«Aquí parece que Dios no llegó». El crimen los desplaza, el gobierno los ignora

De izquierda a derecha, Sofía Salgado, Joaquina Cantor, Joaquina Guevara y Antonia Guevara son parte de las mujeres desplazadas del Estado de Guerrero que conforman el plantón que se mantiene desde hace un mes afuera de la Secretaría de Gobernación.

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Desde hace más de una década, miles de personas en Guerrero han sido desplazadas por la violencia de grupos criminales. Un grupo de familias pide que el gobierno federal les reconozca como víctimas y les garantice un retorno seguro a su tierra. Ahora, como años atrás, sostienen una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación en demanda de soluciones.

Texto: Alejandro Ruiz / Pie de Página

Fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- Joaquina Cantor es originaria de Tlaltempanapa, un pequeño poblado nahua del municipio de Zitlala, en Guerrero. A su lado está Joaquina Guevara, del municipio de Heliodoro Castillo.

Ambas han perdido a familiares debido a la violencia del crimen organizado en sus comunidades; algunos murieron, otros están desaparecidos.

Hoy, como miles de personas de esta región, las dos mujeres se encuentran desplazadas de su territorio.

Nos desplazamos porque llegaron unos hombres armados y hacían recorridos por las calles buscando gente. Los tiroteaban”, afirma una de ellas, mientras comienzan a relatar sus historias frente a una Secretaría de Gobernación (Segob) con las puertas cerradas.

“Aquí parece que dios no llegó”, dice un hombre que escuchaba lo que estas mujeres estaban contando.

“Seguido se oían balazos”

Antonia es pariente de Joaquina Guevara, y también es desplazada.

Comienza a narrar:

“A nosotros nos han desplazado desde 2008, llegaban grupos criminales y amenazaban a la comunidad, con armas, disparaban a las casas. Pero el gobierno nunca nos ha atendido. Todo ha ido de mal en peor”.

Joaquina Guevara continúa la historia; relata que, en 2014, ambas tuvieron que salir de su comunidad debido a la presencia de gente armada, llegaron a un poblado cercano, pero nadie las ayudó.

“Nadie nos apoyaba, y entonces en 2015 regresamos al pueblo. Seguían las balaceras y veíamos que llegaban hombres armados. A mi hijo lo mataron y después lo quemaron”, cuenta Joaquina.

“Seguido se oían balazos”, continúa la mujer con lágrimas en los ojos, “fueron noches enteras sin dormir; llegaban a disparar al pueblo. Para 2018 ya no aguantamos, pues empezaron a quemar casas; ahí fue cuando nos juntamos con los de los demás pueblos y nos fuimos a Chichihualco, en un auditorio, ahí estuvimos”.

Empero, a finales de ese año, las administraciones municipales y estatales mostraron su ineficiencia para garantizar que las personas desplazadas pudieran volver seguras a sus comunidades.

Prohibido el paso

El 16 de noviembre de 2018, funcionarios municipales y estatales sostuvieron una reunión con las personas desplazadas. Les aseguraron que había condiciones para su retorno.

En esta reunión no se firmó ninguna minuta, y a regañadientes, los asesores de derechos humanos del Centro de Derechos de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, quienes seguían el caso, acompañaron a las miles de familias que anhelaban la paz.

También iban militares y reporteros en esta caravana del retorno.

Al cruzar el poblado de Los Morros, sin embargo, una ráfaga de balazos impidió que los vehículos siguieran avanzando. Los grupos criminales estaban dispuestos a matar a cualquiera que entrara a la región de la sierra, en el municipio de Leonardo Bravo.

Este hecho motivó a que Joaquina, y cientos de personas desplazadas; en vez de regresar a Chichihualco, decidieran acampar frente al despacho del presidente a inicios del 2019.

Exigían, como ahora frente a la Segob, que el gobierno federal interviniera en el conflicto para asegurar su retorno.

Estuvieron 3 meses en la plancha del zócalo, y aunque lograron entablar un par de mesas de atención, nada cambió para estas personas.

Decidieron retornar a Chichihualco; pero ahora no iban solos, ya que en lugar de ser escoltados por militares (como lo habían solicitado al gobierno federal), ahora junto a ellos caminaban pobladores y pobladoras de Zitlala que también habían sido desplazados en 2018.

En el zócalo capitalino, Joaquina Guevara, proveniente de Heliodoro Castillo, conoció a Joaquina Cantor, de Tlaltempanapa. Se conocieron afuera de la casa del Presidente, en demanda de la seguridad que les permita volver a su tierra. Ambas regresaron juntas a Chichihualco.

Las dos huían de sus comunidades; y además de sus nombres, comparten la tragedia de vivir en un territorio disputado por bandas criminales y mineras amparadas por la corrupción de gobiernos municipales y estatales.

De fondo: narcotráfico, paramilitarismo y el oro

Tal vez la historia del desplazamiento forzado en Guerrero deba contarse desde la época de la Guerra Sucia; cuando el Estado mexicano persiguió, torturó y asesinó a campesinos, maestros y dirigentes políticos opositores.

Empero, la historia de los recientes desplazamientos hunde raíces en las dinámicas de violencia que azotan a comunidades que, dentro de sus territorios, alojan vastos minerales y recursos naturales que las empresas extractivistas pretenden explotar.

El conflicto en la sierra guerrerense escaló en 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva.

Este hecho derivó en el surgimiento de “los rojos”, una agrupación criminal que comenzó a disputar el control del territorio a La Familia Michoacana y a “los ardillos”, una banda de secuestradores que diversificó sus actividades hasta incursionar en el narcotráfico.

Todas estas agrupaciones tienen presencia en la Sierra de Guerrero, una región que además de los extensos sembradíos de Amapola, alberga entre sus caminos enormes yacimientos de oro y plata.

El estado de Guerrero se encuentra entre las cuatro entidades con mayor producción de oro a nivel nacional, compite con Sonora, Zacatecas y Chihuahua, estados que también registran altos niveles de violencia por grupos del crimen organizado.

“Son narcoparamilitares, y es claro lo que buscan: quieren desplazarnos de nuestras tierras para que perdamos la propiedad ejidal sobre ellas, y así, que entren las mineras sin ninguna oposición, pues los pueblos están quedando vacíos,” refirió un hombre desplazado que pidió se omitiera su identidad.

Y añadió que “pese a que ha corrido mucho dinero, en la sierra seguimos igual de jodidos.”

Joaquina Cantor originaria de Zitlala Guerrero, (lugar de estrellas) escribe en náhuatl, parte de su historia.

Historias cruzadas: regreso a la capital del país

Joaquina Cantor cuenta que el 3 de noviembre de 2018, ella y su familia huyeron de Tlaltempanapa debido a la violencia que los grupos criminales desataron en su comunidad.

“Salimos como a las 8 de la noche, caminamos día y noche hasta llegar a un municipio que se llama Copalillo. Ahí nos quedamos dos meses, después es cuando nos vamos a palacio de gobierno a sumarnos a las demandas de los de la sierra,” relata.

Joaquina Cantor llegó al zócalo capitalino, ahí expuso sus necesidades para el retorno. Hasta el día de hoy sigue desplazada.

“Nosotros nos desplazamos en 2018, pero ahí en mi pueblo el problema empezó desde 2015. La gente ya no vivía bien, se espantaba porque ya venían los armados que incendiaban el cerro. Toda la gente vivía encerrada, ya no salía nadie de sus casas y no se hacía ruido, porque donde escuchaban que había ruido ahí disparaban los hombres armados. Ahí es cuando salimos con todos los niños, y nos venimos caminando día y noche hasta llegar a Copalillo.”

De acuerdo con integrantes del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, son más de mil 800 personas desplazadas por el paramilitarismo en la sierra de Guerrero.

Entre ellas están Joaquina Cantor, Joaquina Guevara y Antonia Guevara; quienes desde 2018 le han exigido al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que intervenga en la zona.

La respuesta, sin embargo, no ha sido satisfactoria.

Inclusive, hechos tan simples como el reconocerles a estas personas desplazadas la calidad de víctimas no se han realizado.

Acusan que de fondo hay una falta de voluntad política e institucional, así como acciones de revictimización hacia quienes exigen se respeten sus derechos.

“Por eso estamos aquí afuera de la Segob, para exigir que se nos dé un trato digno. Pedimos que si no pueden asegurarnos el retorno, que nos reubiquen, pero ni eso. Hoy somos nada más 20 personas a las que la CEAV ha reconocido como víctimas, faltan al menos otras 115 personas, pues hay compañeros que ya mejor han migrado a otros lados porque no pueden regresar a sus comunidades, no tenemos apoyo,” denuncia Antonia Guevara.

«Nos castigaron», personas desplazadas comentan que la Secretaría de Gobernación los dejó sin agua desde hace 8 días. En la noche, otras personas que también se manifestaban a las afueras de la dependencia gubernamental, les regalaron un poco de agua después de contratar una pipa con el vital líquido.

En el limbo institucional

El 7 de abril de 2021, una comisión de las personas desplazadas volvió a la Ciudad de México para exigir que se les otorgue el reconocimiento como víctimas de desplazamiento forzado.

Ese día, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se entrevistó con la comisión de desplazados. Le exigieron el reconocimiento de su calidad de víctimas y el apoyo gubernamental para sobrellevar sus necesidades.

Le otorgaron una lista en la que venían los nombres de las víctimas de desplazamiento forzado.

“No tenemos techo, no tenemos trabajo, no tenemos qué comer, somos desplazados, por eso exigimos lo que nos toca”, reclama Antonia.

Uno de los argumentos que alega la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es que este apoyo no es de su competencia, sino que tiene que ser atendido primero por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Parece que nosotros somos los criminales. Nos niegan los apoyos, inclusive nos dicen huevones, se les olvida que nosotros estamos desplazados justo por grupos criminales que operan con impunidad en la sierra”, denuncia Antonia.

Aunque hubo una reunión con Alejandro Encinas, los acuerdos emanados de ésta no se han hecho realidad; por lo que, el pasado 22 de septiembre, las personas desplazadas de la sierra de Guerrero instalaron un plantón frente a la Segob.

Tenemos un mes aquí, y nadie nos ha visto. Hay gente que pasa y nos roba nuestra ropa, no tenemos comida, ni agua, pues la Segob nos cortó el agua hace 8 días”, acusa Joaquina Cantor.

Dentro del campamento frente a la Segob la comida comienza a faltar. Los pocos frijoles se van agotando, y están por terminarse las botellas de agua que ciudadanos solidarios han donado; pero estas personas que han perdido sus casas, a sus familias y su paz, dicen que no se irán hasta encontrar soluciones.

“Ahora que entró el nuevo gobierno de Evelyn Salgado nos han mandado decir que ya no reclamemos aquí en Segob, que vayamos allá a Guerrero para que nos resuelvan. Se les olvida que eso ya lo hicimos y nos dispararon, allá no pueden con los criminales, y parece que tampoco en el gobierno federal”, acusa un hombre que pidió el anonimato.

Y añade:

“No nos vamos a mover, nos tienen que atender, tienen que cumplir con lo que nos dijeron, reconocernos como víctimas, y si no pueden asegurar que retornemos por los pactos con los criminales, al menos tienen que reubicarnos. Pero ojo, nos tienen que respetar nuestros derechos como ejidatarios, porque de fondo, lo que está es despoblar los territorios para que trabajen las mineras.”

Hoy en el plantón, las personas desplazadas de la sierra de Guerrero piden a la ciudadanía que se sumen a sus demandas, pues aseguran que “si más gente le exige al gobierno, seguro nos hacen caso”.

“Nos pueden apoyar donándonos cosas que nos hacen falta”, agregan.

Los insumos que piden son: Agua embotellada, frijol, medicamentos, agua potable y café.

Y concluyen que “lamentablemente en este país cualquier persona puede estar en nuestra situación, por eso pedimos su solidaridad en acompañarnos y ayudarnos”.

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Este texto se publicó originalmente en Pie de Página:

«Aquí parece que Dios no llegó». El crimen los desplaza, el gobierno los ignora

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