#HastaEncontrarles
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas ha encontrado serios reclamos en contra de policías y militares, por participar o ser cómplices en las desapariciones de personas en México.
No es una acusación que deba descartarse y para demostrarlo podría revisarse el caso Sinaloa, donde la mitad de las acusaciones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos involucran a agentes del Estado
Algunos de esos agentes se encuentran prófugos de la justicia.
Por: Marcos Vizcarra y Scarlett Nordahl / #HastaEncontrarles*
El 28 de mayo me encontraba en mi trabajo. Recibí una llamada de mi hermana en la que me informó que a mi hermano lo habían levantado el día 26 de mayo alrededor de las 6:30 PM en Pollos y Carnitas El Retorno, en Costa Rica a la altura de El Campo El Diez, al parecer por un grupo de hombres vestidos de color negro y portaban armas largas y cortas, al parecer eran agentes ministeriales y portaban chalecos antibalas, mismos que bajaron a mi hermano de su carro para subirlo en una unidad de las que habían llegado, siendo unas unidades Cherokee en colores tinta, morada y negra, y una vez que lo subieron se retiraron del lugar hacia rumbo desconocido, por lo que decidimos buscarlo en diferentes corporaciones policiacas.
Además, ese día tuve conocimiento que habían levantado a otro señor y que habían sido agentes captores con insignias de la Ministerial, por tales hechos acudo a esta Comisión para que se investigue a los elementos de la Ministerial que lo detuvieron y nos digan el motivos, así como que se sancione a los mismos.
-Carta de una mujer en búsqueda de su hermano desaparecido el 26 de mayo de 2008 por policías ministeriales de Sinaloa
Esa carta se redactó dos días después de que Juan (nombre ficticio) fuera desaparecido por policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa.
La carta se hizo llegar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde se abrió un expediente con una decena de preguntas para los policías que comandó en ese tiempo Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
El policía negó todo, pero sobre él y sus agentes recayó esta y otra investigación a cargo de Dámaso Castro Saavedra, entonces agente del Ministerio Público y hoy Vicefiscal General del Estado.
15 días después Juan fue localizado en un pueblo llamado El Tanque, en Elota, al sur de Sinaloa. Fue asesinado y dejado en un terreno de terracería.
Los principales sospechosos son policías ministeriales, pero a la fecha ninguno ha sido juzgado.
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En Sinaloa, más de la mitad de los casos registrados en denuncias ante el Ministerio Público o la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa(CEDH) por desaparición de personas involucran a autoridades.
En un análisis de 338 expedientes abiertos por la CEDH, en 142 señalan a policías municipales, ministeriales, estatales o miembros del Ejército, la Marina, la Policía Federal y hasta funcionarios de la SEP.
En este Estado, donde hay 5 mil 27 personas desaparecidas y otras mil 161 fueron encontradas sin vida tras ser privadas de la libertad, solo hay un caso juzgado por desaparición forzada, aunque este permanece impugnado por los elementos que se resisten a declararse culpables.
De esos expedientes, solo 34 fueron terminados con desistimientos de las víctimas y con recomendaciones. Todos esos tienen una versión pública que se pudieron obtener a través de solicitudes de información.
Los expedientes pueden leerse y descargarse aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1iqa3QUk8815Gz_Ta86o5HHca6LDJMjAf?usp=sharing
Cada uno de los casos guarda relatos atroces, en los que mujeres y hombres contaron cómo gran parte de los responsables de esos crímenes son policías.
Es decir, hubo y hay elementos que tuvieron el cargo de proteger y ayudar a la ciudadanía, pero usaron su poder para hacer daño, uno irreparable. Es violencia a un nivel más alto, lo que el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) denominó como violencia burocrática, descrito en el libro Nadie detiene el amor (2020), la cual ocurre cuando se perpetúa el crimen desde el Estado, cuando hay criminalización de las víctimas, se descuida las investigaciones, se revictimiza y ocurre presión por las autoridades para que las familias no continúen.
Cada uno de los expedientes contienen información necesaria para comprender cómo las fuerzas del Estado han actuado.
En cada historia se describe cómo policías o militares empuñando armas, vistiendo con chalecos antibalas y capuchas usaron su fuerza para romper puertas y sacar a personas de sus casas, o para detener en la vía pública a mujeres y hombres y luego desaparecerlos.
Uno de esos casos es el de Martín (nombre ficticio), detenido el 31 de julio de 2012 por policías estatales en Navolato, un pueblo agrícola en el centro de Sinaloa:
A Martín se lo llevaron los policías estatales y lo retuvieron en la comandancia. Su madre fue a buscarlo ahí, pero le dijeron que minutos antes lo trasladaron a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Culiacán, apenas a 30 kilómetros de Navolato.
“Fue informada que su hijo efectivamente había sido llevado a esa corporación, pero que ya no se encontraba ahí, ya que fue trasladado a esta ciudad (Culiacán) para ponerlo a disposición de la Procuraduría General de la República, por lo que al día de hoy se constituyó a ese lugar, donde no ha podido ver a su hijo, solo confirmó que efectivamente ya se encontraba a disposición de esa autoridad, desconociendo el delito que se le imputa, ni las condiciones en que éste se encuentra, ya que señala que los elementos policiacos sacaron por la fuerza a su hijo de su domicilio y al parecer lo golpearon”, se informó por la Policía Estatal en un informe a la CEDH.
Días más tarde la señora pudo ver a su hijo, con las cicatrices de haber sido golpeado durante su detención. Prefirió quitar la queja y atender su caso ante la PGR.
El caso de Martín terminó con su localización con vida, pero esa suerte no la corren todas las personas. En casi todos los casos donde las policías son señalados como responsables hay razones concretas para sospechar.
Así sucedió con el caso de tres jóvenes en Los Mochis, Ahome, al norte de Sinaloa, el 21 de julio de 2015.
Los tres jóvenes fueron detenidos por la Policía Ministerial en Los Mochis, comandada por Gerardo Amarillas Gastélum, un policía que fue señalado en múltiples ocasiones con acusaciones por tortura, desapartición y asesinatos extrajudiciales. Todas esas acusaciones siguen vigentes, pese a que el policía fue asesinado el 2 de julio de 2018.
Esos tres jóvenes, según se narra en el expediente 79/2015, fueron detenidos y desaparecidos. Para corroborarlo, el padre de uno de los jóvenes insistió con amparos, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República durante un año.
En ese tiempo la Procuraduría de Justicia de Sinaloa se resistió en múltiples ocasiones a responder cada uno de los oficios enviados en los que se exigió el paradero de los tres jóvenes.
Hasta que Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, entonces director de la Policía Ministerial, aceptó que hubo una detención arbitraria y la desaparición forzada, por eso, se dijo en el documento con copia a cada dependencia involucrada, se inició una carpeta de investigación.
Sin embargo, de nada sirvió ese expediente, los policías involucrados permanecen a la fecha como prófugos de la justicia.
La insistencia de las familias es constante, no se puede dejar de lado el papel de estas en las historias sobre desapariciones forzadas.
El padre de uno de los tres jóvenes desaparecidos en 2015 es una muestra de ello. Prácticamente todos los expedientes que terminan con investigaciones abiertas contra policías permanecen de la misma manera. Solamente hay un caso en Sinaloa donde la historia es distinta.
El 10 de noviembre de 2015 tres ex policías de Ahome fueron juzgados por la desaparición forzada de Román Soto Vázquez, un joven desaparecido el 17 de noviembre de 2013.
El Juzgado Segundo de Ahome dio como sentencia 28 años 9 meses de cárcel a Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos, todos ex policías municipales de Ahome. Fue una sentencia histórica.
Sin embargo, el paradero de Román Soto Vázquez sigue pendiente, pues ninguno de los tres ex policías dio detalle sobre la desaparición de él ni de un cuarto policía de nombre Daniel, quien los habría comandado para cometer el crimen.
Rosa Elia Vázquez, madre de Román, apeló la decisión del Juez al cuestionar la ausencia de pruebas necesarias para encontrar a su hijo.
“Nosotros vamos a seguir luchando en todas las organizaciones que andamos, que lo dimos a conocer ante la Comisión Interamericana (de Derechos Humanos), vamos a seguir luchando porque yo tengo la fe bien puesta porque hay muchas personas que nos están ayudando”, dijo la madre el 15 de noviembre a este reportero.
“Yo sé que para mí es poco lo que les den, porque ellos no dicen el paradero de mi hijo, que es lo que a mí me interesa”.
Román Soto Vázquez nació en La Constancia, El Fuerte. Fue desapareció el 17 de noviembre de 2013, cuando un grupo de policías municipales de Ahome lo persiguió desde la Ciudad de Los Mochis, donde trabajaba. Los elementos se lo habrían llevado detenido en un pueblo llamado Mochicahui.
Para dar con los responsables, la madre de Román buscó testigos y grabaciones en videocámaras de gasolineras y tiendas. Así demostró ante el Ministerio Público que los policías municipales, quienes estaban a cargo del policía ministerial Gerardo Amarillas Gastélum, se llevaron a su hijo.
Al enterarse de la investigación y las pruebas, el policía que es acusado como autor intelectual huyó. Ese policía de nombre Daniel sigue prófugo de la justicia.
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En México, un país con más de 95 mil personas desaparecidas, solo se tienen 35 casos judicializados por desaparición forzada, que hablan de todo un entramado criminal, de detenciones arbitrarias, drogas, robos, asesinatos, bandas criminales, reproches contra policías, militares y elementos de tránsito, menos sobre dónde están -o estuvieron- las personas desaparecidas.
Estos informes tampoco revelan una postura mayor de parte de las fiscalías, salvo las expresiones retomadas desde las madres y esposas de las víctimas.
En cambio, hay entre todos sentencias por desaparición forzada con castigos por 3 y 4 años de prisión, consideradas por el Código Penal federal como la mínima contra un servidor público.
Con esas penas cualquier persona en México puede evitar la cárcel haciendo acuerdos de reparación de daño con los familiares.
En la mayoría de los casos las penas no sobrepasan los 9 años, a menos que se les haya acusado por más delitos.
Una investigación de Animal Político reveló que desde 2011 a 2021 la Fiscalía General de la República ha atraído al menos 300 casos de desaparición forzada, pero menos del 5 por ciento terminaron con sentencia condenatoria.
Cabe señalar que ninguna de esas sentencias describe la situación de Sinaloa, sin embargo, las 34 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos describen una situación similar a falta de castigos de parte de la Fiscalía General del Estado.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en México, dijo el 30 de agosto de 2021 que el problema radica en el sistema judicial.
“Basta ver las cifras de impunidad con el 98 por ciento”, señaló el funcionario en una conferencia a la que asistieron miembros del Comité de Derechos Humanos de la ONU y de la relatoría para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, cuyo reto es mayúsculo: regresar el nombre a los miles de cuerpos sin identificar que hay en México.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado su preocupación por el nivel de impunidad en este tipo de casos.
Ambos organismos establecen que las pocas sentencias en México, un país en donde son desaparecidas 23 personas en promedio diariamente, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, no abonan en la reconstrucción de las historia de las víctimas. Aún hay mujeres y hombres que pese haber llegado ante los jueces y visto cómo los perpetradores quedaron tras las rejas, siguen desconsoladas por la ausencia de sus familiares.
Las sentencias que se tienen alcanza para conocer apenas una parte de la crisis humanitaria sobre desapariciones en México. Todavía falta resolver centenas de denuncias en contra de policías para resolver otra parte de la historia.
Entre esas denuncias se encuentran historias de omisiones policiales, maltrato a las víctimas con acusaciones, haciéndoles creer que ellas son parte de esos males. Son tratadas como criminales.
Ese trato, quizás, es la forma más cercana a reconocer que las policías están inmiscuidas en las desapariciones, un mensaje oculto leído por quienes buscan la verdad, ha dicho Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte, un colectivo en el norte de Sinaloa que aglutina a más de 500 familias de esta región agrícola.
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Tú sabes que no me dieron a Roberto completo. Es más, ni me lo dieron, yo lo encontré.
Era el tercer aniversario de su desaparición y yo estaba segura que lo iba a encontrar, era una corazonada que no me dejaba.
A mí ya me habían dicho que en un cerro de Ocolome podía encontrar restos y no había ido, pero ese lugar me llamaba.
Ese día agarré la camioneta porque yo no estaba a gusto, fui a ese cerro y me encontré al dueño de pura casualidad. Le dijimos que estábamos buscando restos y solito nos empezó a contar de unos huesos cerca del arroyo.
El hombre se soltó diciendo que tres años antes vio el cuerpo de un muchacho ya todo descompuesto y que le habló a la policía, que ya que fueron nomás se hicieron pendejos.
Esos cabrones no se lo llevaron, lo fueron a dejar en otro lado y medio lo sepultaron.
El dueño de esas tierras lo volvió a ver pero ya no habló a la policía y dijo que pensaba en buscar a las Rastreadoras. Yo no le dije que era de las Rastreadoras ni que era mi hijo al que buscaba.
Pero no supo cómo llamarnos y mira, Dios nos tenía que juntar.
Me fui a buscar los huesos a donde dijo el hombre y ahí estaban con unas fundas y cajas de discos, como los que vendía Roberto.
Yo me emperré y empecé a rascar la tierra y saqué unos restos, pero hasta ahí le paré. Yo ya estaba segura que podía ser mi hijo.
Le hablé a los de periciales ¿y sabes qué me dijeron? que ya era tarde, pero que iban a tratar de mandar a alguien.
Ahí me quedé horas esperándolos a los hijos de la chingada. ¿Tú crees que yo me iba a quedar así? agarré pedacito por pedacito y los eché en una bolsa, ahí los traía en la camioneta cargando ya noche.
No sé si tenía más coraje o impotencia, o las dos. Te imaginas si yo hubiera dejado los huesos, capaz y al otro día ya no estaban, porque eso hacen y si ya habían ido policías antes ¿tú crees que no podían moverlos otra vez?
Yo estaba segura de que podía ser Roberto.
Yo sola me los traje a que los analizaran y mira, sí era mi negro.
¿Y por qué sigues buscándolo?
Yo estoy segura que desde el cielo Roberto me dice que siga buscando, yo no me puedo rendir y dejar sola a las mujeres, porque yo sé lo que se siente.
Yo pienso que Roberto me dice desde el cielo que ¡yes! cada vez que encontramos y logramos la identificación de los cuerpos.
Y te voy a decir una cosa, yo ya estoy cansada, pero te voy a decir otra: yo no encontré completo a Roberto, solo hallé el brazo y yo necesito el cuerpo de mi hijo completo.
Yo no me puedo morir sin encontrarlo completo, que estén ahí enterrados, o en el arroyo. A lo mejor se los comieron los animales, pero no estoy segura, yo tengo que encontrarlo todo, hasta el último huesito de los dedos, ya ves que son chiquitos.
No descanso. Aunque tú me ves aquí bien, tú sabes que no es así, a veces me lleva de la chingada, pero mira (apuntó la mujer hacia la pared, donde hay una fotografía de su hijo), ahí está Roberto y yo ya le juré que lo voy a encontrar.
– Mirna Nereyda Medina Quiñónez, fundadora de Las Rastreadoras de El Fuerte
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Las desapariciones de personas son delitos cuantificables, puede compararse en cifras con datos oficiales y se observa una tendencia a la alza en todo el País.
El hijo de Mirna es uno de los 10 mil 890 casos de personas que fueron desaparecidas en Sinaloa. Entre todas ellas 5 mil 027 siguen sin ser localizadas y mil 161 fueron encontradas sin vida.
Culiacán, Mazatlán y Ahome concentran el 76 por ciento de los casos.
Una interpretación laxa de esos datos podría concluir en que las desapariciones son delitos que suplieron a los asesinatos, pero esa lectura no puede tomarse como una explicación sobre el comportamiento de la violencia.
Las personas que tienen a un familiar desaparecido viven un horror distinto, un dolor fundado en incógnitas, viven lo que expertas en Antropología y Ciencias Forenses catalogan como duelo suspendido o duelo inconcluso.
Para Ximena Antillón, Antropóloga Forense, la desaparición forzada de cualquier persona implica para sus familiares y seres queridos, entre otras cosas, un primer proceso de daño generado por la angustia y el miedo, la incertidumbre, la impotencia y la incomprensión de las razones y de la magnitud de la agresión.
“Es el llamado duelo crónico o duelo suspendido o duelo crónico, aquel que se caracteriza por una duración excesiva y porque nunca llega a una conclusión satisfactoria; al que otros autores designan como duelo imposible.
“Este proceso se traduce en una situación de estrés que se prolonga en la medida en que no se resuelve aquello que le da origen: la desaparición forzada”, señaló la Antropóloga en el Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa (2018).
La especialista refiere que no se puede comparar un asesinato con una desaparición, la cual por sí misma es un atentado a la vida y puede terminar con la muerte.
Las desapariciones de personas, explicó, dejan una huella profunda desde distintas vertientes. Son como heridas de guerra, una no elegida, que se lleva en silencio, con la transformación del cuerpo, con la enfermedad.
“Como ha sido documentado ampliamente, el estrés crónico está asociado a una amplia gama de enfermedades no solo mentales sino además orgánicas, desde autoinmunes hasta cardiovasculares y cáncer, pasando por digestivas, entre otras”, indicó Antillón.
Estos crímenes tienen singularidades, entre ellas la de falta de información sobre los perpetradores y con ello una serie de preguntas que se agrandan entre quienes buscan a personas desaparecidas: ¿Seguirá vivo? ¿Le tratarán bien? ¿Lo golpearán? ¿Comerá? ¿Tendrá frío o calor? ¿Habrá enfermado? son algunas de ellas.
Cuando a las personas desaparecidas se les encuentra sin vida, las preguntas suelen mantenerse, pero se suman más: ¿Será mi familiar? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué lo dejaron en ese lugar (fosa clandestina, la carretera, un terreno baldío)?.
Como ejemplo, se puede observar el caso de la niña Dayana Fierro Zazueta, quien el 6 de junio del 2017, cuando apenas tenía cinco años, tomó unas monedas y salió a comprar dulces en un tienda que estaba a unos metros de donde vivía en San Pedro, una comunidad agrícola del municipio de Navolato, en el centro de Sinaloa.
Un hombre que revisaba una llanta la siguió cuando regresaba a casa. Luego le tapó la boca y la subió a una camioneta. Aunque hubo testigos, nadie pudo detenerlo. Ese hombre se llama Miguel Eduardo Burgos Varela, un policía municipal que ahora mismo sigue prófugo de la justicia.
La búsqueda de la niña estuvo activa durante cuatro meses hasta que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que el 23 de octubre de ese mismo año localizaron a Dayana, pero no como se esperaba, sus restos yacían en un campo agrícola, apenas a cuatro kilómetros de distancia de donde había sido raptada.
Fidelia, abuela y segunda madre de Dayana, no está convencida de que su nieta esté muerta. La noticia de que la habían encontrado fue repentina, cuando fueron a reconocer el cadáver estaba en los huesos, no había nada de rastros que a la familia le asegurara que ese cuerpo correspondía a la niña.
“Nos habló la licenciada Rosy que fuéramos a reconocer los restos de la niña ¿Pero qué vamos a reconocer? Si no había nada, nomás los puros huesitos, que se va reconocer un huesito, o qué pruebas tiene de que haya sido ella. Yo como le digo, si la niña hubiera tenido un poquito de grasa o algo de su cuerpo, pues si la hubiéramos reconocido en su carita pero no la reconocimos, ni la vimos”, dijo.
“Yo no creo que sean esos huesos que nos dieron, eran chiquitos, la cabeza estaba chiquita y mi niña era cabezona. Me dieron una cabeza chiquita”.
La imagen de la niña es peculiar. La descripción de su abuela es como ver la última fotografía de ella: pómulos pronunciados, ojos grandes, cabello rojizo, de estatura baja entre todas las niñas de su edad y con una mirada de ternura.
Han pasado casi cuatro años de la desaparición y aunque se tiene a un supuesto culpable, un policía acusado de cometer ese y otros feminicidios en la entidad, hasta el momento la Fiscalía no se ha comunicado con Fidelia o algún familiar de la menor para brindar avances en la investigación del caso de su nieta.
“La licenciada Rosy quedó en llamar, pero ahora no contesta ni el teléfono”, señaló.
Mantiene la esperanza de que Dayana siga viva, que ella está bien y va regresar, como si nunca hubiera ido por esos dulces, siendo su nieta, su cabezona, su niña.
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Los expedientes abiertos en contra de policías y militares mantienen un nivel de impunidad casi entero. Algunos de los elementos siguen prófugos, otros más asesinados con la carga de decenas de acusaciones en sus historiales.
Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas sostienen que más allá de encontrar culpables, lo que necesitan es el paradero de sus hijos, esposos, hermanos, sobrinos o nietos.
Eso no deja por fuera que quieran conocer la verdad y se les haga justicia, y mucha de ella, han sostenido fundadoras de organizaciones como Mirna Nereyda Medina Quiñónez y María Isabel Cruz Bernal, deberá contarse con investigaciones y sentencias contra los responsables, incluyendo a aquellos que debieron prevenir esos crímenes catalogados como de lesa humanidad.
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Este trabajo se realizó gracias a Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el Fondo Resiliencia, el Taller de Gráfica Popular Juan Panadero, el Center for U.S.-Mexican Studies de la Universidad de California en San Diego, Mente Interactiva y Revista ESPEJO.
*Marcos Vizcarra (@marcosvizcarra) es reportero sinaloense especializado en cobertura de derechos humanos. Integrante de los proyectos Hasta Encontrarles y A dónde van los desaparecidos. Escribe en Revista Espejo y en el diario Reforma. Scarlett Nordahl (@ScarlettNrdhl) es periodista sinaloense, colaboradora de Revista Espejo y el proyecto Hasta Encontrarles.
