La desigualdad frente al Congreso

Desde Mujeres

Por Jessica Correa Ochoa / @Jecacoch

Con el anuncio de la elección de 24 diputadas al Congreso del Estado de Jalisco –número que representa una mayoría de mujeres– han surgido diversas celebraciones por la llegada de la agenda de género a la legislación. Y es cierto que el arribo de una mayoría de mujeres al poder legislativo es un logro histórico para la equidad de género y para el movimiento feminista, pues tras siglos de exclusión las mujeres por fin pueden participar de forma paritaria en las toma de decisiones públicas.

Sin embargo, aunque muchas de las diputadas electas sí han abrazado al feminismo y a la equidad de género como parte de sus agendas legislativas, esperar a que lleguen mujeres al congreso para comenzar a exigir que las legislaturas promuevan iniciativas de ley con perspectiva de género es alarmante. Bajo esta lógica, pareciera que se asume que son las mujeres quienes cargan con la responsabilidad de promover la equidad de género y que los hombres nunca han jugado un papel activo en la creación de estructuras que promueven la desigualdad.

Promover una agenda para la equidad de género es imperante, y por ello es necesario que los hombres electos como diputados tomen responsabilidad y se involucren en la consecución de la equidad de género, pues pareciera que se busca responsabilizar a las mujeres de resarcir los daños generados por el patriarcado, un sistema del que los hombres han formado parte activa durante cientos de años.

Por otro lado, incluso si todas las mujeres electas a cargos de diputación tuvieran dentro de sus principales agendas promover la equidad, esto no se traduce automáticamente en una transversalización de la perspectiva de género en el poder legislativo, ya que aún es necesario que las diputadas electas encuentren las condiciones necesarias para superar las paredes y techos de cristal que revisten al recinto legislativo.

Es decir, es necesario que los partidos generen las condiciones mínimas para que las mujeres puedan sostener posiciones de liderazgo dentro de sus bancadas y que además tengan la oportunidad de participar en discusiones más allá de los temas típicamente asignados a las diputadas por su rol de género, quienes usualmente conforman las comisiones, de salud, educación e igualdad. Esto no quiere decir que esas comisiones no sean importantes, sino que por el contrario es necesario que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones dentro de más ámbitos.

En el marco de este histórico suceso, durante el periodo de verano algunas de las y los estudiantes que participamos en el Proyecto de Aplicación Profesional (PAP) del Observatorio Legislativo del ITESO, nos dedicamos a desarrollar un instrumento que permita transversalizar la perspectiva de género y la perspectiva racial en la metodología utilizada por el Observatorio.

En un inicio el proyecto se enfocaría en aplicar la perspectiva de género para reducir las brechas de desigualdad,sin embargo pronto fue notorio que si queríamos hablar de igualdad también era necesario hablar de racismo.

El 2020, fue un año de suma importancia para el movimiento antirracista en el mundo, el injusto asesinato de George Floyd en Estados Unidos a manos de un policía desató una serie de protestas y discusiones alrededor de las desigualdades provocadas por el racismo. En Jalisco, durante el mismo año Giovanni López fue asesinado por policías al ser detenido por no portar un cubrebocas, su muerte ocurrió dentro de un sistema opresor y discriminatorio que, en México, asocia características étnico-raciales con socioeconómicas.

Todas y todos hemos escuchado alguna vez decir que “México no es racista, es clasista”, sin embargo México sí es racista, múltiples estudios realizados por instituciones como el Colegio de México y Oxfam demuestran que en nuestro país la discriminación étnico-racial no se da simplemente por el tono de piel, sino que el factor socioeconómico se entreteje con características físicas y culturales que dan paso a una doble discriminación, una en la que se asocia el color de piel con el estrato socioeconómico y con actividades particulares de una “clase social”.

Ya que el racismo en México es un problema institucional y estructural, gestado a través de la historia y fuertemente imbricado en los tejidos de las instituciones, para combatirlo es necesario ir un paso más allá del reconocimiento de la igualdad y generar políticas públicas que permitan desmontar las prácticas que reproducen la inequidad racial.

Es urgente que desde el poder legislativo se trabaje para eliminar las desigualdades históricas causadas por el racismo, que se manifiestan en disparidades en materia de ingreso, riqueza, presencia mediática y participación política. El congreso tiene el deber de promover medidas de nivelación y acciones afirmativas que permitan saldar la deuda histórica con las personas racializadas.

Desde la sociedad civil, es apremiante que escuchemos, aprendamos y reconozcamos el rol que jugamos en la reproducción de las desigualdades causadas por la discriminación étnico-racial. Así como es alarmante que en el Congreso se espere que sean las mujeres quienes promuevan la equidad de género, es inquietante que la lucha antirracista nos sea indiferente cuando somos parte de la reproducción del problema.

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