Las comunidades indígenas exigen autonomía, consulta y participación a las y los próximos candidatos electos de Jalisco

Entre las dificultades a las que se enfrentan las comunidades indígenas en Jalisco, sus integrantes y especialistas reconocen el deficiente acceso a la educación, trabajo y salud al que se enfrentan, como una secuencia provocada por “soluciones” de escritorio, que no toman en cuenta ni el contexto, ni las singularidades de los pueblos.

En el proceso electoral 2020 – 2021 exigen a los y las candidatas que compiten por un cargo público que reconozcan su autonomía, los consulten antes de llevar a cabo proyectos que les afecten y les permitan participar en ellos.

En una revisión de las plataformas electorales de los partidos políticos en Jalisco, frente a los problemas y demandas de las comunidades, solo un par incluyen algunos de los temas pendientes.

Por Ximena Torres / @ximena_tra

Fotografía Adriana González

En Jalisco los pueblos indígenas se enfrentan a un acceso deficiente o nulo a sus derechos de salud, educación y justicia. En la política sus autoridades no les representan, porque solo les ofrecen soluciones creadas desde el escritorio y que no toman en cuenta el contexto real de sus comunidades, mucho menos sus saberes, formas de organización y por lo tanto su autonomía.

Tal es el abandono y el hartazgo de algunas comunidades, que este 6 de junio no formarán parte de la jornada electoral. Así lo informaron algunos medios de comunicación el pasado abril. La comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán localizada en Mezquitic y Bolaños decidió que en su región no se instalaran casillas para ir votar, así como sucedió en las elecciones de 2018.

Lo hacen en motivo de protesta, porque aseguran que ni las autoridades estatales ni federales han atendido sus demandas en el conflicto territorial que enfrentan con ganaderos en La Yesca, Nayarit. Aunque hace más de cuatro años el Tribunal Unitario Agrario dio la razón a la comunidad para restituir a su favor las 10 mil 500 hectáreas de tierras ancestrales, las omisiones de las autoridades federales ponen en riesgo la resolución pacífica del problema.

Además de las comunidades wixáritari, que se encuentran en los municipios de Mezquitic, Bolaños y Huequilla, al norte del estado, según la Comisión Estatal Indígena (CEI) en Jalisco también habitan pueblos nahuas en los municipios del sur como Tuxpán, Cuautitlán de García Barragán, Zapotitlán de Vadillo y Villa Purificación. Por su parte la mayoría de la población indígena migrante se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las etnias presentes son la purépecha, mixteca, zoque, triquis, otomís, mazahuaz, totziles, tzeltales, nahuas, choles, zapotecos y otras.

Finalmente están las personas indígenas jornaleras agrícolas, una población integrada por nahuas, mixtecas, mayas, purépechas, tzeltales y zapotecas que llegan a Jalisco desde otros estados del país para trabajar en el campo, a veces de manera temporal.

Entre todos y todas ellas conforman el 0.85% de la población del estado según lo registrado en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Eso significa que hay más de 66 mil 464 personas de tres o más años hablantes de una lengua indígena en Jalisco.

Los desafíos a los que se enfrentan forman una secuencia que va desde el acceso a la educación.

Silao Carillo es originario de la comunidad wixárika de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Mezquitic, habitante de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) desde hace 4 años e integrante de la asociación JIU Jóvenes Indígenas Urbanos en la ZMG. Él explica que el problema comienza por la lejanía entre las comunidades rurales y los centros escolares, que usualmente están en las cabeceras municipales; y continua con los insuficientes docentes y materiales para impartir educación integral a los y las estudiantes.

Efraín Jiménez, coordinador Programa Indígena Intercultural (PII) de la Universidad ITESO en Guadalajara, agrega que, en las pocas ocasiones en las que los programas, cursos, materiales y docentes llegan hasta los pueblos, estos no responden a la realidad ni al contexto de las comunidades. Eso provoca que se pierda rasgos culturales y de identidad de las culturas indígenas desde que sus integrantes están en la niñez.

Las complicaciones de acceso a este derecho también provocan que muchas personas de las comunidades indígenas del interior del estado y de la ZMG prefieran dejar sus estudios. Sobre todo, en el segundo caso, ante las dificultades económicas para mantenerse, el choque cultural de la migración y el rechazo de las personas en la ciudad, prefieren dedicarse solo a trabajar.

Como consecuencia, el nivel de escolaridad de las personas indígenas es de 5.7 años, que según la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), equivale a una educación primaria inconclusa. Entre la población mexicana general el mismo indicador sube a 9.1 años.

Otra de las integrantes del JIU explican que, también como efecto, la mayoría de las personas indígenas en la ciudad se dedican al trabajo informal.

“El nivel de escolaridad en comunidades indígenas es bajo, a veces no terminan ni la secundaria. Entonces encontrar de trabajo donde te den todas las prestaciones es más complicado” dice ella.

De nuevo, la problemática no es exclusiva de Jalisco, sino que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que en la región de América Latina y el Caribe la tasa de informalidad entre personas indígenas es de 82.6%, muy por encima del 51% de la población total.

La misma situación la señaló el grupo de personas indígenas en la ZMG que durante los primeros meses de la pandemia por COVID-19 exigían a las autoridades que consideraran las diferencias y características de sus pueblos en el combate de la crisis sanitaria. Precisamente a ellos y ellas el confinamiento les afectó en gran medida, pues se quedaron sin ingreso alguno.

“La población indígena en Jalisco se ocupa principalmente en el sector económico informal, artesanos, músicos, vendedores ambulantes, trabajadores del hogar, construcción, jardineros, albañiles, obreros y debido a esta situación es imposible seguir el llamado nacional por la máxima protección de todos” decía el pliego petitorio firmado el 6 de abril de 2020.

Como precisan otra de las integrantes de JIU los y las trabajadores informales no tienen prestaciones de ley que les afilien a organismos como el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS). Y aunque en la ZMG algunos hospitales de la Secretaría de Salud tienen convenios con instituciones públicas que ofrecen acompañamiento y atención a personas indígenas, no todas ellas conocen esas posibilidades.

Además, Silao Carillo cuenta que en los centros de salud se enfrentan a malos tratos, esperas interminables y procesos sin acompañamiento de una persona que sea consciente de las singularidades de sus culturas y lenguas.

Para que alguien acompañe y sea interprete de una lengua indígena, sobre todo durante un proceso legal, necesita una certificación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI). En la base de datos de dicho organismo, solo hay registro de 46 de estas personas en Jalisco.

En los municipios del norte y sur del estado el acceso a la salud también es limitado porque los centros de atención que se ubican ahí solo ofrecen servicios mínimos para atender enfermedades no graves y comunes, explica Efraín Jiménez a partir de su experiencia con los pueblos wixáritaris.

Lo anterior provoca otras problemáticas de salud pública, como el alza de embarazos adolescentes. De hecho, la tasa de fertilidad entre la población adolescente indígena es de 87.1 por cada mil mujeres de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, mientras que, en la población no indígena es de 69 por cada mil.

El reportaje “Camino wixárika: siete horas para recibir atención médica” replicado por ZonaDocs da cuenta de la travesía que las personas se ven en la necesidad de viajar para llegar hasta los hospitales de Guadalajara, así como de los gastos médicos, de transporte y estancia que en muchas ocasiones les es imposible solventar.

Y eso no es todo, sino que en los últimos años el alza de la violencia en los municipios de Jalisco aísla aún más a las comunidades originarias y las deja sin siquiera los servicios mínimos.

Entre marzo y abril de 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) publicó los boletines 21/21 y 31/2021. El primero hace un llamado a las varias autoridades estatales para atiendan lo que sucede en San Andrés Cohamiata, Mezquitic, donde a partir de enfrentamientos entre grupos delictivos se dejaron de prestar servicios de salud, seguridad y programas sociales federales debido al temor de las y los servidores públicos de ser víctimas de los ataques.

El segundo boletín da cuenta de la misma situación, pero en la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán.

“Además, ante la falta de seguridad en la zona, el médico que atendía la Casa de Salud en la localidad de Cajones se retiró; con ello, el servicio público a la salud se dejó de proporcionar, siendo en estos momentos indispensable, ante la emergencia sanitara por el coronavirus y la atención de urgencia” enuncia la publicación del 19 de abril.

Por último, los y la entrevistada para este trabajo resaltan los conflictos territoriales por megaproyectos de muerte del Estado y cambios de uno de suelo, como en San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic.

¿Cómo atender las problemáticas?

Efraín Jiménez de la Universidad ITESO dice lo primero que hay que hacer es reconocer que los pueblos indígenas no se han quedado de brazos cruzados, en espera de respuestas por parte de las autoridades, sino que resisten y luchan por los derechos que les pertenecen. También tienen sus propios mecanismos políticos de asambleas, toma de decisiones comunitarias y representantes.

“Desde los pueblos originarios no solo exigimos, también proponemos. Por eso es necesario que se incluya a la población indígena dentro de las instituciones públicas, no que hablen por nosotros” concuerda otra de las integrantes de JIU entrevistadas para esta publicación.

Entonces, más que apoyarles, a las autoridades locales y federales les toca atender sus exigencias con respeto a su autonomía. En el Programa Intercultural Indígena (PII), Efraín nombra al menos tres pasos para ello: 1) escuchar las necesidades reales de los pueblos; 2) respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada, contenido en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT; y 3) responder con procesos en los que participe la comunidad y tengan en cuenta el contexto local.

“El derecho a la consulta es procedimiento por el cual se presenta a los pueblos y comunidades indígenas iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales que les afectan directamente, con el propósito de obtener su consentimiento o acuerdo” explica la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sobre el acceso a la educación, Silao Carrillo propone equipar albergues cercanos a los centros escolares para que los y las estudiantes puedan ocuparlos en días de clases y no tengan que viajar varios kilómetros diarios dese sus hogares

Entre las alternativas existentes, también está la red de Centros Educativos Interculturales Wixáritari y Na’ayerite (CEIWYNA), donde colaboran las comunidades y el PII. En esos lugares los programas escolares se diseñan a partir de los saberes y conocimientos de la comunidad, sin dejar de lado el contenido de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, hace falta que la misma Secretaría reconozca su validez.

Silao y su compañera entrevistada agregan que los y las servidores de centros de salud y otros organismos públicos deben recibir capacitación para que conozcan las complicaciones que implica cualquier proceso institucional para las personas indígenas que se trasladan desde sus pueblos.

Los dos miembros de JIU mencionan dos ejes de atención iniciales. Una educación intercultural que tome en cuenta diversas lenguas, y acceso a la salud y justicia con acompañantes y traductores que conozcan las culturas originarias.

¿Qué proponen los partidos este proceso electoral?

Las tres personas entrevistadas opinan que en los procesos electorales pasados las propuestas de los y las candidatas fueron asistencialistas, no consideraron las características de cada pueblo originario y surgieron del trabajo en escritorios. Es decir, se crearon de forma vertical. Algunas veces, incluso utilizaron a las comunidades indígenas de manera folklórica.

En la revisión de las plataformas electorales de los partidos políticos que participan en la elección de diputaciones locales, federales y presidencias municipales en Jalisco este 6 de junio, se observa que el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México no incluyen propuestas relacionadas a comunidades indígenas.

El partido Redes Sociales Progresistas primero mencionan que los pueblos originarios “tienen una cultura muy cerrada tendiente a conservar su identidad étnica Todo eso los hace incompatibles en la actualidad para aceptar la implementación de programas de gobierno para su desarrollo. Lo que los mantiene con los índices más bajos de desarrollo humano en Jalisco”. Después, enlistan sus propuestas para contrarrestar las desigualdades y marginaciones a través del respeto a la consulta, el impulso del desarrollo económico y la preservación de su cultura.

Todos los demás partidos se comprometen a mejorar el acceso a la salud, educación y otros derechos básicos, además de reconocer que los pueblos tienen necesidades específicas que necesitan de políticas diferenciadas.

El Partido del Trabajo (PT), Somos Jalisco, el PRD y Futuro aseguran que reconocerán la autonomía de las comunidades si sus militantes son elegidos.

Finalmente, los que incluyen algún mecanismo de escucha, participación y/o consulta dentro de su proyecto de gobierno son Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social (PES) y Futuro.

 

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Ximena Torres
Estudiante de periodismo, fotógrafa y reportera feminista trabajando por hacer el periodismo en el que creo. Interesada en temas como justicia para las mujeres, salud, movilidad e interculturalidad. Ganadora del Premio Jalisco de Periodismo 2019.

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