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Durante el año 2021 en el estado de Puebla cada 10 horas una mujer denunciaba una violación sexual. Los delitos sexuales crecieron en el estado luego del bajón del primer año de la pandemia
Texto: Ernesto Aroche Aguilar y Aranzazú Ayala Martínez / Lado B
Foto: Ekrulila | Pexels
Al filo del cierre del 2021, la violencia y los delitos sexuales repuntaron en Puebla después del bajón estadístico que significó el primer año de pandemia.
De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el periodo enero-noviembre del 2021 se registró en Puebla una denuncia de violación, en cualquiera de sus dos modalidades (simple o equiparada), cada 10 diez horas.
Y registra un crecimiento del 24 por ciento con respecto de los datos que el SNSP recopiló para el mismo periodo del 2020, el primer año pandémico.
Este no es el único crecimiento en el número de denuncias reportado. De acuerdo con la estadística acumulada de los delitos de agresión, acoso y hostigamiento sexual, estos también repuntaron 15 por ciento en el comparativo anual.
Y aunque la estadística hasta el mes de noviembre revela un descenso en las denuncias por feminicidios al pasar de 50 a 33, esto no evitó que la capital poblana haya sido incluida en el top diez de ciudades con más casos en todo el país, con 11 carpetas de investigación abiertas por dicho delito.
860 violaciones
Los datos que el SNSP recopila de la Fiscalía General del Estado muestran que la tendencia en el repunte del delito de violación se mantiene al alza, luego del descenso que significó en ese delito el primer año de la pandemia y su periodo de confinamiento.
Hasta noviembre de 2021, el dato más actualizado por el momento, Puebla registró un total de 860 denuncias por violación, de las cuales 462 son violación simple y 398 en la modalidad de equiparada.
Un delito que de acuerdo con el Código Penal del estado, art 272, se aplica en casos cópula con personas privadas de razón o de sentido; con menores de 14 años; y/o La introducción en una persona, por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto al miembro viril, usando violencia física o moral. Y esta modalidad es, de hecho, la que más se ha denunciado en el último año.
Una cifra prácticamente similar a la que se registró en el mismo periodo de 2019, cuando el SNSP documentó 861 denuncias en el acumulado del delito en sus dos modalidades.
Con la cifra del 2021 Puebla se ubicó como la sexta entidad con el mayor número de casos reportados sólo superado por Estado de México (2 mil 536), Ciudad de México (2 mil 38), Nuevo León (mil 283), Chihuahua (mil 253) y Baja California (870).
Más acoso, abuso y hostigamiento sexual
A pesar del discurso de las autoridades sobre la atención a violencias sexuales que impactan especialmente en mujeres, los delitos siguen al alza.
Los datos del SNSP muestran que hasta noviembre pasado, el 2021 ha sido el año con el mayor número de denuncias por agresiones de índole sexual.
Si incluimos el delito de violación la suma total de casos es de mil 937, esto es una denuncia cada cinco horas; si limitamos la cifra a los datos de acoso, abuso y hostigamiento sexual la cifra baja a mil 77 casos o lo que es lo mismo una denuncia cada 8 horas.
Las cifras del 2021 incluyen los 124 casos denunciados en marzo, la segunda cifra más alta registrada desde enero de 2015 a la fecha; solo superada por los 125 casos que se reportaron en febrero del 2021, justo antes de entrar al confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19.
En una década, sólo 16 sentencias por feminicidio.
Desde que el delito de feminicidio en Puebla fue tipificado en 2013 y hasta el 6 de octubre de 2021, se han emitido 16 sentencias firmes por este ilícito, lo que significa apenas el 7.4 por ciento del total (215) de casos reconocidos por la Fiscalía General del Estado (FGE), de acuerdo con cifras del Poder Judicial del Estado de Puebla obtenidas mediante una solicitud de información hecha por LADO B.
Si bien esta cifra representa un pequeño avance en comparación con el mismo porcentaje reportado hasta enero del 2021, donde solo 5.7 por ciento de los feminicidios tenía una sentencia firme, sigue estando muy lejos de representar un acceso a la justicia efectivo.
Además, hay muchos casos en que el delito es reclasificado o el juicio se encuentra en proceso de apelación.
El lento acceso a la justicia tiene varias explicaciones; de acuerdo con especialistas entrevistadas previamente por LADO B como Yuteita Valeria Hoyos Ramos, integrante de la Red de Abogadas Feministas de Puebla, y Esmeralda Lexcieur, abogada de la familia de Tania Verónica Luna, quien fue asesinada el 28 de septiembre de 2016, un gran problema es la falta de capacitación a Ministerios Públicos y abogados y abogadas para poder acreditar las agravantes de género y comprobar así el feminicidio.
Fiscalía y Tribunal, con pendientes en perspectiva de género
Roberto Rosete, de la clínica jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (Idhie) de la Ibero Puebla, dijo en entrevista que desde el punto de vista técnico hay más apelaciones en materia penal porque estos delitos, como todo tipo de homicidios, pueden apelarse hasta ocho años después de haberse emitido una sentencia condenatoria, de acuerdo con la Ley de Amparo, lo que podría explicar en parte el escaso número de sentencias firmes.
“También (las pocas sentencias) tiene que ver con la falta de voluntad para emitir sentencias y de perspectiva de género en el análisis de los hechos, la valoración de las pruebas, y del contexto en que se dio la violencia feminicida en estos casos”, dijo Rosete.
El académico agregó que en la mayoría de los casos no se está cumpliendo con el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para la investigación de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, publicado desde finales de 2019 y emitido por las autoridades judiciales de Puebla. Dicho manual sienta un precedente para investigar desde un inicio con perspectiva de género, pero las autoridades no tienen capacitaciones ni seguimiento para aplicar el mismo.
Esta lentitud y fallas en el acceso a la justicia por delitos de género ha sido señalada también por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. En noviembre de 2021 la CDH emitió la recomendación 32/2021, dirigida a la FGE, donde puntualiza que se debe dar reparación integral del daño a víctimas indirectas, o sea, familiares de las víctimas, y para que se obtenga justicia pronta.
El documento insiste en la importancia de que se aplique el Protocolo Actualizado para la Investigación del Delito de Feminicidio para la investigación de muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes, el cual, de acuerdo con abogadas y familiares de víctimas de feminicidio, no se aplica correctamente y en ocasiones ni siquiera es utilizado, lo que hace que muchos casos ni siquiera se reconozcan como feminicidios, entre otras fallas.
Si bien la CDH no ha sido muy proactiva en cuanto al acompañamiento a víctimas, en la recomendación destaca que la FGE debe “considerar la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que toda muerte violenta de mujeres debe iniciarse como feminicidio”, esto porque muchas veces se intenta dar “carpetazo” al clasificar algunas muertes como suicidios, para no investigarlas de entrada como feminicidios.
Así, tanto el Tribunal como la Fiscalía tienen pendientes para verdaderamente hacer justicia a las víctimas de feminicidio, en una entidad que está desde hace al menos tres años entre los primeros diez lugares nacionales por el alarmante número de feminicidios.
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Este trabajo fue realizado por Lado B, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí y aquí puedes consultar el original.
