Hacer valer el estado de derecho y sentenciar criminales, solo frase de propaganda en Guanajuato

6 abril, 2021
#AlianzaDeMedios

Zamarripa exhibió como trofeo a Santiago, Juan Carlos y Mario tras la sangrienta masacre del palenque de Purísima en 2018; tres años después, una jueza los absolvió por el deficiente trabajo de la Fiscalía. 

Por Redacción POPLab

Ilustración por Pinche Einnar

Los errores y las deficiencias de la Fiscalía General del Estado, que dejó en evidencia una juez local, permitieron que quedarán absueltos los tres hombres a los que la Fiscalía de Carlos Zamarripa Aguirre atribuyó el multihomicidio en un palenque clandestino en Purísima del Rincón en marzo de 2018. Esta masacre marcó el inicio de una serie de ataques violentos en la entidad.

A Santiago, el Chago; Juan Carlos, el Calabazo; y Mario Alberto, el Sampa, se les dictó sentencia absolutoria el 4 de marzo, el mismo día que el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, presentó su tercer informe de gobierno, en el que aseguró que en Guanajuato sí se mete a la cárcel a los criminales.

«Aquí sí combatimos al crimen. Aquí sí metemos a la cárcel a los criminales» es la frase que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha repetido en cada oportunidad en el último mes. Sin embargo, otra es la realidad de Guanajuato.

Los discursos alentadores tanto del gobernador como del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, no trascienden en justicia para las víctimas que ha dejado a su paso la creciente violencia que se vive en el estado.

Con una investigación precaria, sin análisis jurídico para acreditar la acusación, la Fiscalía General del Estado pretendía que una juez condenara a los tres hombres que presuntamente fueron los responsables de asesinar a nueve personas en el palenque. Entre las víctimas se identificó al padre del entonces alcalde de San Francisco del Rincón, Ysmael López García.

Durante el juicio oral de los tres presuntos implicados, se evidenció que la Fiscalía basó la investigación en dos testimonios, uno fabricado: la entrevista a Daniel, testigo que fue asesinado antes de la audiencia de juicio oral, a quien le hicieron firmar la declaración en blanco. El segundo testigo fue Sergio, quien se encuentra detenido acusado de asesinar al hermano de uno de los acusados.

«Así, las escasas y débiles pruebas presentadas en juicio impiden derrocar el estado constitucional de inocencia que goza toda persona sometida a proceso», expone la sentencia firmada por la jueza designada como tribunal unitario de enjuiciamiento.

En el último informe que presentó el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, presumió el segundo lugar nacional que obtuvo Guanajuato en el índice de impunidad del sistema de justicia penal que elaboró la organización México Evalúa.

La gráfica presentada por la Fiscalía local coloca al estado en segundo lugar con el 74 por ciento de impunidad, por debajo de Baja California.

Lejos de esos reconocimientos, para las familias de las nueve personas asesinadas y 16 lesionadas en el salón de fiestas convertido en palenque de Purísima del Rincón se mantiene la impunidad.

Masacre en palenque

La noche del 21 de marzo de 2018 hombres armados irrumpieron en un palenque clandestino. El saldo fue de siete personas muertas en el lugar, entre ellas el papá de Ysmael López García, entonces alcalde de San Francisco del Rincón, dos hombres más murieron al recibir atención médica y otros 16 resultaron heridos.

Después, la Fiscalía del Estado anunció en sus redes sociales que el multihomicidio había quedado «esclarecido», tras la detención de los tres presuntos responsables.

Identificados por la Fiscalía como Juan Carlos «el Calabazo»; Mario Alberto «el Sampa» y Santiago «el Chago», los hombres fueron acusados de homicidio calificado con premeditación cometido contra nueve personas, y homicidio en grado de tentativa con premeditación y ventaja de 16 personas más.

La detención se hizo pública el 2 de agosto de 2019, con la premisa de que «esclarece» la Fiscalía del Estado el multihomicidio, aunque 19 meses después quedaron absueltos por una juez, tras escuchar una inconsistente investigación, con apenas dos testigos, sin poder acreditar cómo sucedió la masacre. El agente del Ministerio Público responsable del caso no tenía elementos para comprobar que los tres acusados perpetraron el ataque.

Para la Fiscalía basta con la detención de presuntos delincuentes para dar por esclarecidos los acontecimientos violentos del estado.

El juicio oral

17 meses después de que fueron detenidos, el 8 de enero de 2021, inició el juicio oral en las salas de audiencia de León, pero tuvo que aplazarse porque el agente del Ministerio Público que envió la Fiscalía dijo desconocer el caso, lo que obligó a la juez a suspender la audiencia hasta que el agente del MP “se impusiera” de la causa penal.

La audiencia se reanudó el 18 de enero, y los argumentos del MP se centraron en que con las declaraciones de dos testigos lograría acreditar la acusación.

Según la Fiscalía General del Estado, la noche del miércoles 21 de marzo de 2018 llegaron Juan Carlos, Santiago y Mario Alberto en vehículos hasta el salón de eventos en la colonia El Carmen, Purísima del Rincón. Dos de ellos ingresaron al palenque con armas largas y dispararon, el tercero se quedó cerca del vehículo para disparar a los que estaban afuera.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público no logró comprobar que los tres implicados llegaron en vehículos, tampoco que dos de ellos hayan entrado al lugar, uno se quedó afuera y que huyeron en los mismos vehículos, porque los dos testigos no hicieron referencia a esos detalles.

*»… pues nada hay para confirmarlos, quedando aún la pregunta ¿Qué fue lo que pasó? sin responder», señala la sentencia de la que *POPLab tiene copia.

Poco después de las 9 de la noche comenzaron a llegar los reportes del ataque, y al presentarse el personal de la Fiscalía levantó los primeros indicios, encontrando los cuerpos ya sin vida de dos personas afuera del salón y cinco más adentro, además de las personas que resultaron con heridas.

En el transcurso de las siguientes horas se reportó el fallecimiento de dos personas más por lesiones producidas por arma de fuego.

Así, en total fueron nueve personas asesinadas y 16 más heridas, en un recinto donde había al menos 100 personas presenciando las peleas de gallos.

La Fiscalía General del Estado presentó ante el tribunal de juicio oral los restos de los casquillos que fueron percutidos esa noche, llegando a la conclusión que se utilizaron al menos seis armas entre largas y cortas.

De aquí parte la primera inconsistencia que se valoró durante el juicio oral, porque en la teoría fáctica de la Fiscalía, que parte de los testimonios de personas, fueron tres hombres: el Calabazo, el Sampa, y el Chago los que irrumpieron en el palenque.

Según los testigos, dos de ellos habrían ingresado con un arma larga cada uno, y afuera se quedó el tercero, pero al momento de hacer las pruebas de balística, los peritos determinaron que se utilizaron seis armas para perpetrar el multihomicidio.

*»…no es creíble que solo dos personas detonaron armas de fuego (dentro del lugar), máxime que el testigo fue preciso en señalar que cada uno traía un arma larga, y si es así, solo como evidencia deberían de haber sido localizados dos tipos de elementos balísticos y no seis”, expone la juez en la sentencia*.

Firma en blanco de testigo asesinado

Otra de las inconsistencias que detectó el tribunal de juicio oral fue por la declaración que presentó por escrito la Fiscalía General del Estado de un hombre que, según la autoridad, se dedicaba a acomodar los coches de los asistentes al palenque.

En el testimonio que llevó por escrito, el hombre identificado como Daniel se presentó ante la Fiscalía el 9 de agosto de 2018 para declarar que fue testigo de la masacre ocurrida casi cinco meses antes.

La entrevista que llevó al juicio oral el agente del Ministerio Público dejó en duda la identidad del testigo, porque la Fiscalía solo pidió su nombre, su domicilio y tomó el testimonio, sin cerciorarse de que se tratara de la persona que dijo ser.

El escrito señala que, según el testigo, se encontraba acomodando vehículos afuera del recinto cuando vio llegar a Juan Carlos, Santiago y Mario Alberto, reconociendo sus nombres por Facebook, dos entraron con armas largas y uno más se quedó afuera, mientras él se escondía entre los automóviles. Los tres dispararon y luego de ver varios cuerpos tirados optó por irse corriendo.

Aunque pasaron casi cinco meses desde el ataque, Daniel dijo no haberse presentado antes ante la Fiscalía por temor; sin embargo, no pudo testificar frente al tribunal de juicio oral porque para enero de 2021 el hombre ya había sido asesinado.

Resultado de una prueba de peritaje de la entrevista que presentó por escrito la Fiscalía, un perito determinó que la firma del supuesto testigo, ahora asesinado, se hizo sobre hojas en blanco, luego se llenaron con la supuesta declaración que habría hecho cuando se presentó el 9 de agosto de 2018.

…el perito determinó como conclusión que la firma se encuentra por debajo del texto impreso del documento cuestionado. Explicó que la hoja era en una tonalidad diferente, así como el logotipo se encontraba en dos medidas diversas, al evidenciar contradicción se determinó que el logotipo presenta tres tamaños diversos, pero respecto a la materia de análisis dijo que primero se estampa la firma en blanco, y luego se estampa el texto, establece la sentencia fechada el 4 de marzo de 2021.

En el testimonio de Daniel presentado por la Fiscalía, se asegura que después de haber visto a «el Sampa», uno de los acusados en el lugar, el testigo fue a preguntarle directamente al implicado si había participado en el ataque porque además era su «camarada». “¿Quién denuncia a su amigo?”, se preguntó el tribunal de juicio oral.

El segundo testimonio que presentó el agente del MP corresponde a Sergio, un hombre detenido acusado de homicidio. De acuerdo con la declaración que llevó la Fiscalía, Sergio estuvo en el palenque y vio entrar a dos de los tres acusados, los reconoció porque tiene rencilla con ellos, acusándolos de haber asesinado a su sobrino y a su hermano; además, tuvieron un problema cuando Sergio se negó a vender la droga que ellos le llevaron.

En el testimonio, Sergio asegura que vio cómo entraron con dos armas conocidas como cuerno de chivo y rafaguearon a los asistentes por alrededor de dos minutos, mientras él se escondía para esquivar las balas.

La declaración de Sergio también fue desestimada por el tribunal de juicio oral por las rencillas previas con los acusados.

«…resulta evidente la animadversión que existe entre los acusados con el testigo, aun cuando el testigo manifestó no tener problema alguno, pero la serie de información da lugar a considerar razonadamente las animadversiones existentes».

Durante las conclusiones finales del tribunal de juicio oral también se cuestionó cómo fue que la Fiscalía General del Estado solo presentó un testigo y la entrevista de otro, cuando en el lugar había más de 100 asistentes.

«…no se explica por qué no se realizó una investigación exhaustiva desde aquella fecha (marzo 2018), pudiendo haber recabado las entrevistas de testigos desde ese tiempo, que con seguridad aún se encontraban personas cuando arribaron las autoridades a dicho salón».

Absolución con antecedentes penales

Con todo y los antecedentes penales por homicidio y venta de droga, Juan Carlos, Mario Alberto y Santiago, los tres acusados de perpetrar el ataque en el palenque quedaron absueltos el 4 de marzo pasado, al no acreditar la Fiscalía que fueron los responsables del multihomicidio.

«Se afirma que quedó parcialmente confirmada la acusación, en atención a que el fiscal prometió en sus alegaciones iniciales acreditar la acusación y en los de clausura concluyó que cumplió con la promesa realizada, empero, solo quedó en promesa, pues con las limitadas probanzas desahogadas no son suficientes para acreditar de manera fehaciente».

La sentencia con la absolución de el Calabazo, el Sampa y el Chago expuso la serie de inconsistencias en la investigación, además de que las pocas pruebas aportadas quedaron descartadas por el tribunal por estar viciadas, como el caso de la entrevista de Daniel, el testigo que fue asesinado previo al juicio oral.

En la sentencia firmada por la jueza Nashiely Berenice Araiza también se cuestiona quién cometió el multihomicidio, porque con las pruebas aportadas por la Fiscalía no acreditaron la teoría que presentaron de cómo sucedió el ataque, tampoco se comprueba que Mario Alberto, Santiago y Juan Carlos son los responsables, porque además existen indicios de que se utilizaron el doble de armas de las que dijeron haber visto los testigos.

«Otra interrogante sin responder ¿Quién cometió la conducta?, toda vez que como pruebas de cargo para acreditar la plena responsabilidad de los acusados en los hechos materia de acusación, solo se incorporó por lectura una entrevista (a Daniel) y el testimonio (de Sergio), y con solo estos, la fiscalía pretende demostrar y llevar a la convicción errada de que (los tres acusados) participaron como coautores en la conducta que se les reprocha, empero, debe resaltarse que la participación de los acusados está seriamente cuestionada.

El documento expone que es la Fiscalía la única responsable de probar las acusaciones, mientras el acusado solo puede ser condenado cuando en su contra exista un acervo probatorio legalmente recaudado, que demuestre, más allá de toda duda razonable, su responsabilidad.

*»… es inadmisible proferir sentencia condenatoria cuando existe duda acerca de la concurrencia de alguno de los elementos constitutivos de la responsabilidad penal, pues toda duda en este sentido debe resolverse a favor de los procesados»*.

En la sentencia, la juez también destacó que durante el proceso no se presentaron las 16 víctimas de homicidio calificado en grado de tentativa, mostrando desinterés en el caso.

La parte final de la sentencia absolutoria incluye la instrucción de la juez para que la Fiscalía General del Estado siga con la investigación y se determine a las personas responsables del multihomicidio.

…no puede dictarse una condena, pues el Ministerio Público falló en acreditar el hecho y la responsabilidad de los acusados. Independientemente de lo anterior el ministerio público tiene que desarrollar una investigación científica eficaz para descubrir quién cometió la conducta en aras del derecho a la verdad de la sociedad y de las víctimas, lo que no hizo así.

Sinhue insiste en defender a Zamarripa

Desde hace un mes, previo a su informe de gobierno y al de actividades del fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre, Diego Sinue Rodríguez aprovechó cada evento público para asegurar que en Guanajuato los homicidios iban a la baja, y que durante su gobierno los criminales sí terminaban en la cárcel.

El día que Diego Sinhue Rodríguez presentó su informe presumiendo la captura de José Antonio Yépez, «el Marro», fueron absueltos los tres presuntos implicados en la primera masacre de la historia reciente de Guanajuato.

Sin embargo, para el gobernador la detención del Marro representó «el mejor ejemplo para demostrar que en Guanajuato no le damos respiro a los delincuentes, aquí sí los metemos a la cárcel».

Con el lema: «Aquí sí combatimos el crimen», Rodríguez Vallejo anunció la adquisición de helicópteros y drones, sin que a la fecha se conozca el proceso de contratación y monto destinado para poner en operación el nuevo sistema de videovigilancia.

«No podemos esperar a que los delincuentes se porten bien. Aquí sí combatimos al crimen, aquí sí metemos a la cárcel a los criminales», dijo Diego Sinhue.

Incluso, una semana antes, durante la presentación del informe de actividades de la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa, el gobernador aseguró que Guanajuato tiene el mejor fiscal de México.

«El fiscal es pieza clave en la búsqueda de la paz y justicia en Guanajuato… decirles a los diputados que no se equivocaron en ratificar a Carlos Zamarripa porque hay un equipo profesional detrás de él que está haciendo las cosas bien», dijo Diego Sinhue Rodríguez durante el informe del fiscal general.

Las palabras del gobernador surgieron como respuesta a los constantes pronunciamientos que ha hecho el grupo parlamentario de Morena y el diputado perredista, Isidoro Bazaldúa, en el Congreso local para pedir al titular del Ejecutivo estatal que inicie el proceso para destituir a Carlos Zamarripa del cargo para el que tiene nombramiento hasta 2028.

Este trabajo fue publicado originalmente en POPLab que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original.

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