Por “tráileres de la muerte” vinculan a proceso a ex funcionarios del IJCF, la justicia no toca a ex fiscales

A tres años de que se descubriera el uso de dos contenedores frigoríficos para el confinamiento de, por lo menos, 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas; se vinculó a proceso a dos ex funcionarios del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero y Eduarto Mota Fonseca, quienes en ese momento fungían como director del IJCF y director del Servicio Médico Forense.

Ambos funcionarios fueron vinculados por el delito de abuso de autoridad en agravio de las víctimas y la sociedad; el proceso podrán llevarlo en libertad. A la fecha ninguno de los fiscales generales y centrales que avalaron la decisión han sido sancionados.

Por Darwin Franco / @DarwinFranco

El 2 de enero de 2017, autoridades de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ratificaron y oficializaron la decisión que habían tomado meses atrás debido a la saturación de los Servicios Médicos Forenses: confinar todos aquellos cuerpos de personas fallecidas no identificadas que no tuvieran cabida en las instalaciones en contenedores frigoríficos.

Quienes firmaron el denominado el “Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres fueron el ex Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez (hoy regidor); la ex Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos; el ex director del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal (hoy vinculado a proceso); y José Salvador López Jiménez, ex director general de Coordinación Jurídica y de Control Interno del Gobierno de Jalisco.

Copia del Convenio que avaló el uso de los contenedores frigoríficos.

Sin embargo, la decisión también había sido avalada por el ex Secretario de Gobierno, Roberto López Lara; así como por el ex Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, pues ambos aprobaron que, desde mediadios de 2016, el primero de los contenedores arribara al instituto forense para colocar en su interior más de 200 cuerpos que, en ese momento, estaban apilados dentro de un cuarto que “se acondicionó” ante la saturación de la morgue.

A partir de esa fecha, como precisa la investigación “Jalisco: la verdad de los tráileres de la muerte”, ese primer contenedor almacenó más de 500 cuerpos; sin embargo, diversas diferencias entre Cotero Bernal y su jefe directo, Roberto López Lara, ocasionaron que el entonces director del IJCF, se negara a seguir manteniendo dicho contenedor en sus instalaciones, pues la responsabilidad sobre la tenencia y resguardo de los cuerpos, era de la Fiscalía, no del instituto forense.

Incluso, Cotero Bernal recriminó a sus superiores el abandono de los cuerpos y la falta de de interés en solucionar la saturación del SEMEFO; también les echó en cara que no le apoyaran en la búsqueda de su hija, Indira Alma, de 37 años, abogada y dedicada al negocio de bienes inmuebles, quien fue desaparecida tras acudir a una cita en la que debía mostrar una propiedad, el 9 de julio de 2018.

Ante los reclamos de Cotero, la respuesta de la Fiscalía fue llevarse ese primer contenedor para introducir uno nuevo porque la saturación, producto de la violencia, seguía manteniendo en jaque al SEMEFO.

Así fue como ese primer tráiler con 273 cuerpos de personas fallecidas salió del IJCF para deambular durante 17 días hasta su localización -tras 18 horas de abandono– en un lote baldío en Tlajomulco de Zúñiga, el 17 de septiembre de 2018.

Tras conocerse el escándalo, se supo que no era uno sino dos los contenedores que se usaron para el almacenaje irregular y sin control de los cuerpos de personas fallecidas no identificadas. El segundo contenedor tenía en su interior, 49 cuerpos.

En total, se contabilizaron 322 cuerpos de personas fallecidas no identificadas dentro de ambos contenedores. Todos ellos en condiciones deplorables que aceleraron su descomposición y con registros poco fiables para su vinculación con las carpetas de identificación forenses que se “les hicieron” a su llegada al SEMEFO.

Imagen de ambos contenedores frigoríficos dentro de las instalaciones del IJCF.

Este hecho representa uno de los paisajes más terribles de la crisis forense de Jalisco, pero no fue hasta septiembre de 2019, un año después de que estallara la noticia de “los tráileres de la muerte”, que se abrieron cinco investigaciones en la Fiscalía Anticorrupción y una, en la Contraloría del Estado de Jalisco.

La primera funcionaria pública en ser sancionada fue Yolanda Salomé Santiago, Coordinadora General de Administración y Profesionalización de la Fiscalía, a ella se le sancionó por irregularidades en los pagos por el arrendamiento y mantenimiento de los contenedores.

En entrevista con Radar Origen, el fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, informó que a esta funcionaria ya se le dictó sentencia a un año y cuatro meses de prisión, así como la inhabilitación del servicio público por seis años; no obstante, dicha sentencia aún no causa estado, razón por la cual la señalada podría apelar.

Tres años después, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, determinó vincular a proceso a los exfuncionarios Luis Octavio Cotero, ex director del IJCF, y a Eduardo Mota Fonseca, ex director del SEMEFO; a ambos se les acusa de haber cometido el delito de abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de las víctimas.

Su castigo, en tanto se concluyen las investigaciones complementarias, será presentarse cada 15 días ante un juez a firmar, esto para seguir manteniendo su proceso en libertad; así mismo se les prohibió salir del estado durante un año.

Ambos casos que fueron presentados por un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; instancia a la que los ahora vinculados a proceso señalan de haber cometido diversas irregularidades en el desahogo de las pruebas.

De manera específica, Cotero Bernal, acusó al Fiscal Anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, de estar haciendo “una cacería política en su contra”, pues la Ley Orgánica de la Fiscalía como la del IJCF, así como el convenio que se firmó avalando el uso de los contendores frigoríficos señala claramente que “la custodia y el reguardo de los cadáveres es de la Fiscalía”.

Esto, al menos, fue el argumento que ambos ex funcionarios del IJCF utilizaron en su defensa; aunado al de que ambos sólo recibieron órdenes provenientes de sus superiores: Luis Octavio Cotero Bernal de Roberto López Lara y Maricela Gómez Cobos; en tanto que Eduardo Mota Fonseca, sólo acató las indicaciones que recibió de Cotero Bernal.

El artículo 146 de la Constitución Política del Estado de Jalisco señala que comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público que “ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del Estado”.

Por tanto, las sanción a la que pueden ser acreedores a pasar de uno a cinco años de prisión.

Un elemento importante a señalar es que otros delitos contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales no fueron tomadas en cuenta por la Fiscalía Anticorrupción; específicamente, aquellos que se precisan en el Artículo 280 Bis: “Se impondrá pena de cinco a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcial el cadáver o restos humanos de una persona no identificada, sin autorización de las autoridades competentes en la materia”.

Así mismo en los procesos judiciales no se habló sobre el derecho a la verdad y a la no repetición. Ambos claves para saber qué fue lo que pasó, quién tomó dicha decisión y por qué las cosas no han mejorado en materia forense en Jalisco.

Aunque los funcionarios públicos señalados por su participación en estos hechos también comparten responsabilidad, sólo el ex Fiscal, Raúl Sánchez Jiménez, está siendo investigado como parte de las otras tres carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Infografía de Omar Bobadilla de Quinto Elemento Lab.

Sobre el resto de los funcionarios que aparecen también como responsables en la recomendación 10/2019 que emitiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no existen proceso abiertos en su contra; estos funcionarios son: la ex Fiscal Central, Maricela Gómez Cobos; el ex Fiscal Regional, Fausto Mancilla Martínez; José Lino Morales Estrada, ex subdelegado de Investigación y Persecución del Delito; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, ex director de Recursos Materiales; y el ex coordinador de Administración y Profesionalización, Bernardo Arzate Rábago.

Tampoco existen procesos en contra del ex Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez y José Salvador López Jiménez, ex director general de Coordinación Jurídica y de Control Interno del Gobierno de Jalisco, quienes firmaron el Convenio que oficializó el uso de los contenedores. Ni existe nada contra el ex Secretario de Gobierno, Roberto López Lara, quien en todo momento supo de la decisión, pues el propio Cotero Bernal enviaba informes diarios de la saturación tanto del SEMEFO como del primer contenedor.

Familiares de colectivos de búsqueda manifestaron su descontento con las vinculaciones a proceso de Cotero Bernal y Mota Fonseca; primero, porque identifican que ellos no son los únicos responsables de lo ocurrido con los contenedores, pues mucha de la responsabilidad recae en la Fiscalía y a ningún funcionario de la institución se le está responsabilizando de nada; además señalaron que en el caso del ex director del SEMEFO, éste siempre fue empático y receptivo con las familias de las y los desaparecidos tanto en la atención como en la información que les daba cuando ésta era negada por parte de la Fiscalía.

El plazo de cierre de la investigación complementaria en el caso de Cotero Bernal vencerá el 19 de noviembre de este año; en tanto, la de Mota Fonseca concluirá el 16 de febrero de 2022. Hasta ahora, sólo Cotero Bernal ha anunciado que buscará un amparo con las autoridades federales, “pues ya no confía en el poder judicial de Jalisco”.

En aquel momento, la crisis forense se desató por la existencia de más de 600 cuerpos de personas fallecidas sin identificar; actualmente, son más de cinco mil los cuerpos o fragmentos de los que se encuentran bajo custodia y resguardo de la Fiscalía del Estado dentro de las instalaciones del IJCF o en gavetas individuales en una docena de panteones municipales.

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Darwin Franco
Me encanta hacer periodismo y contar con dignidad las historias de quienes confían en mi trabajo. Disfruto ser profesor y aprender de mis alumnas, alumnos y alumnes. Creo que el periodismo es una potente herramienta de paz y esperanza.

2 COMENTARIOS

  1. Como siempre muy buena nota lo felicito señor Darwin Franco Dios lo bendiga siempre… Por su buena labor e impatia sobre los demás gracias por sus buenas notas siempre esclareciendo todo

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