Hacer periodismo en México implica un riesgo permanente. En los últimos 20 años, se han registrado los asesinatos de 138 comunicadores en el país; al menos 18 ocurrieron durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Con 13 agresiones documentadas durante el año 2020, la organización Artículo 19 posiciona a Jalisco como 17 entidad más violenta para ejercer el periodismo.
Aunque en el estado existe un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los datos no han sido actualizados desde el año 2019 a la fecha y sólo se reconocen seis solicitudes de incorporación, mientras que, el Mecanismo federal contabiliza 74 entre 2018 y 2019.
Por Leslie Zepeda / @lesszep2
Las formas de violencia a las que se enfrentan continuamente las y los periodistas en México van desde: bloqueos informativos (cuando las autoridades niegan información a ciertos medios por decisión injustificada), estigmatización (porque se señala a la prensa como favorecedora de ciertos grupos), hasta agresiones físicas, ataques y amenazas en redes sociales, así como en el espacio digital, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos.
Censurar a la prensa o asesinar a un periodista evita que la información fluya para la ciudadanía, pero, en específico, la violencia normalizada en contra del gremio genera un ambiente cotidiano que enrarece y vulnera el ejercicio periodístico.
Durante el último año 2020, se presentaron 692 agresiones contra la prensa en el país, así lo advirtió Pedro Cárdenas, Director de la Coordinación de documentación y seguimiento de casos, del equipo de Protección de Artículo 19 en México y Centroamérica. Esta cifra es la más alta registrada desde que la organización comenzó su labor de documentación en 2009.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que la libertad de expresión tiene una doble dimensión, la primera que se funda en reconocer que todas y todos somos libres de expresarnos y la segunda que tenemos derecho a recibir información. De tal forma, explicó Cárdenas, al ejercer actos de violencia contra la prensa, además de afectar directamente a alguna reportera o reportero, también se impide e imposibilita el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Quienes más ejercen actos de violencia y represión en contra de las y los periodistas, advirtió Pedro Cárdenas, son las autoridades de todos los niveles de gobierno. Aunque, enfatizó que, los poderes municipal y estatal son quienes más violentan al gremio. Algunos ejemplos de estas prácticas, describió, suceden cuando los funcionarios les exigen dejar un tema de lado o que cierta información se elimine o modifique, incluso, no les dejan otro camino más que la autocensura.
“Esto los pone entre la espada y la pared, porque las autoridades, quienes deberían de proteger les están amedrentando. Por otro lado, también tienen a sujetos desconocidos, sujetos identificados como parte del crimen organizado” agregó Pedro Cárdenas.
De esta manera, el riesgo que corren las y los periodistas incrementa cuando existe una relación entre el Estado y el crimen organizado.
“La responsabilidad mayor de la protección de cualquier ciudadana o ciudadano, independientemente de si es prensa o no, es del Estado. Es decir, quienes nos gobiernan tienen responsabilidad de generar un ambiente que permita el desarrollo y el flujo de ideas. Tienen la obligación de proteger a quienes están ejerciendo sus derechos, como es el derecho a la libertad de expresión”.
Al respecto, precisó que además de garantizar la seguridad de cada persona, el Estado igualmente debe asegurar la generación de lineamientos básicos, políticas públicas de protección y planes amplios que puedan ser no sólo reactivos, sino también preventivos.
No obstante, Pedro Cárdenas señaló que cada medio de comunicación, sin importar su dimensión, tiene la responsabilidad de brindar herramientas de seguridad para su personal, esto aunado a los mecanismos e instrumentos de autocuidado con los que cada reportera y reportero debe contar.
Jalisco no se sale de esta realidad, incluso, se encuentra inmerso en una problemática igual de apremiante; Artículo 19, en su último informe publicado en marzo de 2021, identificó al estado en el puesto número 17 a nivel nacional con 13 agresiones a la prensa.
La organización civil, contabiliza las agresiones a periodistas en Jalisco de hace cinco años, de acuerdo con el desglose anual, en 2015 se cometieron cinco agresiones; en 2016 cuatro; en 2017, 15 agresiones; en 2018, 20 agresiones; en 2019, 11 agresiones y en 2020, 11 agresiones.
Ser periodista en Jalisco
El testimonio de Manuel Jacobo ejemplifica la situación de cientos de periodistas en el país. Él, es un periodista que tuvo que dejar su comunidad y mudarse a otro país por su seguridad, ante las amenazas permanentes que recibía por su trabajo reporteril. Mane, como le dicen con cariño sus conocidos, es originario de Mezcala, Jalisco y fue reportero desde el 2016 hasta 2020 para el Semanario Laguna.
En su trayectoria como periodista colaboró con algunos otros medios en distintos municipios de Jalisco, entre ellos: Chapala, Poncitlán, Ocotlán, Jocotepec y El Salto ubicados entre la región ciénega y sus colindancias con el Área Metropolitana. Respecto a los temas que se dedicó a atender, fueron aquellos enfocados en los derechos humanos los que más llamaban su atención: desaparición forzada y salud, particularmente, visibilizó los casos de personas enfermas renales producto de la contaminación del Lago de Chapala.
Las anteriores son problemáticas que contextualizan las realidades que enfrentan las y los habitantes de estos municipios desde hace ya varios años, sin embargo, comentó el periodista, se han agudizado desde los últimos tres tras la entrada de Luis Núñez, presidente municipal de Poncitlán:
“Tenemos videos, muchas cosas que luego compartimos desde Semanario Laguna como en otros medios, en los que la policía estuvo golpeando, disparando a los habitantes y haciendo diversas atrocidades a la población”, declaró el reportero.
Manuel denunció que a partir de los últimos años se desencadenaron hechos de violencia desmedida, como desapariciones forzadas, casas de seguridad, asesinatos, localización de fosas clandestinas, balaceras, así como la exposición de múltiples cuerpos desmembrados en refrigeradores y represiones policiales.
La violencia escaló a tal nivel en Ixtlahuacán de los Membrillos y Chapala, que desde el medio decidieron dejar de reportar los acontecimientos de este lugar por el riesgo que implicaba para sus reporteras y reporteros. Manuel Jacobo, explica que trabajar en estas ciudades pequeñas al interior del estado representa una vulnerabilidad mayor que el trabajo en la capital, Guadalajara, porque a diferencia de allí -en la gran urbe- en un pueblo con menos habitantes es más sencillo ubicarles si alguien busca hacerles daño:
“Localmente nos es complejo porque nos conoce todo mundo y por eso mismo nos sentíamos más desprotegidos. Saben dónde estás tú, tu familia, tu número de teléfono, saben todo, ellos saben todo. Por eso se vuelve mucho más complejo en las regiones y porque no tienes el amparo de ninguna autoridad que es parte de la problemática”.
Sobre ello, recuerda la ocasión que les hicieron bajar de la web una nota publicada; la amenaza la recibieron con una llamada directa a sus teléfonos personales. Sin opción, se vieron obligados a pasar la información a medios estatales. Esta fue la vía que encontraron antes que la autocensura para que los acontecimientos finalmente salieran a la luz, pero reconociendo que no había garantías de seguridad:
“Recurrimos constantemente a la autocensura, siempre valorábamos por ser un medio regional, pequeño, recurrimos a eso. Que tanto merece la pena dar a conocer un hecho si no tenemos protección de nadie”.
Después de las represiones generalizadas hacia el medio donde él laboraba vinieron las alertas personales, de las cuales, de manera irresponsable, como él comenta, ignoró porque no creyó que fueran a llegar a acciones concretas. Fue el pasado 20 de noviembre cuando un grupo armado ingresó a su domicilio en Mezcala, Jalisco para retenerlo:
“Fue una situación compleja donde puse en riesgo a toda mi familia, a mí mismo. Eso sí me generó, por lo menos durante un mes, un shock tremendo. Afortunadamente hubo personas que me estuvieron apoyando durante todo este proceso que no tienen nada que ver con las autoridades porque decidí no hacer ninguna denuncia”.
Después de estos eventos decidió publicar algo al respecto en sus redes sociales personales y en tan sólo tres horas fueron directamente a amenazar a su familia para que él borrara todo lo que él contó ahí, no dudó en hacerlo para prevenir algún ataque en contra de sus seres queridos:
“Fue una afección tremenda, vas por la calle y sientes que todavía te van buscando. Hubo gente vigilando mi domicilio durante un tiempo. Claro que me afectó, sigo afectado, por supuesto. Por eso ahora estoy en un proceso, voy a parar un poco, voy a ver qué otras temáticas puedo retomar por el momento”, aceptó el periodista que aún trabaja con lo sucedido hace 7 meses.
Aseguró que en Mezcala y en la región hace mucho se denuncian actos de violencia en contra de la comunidad sin que las autoridades hagan algo al respecto:
“Por eso digo, a dónde voy, con el ayuntamiento, con el Ministerio o con Derechos humanos, Por supuesto que no, no merece la pena”.
Incluso, agregó que la comunidad de Mezcala denuncia a las autoridades del municipio la presencia de grupos armados casi todos los días, porque pasaban hasta cinco o seis vehículos con hombres armados por las calles y hasta parecía que hubiese toque de queda. Así, después de enterados y bajo el compromiso de accionar, no hicieron nada:
“Históricamente se ha tenido en el abandono, no sólo a Mezcala, sino a San Pedro Itzicán, Tlachichilco del Carmen, San Juan Tecomatlán, Atotonilquillo y eso no ha cambiado. No hay intervención de las autoridades,” enfatizó Manuel Jacobo.
En su caso, al no denunciar ante alguna autoridad gubernamental, el reportero decidió acudir con el área de Libertad de expresión de la Red Periodistas de a Pie que “trabaja la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información, así como las coberturas en zonas de conflicto y la protección y autocuidado de periodistas”.
Gracias al apoyo de la red, logró ponerse en resguardo y así viajar hasta otro país donde permanecerá de manera indefinida. Se reconoce afortunado al tener los medios económicos que le permitieron movilizarse hasta otro continente, ya que es consciente que para otras y otros compañeros es mucho más difícil, y, quizá, lo más que pueden hacer algunos es cambiarse de municipio por la falta de ingresos.
Estado Mexicano fallido, no asegura la protección de periodistas ni garantiza el derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía
Hasta hace 9 años, no existía una ley en México que funcionara como un instrumento de resguardo para quienes implica un riesgo desempeñar su profesión, como resulta ser el caso de la prensa mexicana al informar hechos de interés público. Fue hasta 2012 cuando se creó a nivel federal la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el caso Jalisco, fue hasta el año 2016 que se homologó dicha ley en el estado.
Bajo la ley federal como estatal se fundó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para salvaguardar la vida de aquellas personas que peligre por su actividad, ya sea reporteril o como defensoras y defensores. Sin embargo, según informó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), no se tienen los registros completos de quienes han solicitado ingresar al mecanismo, lo que invisibiliza dicha problemática.
Para asegurar la transparencia del mecanismo se acordó realizar un Plan Anual de Trabajo sobre el número de personas activas en el mismo, información que no ha sido actualizada en el caso de Jalisco desde hace 3 años. “A la fecha, las autoridades estatales han procesado 6 solicitudes de incorporación al Mecanismo: cuatro en 2018, dos en 2019; y ninguna en 2020 ni 2021 (hasta el día 14 de mayo de 2021)” así lo reportó la CEDHJ.
Asimismo, denunciaron que los registros proporcionados por la Secretaría de Gobernación no coinciden con los estatales, ya que ellos reportaron un número mayor de casos adscritos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco. En total enumeraron a 74 personas; 14 en 2018 y 60 en 2019.
Cabe destacar que la responsabilidad estatal, desde la homologación de la ley en 2016, recae directamente en Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco.
Ineludible la mejora del Mecanismo de protección para las y los periodista
El vacío en las cifras que presenta el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Jalisco, así como en las numeralias generales proporcionadas por el gobierno federal en esta materia, exhibe que se ha desatendido la seguridad de la prensa en México. Sobre ello, comentó el Pedro Cárdenas de Artículo 19, lo siguiente:
“El mecanismo es un gran paso en el sentido que funciona como un sistema de protección puntual, pero en ninguna forma logra eliminar la violencia contra la prensa porque no tiene un enfoque preventivo. De hecho, en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México realizó un informe con 104 recomendaciones sobre el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel federal”.
El informe antes mencionado por Pedro Cárdenas coincide con su premisa: hasta que el gobierno mexicano no trate el problema constante de violencia contra la prensa desde un enfoque preventivo no podrá haber una mejora, hasta entonces difícilmente podrá erradicarse de raíz.
Por su lado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco realizó una serie de peticiones a las diferentes instancias de gobierno local en el contexto del Día de la Libertad de Expresión, para que responda a sus responsabilidades.
Entre estas recomendaciones destaca la elaboración de un informe sobre la situación estatal en materia de seguridad de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con datos desagregados y perspectiva de género que se publique, cuando menos, en el portal web del gobierno estatal, en un formato asequible y accesible para el público en general.
En ese sentido, el organismo declaró que es vital la evaluación del Mecanismo para así definir su eficacia y de ser pertinente se realice una reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Jalisco.
“Cubrir” las elecciones en México
Tan solo este año, la Red Rompe el Miedo (RRM) documentó 55 agresiones a periodistas durante la época electoral, en específico, desde el 19 de abril hasta el 6 de junio de 2021. En el mismo cierre de las elecciones informó que agredieron a 16 periodistas y una de ellas fue en Guadalajara, Jalisco.
Ante estos hechos de violencia la red llamó a que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y otros mecanismos de protección locales presten especial atención a la seguridad de la prensa para protegerla y prevenir agresiones que vulneren su integridad, vida y/o libertad.
***
Sin importar el hecho que reporten las y los periodistas en México su rol en la sociedad es indispensable para la toma de decisiones, concluyó Pedro Cárdenas:
“La prensa juega un rol muy importante en una democracia. El flujo de información diversa, plural, con ideas distintas es muy importante para generar una sociedad democrática en donde las personas podamos ejercer todos nuestros derechos. Por ejemplo ¿Yo cómo voy a ejercer mi derecho político a votar si no tengo la información?” y así en los diversos temas, por la toma de decisiones”.
