Diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la expulsión de migrantes desde Estados Unidos hacia el sur de México bajo el Título 42 viola los derechos a la vida, la seguridad, a solicitar asilo, a recibir asilo, al debido proceso, al interés superior de la niñez, a la libertad de tránsito y al principio de no devolución.
Por esta razón, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos e interpusieron dos amparos indirectos en el estado de Tabasco y de la Ciudad de México. Próximamente, han anunciado, presentaran una carta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por Redacción ZonaDocs / @ZonaDocs
El 25 de agosto, las organizaciones Asylum Access México, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC, Sin Fronteras IAP y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, señalaron a través de un comunicado de prensa, los días 26 de agosto y 3 de septiembre interpusieron dos amparos indirectos; el primero de ellos ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Tabasco y, el segundo, en el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Tanto la queja como los amparos surgen posterior a que diversas organizaciones de la sociedad civil en el sur de México documentaran el envío de vuelos provenientes de los Estados Unidos con personas migrantes expulsadas de este territorio bajo el Título 42. En estas se señala a distintas autoridades responsables, como: al Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, al Congreso de la Unión, la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Ejecutivo federal.
Las acciones legales y en materia de derechos humanos promovidas buscan evidenciar de qué formas “el gobierno de México realiza deportaciones ilegales (masivas y “en caliente”), de madrugada y por puntos no establecidos así como devoluciones en cadena, en las que las personas son expulsadas desde Estados Unidos a aeropuertos del sur (Chiapas y Tabasco) y centro del país (Jalisco, Ciudad de México y otras) para después ser trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala por agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, sin recibir información sobre la posibilidad de solicitar protección en México”, expusieron en su comunicado las organizaciones.
De acuerdo con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), las expulsiones bajo la política Título 42 responden a la medida anunciada por la administración del nuevo presidente Joe Biden, que busca acelerar la deportación de personas migrantes “con el pretexto de la emergencia sanitaria por COVID-19”.
Dichas prácticas fueron registradas entre el 5 y el 31 de agosto y se documentaron al menos 34 vuelos provenientes del país vecino del norte.
Sentenciaron por ello, que estas acciones “violan el derecho al debido proceso y al asilo, establecido en la legislación nacional e internacional”, al tiempo que, no toman en cuenta “el interés superior de la niñez ni la perspectiva de género”. Insistieron en señalar que estas expulsiones “transgreden el principio internacional de no devolución” establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, de la cual forma parte México y manifiesta “la prohibición de expulsar a las personas con necesidades de protección internacional al país del que escaparon y donde sus vidas pueden estar en riesgo”.
Denunciaron, por lo tanto, que el gobierno mexicano y el estadounidense han sido cómplices en violentar los derechos humanos de las personas con necesidades de protección internacional, pero además, incumplen “el compromiso asumido el 21 de marzo de 2020 en la nota informativa emitida por la Cancillería mexicana”, donde se advierte que “se recibirán a 100 personas diarias, con excepción de aquellas vulnerables a la COVID-19 –como niñez y mujeres embarazadas-, de Guatemala, Honduras y El Salvador”.
A decir de las organizaciones, esto no se ha cumplido, ya que han registrado “la expulsión de personas de nacionalidades diferentes a las señaladas, de mujeres embarazadas y niñez, y un mayor número respecto del comprometido”.
Explicaron que, como organizaciones de la sociedad civil en la región, han previsto enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde le harán un llamado “a solicitar información a los gobiernos acerca de las expulsiones y sobre los recursos jurídicos que tiene esta población con riesgo en expulsión en Estados Unidos y México”. Además, le requerirán que “se pronuncie contra las violaciones a derechos que representan las devoluciones en cadena de personas que buscan protección”.
Finalmente, todas estas organizaciones recuerdan que en más de una ocasión han “insistido en que las expulsiones en cadena bajo Título 42 son una estrategia cruel de los gobiernos de EUA y México para contener la migración”, la cual, en sus palabras “está destinada al fracaso” pues significa una suma de violación a diversos derechos humanos nacionales e internacionales.
“Es tiempo de romper el patrón de estas respuestas a la migración. Es urgente un sistema que responda a las necesidades de protección de las personas. Estados Unidos y México tienen la oportunidad de gestionar la migración de manera diferente, con respuestas humanitarias, reconociendo los derechos de las familias, mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes que buscan protección internacional porque no tienen más opciones” concluyeron.
