Buscar, la potencia pública de las familias

Zona Cero

Por Jonathan Ávila / @JonathanAvilaG

Fotos: Christian Cantero y Leslie Zepeda

Más de 13 mil 800 personas en Jalisco se encuentran desaparecidas, de acuerdo con los datos más vigentes del Registro Nacional. Con esta cifra la entidad no solo mantiene el deshonroso primer lugar nacional en personas desaparecidas –que ha ostentado desde 2019– sino que muestra una problemática de dimensiones inimaginables, ya que detrás de cada uno de esos casos existen más de 13 mil familias que tienen la necesidad urgente de saber la suerte o paradero de su ser querido.

Hablamos de más de 13 mil personas cuyo caso llegó hasta las autoridades…en un estado donde 9 de cada 10 delitos no son denunciados por miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza en la autoridad o por la hostilidad con la que tratan a las personas que llegan a denunciar, según la ENVIPE.

La incidencia de casos ha ido en aumento, pero también la salida de las familias a las calles para exponer públicamente sus casos, ante la inoperancia de las autoridades que además les piden no hacer eco de sus casos.

Sin olvidar que quienes impulsan la búsqueda son precisamente las mujeres, quienes encabezan las acciones y cuyo grito se escucha con más fuerza, como evidencia el reciente informe trimestral Nosotras Buscamos, del colectivo Por Amor a Ellxs; que muestra cómo una gran mayoría de quienes se acercaron al colectivo para dar seguimiento a las acciones de búsqueda desde la virtualidad fueron hermanas, amigas, tías, sobrinas, madres, primas, cuñadas, hijas y esposas.

En los últimos meses hemos visto a decenas (si no es que cientos) de familias manifestarse a las afueras de Casa Jalisco, espacio donde el gobernador Enrique Alfaro da mayor prioridad para recibir a otros contingentes ligados al sector privado y las pequeñas empresas que se han manifestado en el marco de las medidas por la pandemia de COVID-19 y no para “hablar de frente” a las familias.

Datos oficiales muestran que las manifestaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos han ido en aumento en los últimos años. Entre 2019 y hasta el 31 de mayo de 2021, en Jalisco se han registrado 95 manifestaciones cuyo motivo fue la desaparición de personas, según datos proporcionados por la Dirección General de Estudios Estratégicos y Desarrollo Político, de la Secretaría General de Gobierno. Tan relevante ha sido el incremento en la presencia pública de las familias en meses recientes, que 1 de cada 10 manifestaciones en Jalisco durante 2021 fueron motivadas por la desaparición de personas.

Este nivel de incidencia en el espacio público no ha sido nuevo, ya que desde hace muchos años las familias se han arropado en colectivos que buscan agrupar las exigencias y generar mayores presiones. Esto es de lo que hablan autores como Zanobi y Marentes, quienes señalan que las víctimas “cobran protagonismo y pueden resultar centrales cuando ellas se asocian y politizan sus luchas para exigir reconocimiento”.

Por varios años colectivos como FUNDEJ –desde 2013– y Por Amor a Ellxs –desde 2016– fueron los más conocidos, aunque hubo agrupaciones de familias que no se reconocieron como colectivos formales. Más recientemente se ha dado un incremento en el número de colectivos, al surgir otros como Entre Cielo y Tierra –que agrupa familias de diversas regiones–, Guerreras de Chapala, Altos Sur en Busca de Ti, Más uno igual a todos, Huellas de Amor y otras agrupaciones de familias en Lagos de Moreno, San Miguel El Alto y el Sur de Jalisco.

Una gran mayoría de esas manifestaciones han sido convocadas justamente por las familias de personas desaparecidas, pero también se han visto involucrados otros actores sociales, como aquella difusa masa que se denomina sociedad civil –de la que pueden ser parte tanto organizaciones, otro tipo de colectivos sociales y hasta la sociedad en general–, teniendo también una alta incidencia el movimiento feminista y los grupos estudiantiles, e igualmente se han registrado manifestaciones convocadas por agrupaciones magisteriales y colectivos ambientales.

Siete de cada 10 manifestaciones se han realizado en el municipio de Guadalajara, donde se concentra el poder institucional de Jalisco, ya que en este se encuentra Casa Jalisco, Palacio de Gobierno y las instalaciones de la FEPD. Aunque también se han realizado manifestaciones en municipios como El Salto, Lagos de Moreno, Magdalena, Ocotlán, Poncitlán, Puerto Vallarta, Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan y Zapotlán El Grande.

Sin embargo, a pesar de la incidencia cada vez más común, la presión de las familias a través de medios de comunicación, el impacto social que cada vez genera más ruido en la agenda pública, las obligaciones legales y el ojo nacional e internacional que significa el caso Jalisco, han sido pocas las manifestaciones que han tenido gestiones oficiales. Esto quiere decir que fueron pocas las protestas de las familias que lograron la atención de sus demandas. Los datos oficiales muestran que 8 de cada 10 manifestaciones con motivo de personas desaparecidas no tuvieron algún tipo de gestión oficial. Aunque también habría que tomar con reservas el 20% restante, ya que muchas de estas gestiones oficiales solo implican la recepción de demandas escritas o una reunión breve con una representación de las personas que se manifiestan, que muchas veces no tienen un cauce a largo plazo ni buscan la resolución de las demandas.

A pesar de esto, los datos sobre las manifestaciones y la incidencia cada vez mayor de colectivos en Jalisco muestran que las familias se han conformado en un nuevo actor social, como ha denominado Édgar Velasco este proceso, con toda la carga teórica, política y cultural que supone ese concepto. La expresión no es menor, puesto que “víctima” ha sido un término que comenzó a utilizarse a partir del siglo XIX y servía para designar una pasividad colectiva de quienes atravesaban situaciones de violencia y sufrimiento que debían ser tuteladas por el Estado.

Las dictaduras latinoamericanas y el caso mexicano muestran una imagen contraria a la concepción teórica que se construyó en el Norte Global, buscando representar la disminución de la agencia y la contraposición con el concepto de “ciudadano” que lucha por sus derechos. Tanto así que ahora algunas familias sienten desconfianza o se niegan a ser denominadas como víctimas, tal como ha ocurrido en algunos discursos que públicamente han hecho las familiares del colectivo Por Amor a Ellxs.

En el marco del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, escuchamos múltiples discursos, con denuncias y exigencias de búsqueda y reparación ante el clima de impunidad que vivimos, puesto que la principal demanda de quienes buscan a sus seres queridos es que éstos regresen, se esclarezcan los hechos y, en algunas ocasiones, se haga justicia. Aunque principalmente lo que se exige es que haya acciones de búsqueda adecuadas que lleven a la localización de la persona desaparecida. Entonces, ¿por qué protestan estas familias? ¿Por qué las protestas de familias han ido en aumento en Jalisco?

Aunque el grueso de las fiscalías en México son catalogadas como instituciones inoperantes o que no atienden el contexto que vivimos, el caso de Jalisco ha significado un verdadero reto. La ENVIPE señala que, con cálculos a 2019, se estima que se denunciaron 13.6% de los delitos cometidos en la entidad, pero de estos casos únicamente el Ministerio Público abrió una carpeta de investigación en poco más de la mitad, es decir, solo 8.8% de los delitos cometidos llegaron a una investigación ante la Fiscalía de Jalisco.

Para las familias que buscan ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) el reto ha sido mayor. Ya que los Ministerios Públicos de dicha área, con cinismo o desconocimiento, han aprendido a sortear las responsabilidades y principios que marcan las leyes en materia de desaparición en el país, tanta la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley General de Víctimas y la recién publicada Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

La constante es precisamente la disuasión para presentar la denuncia, con el ya clásico y falso argumento de imposibilidad de recibir la denuncia hasta pasadas las 72 horas de la desaparición”, denunciaron públicamente los colectivos en su informe “Las Familias Hablan”, presentado en octubre de 2020. Tan es así que ahora la FEPD señala con cinismo en sus respuestas a solicitudes de acceso a la información que existe un área de “prebúsqueda”, mismo que presuntamente realiza acciones de escritorio antes de tomar una denuncia, pero no existe norma que avale dicho mecanismo.

También a través de solicitudes de acceso a la información, la propia FEPD ha reconocido que localizó personas “sin carpetas de investigación”, esto no es extraño en un ambiente de búsqueda inmediata y acciones diligentes en el caso de las comisiones locales, pero no para las fiscalías, cuyo trabajo básico es la investigación del delito. La respuesta muestra cómo la ilegalidad marca el actuar de esta autoridad, ya que menciona que áreas como la de Alerta Ámber –dedicada a la búsqueda y atención de casos de menores de edad– donde se inicia “la búsqueda de las mismos (sic) sin que se cuente aún con la denuncia correspondiente por parte de sus progenitores, por lo tanto, existe un universo de localizaciones de niños y adolescentes en donde sus padres no interpusieron denuncia alguna y fueron localizados a través de ésta área”.

La pregunta es ¿si no hubo denuncia, cómo tuvo noticia la FEPD sobre estas desapariciones de menores? Para esto la Ley General de Desaparición contempla mecanismos e incluso mandata que se debe presumir la comisión de un delito de desaparición cuando la persona es menor de 18 años de edad, lo que significa que se debe aperturar la investigación desde que se tiene noticia. Además de que no importa si existe una localización, pues se debe acreditar el delito. Aunque esto evidencia cómo los Ministerios Públicos hacen lo imposible para no llevar a cabo su labor básica.

También existe otro mecanismo legal-nacional en este sentido, donde al pasar 72 horas de la noticia de desaparición de la persona el hecho se debe considerar bajo la presunta comisión de un delito, por lo tanto se debe abrir una investigación en la fiscalía correspondiente o activar nuevos mecanismos de búsqueda que solo pueden accionarse a través de diligencias de los MP’s, los únicos con facultades constitucionales para accionarlos o solicitarlos.

Para el caso de Jalisco, según el RNPDNO, solo uno de cada 5 casos de personas que han sido denunciadas o reportadas como desaparecidas están bajo investigación de delitos. Incluso por años, al menos desde la llegada de la actual fiscal especial, se ha dicho que hay carpetas por “No Localización” o en el sistema de la fiscalía se les denomina como carpetas de investigación abiertas por “Desaparecido”, pero no hay código ni ley que contemple dichos tipos penales, porque la “No Localización” es un concepto mediado por las 72 horas de búsqueda de una persona mayor de edad y que fue eliminada de algunas leyes locales sobre desaparición, como en la de Jalisco.

La mayoría de los casos en los que se presume el delito en el RNPDNO, poco más de 20%, son por “otros delitos que atentan contra la libertad personal”, que a veces involucra el delito de privación ilegal de la libertad, sobre todo cuando no existían los tipos penales de desaparición y se sabía que los casos podían haber sido perpetrados por actores privados, como los grupos del crimen organizado u otras agrupaciones paramilitares, como ha ocurrido con las cuadrillas de seguridad de empresas trasnacionales.

Poco más de 5% de los delitos de desaparición de Jalisco están registrados como desaparición cometida por particulares, muchas veces bajo el aura de la criminalización o como un intento de deslinde de responsabilidad en donde se aduce que “es cosa del narco”. Mientras menos del 0.50% de las desapariciones en la entidad se están investigando como desaparición forzada o delitos vinculados a la desaparición.

Lo que la información evidencia es que muy pocos casos, aún cuando se considera la presunción del delito, se hacen bajo otros tipos penales a los de la Ley General de Desaparición. Esto principalmente implica “que no se apliquen los estándares avanzados y los instrumentos de investigación establecidos en la Ley General (teniendo en cuenta que incluso un caso reconocido por la autoridad como un delito de desaparición no necesariamente contará, en los hechos, con una investigación que cumpla con lo que marca la Ley General)”, se lee en la reciente investigación de WOLA, organización internacional en derechos humanos. De la cual también se destaca que Jalisco no proporcionó información clara sobre los delitos que integran las investigaciones.

Que las fiscalías no cumplan con funciones tan básicas de su actuar, al ser las únicas con facultades constitucionales para accionar mecanismos más avanzados, o incluso negarse a levantar una denuncia tras esperar 72 horas, como sigue en Jalisco a decir de las familias, lleva a que éstas últimas busquen alternativas para ejercer presión en sus casos y posiblemente se activen diligencias que logren la localización de su ser querido.

Estas acciones han sido vistas por algunas familias como eficaces, tal como ha ocurrido en algunos casos. Basta recordar la desaparición de personas en Chapala, en 2019, cuando luego por la presión de las familias se logró la localización de una finca en donde estaban cautivas algunas de las personas reportadas como desaparecidas. También ha sido el caso en el hallazgo de algunas fosas, donde se localiza a personas sin vida y que apenas semanas antes habían sido denunciadas como desaparecidas y que, luego de manifestaciones y presión en medios, aparecen mágicamente en el radar de las autoridades.

Lo que la realidad nos ha mostrado es que son ellas quienes impulsan el sistema de procuración de justicia y las políticas públicas con las que hoy se tiene un poco de cobijo ante un caso de desaparición, frente al desamparo y desatención que llegaron a padecer miles de familias cuyos casos se llevaron a cabo hace años. Sin embargo, también es importante reconocer, que más allá de la ardua labor de búsqueda y documentación, como el informe de Por Amor a Ellxs y la muestra de su gran labor desde el amor, es que estas son acciones que corresponden por entero al aparato del Estado, y que las personas responsables de realizar las acciones son justamente las y los servidores públicos.

Gracias a las familias la agenda pública en Jalisco se ha volcado sobre la problemática de desaparición, no solo la incidencia de los casos que se reportan. Ya que más allá del 30 de agosto, las desapariciones siguen ocurriendo, las personas siguen desaparecidas y sus familias presionan para saber ¿dónde están?

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Jonathan Avila
Autor de Zona Cero. Periodista, miembro de CONNECTAS Hub, aspirante a sociólogo e investigador de desaparición de personas en el estado de Jalisco.

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