El debate necesario sobre los organismos autónomos en México

AMEDI Jalisco

Por Rosalía Orozco Murillo* / @Orozmur

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos días que está cocinando una propuesta de reforma que buscaría eliminar los organismos autónomos creados por mandato constitucional. De acuerdo con los discursos del mandatario, su intención principal es achicar el aparato burocrático y ahorrar recursos públicos, los cuales podrían ser destinados a rubros como la educación y la salud.

Dos de los organismos autónomos que podrían desaparecer en caso de que dicha reforma sea enviada, y después discutida y aprobada por las dos cámaras en el Congreso federal, son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), antes IFAI y que tiene una historia de 18 años; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual fue fundado en 2013.

EL INAI tiene entre sus funciones primordiales tutelar la rendición de cuentas del gobierno y promover la cultura de la transparencia en la administración pública federal; mientras que el IFT tiene la atribución de regular y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación de las redes a través de las cuales distintos proveedores ofrecen servicios de televisión, de telefonía y de radio en México. Ambas institituciones actúan con base en las leyes generales y sendudarias que han sido aprobadas en el Congreso en cada materia.

Otros organismos autónomos muy conocidos son el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Banco de México y el INEGI. Todos funcionan con independencia jurídica y administrativa del gobierno. Es decir, pueden decidir sobre sus formas de organización, sus normas internas y la manera en que ejercen u usan los recursos públicos que cada año se les destinan.

Desde la Amedi, consideramos que organismos autónomos como el INAI y el IFT deben ser fortalecidos y que no debería ponerse en riesgo su existencia, pues ambas instituciones son fundamentales para garantizar el acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a mejores servicios de comunicación.

Además, debido a que en nuestro país sigue habiendo resistencia de parte de varios funcionarios públicos a no rendir cuentas sobre las decisiones y acciones emprendidas para ejercer los recursos públicos; el INAI es un organismo que tanto por razones técnicas, como por cuestiones políticas, operativas y administrativas debe seguir ejerciendo sus funciones de vigilancia.

Por otro lado, en el tema de la radiodifusión comercial es de todos conocido que aún prevalece una alta concentración de los sistemas de comunicación de televisión y radio abierta en nuestro país, pues de acuerdo con estudios publicados por el propio IFT en 2020, en el caso de la televisión solo 21 empresas tienen concesionadas 607 estaciones y Grupo Televisa y TV Azteca siguen siendo el duopolio dominante.

Tanto en el ámbito de la transparencia, como en el terreno de las telecomunicaciones, resulta difícil pensar que varias e incluso muchas instancias del gobierno tengan la capacidad técnica y la probidad política de autorregularse y de vigilar sus actos privilegiando el interés general sobre el interés particular.

Lamentablemente, ni en los gobiernos anteriores, ni en los dos años de la actual administración federal se han podido instaurar las bases para que el Estado funcione con total transparencia y para que no haya corrupción.

Históricamente, los cambios sociales que trascienden en una sociedad no se hacen de un día a otro, puede tomar años transformar las prácticas y las visiones en una comunidad, pero no es desapareciendo de tajo lo que ha sido construido colectivamente a través de los años como se pueden impulsar transformaciones que tengan sentido para las personas.

La propuesta presidencial de extinguir organismos e instituciones puede resultar arbitraria, sobre todo si se toman decisiones apresuradas y no se revisa caso por caso. Sin embargo, también es preciso reconocer que en un país que no ha terminado de consolidar y fortalecer un verdadero Estado de derecho, no todas sus instituciones funcionan con base en los parámetros, los criterios y los ideales con los que fueron creadas.

No en pocas ocasiones organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral han sido acusados de estar capturados por intereses partidistas vinculados con los gobernantes en turno. En otros casos, amparados en la bandera de la autonomía jurídica y administrativa con la que pueden operar, otros órganos autónomos también se han prestado a la simulación en la toma decisiones, o han incurrido en vicios como la discrecionalidad y la opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

En un país con altos niveles de impunidad y donde por varias décadas ha sido arraigada una cultura política autoritaria y clientelar que operó bajo amplios márgenes de discrecionalidad, ha sido muy costoso en términos sociales transitar hacia un sistema más democrático, en ese sentido la extinción de organismos autónomos puede significar un retroceso, pues en muchos casos las inercias clientelares, la opacidad y la falta de rendición de cuentas se siguen manteniendo.

Es necesario evaluar y debatir a fondo si los organismos autónomos cumplen cabalmente con las funciones para las que fueron creados constitucionalmente, analizar por ejemplo si éstos son eficaces y eficientes al utilizar los recursos públicos que ejercen, revisar si privilegian el interés público por sobre los intereses particulares, asegurar que sean integrados por perfiles idóneos, justo en este tema, desde hace varios años está pendiente la implementación de un auténtico servicio civil de carrera en la administración pública a nivel estatal y federal y pese a que ha sido una demanda social de varias organizaciones, ni los legisladores han discutido ese tema, ni las autoridades lo han querido impulsar.

No se trata de defender a capa y espada y ciegamente a todos los organismos autónomos, se trata de seguir dialogando y debatiendo para construir a través de las políticas públicas que diseña e implementa el Estado, muchas veces con la participación de diversos grupos sociales, una sociedad más trasparente, más justa y más igualitaria. Lamentablemente, en un año electoral como este que estamos iniciando, dudo que haya las condiciones políticas idóneas para transitar por esa ruta.

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Es académica de la Universidad de Guadalajara. Investiga temas relacionados con la relación medios-política y las transformaciones del periodismo. Es integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), capítulo Jalisco. Actualmente estudia el Doctorado en Estudios Científico-Sociales, en el ITESO.

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