A tres años de la Ley General en Desaparición, Gobierno de Jalisco sigue debiendo armonización, búsqueda, investigación y justicia a las familias

Por Dalia Souza / @DaliaSouza

Fotografía de portada Christian Cantero / @ChristianChMalv

El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, eso significa que han pasado tres años desde que las familias de las y los desaparecidos de este país cuentan con una legislación que pretende guiar el actuar de las autoridades para buscar, investigar y localizar a sus seres queridos, pero, además, para prevenir, sancionar y erradicar el delito del que son víctimas.

De acuerdo con el transitorio noveno de esta ley general, los congresos y gobiernos de los estados tenían 180 días posteriores a la fecha de entrada en vigor de la legislación federal para emitir o, en su defecto, armonizar sus normativas existentes. El plazo se venció el pasado 15 de julio de 2018 y en el estado de Jalisco, aun no existe una ley en la materia.

Dos años y medio después de esta fecha, las familias de las y los desaparecidos en la entidad, han luchado desde el trabajo conjunto con las y los diputados del Congreso del Estado para construir un documento que responda a la realidad, a las necesidades del contexto del delito y que incorporaré los más altos estándares internacionales y nacionales en el tema.

Sin embargo, sumada a la ausencia de una ley estatal armonizada, la implementación de la ley general a través del actuar de las dependencias creadas para la búsqueda, investigación, localización, prevención y sanción del delito, continúan manteniendo deudas pendientes en los procesos de construcción de verdad y justicia para las familias de Jalisco.

Así lo denunciaron las familias de los colectivos Por Amor a Ellxs y Entre Cielo y Tierra, acompañadas de Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH-México); Carlos Gutiérrez Contreras, Director de la organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Humberto Guerrero, Coordinador de Derechos Humanos en la organización Fundar e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, en el foro de diálogo “Avances y Retos en la Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición en Jalisco”, organizado por el Centro de Justicia para las Paz y el Desarrollo (CEPAD).

Y es que, convencidos y convencidas de que este 2021 tiene una agenda de temas pendientes en la problemática de las desapariciones en México y en la implementación de la ley general dentro de los estados, coincidieron en que los vacíos se encuentran dentro de las instancias e instituciones de gobierno que fueron creadas para atender, prevenir y sancionar el delito. Desde las Fiscalías Especializadas y el funcionariado hasta las Comisiones Locales de Búsqueda y los congresos.

A ello, explicó Guillermo Fernández- Maldonado, Representante de la ONU-DH-México, se suman las causas estructurales que favorecen la incidencia del delito, como la macrociminalidad, el limitado impacto de las fuerzas policiales en el sistema de procuración de justicia y la impunidad. Señaló que, si bien, en México hay más de 82 mil personas desaparecidas, el verdadero reto es, lamentablemente, que no existe “un indicador que nos diga que el fenómeno se va a detener”.

También, advirtió que, pese a que Jalisco concentra a 11 mil 460 de esas más de 82 mil personas desaparecidas en México, de acuerdo con los testimonios que han logrado documentar, las autoridades en el estado siguen dejando en manos de las familias la tarea de investigar y buscar a sus seres queridos.

Puntualmente, precisó que, en Jalisco, “las investigaciones avanzan lentamente”, mientras que, en otros casos, no hay investigación o ésta sólo se plasma en oficios entre dependencias, sin que exista un análisis de contexto que permita identificar el modus operandi del delito de manera amplia y no aislada, esto en función de los testimonios recopilados por la oficina del ONU-DH en México.

Respecto a la armonización legislativa, insistió en la urgente necesidad de que las y los legisladores apuesten por generar normativas que respondan a los estándares internacionales más altos, así como, que garantice el principio de participación conjunta a través de la sociedad civil organizada, expertos y, por supuesto, con las y los familiares. Por lo que, afirmó que seguirá de cerca el proceso de armonización en el estado.

“Que las campañas electorales no sean un obstáculo para los trabajos y aprobación de las leyes”

Por su parte, Martha Leticia García Cruz, líder del colectivo de familiares Entre Cielo y Tierra, recordó el largo caminar que desde el año 2018 han tenido que recorrer las familias, entre intentos de mesas de diálogo unilateral, hasta la imposición de tres iniciativas de ley en materia de desaparición y atención a víctimas que presentó el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en octubre de 2019.

Además, reconoció el trabajo legislativo que llevaron a cabo las familias durante el pasado año 2020, quienes pese a la llegada de la pandemia gestionaron, presionaron y participaron en la exigencia de mesas técnicas dentro del Congreso del Estado para la elaboración de una Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, así como, por la Ley de Desaparición de Personas para el estado de Jalisco y la Ley estatal de Atención a Víctimas.

Sin embargo, lamentó que, aunque trabajaron por garantizar un proceso amplio, incluyente y participativo entre las y los legisladores, estos han fallado en la tarea de hacer valer sus palabras e, incluso, cumplir los acuerdos y promesas que se habían establecido en el camino. Por esta razón, durante el año 2020, las familias clausuraron simbólicamente el recinto legislativo en dos ocasiones, como una denuncia pública por el actuar omiso de las y los diputados.

La primera ocasión porque buscaron votar y aprobar una ley de desaparición que no estaba lista; y, la segunda, porque después de un proceso de construcción y elaboración de la Ley de Declaración de Ausencia, del que participaron las familias a través de una Subcomisión Especial conformada por familiares, expertos, organizaciones, diputadas y diputados del Congreso del Estado, no hubo voluntad para votarla. En contraste, las familias despertaron con la noticia de un supuesto “madruguete legislativo”, que quería aprobar una Ley de Desaparición incompleta.

Con las tres iniciativas en pausa, la señora Martha García, anunció que continuarán en la tarea de exigencia para que sea votada y aprobada la ley por la que trabajaron durante 2020, y continuarán durante este 2021 por las dos que hacen falta; aunque por el momento, las sesiones pactadas para la revisión del documento de la Ley Estatal de Desaparición de Personas, dentro de esta Subcomisión que depende de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios del Congreso del Estado, fueron pospuestas una semana, aun cuando tenían como fecha de inicio el 12 de enero.

De la misma forma, la señora Esperanza Chávez, líder del colectivo Por Amor a Ellxs, no dudó en reiterar una vez más las falencias que arrastran las dependencias en el estado encargadas de investigar y buscar a sus seres queridos desaparecidos.

Señaló que, aunque existe una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, los errores del pasado siguen repitiéndose: investigación a través de oficios, nulas o escasas búsquedas en campo, rotación de personal ministerial a cargo de los expedientes y carpetas de investigación, así como, negativas en el acceso a copias de los mismos.

Finalmente, organizaciones en el estado para la defensa de los derechos humanos, junto con los colectivos de familiares, manifestaron su preocupación por el inicio de las campañas electorales “y los cambios entre las y los legisladores que buscan ocupar otros puestos de elección popular” afirmaron en un comunicado. Particularmente, sobre el “impacto negativo en el diálogo y acuerdos a los que con mucho esfuerzo hemos llegado en la Subcomisión Especial”, sentenciaron a través de un comunicado.

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Dalia Souza
Periodista apasionada de la radio, comprometida con quienes resisten en la exigencia de verdad, memoria y justicia. Creo que el periodismo es una herramienta para construir paz y cambio social.

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