en busca de justicia. Algunos la han encontrado, a otros y otras, incluso, se las han negado; estas son cuatro historias que recuentan las experiencias que dolorosamente han enfrentado miles de mexicanas y mexicanos.

Ejecución extrajudicial

El 26 de abril de 2010, Jorge Antonio Parral Rabadán fue asesinado en manos del Ejército Mexicano en Camargo, Tamaulipas. Todo comenzó cuando dos días antes fue secuestrado por hombres armados que entraron por él y un compañero al área del Puente internacional y aduanal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), donde ambos trabajaban. Jorge Antonio, había solicitado la presencia del ejército ante la violencia que se vivía en la ciudad y que podría afectar a sus trabajadores.

Los dos hombres fueron trasladados hasta el rancho El Puerto, donde elementos del Ejército Mexicano entraron sin ningún protocolo y dispararon más de 700 veces; aquel acto fue justificado en su momento como una acción para “impedir la huida” de los supuestos delincuentes. Así fue como Jorge Antonio fue ejecutado extrajudicialmente. Luego de algunos años se sabe que la escena fue manipulada por los mismos militares.

Alicia Rabadán y Jorge Parral, durante su presentación, mostraron orgullos la fotografía de su hijo en su graduación como licenciado de la Universidad de las Américas de Puebla; mientras tanto, su madre, leyó, con ayuda de algunas pausas, las siguientes palabras:

“Desde hace más de diez años de ocurrida nuestra tragedia decidimos como familia emprender una lucha por el honor, la dignidad y la justicia para Jorge Antonio. En este tiempo hemos realizado más de 600 gestiones ante todo tipo de autoridades, sin embargo, ninguna ha dado resultados, y nuestro caso sigue en total impunidad. Esto es lógico, pues los culpables son militares y consistentemente se han negado a proporcionar información fidedigna del caso. Negando, inclusive, el acceso de las autoridades a sus instalaciones para realizar diligencias. Desaparecieron evidencias y obstruyeron por todos los medios el acceso a la justicia”, sentenció

Alicia y Jorge llevaron su caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes únicamente les hicieron falsas promesas, porque no obtuvieron ni respuesta ni acción alguna para la obtención de justicia. Únicamente, hicieron una recomendación al Gobierno de Nuevo León y a la Secretaría de Defensa Nacional para solicitar la resolución del caso. Alicia y Jorge, hicieron todo lo posible para que se extendiera hasta la hoy extinta Procuraduría General de la República, así como, a la dependencia para la que él laboraba.

Actualmente, el caso lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acción que comenzaron desde 2015 y aún continúan en la espera de una resolución final, ya que los gobiernos estatal y federal no se ha acercado, ni han intentado impartir justicia para su hijo.

“Quiero comentarles que el calvario que sufrimos de 2010 a 2020, estos diez años, han sido un martirio, un tormento, un buscar una justicia que desde las autoridades federales, estatales y municipales no hemos podido conseguir”, concluyó Alicia.

Detención arbitraria

El 11 de agosto de 2010, Rogelio Amaya, junto con cuatro amigos más, fue detenido por la Policía Federal de forma arbitraria en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ellos se encontraban en su automóvil, cuando sin una orden judicial, fueron golpeados y subidos a una patrulla. Los trasladaron a un cuartel y fueron retenidos por 48 horas, durante este tiempo fueron torturados y, además, filmados mientras perpetraban en su contra estos actos. Rogelio aún no olvida los gritos de sus amigos mientras eran torturados con golpes, ahogamientos y descargas eléctricas. Para él, es inimaginable que una institución pública que tiene como fin la protección de la ciudadanía, les estuviera ocasionando tanto daño.

Posteriormente, fueron trasladados a la Ciudad de México, donde múltiples medios de comunicación, cerca de 40 reporteros, rodearon el hangar donde fueron expuestos como delincuentes. Justo en ese momento supieron qué era lo que estaba pasando: los acusaron como responsables de haber detonado un coche bomba en el que murieron policías federales. En el teatro montado por la Policía Federal, Rogelio era el líder comercial de un cartel mexicano, lo que los múltiples no sabían es que 48 horas antes esos cinco hombres, presentados como narcoterroristas fueron torturados e, incluso, durante esos dos días anteriores, Rogelio aún portaba el uniforme del supermercado para el que trabajaba.

Rogelio expresó durante su participación, que la tortura que sufrió por parte del Gobierno Mexicano continuó, aunque ya no física, sí fue psicológica. Todos los implicados fueron mandados a distintos penales, en su caso fue enviado al penal de máxima seguridad en Nayarit, hasta donde su esposa no podía acudir porque en ese momento estaba embarazada y había dejado de trabajar.

Sin recursos económicos con los cuales moverse, era difícil tenerla cerca para apoyarlo. Además, su expediente se encontraba en Guadalajara, en general todos estos aspectos complicaron la situación legal y mental de Rogelio durante los casi cuatro años que estuvo privado de la libertad, incriminado de un delito que no cometió:

“Todo fue planeado, todo lo que hizo en ese momento el Estado, como planeaban las cosas de tal forma que no hubiera defensa para uno”.

Rogelio Anaya, recuerda lo complicado que fue para él estar encerrado en un penal de máxima seguridad sin cometer ningún delito. En ese lugar solamente tenía derecho a 10 minutos de llamada cada semana, solamente salía a la cancha media hora al día, si es que los guardias querían, “fue un cambio muy drástico, confieso yo que ya deseaba mejor morirme”.

Aunque vivió y ha vivido las secuelas de ser detenido arbitrariamente, torturado y acusado de delitos que nunca cometió, él se niega a verse y sentirse como víctima, por lo que, se nombra a sí mismo como un sobreviviente:

“Ahorita soy un sobreviviente, no me siento víctima, no he dicho que he superado mis miedos, mis temores, no, pero ya los sé manejar un poco más. Perdí todo, perdí mi casa, perdí mi trabajo, se puede decir que perdí mi familia por cuatro años porque solamente las vi dos veces durante esos cuatro años. Pero poco a poco voy recuperando todo, recuperé mi confianza, recuperé mi estabilidad.”

Por ello, para Rogelio Amaya, su principal objetivo después de salir en libertad ha sido apoyar a personas que han vivido lo mismo que él.

Desaparición forzada

Óscar Antonio López Enamorado es un migrante hondureño que fue desaparecido en Puerto Vallarta, Jalisco en el 2010. Su madre Ana Enamorado, relata la historia de su hijo.

Fue el 19 de enero de 2010, la última vez que escuchó su voz en una llamada telefónica desde México, cuando ella aún se encontraba en Honduras. Y es que, a sus 18 años, Óscar Antonio tuvo la idea de buscar una vida mejor, sobre todo una vida sin la violencia que azota a su país de origen.

Ana Enamorado recibió el último abrazo de su hijo el 31 de enero de 2008, cuando se despidieron para que él iniciara su viaje hasta Estados Unidos. Cuando comenzó su andar, Ana recibía llamadas de su hijo para contarle sobre sus días, estaban acostumbrados a hacerlo pues su relación era muy cercana. Dos años después no recibió ninguna llamada más, después de recibir una última donde le contaba que estaba en México, relata que desde ese momento lo sintió raro, diferente y no supo más de él.

Después de agotar por más de dos años sus acciones de búsqueda en Centroamérica, en 2012 decide trasladarse hasta Jalisco, México para buscar ella misma a su hijo. Sin embargo, desde entonces se ha encontrado con autoridades negligentes que solamente dificultan sus acciones de búsqueda:

“Todo esto ha sido una tortura, ha sido doble la desesperación por todo lo que he tenido que pasar”, afirmó, porque en ocho años que Ana tiene residiendo en México, ya ha visto su cara más dura y real:

“No sólo ha sido el dolor por la desaparición de Óscar, sino que ha sido enfrentarme a esta infinidad de situaciones que se viven en México cómo lo son: la impunidad, la corrupción, las omisiones del Estado, las violaciones a mis derechos humanos y a los de mi hijo.”

La búsqueda de Óscar Antonio ha sido protagonizada por su madre y no ha sido fácil, como narró, se ha topado con burocracias, pero también con autoridades que no han hecho nada por guiar el camino hacia su hijo. Incluso, hubo un funcionario de Puerto Vallarta, que quiso entregarle las cenizas de una persona que aseguraba se trataba de Óscar, ello, pese a que los restos no contaban con ningún examen científico que permitiera corroborar su identidad.

Ella lo recuerda como un día de tortura en las oficinas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, pues las autoridades la presionaban para entregarle las cenizas de un cuerpo que era imposible identificar. La insistencia para que lo aceptara como suyo llegaron hasta el hostigamiento, porque no le permitían salir de sus instalaciones.

“No fue así, realmente les salió todo al revés de lo que pretendían hacer las autoridades. Lo que hice fue denunciar, a partir de la denuncia, lo hice público y es cuando algunas organizaciones de Jalisco empezaron a hacer una investigación si había más cuerpos incinerados, y sí, efectivamente había más casos.”

De acuerdo con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) en Jalisco se han incinerado más de mil 500 cuerpos sin identificar.

Así es como Ana Enamorado se mantiene en la esperanza de encontrar con vida a su Óscar:

“Yo sigo buscando a Óscar en vida, esa es mi lucha, buscar vidas. Yo siempre lo digo, Óscar salió de mi casa vivo, con todas las esperanzas que tenía y así lo tengo que encontrar. Es la autoridad que tiene que responder por todo esto”.

Pese a estas violencias y torturas sistemáticas y sistémicas, Ana ha logrado que las autoridades salgan a campo a buscar a su hijo. Para ella, este es un logro que le ha costado, además de 10 años, mucho sufrimiento.

Desaparición Política

Elda Nevarez es originaria de Chihuahua y en 1979 fue recluida en los sótanos del campo militar No.1 en manos del Ejército Mexicano. Su libertad, junto a la de otras compañeras, se la debe al Comité Eureka, del que hoy es parte.

De acuerdo con el informe realizado por Artículo 19:

“Las Doñas de Eureka buscan a sus hijos e hijas, esposos y hermanxs desaparecidxs durante la etapa de represión por parte del Estado entre los años sesenta y noventa del siglo pasado.”

En tiempos del Estado más represor y del presidencialismo más arraigado, las Doñas del Comité Eureka, surgen en la búsqueda de sus familiares desaparecidos en el marco de la violencia política y las desapariciones forzadas. Para Elda, una desaparición es una práctica inhumana porque no solamente afecta a la persona que es detenida, sino también, a su familia e, incluso, a la sociedad.

Las doñas fueron y siguen siendo mujeres valientes que, ante una situación de violencia, salieron a las calles, a los centros de detención clandestina, a los cuarteles militares a buscar a sus seres queridos, esos mismos que el Gobierno mexicano desapareció, -una realidad que a pesar de los años no ha cambiado casi nada-.

Elda Nevarez habló sobre la relación directa del gobierno con las desapariciones, de su actuar pasivo para castigarlas, pero activo para realizarlas:

“Las instituciones estatales son las responsables de responder a las desapariciones políticas, no sólo como una necesidad de justicia, sino como las ejecutoras y promotoras del acto de la desaparición forzada, práctica que aún no desaparece en nuestro país. Consideramos que un Estado no puede hablar de justicia, ni podemos pensar en un México totalmente justo si no obtenemos justicia en el aspecto de responder, tanto como autoridades obligadas a esta búsqueda, sino también, como instituciones responsables directas de esta práctica”.

Paula Mónaco Felipe, en conjunto con Daniela Rea, ambas periodistas, escucharon, recrearon y narraron estas historias en un informe que busca exigir justicia a lado de víctimas y sobrevivientes que decidieron aportar sus vivencias.

“Estas familias y personas maravillosas pelean en la cotidianeidad para levantarse, para seguir adelante y pelean contra monstruos gigantescos como lo son las instituciones mexicanas, que tienen edificios con pisos y pisos lleno de gente que no hace nada” finalizaron las periodistas.

La información completa la puedes encontrar en el informe: “Abriendo grietas. Contribuciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones graves a derechos humanos al derecho a la verdad”: https://abriendogrietas.articulo19.org/

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Leslie Zepeda
Periodista y fotógrafa feminista. Forma parte de CUCiénega Fem.

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