Reparto de cuotas y vulneración de órganos ciudadanos: La elección del comisionado del ITEI

AMEDI Jalisco

Por Rocío Morgan Franco* / Amedi Jalisco / @AmediJalisco

Para quienes vivimos en un régimen democrático, es indispensable que este mejore conforme avanzamos como sociedad. La llamada democracia participativa tiene infinidad de mecanismos como la creatividad nos pueda dar. Durante las campañas, todos los partidos ofrecen avanzar en temas que perfeccionan la democracia y sus instrumentos: transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, combate a la corrupción, participación ciudadana, etc.

La gran mayoría de ellos se han integrado a nuestras leyes. Constituyen avances y logros de los ciudadanos para participar en el quehacer público, para ejercer derechos humanos elementales como los cívicos y políticos que favorecen que las personas se den a sí mismos el gobierno que desean y participen de dichos gobiernos.

Desde la oposición muchos partidos se “cuelgan las medallitas” de haber impulsado o conseguido tal o cual avance que permite una mayor participación ciudadana. Pero no es así. No son sus triunfos; quien así lo piense está equivocado y tiene una falsa percepción. Son logros de las y los ciudadanos organizados que pugnan, pelean, demandan y consiguen espacios de representación donde pueden llevar sus propuestas, templar el poder, participar activamente de la res pública. Su quehacer se ha encaminado a vigilar el desempeño de las élites políticas. Exigen transparencia y rendición de cuentas, acotan al poder público y clarifican las demandas que como sociedad democrática tenemos.

Bajo esta lógica nacen organismos cuya tendencia es hacia la ciudadanización. ¿Esto qué quiere decir? Que nos damos a nosotros mismos instancias y organismos cuya integración es netamente ciudadana. Buscamos a los mejores hombres y mujeres, cuya experiencia y trayectoria profesional en determinados temas les dan la autoridad moral para orientar dichos trabajos. Así tenemos organismos como el de la autoridad electoral (el INE), el de acceso a la información pública (INAI) y en lo estatal, el ITEI, por mencionar solo unos de los muchos que ya se contemplan en nuestras leyes que deben integrarse con ciudadanos.

Sin embargo, pareciera que a nuestros representantes, los que nosotros elegimos democráticamente, no para que hagan lo que quieran, como en una democracia delegativa, sino para que hagan cristalizar los anhelos de una sociedad más justa, equitativa, incluyente, participativa y en favor del bien común, les resulta irresistible, una vez que acceden al poder, olvidar esos compromisos y tratan de acallar, acotar, pervertir esos instrumentos que tanta lucha ha costado a nuestra sociedad conseguir. Los manosean, negocian, los tuercen a su conveniencia y se los regatean a los ciudadanos; ya no les gustan porque representan un dique a la llamada “clase dorada” de la política. Ya no les gusta que los vigilen, los exhiban y los sancionen.

Para muestra, un botón: En días pasados el Congreso de Jalisco reeligió a Pedro Antonio Rosas Hernández como Comisionado Ciudadano del ITEI, lo cual contraviene el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este artículo prohíbe que las y los Comisionados tanto a nivel Federal como Estatal duren en su cargo más de 7 años; Pedro Rosas ya tenía cinco años ejerciendo el cargo de Comisionado, por lo que permitirle mantenerse por el mismo tiempo superaría el criterio establecido por la ley.

Al respecto, varias asociaciones y organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanos por la Integridad Pública, el Observatorio Legislativo del ITESO, CIMTRA, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción y por supuesto, la Amedi Jalisco, emitimos un posicionamiento señalando los vicios en los que se incurrieron, a propósito de este proceso y que además no es la primera vez que se suscitan:

  • Consideramos que existen lagunas legales que crean confusión, entre ellas es necesario clarificar la posibilidad de la reelección y la duración del encargo, para que esta no violente lo establecido en la Constitución de nuestro país. En todo caso, si se busca que un comisionado se reelija, habría que hacer adecuaciones legales para establecer periodos de 3 años con la posibilidad de una reelección. Sin embargo, en la actualidad no es así y esto no se respetó.
  • Asimismo, se debe clarificar que el Consejo Consultivo del ITEI, sea exhaustivo en verificar la legalidad de los expedientes de las y los aspirantes.
  • Adicionalmente, es notoria la ausencia de paridad y perspectiva de género en la designación por lo que es urgente emprender acciones afirmativas para alcanzar paridad en el ITEI.

Por otra parte, no es la primera vez que vemos una actuación reprobable por parte del Congreso del Estado, al ponderar el reparto de cuotas entre las diversas fuerzas políticas, como si los órganos autónomos y ciudadanizados, fueran un botín político que haya que repartirse para seguir manteniendo el status quo de los mismos. La búsqueda de personas afines a sus intereses políticos es un abuso que va en detrimento de las instituciones que nos hemos dado a nosotros mismos, cancela la posibilidad de participación ciudadana, pervierte dichos instrumentos y dejan de ser confiables, al detectar que se nombran a personas que velarán por otros intereses y no por la defensa de derechos humanos elementales como el derecho a la información y la protección de nuestros datos personales. Esta situación desencanta a los ciudadanos y suprime la participación ciudadana, pues como dije, se pierde la confianza en nuestras instituciones y representantes.

El ITEI es una institución que deviene de una larga lucha por el derecho a la información. En una conquista ciudadana que debemos defender. Centrarnos solo en las formas de carácter legal, ha pervertido y degenerado las designaciones y elecciones, lo que vulnera la credibilidad de las instituciones y sus integrantes.

(*) Es Integrante de Amedi Jalisco y catedrática de la Universidad de Guadalajara

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Impulsa la discusión pública sobre el ejercicio de las libertades de expresión e información y el derecho a la información, así como promueve el respeto, por parte de las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación, de los derechos relacionados con la obligación legal y ética de garantizar a los mexicanos información veraz y objetiva sobre los asuntos de interés público.

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