Inhumar no basta

Por Jonathan Ávila / @JonathanAvilaG

Fotos: Darwin Franco

Luego de la crisis de los llamados “tráileres de la muerte”, el 21 de septiembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco (un decreto por el cual se creaba la entonces Comisión para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Identificación que Permita la Inhumación de Cadáveres que tiene bajo su resguardo la Fiscalía General del Estado de Jalisco como disponente secundario de los mismos, la cual buscaba dar una respuesta inmediata a una compleja trama de ineficiencia e impunidad por la acumulación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

El objetivo inicial de la comisión era vigilar el debido proceso de la inhumación de los cuerpos, lo cual se consideró como una respuesta inicial ante la inhumana disposición de las personas fallecidas que no estaban identificadas y que fueron apiladas en dos cámaras frigoríficas. A través de oficios que detallaban un archivo básico de identificación con señas particulares y algunas sumamente contundentes para reconocer los restos de una persona; autoridades periciales, ministeriales, de salud y familiares de personas desaparecidas se dieron a la tarea de tratar de enmendar un daño que se acumuló por años.

Lo que parecía una comisión temporal para dar respuesta al trato indigno de los cuerpos en dos cámaras refrigerantes, se convirtió en una tarea cotidiana ante la incontenible crisis por la saturación de los servicios periciales y forenses de todo el país ante la situación de violencia que vivimos desde hace más de una década. Por esa razón este martes amanecimos con la noticia de que alrededor de 35 inhumaciones se habían logrado durante el primer mes de este año en el Panteón de Mezquitan.

Sin embargo, la inhumación de los cuerpos en panteones municipales no basta para dar respuesta a la crisis forense y de desaparición de personas. Tampoco puede significar un logro de la administración en turno, debido a que los actos de investigación que puedan derivar en la localización de los familiares de la persona fallecida, la plena identificación del cuerpo y su posterior entrega; no se han visto reflejados en los cientos de casos de personas que buscan a sus seres queridos y siguen esperando día con día a las puertas del IJCF.

Tanto la inhumación de los cuerpos en panteones municipales como la localización de fosas clandestinas y cuerpos, en los dos últimos años, no puede ser algo presumible para las autoridades locales o nacionales. El reto de la desaparición es tan grande que esas acciones básicas del quehacer que les mandata la ley en la materia no han llevado a cambios en los procesos de búsqueda, localización e investigación en los casos de personas desaparecidas.

En ambas cuestiones es importante considerar el papel de los actos de investigación y la responsabilidad constitucional del Ministerio Público. La Fiscalía del Estado de Jalisco puede destapar cada metro cúbico del estado y encontrar a todas las personas reportadas o no como desaparecidas y que hayan asesinadas, pero eso no garantiza la identificación plena, la entrega a sus familiares y mucho menos el acceso a la justicia.

Un ejemplo de la insuficiencia en la localización de las personas en fosas clandestinas o la creación de su archivo básico para la inhumación, es el caso de José de Jesús Mejía Ramos, un joven que desapareció a finales de 2019 y cuyo cuerpo fue localizado en enero de 2020, apenas unas semanas después de que se reportara su caso y se hiciera la denuncia ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. A pesar de su localización, Pepe –como le conocemos desde las redes sociales– no fue identificado por su familia sino hasta agosto… siete meses después de haber sido arrancado de la tierra en la que lo pusieron quienes le asesinaron, ya que sólo se encontró uno de los restos y las autoridades se negaron a entregar el cuerpo incompleto.

Tanto la confronta de la información genética como la entrega de su cuerpo le corresponde al Ministerio Público, pues es quien turna los oficios correspondientes al forense que ya logró la identificación de la persona. Justo este obstáculo final es el que muchas otras personas familiares enfrentan cuando se ha localizado el cuerpo o los restos de su ser querido asesinado.

Gavetas usadas para inhumaciones de cuerpos de personas fallecidas no identificadas en el Panteón de Guadalajara.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, en la Plataforma de Seguridad se reporta que entre enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020 se han localizado 85 fosas clandestinas en las que se encontraron 996 cuerpos. Mientras que en su Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), entre diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, se presumía la localización de 987 personas sin vida. Ante ambos registros la pregunta es la misma ¿cuántas de esas personas que estaban desaparecidas, asesinadas y localizadas ya fueron identificadas plenamente y se entregaron a sus familiares?

A decir de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, por las 6,011 personas que dijo haber localizado hasta el 31 de diciembre de 2020 –de las cuales 987 fueron sin vida, como ya se dijo–, existen alrededor de 5,440 carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas en materia de desaparición. Y aunque el artículo 13 de la Ley General de Desaparición señala que estos delitos son de carácter permanente o continuo –y por lo tanto no se puede archivar la investigación–, en 4,453 carpetas de investigación se dije haber “agotado todo tipo de investigaciones”, por lo que no sabemos si se ha dado plena identificación a las personas localizadas o si se accedió a la justicia, lo cual se asume en tanto que únicamente existen cinco sentencias condenatorias por desaparición en la entidad.

Ante este panorama vale la pena recordar que, según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, hasta el 31 de diciembre de 2020 había en la plataforma de Personas Fallecidas sin Identificar un total de 1,912 personas bajo resguardo del IJCF, que ingresaron al instituto entre enero de 2019 y la fecha de corte mencionada, y que no habían sido entregadas o identificadas por sus familiares.

La cifra es apenas la punta del iceberg, ya que ese registro únicamente contempla los cuerpos ingresados y no identificados a partir de la crisis de los llamados “tráileres de la muerte”, en septiembre de 2018. Pero quedan pendientes los cuerpos de personas ingresados antes de esa fecha y cuya promesa de subir la información se hizo desde el lanzamiento de esa plataforma.

Al respecto el pasado 10 de diciembre de 2020, a través de un comunicado, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, reveló que en el país existen más de 50 mil personas no identificadas en los forenses del país, de los cuales 5,738 corresponden a Jalisco, por la información proporcionada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo a través de una solicitud de acceso a la información del periodo entre 2006 y hasta 2020.

La desaparición de personas en México y Jalisco no sólo se ha convertido en una problemática alarmante a nivel social, sino en un complejo reto para quienes buscan a sus seres queridos y las autoridades encargadas de la búsqueda y localización de las personas reportadas y denunciadas. Las respuestas institucionales son insuficientes, por no decir gatopardistas, y cualquier resultado por ínfimo o de amplias dimensiones que sea será poco presumible ante el alto número de personas que siguen sin regresar a casa o que todos los días desaparecen en la entidad.

Las familias de personas desaparecidas necesitan que los actos de investigación avancen, lo que se podría traducir en la localización, identificación y entrega de los suyos. Inhumar no basta cuando existen miles de mujeres que todos los días siguen llegando a las puertas del forense para ver las fotografías de los cuerpos y restos que pudieran ser los suyos. El forense requiere de mayor atención institucional y concretar la promesa del llamado “Instituto de Identificación Humana”, para que los cuerpos que antes estaban apilados en un trailer no terminen en gavetas sin nombre y en el olvido, sino con sus familias.

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Jonathan Avila
Autor de Zona Cero. Periodista, miembro de CONNECTAS Hub, aspirante a sociólogo e investigador de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

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