Una omisión legislativa dentro de la Ley de Aguas en el estado de Coahuila, dejaba en vulnerabilidad el acceso al agua potable tanto a las personas en situación de movilidad humana, como a los albergues que las resguardan. Tal fue el caso de la Casa del Migrante de Saltillo, donde Aguas de Saltillo (AGSAL) suspendió el servicio del vital líquido tras un adeudo de casi medio millón de pesos.
A través de una demanda de acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, -sobre el servicio gratuito de agua potable y su cobro sin distinción por la condición de vulnerabilidad que tiene esta población-, la sentencia concluyó con la orden de reformar a favor del trato igualitario, solidario, progresivo y de no discriminación a personas migrantes y los albergues.
Personas académicas y expertas se dieron la tarea de analizar y discutir esta sentencia durante el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, llevado a cabo por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, donde coincidieron en que esta sentencia debe cumplirse como una decisión apegada a los estándares internacionales en la materia.
Por Fernanda Lattuada / @MariferLattuada
Con el objetivo de dar seguimiento, discutir y analizar la obligación del Congreso del Estado de Coahuila sobre legislar y regular el acceso al agua potable a todas las personas en situación de movilidad, personas expertas nacionales e internacionales participaron en la segunda Jornada “El derecho al agua de las personas migrantes” del Observatorio Internacional de Derechos Humanos.
En el marco de este espacio de reflexiones, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en México, Mark Manly y el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández Maldonado, coincidieron en que el principio de no discriminación debe ser aplicado para que esta población vulnerable pueda ejercer su derecho al agua, y recomendaron tomar todas las medidas para asegurar el acceso universal al recurso vital y a su saneamiento.
“La gran pregunta ya no son las normas, sino cómo se aplican. La gran brecha es la aplicación. Identifico una serie de retos como la necesidad de una ley general en la materia que esté armonizada con los estándares internacionales”, agregó Fernández Maldonado.
El acceso al agua potable y su saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos en su conjunto, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas. Por lo cual, los Estados están obligados a garantizarlo a todas las personas sin discriminación y eliminando desigualdades de acceso, sobre todo para quienes pertenecen a grupos vulnerables y marginados.
Por ello, el recorte de agua en la Casa del Migrante de Saltillo el 28 de diciembre de 2020, resulta agresivo en la opinión de Edgar Corzo Sosa, especialista en amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“El corte de agua a una Casa del Migrante, sabiendo que es una casa donde se les da alojamiento, apoyo, atención y se les presta servicios que debería ser el estado quien estuviera proporcionándolos, un corte o incluso un adeudamiento de esta naturaleza es un acto agresivo, que rompe y que trasciende la actividad normal. Un acto muy ajeno a la protección de los derechos humanos”, puntualizó.
Muestra de ello, Mark Manly, explicó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió la Observación General No. 15 donde ya se hace referencia al derecho al agua para las personas refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas internas y repatriadas.
Dicha Observación General, advirtió Antonietta Elia especialista en derecho nacional, establece que no se trata de un bien económico, por lo que, el debate no debe estar en si el agua potable debería ser gratuita o no, sino en que el agua es un bien social y cultural.
“El acceso al agua potable se conecta directamente al derecho a la vida y a la dignidad humana. Hay que tomar en cuenta de que cuando hablamos del derecho al agua hablamos de un bien social y cultural, y en el caso concreto de la pandemia, es un bien todavía más urgente para garantizar la seguridad humana, no solo de personas migrantes sino de toda la población”, enfatizó Antonietta Elia.
De tal forma, la sentencia que se resolvió por mayoría de votos en diciembre de 2020, señala que la ley local no incluye a los albergues para personas migrantes como sujetos de condonación del servicio de agua potable, por ello las y los expertos coinciden en que la ley incurre a la discriminación dentro de los mismos grupos de personas vulnerables.
Asimismo, en la sentencia se reconoce que es prioridad garantizar el derecho al agua a personas en contexto de movilidad y que las empresas que brindan los servicios, también están obligadas a proteger los derechos de esta población.
Para Joaquín Mejía Rivera, integrante del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, la sentencia es muy importante por la incorporación de los estándares internacionales, sobre todo porque se desarrolla el tema de la vulnerabilidad, el concepto de vida digna y la efectividad del derecho.
“Sobre la vulnerabilidad, la sentencia pondera que el prejuicio económico generado por falta de pago, de servicio de agua potable, es mínimo en comparación con el daño sufrido por las personas migrantes si son excluidas de la satisfacción del derecho del agua”, reiteró Mejía Rivera.
Las y los expertos coincidieron en que se trata de un asunto inédito que tendrá que legislarse por primera vez en México. Particularmente, por la trascendencia de la incorporación en la sentencia del concepto “vida digna”, asumiendo que el derecho a la vida es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos.
Y es que, expresaron que sólo de esta manera podrá reafirmarse la obligación de los Estados en crear condiciones que garanticen esta dignidad mínima, siendo el acceso al agua una de las más importantes.
