¿Y los otros datos?

22 febrero, 2021

Todo es lo que parece

Por Igor Israel González Aguirre / @i_gonzaleza

No va a faltar quien a partir de la lectura de este texto me tilde de conservador y de militante de la derecha. O más absurdo aún: que me acuse de golpeador del régimen y de intelectual a favor del regreso del pasado. Vaya absurdo. Por supuesto, yo me voy a carcajear bastante cuando venga el desfile de epítetos. 

Dicho esto, vamos a lo que importa. Tengo a la mano el informe emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto al programa de Jóvenes construyendo el futuro (en su modalidad educativa).

Este ejercicio de rendición de cuentas tuvo como objetivo verificar el desempeño del componente educativo del mencionado programa durante el 2019. Por supuesto, no voy a hablar aquí de los varios millones de pesos que requieren de una aclaración por parte de quien está a cargo de la estrategia.

Seguro la prensa militante cuya lealtad es ciega se encargará de afirmar que por ahí hay otros datos. Ojalá que también los difundan, porque clarificar el ejercicio de estos recursos es saludable  -y necesario- para la construcción de lo democrático.

Así, más que la numeralia, a mí me interesa revisar la estructura del programa como tal. Lo de los números se resuelve fácil. Lo otro no, porque requiere de trabajo fino. De ahí que en esta columna ponga el énfasis en el plano tanto del diseño institucional, como en lo que refiere al cumplimiento de sus objetivos y sus metas.

Hay que decir, pues, que entre los aspectos que la ASF evaluó se destacan los siguientes: a) La coordinación interinstitucional para su instrumentación; b) La integración del padrón de beneficiarios; c) Su cobertura; d) El otorgamiento de las becas ofrecidas; e) La permanencia y el egreso escolar de las y los beneficiarios; f) El vínculo del programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y g) El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Aquí revisaremos solo un par de ellos. Aunque como quiera que sea, hay que leer estos resultados en el contexto más amplio del conjunto de rubros que analizó la ASF. Y sí, también hay que prestar atención a las filias y las fobias ideológicas tanto de quienes elaboraron el informe como de quienes lo minimizan. A mí hoy no me alcanzó el espacio. Pero se los dejo de tarea.

Por ahora hay que preguntarnos ¿por qué es importante prestar atención a los resultados del informe de la ASF en relación con el componente educativo de Jóvenes construyendo el futuro?

Por varias razones. En principio, porque un esfuerzo así, enfocado en la población joven, resulta inédito en México. Específicamente, este programa coloca en el centro del interés público a un sector que tradicionalmente ha sido visibilizado solo como capital político durante las campañas y los procesos electorales. Luego de las elecciones, puf, las y los jóvenes suelen quedar en el olvido hasta que llega el siguiente periodo electoral. Así eran las cosas antes. Si ya no son así,  es mandatorio entonces darle puntual seguimiento a una estrategia gubernamental que afirma reconocer la relevancia que esta población amerita.

A esto hay que sumar que el sector poblacional juvenil requiere cada vez más de un paquete robusto de políticas públicas que incorporen un fuerte componente generacional -políticas que salvo casos contados, a la fecha son prácticamente inexistentes en nuestro país-. Se requiere una visión que más allá de la buena voluntad considere el potencial de desarrollo social y económico del casi perdido «bono demográfico». Llevamos dos sexenios al hilo así. Que no se acumule uno más. Ahí está la clave -política- para la solución de muchos de los problemas que nos aquejan.

Finalmente, el seguimiento a Jóvenes construyendo el futuro resulta fundamental porque ha sido postulado como una punta de lanza para argumentar que este gobierno hace las cosas de manera distinta a los regímenes anteriores. En este sentido, revisar lo que acontece con las estrategias gubernamentales que se presentan como prioritarias permite dilucidar la disputa que hay entre las narrativas que alimentan al discurso público nacional. Con esto quiero decir que el tema no es menor, así que vigilar el desempeño de este programa no es poca cosa porque ilustra no sólo la relación del Estado con los sectores juveniles. También evidencia los estilos de gobernar y los modos que adquiere la hechura de la política pública.

Veamos pues algunos de los resultados que se encuentran en el reporte de auditoría publicado por la ASF:

  1. El diseño del programa -por lo menos durante el periodo evaluado- no fue pertinente ni suficientemente para la atención del problema público que le dio origen. Esto es así porque en el plano institucional-organizacional fue -por decirlo suavecito- «impreciso». Las dependencias que anidan a este programa emitieron criterios generales para la distribución de los recursos. No obstante, no elaboraron de origen las correspondientes reglas de operación que permitieran clarificar con precisión la selección de beneficiarios, el otorgamiento de las becas, así como la supervisión y la dispersión de los recursos. Éstas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2020 (es decir, prácticamente un año después de que el programa había arrancado). En este sentido, valdría la pena efectuar una evaluación más precisa acerca de cómo se llevó a cabo la operación del programa en los espacios locales durante su primer año de vida. Sin reglas claras  se precisa conocer cómo se dispersaron los recursos en cada entidad federativa y en cada municipio. ¿Discrecionalmente? Que vengan los otros datos. Urge.
  2. Por otra parte, según lo argumentado por la ASF, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no redactó un manual que orientara los mecanismos de coordinación y las actividades a realizar para el buen desarrollo del programa durante el 2019. En otras palabras, por lo que señala la ASF, Jóvenes construyendo el futuro tiene asignado un conjunto de recursos bastante significativo (40 mil millones en 2019 y poco más de 25 mil millones de pesos en el 2020). Pero en el periodo evaluado su componente educativo careció de mapa, de rumbo y de coordenadas fijas. En este sentido, como decía antes, es urgente estar alerta ante los riesgos asociados con la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de caer en la tentación y capitalizar políticamente la precarización juvenil. No se vale.
  3. Lo anterior se vuelve aún más complicado cuando se revisan los resultados relativos al eje programático de la modalidad educativa de Jóvenes... Según lo reportado por la ASF, el programa no contó en el 2019 con una programación de mediano plazo que estableciera los mecanismos (i. e. indicadores y metas) para determinar si se avanzaba, o no y, en su caso, para reorientar las acciones implementadas. Específicamente, tal como estaba planteado el programa éste careció desde el inicio de mecanismos que le permitieran verificar si contribuía a la permanencia y el egreso escolar de las y los beneficiarios. Hay que recordar que una política que no se evalúa es poco menos que un gesto de buena voluntad. Y ésta -la buena voluntad- no resuelve los problemas públicos.Ojo también ahí. Por cierto, no hay que perder de vista que el gobierno jalisciense también tiene tela de dónde cortar. En próximas entregas hablaremos de ese tema, no crean que no.
  4. Ahora bien, con respecto al eje del diseño presupuestal la ASF plantea que el programa careció en su inicio de un estudio que justificara de manera clara la asignación de recursos financieros en función de las características de la población objetivo (i. e. estudiantes de escasos recursos o en situación de precariedad). Esto se refleja, por ejemplo, en los requisitos de elegibilidad de las y los beneficiarios, ya que desde la perspectiva de la ASF dichos requisitos no garantizaron en el arranque un acceso equitativo a las y los solicitantes. Ojo: cuando las políticas públicas de naturaleza afirmativa se hacen con prisas, y por cuadros con calificaciones distintas a las requeridas para el caso, éstas suelen ampliar las brechas que pretenden reducir (o dicho de manera extremadamente técnica: sale más caro el caldo que el ave galliforme de plumas verdosas y largas, vocinglera y de carne sabrosa).  
  5. En este sentido, quizá uno de los señalamientos más espinosos del informe plantea que Jóvenes construyendo el futuro no contaba con mecanismos para garantizar que los recursos del programa fueran canalizados exclusivamente a la población objetivo (i. e. estudiantes de hasta 29 años matriculados en alguna institución de educación superior y que cumplan con los requisitos de elegibilidad).  Una vez más, parece que el nombre del juego es el de arriesgarse a la discrecionalidad. Si a esto sumamos que para el periodo evaluado la CNBBBJ no contaba con un padrón de beneficiarios suficientemente confiable nos encontramos en consecuencia frente a un caldo de cultivo propicio para el ejercicio distorsionado de los recursos públicos. Aguas ahí. La apuesta es alta y el beneficio mínimo. Sobre todo si se considera que Jóvenes construyendo constituye una de las principales apuesta de este gobierno. En materia de políticas públicas no debería quedar absolutamente ningún hilo suelto ni dejarse nada al azar.

En fin, del reporte elaborado por la Auditoría Superior de la Federación se desprende que durante el primer año del programa Jóvenes construyendo el futuro (en su modalidad educativa) éste alcanzó solo a 1 de cada 4 posibles beneficiarios, es decir, 25.1 % de los 1’401,195 personas susceptibles de ser becadas.

En este sentido, se contempla el riesgo de que ceteris paribus el programa no contribuya -o lo haga escuetamente- en aquello para lo que fue diseñado (que las y los beneficiarios de esta modalidad permanezcan y egresen de la educación superior). Queda claro que hay mucho por hacer. En lo inmediato, lo mínimo necesario e indispensable es que circulen los otros datos que habrán de contestar las observaciones plasmadas en la auditoría. Cualquier otra salida (i. e. negar o minimizar la validez del informe; evadir el bulto y desacreditar sin fundamentos los datos) es un gesto que abona poco a la arquitectura de lo democrático. Como quiera que sea, es evidente que urge una reestructuración de fondo de las estrategias enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la juventud mexicana. Quien tenga ojos que lea.

Aunado a lo anterior, y para terminar aquí, se impone hacer otra lectura del reporte de la ASF. Esta otra lectura permite vislumbrar algunas tensiones importantes, de fondo. Por ejemplo, en este escenario se observa, por un lado, a un gobierno que apuesta por la austeridad y por incidir positivamente sobre las poblaciones menos favorecidas.

 No me cabe duda que un gobierno así es un gobierno bien encaminado. Loable y aplaudible. Con voluntad transformadora. Pero un gobierno que escatima en el diseño y la implementación de sus programas prioritarios hace que la austeridad salga muy cara y puede provocar que aumenten las brechas y las desigualdades que busca solventar. Esto es así porque ponderar recortes en áreas estratégicas -en aras de una austeridad mal enfocada- equivale a gobernar dándose martillazos en los dedos: genera -y nos genera a ustedes y a mí- costos económicos y sociales altísimos.

Desdeñar los ejercicios de evaluación y de rendición de cuentas por un prejuicio absurdo hacia la técnica y la racionalidad (que no son sino medios) entorpece el buen y austero funcionamiento de la administración pública (que son los fines últimos). No hay que confundirse ni confundir los medios con los fines.

Todavía estamos a tiempo de mejorar lo que haya que mejorar, y de consolidar lo que esté bien hecho. Aquí la pregunta que hay que hacer es si ¿habrá en los próximos años la suficiente altura de miras para hacer los ajustes necesarios al andamiaje normativo o prevalecerán la porfía y el encomio?

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Igor I. González Doctor en ciencias sociales. Se especializa en en el estudio de la juventud, la cultura política y la violencia en Jalisco.

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