Durante la pandemia la tortura y la impunidad se vuelen más graves para los grupos vulnerables

El informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” muestran que la suspensión de procesos legales por la COVID-19, las medidas restrictivas para evitar contagios y las condiciones precarias de vida han vuelto más vulnerables a prácticas de tortura a algunos grupos de la población.

A eso le agregan problemas estructurales como la implementación lenta de la Ley General de Tortura, la falta de coordinación entre instituciones públicas y la militarización.

Por Ximena Torres / @ximena_tra

Imagen de portada: Informe México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia

Las prácticas de tortura en México y la impunidad que las acompaña se han agravado con la pandemia de la COVID-19. Los efectos de la crisis los padecen, sobre todo, las personas y colectivos en situación vulnerable, como las personas privadas de su libertad, personas migrantes, pueblos indígenas, mujeres y la niñez.

Actualmente existen mil 259 casos abiertos por tortura en la Fiscalía General de la República (FGR). En la escala estatal el número asciende a 4 mil investigaciones solo durante 2018. A eso se suman los otros casos en los que no se denuncia la grave violación a los derechos humanos por miedo a represalias y otras causas.

Todo lo anterior lo explica el informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia”, realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). Los resultados se obtuvieron después de una serie de reuniones virtuales con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, sobrevivientes de tortura y sus familiares entre el 4 y el 11 de febrero de 2021.

A través de los testimonios y declaraciones se concluyó que sí hay pasos significativos para atender y erradicar la situación de tortura en México en el plano legal e institucional. Sin embargo, esas acciones no representan avances en la prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las mismas prácticas

Eso se debe a los problemas estructurales que existen desde tiempo atrás en las instituciones públicas, pero también a decisiones tomadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador que complican el acceso a la protección y la justicia de las personas sobrevivientes. Por ejemplo, la falta de coordinación entre instituciones, la militarización y la reducción de presupuesto destinado a mecanismos que ayudan a entender la realidad violenta.

Los problemas en las instituciones públicas

La OMCT y la Red TDT reconocen los avances promovidos por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IDFP). Entre ellos, la creación de una Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, que cuenta con un equipo de 9 personas especializadas en la defensa legal de las víctimas de tortura.

De igual manera, aplaudieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está actualizando el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura”. “Es una herramienta más integral aplicable en la práctica cotidiana” mencionan.

No obstante, para las organizaciones es imposible dejar pasar que a más de tres años de la publicación de la Ley General en Materia de Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (LGT), su implementación ha sido deficiente.

Entre los pendientes más urgentes están el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y el Registro Nacional de Víctimas de Tortura.

El primero se elaboró con la participación de organizaciones de la sociedad civil y fue terminado a mediados de 2019. Desde entonces se encuentra detenido en manos de la Secretaría de Hacienda Pública (SHCP), donde se han hecho una serie de modificaciones no consultadas con las organizaciones colaboradoras. Por ejemplo, se agregó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN), a pesar de ser las instituciones con más señalamientos por tortura.

Con respecto al Registro Nacional, la FGR, institución encargada de crear el mecanismo, ha informado que no lo hará. Argumenta que una vez que se apruebe la reforma de ley presentada en el Senado, que busca anular la Ley Orgánica de la FGR, su rol se modificará con respecto a la Ley General de Tortura.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) era otro instrumento que ha generado información realista respecto a la incidencia de la tortura. Sin embargo, debido a las “medidas de austeridad” del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se ha quedado sin recursos para aplicar la encuesta.

Los números de la impunidad son casi del 100%, pues de los mil 259 casos a escala federal, solo tres fueron judicializados y uno tuvo una sentencia condenatoria. De los 4 mil en el fuero local, únicamente en dos hubo cargos penales.

El problema es que las fiscalías no hacen investigaciones eficaces, minimizan los hechos y en lugar de nombrarlos como tortura, inician procesos por delitos de menor peso como lesiones y abuso de autoridad. “Se aprecian reiterados intentos por parte de las fiscalías por no llevar los casos ante un juez, desgastando a las víctimas”, menciona en informe.

En la mayoría de los casos los jueces no acreditan la tortura porque reducen las pruebas a un dictamen médico-psicológico que se debe realizar a las víctimas, aunque en 2019 un tercio de las fiscalías del país dijeron que no contaban con personal para realizarlo. A eso se suma la falta de independencia, imparcialidad y rigor del personal pericial, que desacredita, minimiza y, por lo tanto, encubre el delito.

Por otro lado, el Gobierno Federal se ha encargado de institucionalizar la militarización con la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública, a pesar de los datos que demuestran una relación entre la presencia del ejército con el aumento de violaciones a derechos humanos.

La apuesta por la delegar funciones a las Fuerzas Armadas se muestra en el dinero destinado a ellas. En la segunda mitad del 2019 los recursos de la SEDENA aumentaron mil 048% y en 2020 su presupuesto fue de los pocos que no sufrió recortes, sino un incremento de 6%.

Finamente está la falta de coordinación entre instituciones y entre el ámbito federal y local. Las personas sobrevivientes de tortura están entre los grupos más afectados por la nula articulación, porque deben acudir a varios organismos para solicitar asistencia, protección y reparación. Entre ellos, la FGR, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), las Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La CEAV –tanto el organismo federal como sus semejantes a escala estatal– son las Comisiones encargadas del apoyo atención, rehabilitación a sobrevivientes de tortura y sus familias. Sin embargo, no cuentan con recursos humanos, materiales ni económicos para “hacer frente a la magnitud del problema”.

A los problemas de presupuesto se suman los señalamientos del tratos muy poco empáticos, que estigmatizan y criminalizan, hechos por las víctimas y sus familiares.

Existen señalamientos de falta de trabajo conjunto, sobre todo, contra la Fiscalía General, que se ha convertido en el “cuello de botella” que obstaculiza los procesos para atender e investigar la tortura. Mientras que en los contextos estatales los problemas se agravan por las carencias de presupuesto, personal, infraestructura y la resistencia institucional.

Víctimas y sobrevivientes de tortura frente a la COVID-19

“La mayoría de las conductas de tortura en México se cometen contra personas que no cuentan, de antemano, con los recursos, los vínculos ni las posibilidades de acceder a una denuncia y defensa adecuada” dice el informe de la OMCT y la Red TDT.

Durante la pandemia por COVID-19 la situación de los grupos vulnerables ha empeorado porque muchas instituciones han detenidos sus funciones. Eso significa una infinidad de procesos jurídicos relacionados a casos de tortura suspendidos.

En los centros penitenciarios las personas privadas de su libertad viven en hacinamiento y sin posibilidad de cumplir con las medidas necesarias para reducir los contagios de COVID-19.

Ante esas condiciones, diversos organismos de la sociedad civil recomendaron despresurizar los reclusorios, aunque ni la Ley de Amnistía ni las medidas de preliberación se han aplicado para lograr la reducción de la población penitenciaria. Al contrario, en 2020 hubo un aumento significativo de 14 mil nuevas personas recluidas debido al “uso abusivo de la prisión preventiva”.

No ha existido transparencia para conocer el número de contagios y muertes por COVID-19 en centros penitenciarios, ni se han adoptado medidas para garantizar el contacto de las personas privadas de su libertad con familiares cuando se han suspendido las visitas. Para muchos dentro de los centros, esas acciones han significado el nulo acceso a productos de primera necesidad, pues sus familias son quienes los abastecen.

La pandemia también ha empeorado el acceso a las necesidades básicas, como la atención médica, de las personas en contexto de movilidad. Las estaciones migratorias continúan llenándose, lo que generó mayor hacinamiento, falta de higiene y alimentación durante los meses en los que la SEGOB suspendió los trámites para realizar procesos de solicitud de la “condición de refugiado”.

Las veces que las personas migrantes manifestaron su inconformidad, las fuerzas policiales y militares les intimidaron, reprimieron con excesivo uso de la fuerza, agredieron y torturaron.

También se destacó la situación de personas que, por la violencia criminal o institucional, no han tenido otra opción más que el desplazamiento interno forzado. “De forma separada y en su conjunto (el desplazamiento), pueden conllevar o estar vinculado a vulneraciones al derecho a no sufrir tortura y otros malos tratos” concluyen en el análisis.

Finalmente, resaltan que, en 2020 se registraron varias situaciones de represión durante protestas sociales, en el marco de las restricciones de la pandemia. En esos contextos las personas manifestantes fueron detenidas de manera arbitraria, incomunicadas y sometidas a tortura.

Destacan las respuestas violentas de las fuerzas policiales ante las manifestaciones en Jalisco durante julio de 2020 por la ejecución extrajudicial de Giovanni López; en Cancún durante noviembre de 2020 por la violencia de género y los feminicidios; y en la Ciudad de México el 8 de marzo durante las protestas feministas.

En respuesta a todos los pendientes observados, la OMCT y la Red TDT recomiendan como urgente y prioritario la aprobación y publicación del Programa Nacional para la Prevención y Sanción de la Tortura, con previa consulta de organizaciones de la sociedad civil.

También llaman a las autoridades a tomar medidas para el reconocimiento, protección, acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas de tortura, a través del fortalecimiento de mecanismos e instituciones existentes. Que, además, mejoren sus métodos de coordinación e intercambio de información

Piden que las leyes y prácticas para atender la pandemia de la COVID-19 cumplan con estándares internacionales de derechos humanos y no incrementen los abusos.

Finalmente solicitan a la Fiscalía Especializada en materia de tortura elaborar un plan de persecución penal de la tortura para avanzar en la investigación y judicialización de los miles de casos pendientes.

Aquí puedes conocer el informe “México: la tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de pandemia” completo: https://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/Tortura-e-impunidad-en-tiempos-de-pandemia.pdf

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Ximena Torres
Estudiante de periodismo, fotógrafa y reportera feminista trabajando por hacer el periodismo en el que creo. Interesada en temas como justicia para las mujeres, salud, movilidad e interculturalidad. Ganadora del Premio Jalisco de Periodismo 2019.

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