La tortura de un ciudadano que se quejó de un establecimiento ruidoso

Columna AMEDI Jalisco

Por Gustavo Lozano / @AmediJalisco

Cada viernes el Poder Judicial Federal, nos da luz respecto a la aplicación de las leyes que rigen nuestra sociedad y su interpretación. El día hoy vengo a contarles unas breves reflexiones que me surgen a raíz de leer una sentencia publicada por un Tribunal Colegiado que trata de manera concatenada, los temas de la debida atención a las quejas de los ciudadanos por las autoridades, el amargo olvido de los legisladores/as de sus creaciones, el Derecho Humano al medio ambiente sano y como es que habiéndose normado una solución al tema del ruido en diversos estados de México, vemos día a día como se olvida la autoridad de aplicar la ley o la aplica de modo selectivo tal y como dice el dicho, cuando el niño ya se ahogó.

En México pareciera que vivimos en un interminable círculo vicioso repetitivo: los políticos reciben o detectan una queja sobre una situación que supuestamente requiere una mejora legislativa, acuerdan y evalúan los intereses tocados, en algunos casos escuchan a los cabilderos y después del proceso, salen a dar una triunfal rueda de prensa, presumen en redes sociales su trabajo y, finalmente, dan por archivado el asunto, se aplica la ley unos meses y los autores de las reformas se ponen la medalla de haber concluido una reforma exitosa que según ellos funciona de maravilla y soluciona plenamente los problemas del ciudadano.

Así pasó con las reformas que denominaron Ley Antirruido que regulan la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, luces, olores y demás situaciones que regularmente se presentan en negocios de todo tipo y viviendas particulares, aprobadas en varios estados de México. ¿A qué viene esto?:

En los últimos fines de semana hemos podido ver en redes sociales una reactivación de la vida nocturna en todo México y con ello desde luego, el regreso de las quejas sobre contaminación auditiva, un caso así fue denunciado el pasado fin de semana en torno a un templo y un antro que causaban gran ruido. Esta situación genera denuncias de personas que sienten violentado algo en su vida, algunas personas con algunos conocimientos técnicos, podrán identificar que es su derecho a un medio ambiente sano, otras simplemente sentirán invadida su intimidad y tranquilidad. Algunos ciudadanos se van a quejar formalmente de esta situación, otros más escépticos posiblemente concluyan que estas quejas no siempre son atendidas por la autoridad, aunque pueda, algunos casos más, se atenderán cuando la situación ya tiene encima al Tribunal Twittero y al ojo mediático, lo cual desde luego no es lo ideal.

El viernes pasado un Tribunal Colegiado de Nuevo León, estableció un interesante criterio relacionado a estas omisiones de las autoridades de atender las denuncias ciudadanas o atender solo las que le parecen factibles.

El caso específico giro en torno a la violación del derecho humano de una persona a vivir en un medio ambiente sano. Cuando un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de los seres humanos, es afectado por situaciones como el ruido, escándalo y demás, no solo se afecta ese derecho (y causa una severa intranquilidad), sino también se violan directamente otros derechos relacionados e interdependientes, como el de la salud, la vida y la integridad personal.

Este Tribunal otorgó el amparo a un ciudadano que se quejó con la autoridad administrativa correspondiente de un negocio que vendía bebidas alcohólicas fuera de horario y reglamento (¿le suena parecido?, evidentemente todo el bullicio y movimiento que generan estos negocios traen ruido, escandalo y situaciones que afectan sobre todo a las personas que habían alrededor de bares, antros, licorerías), autoridad que evidentemente ignoró la petición, provocando que el afectado trabajará más y buscará a través de un complejo juicio de amparo, que un juez ordenará a la autoridad responsable que atendiera la denuncia, y que visitará e inspeccionará el local, para atender la denuncia y cerciorarse de que se cumplen los reglamentos, protegiendo al ciudadano contra los abusos cometidos por la transgresión a disposiciones de orden público e interés social, como son las que contienen derechos humanos.

La conclusión aquí es que la autoridad de todos los niveles de gobiernos, debe dar continuidad administrativa a las leyes, hacer cumplir el Estado de Derecho y trabajar con las herramientas pedagógicas con que se cuente a la mano para estar constantemente construyendo en el ciudadano una Cultura de la Legalidad que tanta falta nos hace en México. Desde el caso más pequeño hasta los más grandes. No se vale sólo legislar, olvidar y presumir.

El problema radica en que el ciudadano tiene una vida que realizar y la autoridad un encargo que desarrollar, las instituciones encargadas de escuchar a los ciudadanos existen, los gobiernos y entes públicos tienen contralorías, líneas de quejas y en Jalisco hasta un buzón que recibió múltiples comentarios burlones ¿qué pasa cuando no resuelven? ¿Es válido que los ciudadanos tengan que interponer un amparo cada vez que un funcionario los ignora o bloquea en redes sociales? (me tienen bloqueado algunos funcionarios públicos de movilidad municipal sin conocer la causa), ¿Es esa la atención que merecemos?

Hace falta algún tipo órgano autónomo al estilo de una Procuraduría que atienda de manera sencilla y ciudadana, las quejas contra autoridades que ignoran a las personas en sus quejas, además de dotar a los Institutos de Justicia Alternativa de más recursos para que poco a poco puedan intervenir en este tipo de situaciones o que fortalezcan sus intervenciones comunitarias, para facilitar una convivencia sana en nuestro tejido social, evitando llegar a tener que realizar estas escaladas al Poder Judicial Federal a través de los juicios de amparo (juicio fuera del alcance del ciudadano común) sólo porque una autoridad no quiso cumplir con su encargo constitucional.

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Amedi Jalisco
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