Poner el cuerpo, resistir a la indolencia: colectivo Hasta Encontrarte en Guanajuato presenta su primer informe

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#HastaEncontrarles

El informe Desaparecer en Guanajuato: un camino de lucha y resistencia, del colectivo Hasta Encontrarte presenta una radiografía sobre el contexto generalizado del delito de desaparición y la extrema violencia e impunidad en el que las y los familiares buscan a sus seres queridos.

Por Samantha Anaya/@Sam_An16    

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México existen más de 97 mil personas que permanecen desaparecidas o no localizadas, de éstas, el 17% fueron desaparecidas en Guanajuato (2 mil 646).

La curva en el número de personas desaparecidas comienza a aumentar a partir de los años 2006 y 2007, periodo en el que el gobierno federal, a cargo de Felipe Calderón Hinojosa, dio inicio a la llamada “Guerra contra las drogas”; misma que no sólo fue un intento fallido para poner fin a las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado  en el país, sino que también detonó el alza de los homicidios, feminicidios y desapariciones de forma exponencial. 

El informe  Desaparecer en Guanajuato: un camino de lucha y resistencia del colectivo Hasta Encontrarte, muestra que el estado fue absorbido por la espiral de violencia con un incremento alarmante en estos delitos desde esta época reciente. 

Según los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato pasó de una tasa de 16.81 víctimas registradas en las carpetas de investigación de homicidio por cada 100 mil habitantes en el año 2015, a 74.75 en 2020. Para el delito de desaparición se observa una tendencia similar, pues el 81% de las carpetas de investigación en el estado se registran a partir de 2017.

El mayor índice de desapariciones se localiza en los municipios del centro del estado de Guanajuato: el municipio con la tasa más alta de personas desaparecidas es Celaya, con 394 registros de desaparición por cada 100 mil personas; siguiéndolo está Irapuato, con 360 por cada 100 mil habitantes; en tercer lugar está Guanajuato con una tasa de 335 por cada 100 mil personas; le sigue Salamanca, con una tasa de 290 por cada 100 mil habitante; y en quinto lugar está San Miguel de Allende, con 288 desapariciones por cada 100 mil personas.

Según datos del RNPDNO, del 1 de enero del 2000 al 26 de enero de 2022 fueron registradas como desaparecidas, no localizadas y localizadas un total de 2 mil 646 personas en Guanajuato. La mayoría de ellas son mujeres (73.1%), mientras que, el 18.2% corresponde a hombres y el 8.7% es indeterminado. 

Del 2018 al 2020, advierte este informe, por lo menos, el 97% de los hombres registrados como desaparecidos aún no han sido localizados. En el caso de las mujeres, por lo menos, el 93% de las que han sido reportadas como desaparecidas, en los mismos años, todavía no han regresado a sus hogares.

Por otra parte, el documento señala que la edad y el sexo de las víctimas de desaparición son factores relevantes e importantes al momento del análisis de este delito, ya que, de las personas que aún no se localizan, la mayoría corresponde a hombres entre los 10 y los 39 años. En cambio, entre las personas localizadas con vida destacan las niñas y adolescentes de 10 a 19 años, lo que obedece muchas veces a temas familiares, incluida la violencia intrafamiliar y doméstica, violencias que, a su vez, engloba otros tipos de violencia. De las personas localizadas sin vida, los hombres de 30 a 39 años son los que sobresalen entre los registros. 

Por ello, las familias hacen énfasis en la relevancia de desarrollar investigaciones y acciones desde una perspectiva de derechos de las niñas, niños y adolescentes de género para la localización de las personas desaparecidas. 

Revictimización y deficiencias en las investigaciones

Las madres buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte y autoras de este informe, documentaron las prácticas que han limitado sus procesos de búsqueda, entre éstas se describen actos y discursos revictimizantes que ejercen los agentes del Ministerio Público cuando las familias acuden a interponer sus denuncias. 

“Seguro en algo andaba”; “tal vez ella se fue con el novio” son algunos de los comentarios reiterados. Incluso, advierten, se les ha ordenado que realicen las investigaciones por su cuenta: “esto viola nuestros derechos de acceso a la justicia, a la protección judicial y a obtener una reparación justa”, se señala en el informe de Hasta Encontrarte.

En virtud de lo anterior, se exponen los principales hallazgos en la revisión de sus investigaciones y las deficiencias que fueron identificadas. De las 25 carpetas de investigación revisadas, en ninguna se encontró un plan de investigación o hipótesis que indique una línea clara para ordenar y guiar las acciones de investigación inicial de los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares, con el fin de conocer su paradero y saber los motivos, tal y como se establece en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

Asimismo, todas las carpetas de investigación revisadas contienen la declaración inicial y en varios casos se halló ampliaciones de la declaración. Para los testimoniales, todas las carpetas de investigación revisadas cuentan con al menos una declaración de testigos. Sin embargo, en varios casos las familias han solicitado que se cite a declarar a personas relacionadas con la investigación sin que eso suceda; por el contrario, aún cuando acuden personas a testificar, no se sigue una línea de investigación clara, no se realizan preguntas adecuadas para obtener información, ni se revisa con un análisis de contexto que permita obtener patrones comunes, formas de actuación de los grupos o dinámicas de la desaparición.

De acuerdo con la revisión de las familias, las autoridades también fallan en las acciones que, idealmente, deben ejecutar durante las primeras horas de la desaparición. Si bien, no todas las personas llevaban consigo un celular al momento de que sucede el delito, en ninguna de las 25 carpetas de investigación, que fueron revisadas para la elaboración del informe, se encontraba identificada la geolocalización de la persona. 

Asimismo, las sábanas de llamadas son un elemento esencial en la investigación, pues permiten conocer, con base en los registros telefónicos, las últimas ubicaciones o actividades telefónicas de la persona desaparecida, o, en su caso, generar redes de vínculos respecto de los posibles responsables. Sin embargo, únicamente se requirió en 4 de las 25 carpetas de investigación revisadas. 

Otra de las primeras diligencias es la solicitud de revisión de cámaras de video vigilancia tanto de los sistemas municipal y estatal de cómputo y comunicación, así como de servicios privados. El informe asegura que en sólo seis carpetas se encontraron solicitudes de dichas grabaciones. 

Por otro lado, aunque los oficios de colaboración con otras instituciones o estados aparecen con mayor recurrencia en las carpetas de investigación, las integrantes del colectivo enfatizan con preocupación que estos documentos no significan que se siga un plan de investigación con una hipótesis detallada en el que se analice el contexto en el que se han dado los hechos y su relación con otras entidades. Y es que, aseguran que ninguno de estos casos es aislado y pueden existir patrones que no han sido tomados en cuenta. Tomar en cuenta esto, podría llevar a encontrar a la persona y/o perpetradores. 

Por último, para las diligencias de identificación, todas las carpetas cuentan con una toma de muestra biológica de ADN, pero no en todas se incluye el dictamen del perfil genético.

Localización, notificación y restitución digna

De acuerdo con el Protocolo Homologado de Búsqueda (PHB), en caso de que sean encontrados los restos o el cuerpo sin vida de una persona cuya desaparición fue denunciada, se debe elaborar un informe de localización, en el que se explique a la familia el proceso del hallazgo e identificación. A su vez, la notificación debe realizarse por un equipo interdisciplinario e incluir a un asesor jurídico y una persona especialista en psicología, así como personal pericial que haya intervenido en la identificación. Posterior a la notificación, se debe informar a la familia sus derechos como víctima indirecta en el caso de que la persona localizada haya sido víctima de algún delito.

Sin embargo, los procesos que se siguen en la realidad no son como los que se marcan en el PHB. La falta de información periódica con respecto a los hallazgos de fosas clandestinas, los planes de exhumación con los que cuenta la Fiscalía, así como las líneas de investigación bajo un análisis de contexto que se desprenden del hallazgo de dichas fosas, suele reservarse y tratarse de forma opaca por parte de la Fiscalía. Aunado a ello, esta información no es accesible para las familias, por lo que es difícil conocer y tener certeza del trabajo que se realiza para el proceso de identificación.

Por el amor de una madre: búsquedas independientes

Las autoras, madres y buscadoras reconocen que ni la crisis sanitaria interfiere con la búsqueda de sus seres queridos.  

En ese sentido, expresan que en un contexto con ineficientes políticas públicas en materia de seguridad y la militarización del Estado mexicano, ellas han decidido salir a realizar búsquedas independientes, así como por la “falta de confianza en la Comisión estatal de Búsqueda, creada en julio de 2020”:

“Aunque sabemos de la falta de recursos humanos, económicos y personal especializado, su hermetismo en las búsquedas y horarios restringidos muchas veces no nos deja avanzar”.

Desde el 10 de julio de 2021 al 21 de enero de 2022, las integrantes del colectivo han realizado 25 búsquedas independientes en todo el estado de Guanajuato. Con estas acciones, aseguran, evitan una “doble desaparición”, pues cada que la Fiscalía General del Estado hace un hallazgo, “surge la duda si se da información real y oportuna a las familias”. 

En cuanto a las búsquedas en vida, precisan que, difícilmente se integran a los planes de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda, y tampoco se aplica la búsqueda diferenciada, como lo marcan los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas. 

“Nosotras hemos acompañado casos a partir de mensajes en nuestras redes sociales con resultados positivos. Sin embargo, sabemos que las primeras horas de la desaparición de una persona son fundamentales para su localización con vida. Esa urgencia muchas veces no llega, o llega después de horas que son vitales para encontrar a las personas”.

Nula garantía de seguridad para quienes buscan a sus seres queridos

El informe también da cuenta de que tres de las integrantes del colectivo son beneficiarias del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo), cuya protección recae en un botón de pánico, el cual han visto que no funciona, pues cuentan con testimonios sobre que dicho botón se activó en diversas ocasiones y distintas fechas y no regresaron la llamada. Al salir de la ciudad de residencia de las beneficiarias, se intentó avisar vía el botón de pánico y no hubo respuesta. 

Para ejemplo, se tiene registro del riesgo que vivió una de las integrantes del colectivo el 24 de julio de 2021 cerca del municipio de Cuerámaro. Después del hallazgo de una persona, tuvo que esperar por más de 3 horas a personal de la Fiscalía, quienes a pesar de sus promesas de que estarían en el lugar en cualquier momento, no llegaron. Mientras que el Mecanismo se limitó a pedir policía municipal en municipios aledaños con contestaciones que no era su competencia.

Aunado a ello, al menos 14 personas del colectivo manifiestan haber recibido algún tipo de amenaza por la labor de búsqueda de sus familiares. 

“La vida de nuestra compañera estuvo en riesgo esa noche. Entre la negligencia del Mecanismo y las autoridades de la Fiscalía, entre otras, pudo terminar en una historia de terror que se pudo prevenir. A la par, se han hecho denuncias en la Fiscalía por amenazas, todas por buscar a nuestros seres queridos”. 

A la fecha en la que se elaboró y publicó el informe, se menciona que seguían en espera de una reunión con el Consejo Ciudadano de Búsqueda y la Unidad estatal de Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reunión prometida por la Secretaría de Gobierno del estado, como respuesta a la situación de riesgo de asesinato que vivió la integrante del colectivo.

Aún con los múltiples riesgos a los que se enfrentan y las decenas de fallas por parte de las autoridades, las integrantes de Hasta Encontrarte exponen que “ante la indolencia, se debe poner el cuerpo”. Aún así, es responsabilidad del Estado mexicano, primero, garantizar que sus seres queridos vuelvan sanos y salvos a casa; y, segundo, proteger a las familias que se adentran en la búsqueda de sus familiares.

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Si deseas leer este Informe de manera íntegra podrás hacerlo en este link:

https://drive.google.com/file/d/1jHBAWEVCexO6KdP_Tts6diuxpkAR29nn/view 

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