En pie de paz
Justicia, memoria y paz.
Por Carmen Chinas / @carmenchsa
Los pueblos latinoamericanos han emprendido una larga lucha para lograr que los responsables de delitos considerados de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, genocidio) sean llevados a la justicia. Muchos de los crímenes que se cometieron contra líderes sociales, activistas políticos y universitarios se enmarcan en las dictaduras militares y del intervencionismo norteamericano que mediante estrategias como la llamada “Operación Cóndor” pretendía frenar el avance de movimientos progresistas y luchas de la izquierda en nuestra región.
La “Operación Cóndor” fue un acuerdo de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú (entre otras) para la persecución y represión de activistas. Las personas eran desaparecidas, torturadas y trasladadas de un país a otro para que no pudieran esclarecerse responsabilidades por su ejecución o privación ilegal de la libertad. En su momento el Juez Baltazar Garzón señaló que exigir justicia en ese caso significaba alzar la voz por los miles de voces que representan a los torturados, desaparecidos, ejecutados, asesinados y exiliados que han sufrido por la negación y el olvido.
Al ser delitos de lesa humanidad no prescriben y los perpetradores pueden ser llevados a la justicia, pues independientemente del tiempo transcurrido, la sociedad y las víctimas directas o sus familias tiene derecho a la verdad, reparación del daño y a que el Estado otorgue las garantías necesarias para la no repetición. Contra los responsables de la “Operación Cóndor” se sigue un proceso en Italia desde hace más de 20 años y de manera reciente, la autoridad judicial en Roma ratificó la cadena perpetua a exmilitares de Chile y Uruguay por la muerte de opositores de origen Italiano como parte de esa política genocida.
Antes ha habido otras condenas, en Argentina se enjuició al dictador Videla, a las Juntas Militares y a los responsables de crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionaba en el edificio donde estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, en ese juicio se consideraron los hechos que afectaron a 789 víctimas y hubo 68 acusados de la armada y fuerzas navales de Argentina (2008).
En Chile a iniciativa de Gladys Marín -cuyo esposo fue secuestrado y desaparecido en 1976- se presentó una querella por genocidio en 1998 contra el militar Augusto Pinochet y a partir de ese momento se abrieron más de dos mil procesos penales para juzgar a militares y fuerzas de seguridad. En el proceso se acusaba a Pinochet y a quienes resultaran responsables de genocidio, homicidios múltiples calificados, asociación Ilícita e inhumación ilegal, cometidos durante la dictadura militar. El Dictador fue detenido en Londres y extraditado a Chile en el año 2000, pero murió en 2006 estando bajo arresto domiciliario y con resolución pendiente de más de 300 causas penales en su contra.
En su momento en Guatemala se juzgó a uno de los mayores genocidas (2016), Efraín Rios Montt fue acusado por la muerte y tortura de miles de indígenas y condenado por delitos de lesa humanidad que se cometieron durante su mandato; las víctimas esperaron por décadas para que se hiciera justicia y, después de un complejo proceso, finalmente, fue sentenciado sin pisar la cárcel aduciendo razones humanitarias por su avanzada edad y situación de salud mental.
En el caso de México, no ha existido hasta el momento una comisión de verdad que investigue sobre los crímenes del pasado, pero de forma reciente se ha impulsado una iniciativa ciudadana denominada “Juicio a ExPresidentes”; aunque la redacción de la pregunta se presta a diversas interpretaciones “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?” por primera vez se abre la posibilidad de que funcionarios de alto nivel -como expresidentes- puedan ser enjuiciados.
Razones para enjuiciarles sobran, basta recordar la estrategia fallida de Calderón en materia de seguridad conocida como la “guerra contra el narco” que dejó una estela de dolor y muerte con decenas de miles de personas asesinadas y desaparecidas. En su momento la madre de un joven desaparecido en Monterrey (Leticia Hidalgo) increpó a Margarita Zavala en 2018 para decirle que las víctimas de la “guerra” de Calderón no eran daños colaterales: “no son daños colaterales Margarita, nosotros les llamamos hijos. Este es Roy, quien ha sido desaparecido desde el 11 de enero de 2011”.
Ante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Peña Nieto es responsable por obstaculizar la búsqueda e investigación; las hipótesis propuestas en 2014 por las autoridades resultaron una mentira construida desde los más altos niveles, las confesiones de los supuestos responsables de la desaparición de los estudiantes se obtuvieron mediante tortura, en discursos oficiales se intentó criminalizar a los jóvenes y se trató de intimidar a las familias para que dejaran de exigir la búsqueda de sus hijos.
Ciertamente el camino para llegar a la verdad y lograr justicia ante crímenes de lesa humanidad es complicado pero es necesario emprenderlo; en el caso de México se requiere que en esta consulta que se realizará el 1º de agosto del presente voten alrededor de 38 millones de personas para que tenga un carácter vinculante, y que además se manifiesten por el SÍ (al juicio) la mayoría de quienes decidan participar. Independientemente de los resultados del ejercicio, el sólo hecho de que se discuta como parte de la agenda pública la posibilidad de someter a proceso a expresidentes abre una puerta para el combate a la impunidad.
La paz no se construye sin memoria y sin justicia. La lucha contra la impunidad es una condición necesaria para que verdaderamente haya garantías de no repetición; las víctimas y sus familiares tienen derecho a la verdad y a que el daño sea reparado; pero como sociedad tenemos el deber de contribuir a preservar la memoria y exigir sanciones a los responsables.
