“En Jalisco ni la policía, ni el Estado nos cuida”: entre 2021 y 2022, 11 periodistas y personas defensoras han recibido ataques

En 2021 fueron presentadas 10 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas en contra de periodistas y personas defensoras en Jalisco. Un caso más fue registrado en lo que va de 2022. Las agresiones y ataques sucedieron en Guadalajara, Tonalá, Cuautitlán, Zapopan, Villa Guerrero, Mezquitic, Ocotlán y Tlaquepaque.

Frente al continuum de ataques y violencias, preocupa a las organizaciones de la sociedad civil en el estado la implementación y puesta en marcha de un mecanismo local de protección, pues pese a que en 2016 fue publicada la Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Jalisco, esta no ha conseguido garantizar su seguridad y vida. En su mayoría, las víctimas de estas agresiones han tenido que recurrir al Mecanismo de Protección Federal, el cual también presenta deficiencias.

“Así como la policía no nos cuida, el Estado a las y los periodistas no nos cuida, no nos ha protegido, y nunca lo va a hacer; así que tenemos que organizarnos nosotros para cuidarnos y exigir mejores condiciones laborales y de seguridad, porque si no nos van a seguir matando, y sin que exista ningún castigo”, afirmó Fernanda Hernández Orozco, integrante de la Asamblea Tenemos que hablar de los trabajadores de medios de comunicación en México en entrevista para ZonaDocs.

Por Samantha Anaya/@Sam_An16

El titular de la Unidad de Derechos Humanos y también responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, estima que de diciembre de 2018 al 26 de enero de 2022 se contabilizaron oficialmente 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos en todo México.

En el caso de Jalisco, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), en 2021 fueron denunciados cinco casos de agresiones y/o amenazas contra periodistas, y seis más contra personas defensoras. Estas agresiones fueron cometidas, mayormente, en el Área Metropolitano de Guadalajara y en los municipios de Buenos Aires, Mezcala y Ocotlán. En lo que va del 2022 ya ha sido registrado un caso más.

Tan solo durante el primer trimestre de 2022 en México han sido asesinados ocho periodistas.

El 10 de enero, el periodista José Luis Gamboa Arenas (director del portal Inforegio), fue atacado a puñaladas durante un presunto asalto, en la colonia Floresta en el estado de Veracruz. Su trabajo se centraba en temas sobre inseguridad.

Una semana más tarde, afuera de su domicilio, en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, Baja California, fue asesinado Margarito Esquivel Martínez. Esquivel era fotoperiodista en el semanario Zeta y de Grupo Cadena, en donde se encargaba de cubrir, principalmente, información policiaca.

Siete días después del asesinato de Margarito Esquivel, en la misma ciudad fue asesinada la periodista Lourdes Maldonado cerca de su domicilio en el fraccionamiento Santa Fe. En 2019 Lourdes pidió al presidente, Andrés Manuel López Obrador, protección en una de sus conferencias matutinas, pues previamente ya había recibido varias amenazas.

Como una forma de exigir una alto a la violencia contra los y las periodistas en el país y para exigir justicia por Lourdes, Margarito y José Luis, el 22 de enero cientos de periodistas llevaron a cabo protestas en diferentes puntos del país. Sin embargo, la violencia contra las y los periodistas no se detuvo.

Nueve días después de las manifestaciones y exigencias de justicia, el 31 de enero fue asesinado Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán.

El 10 de febrero, en la colonia El Espinal, en Oaxaca, el periodista Heber López fue asesinado. Era director del portal Noticias Web, medio en el que se tocaban temas de corrupción e inseguridad.

Pocos días después, el 24 de febrero, Jorge Camero Zazueta, director del portal El Informativo, fue asesinado dentro de un gimnasio tras recibir tres disparos.

En los primeros días de marzo el periodista Juan Carlos Muñiz fue asesinado mientras realizaba su otro trabajo como chofer de taxi, en el fraccionamiento Los Olivos, en el estado de Zacatecas.

El octavo periodista que fue asesinado en estos primeros meses de 2022 fue Armando Linares, el 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán. Armando era socio del Monitor Michoacán, y tras el asesinato de Roberto Toledo denunció que las amenazas en otra del medio fueron en aumento. Sin embargo, su denuncia fue ignorada.

Frente a este brutal escenario de violencia contra la prensa en México, la periodista e integrante de la Asamblea Tenemos que hablar de los trabajadores de los medios de comunicación en México, Fernanda Hernández Orozco, reconoce que las y los periodistas necesitan garantías de seguridad para ejercer su trabajo plena y dignamente “necesitamos la garantía de poder ejercer nuestro trabajo con seguridad”, afirma. Más aún de cara a un contexto nacional donde múltiples actores, principalmente vinculados al Estado y al crimen organizado se han convertido en los autores materiales e intelectuales de estos crímenes..

Por otro lado, ante la precariedad que experimenta el gremio de periodistas, añade que otra de las grandes necesidades es la concerniente a tener condiciones laborales dignas para poder ejercer su profesión: “tener un sueldo decente, que nos permita tener una vida digna. Tampoco es que queramos un sueldo de 8 millones, como dice el presidente“.

Lamentablemente, señala que, si bien, la violencia contra las y los periodistas ocurre en todo México, lo cierto es que en algunos estados la situación es aún más precaria y peligrosa:

“Yo estoy en la Ciudad de México, y la verdad es que quienes estamos acá trabajamos desde una posición muy privilegiada en comparación con los periodistas de otros estados, porque no vivimos esa violencia extrema, porque trabajamos para medios más grandes, con un poco más de garantías jurídicas. Aún tenemos condiciones laborales pésimas: nos pagan cotizando lo mínimos en el seguro social, si es que cotizamos, o trabajado horas extras que nunca nos van a pagar, con coberturas violentas, pero no es lo mismo a que lleguen a tu casa y te maten, tal y como pasa con los periodistas en Michoacán, Tijuana, Veracruz”.

Lo mismo ocurre dentro de Jalisco. Anna Karolina Chimiak, integrante del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), expresa que la labor periodística y de defensa de derechos humanos en Jalisco se desempeña bajo un clima de hostilidad y falta de apoyo por parte de las autoridades, así como en medio de una “notoria ausencia de apertura para recibir las propuestas o voces críticas para debatir las políticas públicas que hasta ahora han sido implementadas”.

Anna Karolina añade que, en el caso de Jalisco, el informar sobre actos de corrupción, violaciones a derechos humanos (sobre todo al hablar de desapariciones, tortura o problemas ambientales) pone en riesgo la vida de personas defesnoras y periodistas, especialmente “para quienes viven lejos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en regiones en dónde persiste con mayor frecuencia la colusión entre las autoridades y grupos del crimen organizado, y en dónde hay menos oportunidades de respaldo para ejercer con seguridad su labor”.

La CEDHJ expresa que los municipios de mayor incidencia, al hablar de violencia contra periodistas y personas defensoras, son: Guadalajara, Tonalá, Cuautitlán, Zapopan, Villa Guerrero, Mezquitic, Ocotlán y Tlaquepaque.

Por otra parte, afirma que la violencia también es diferenciada si se habla de las mujeres periodistas y las mujeres defensoras de derechos humanos. Ellas se ven particularmente afectadas por las intimidaciones y ataques con relación a su trabajo, a las cuales también se suma la violencia de género, sobre todo, a través de redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, en Jalisco las agresiones más frecuentes documentadas contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos son: actos de acoso, hostigamiento, actos de intimidación, amenazas o, incluso, la privación de la vida. Prueba de ello fue el asesinato de la abogada y defensoras ambiental Verónica Guerrero el pasado 3 de febrero de 2022 en la colonia Mirador, en Tonalá. Verónica luchaba contra el basurero del Matatlán, y su asesinato demuestra el clima de hostilidad hacia el trabajo de defensa de derechos medioambientales en Jalisco.

Desde la CEDHJ, Luís Arturo Jiménez, expone que en los 11 casos de violencia contra periodistas y personas defensoras, las agresiones que se han cometido en su contra son: detenciones ilegales, amenazas e intimidaciones.

Algunas de las muchas situaciones de riesgo a las que se enfrentan las y los periodistas en el estado suceden durante el periodo electoral, las coberturas de campaña o dentro manifestaciones sociales; en este último caso la prensa ha sido reprimida por parte de las autoridades estatales y municipales.

Sin embargo, aún cuando la violencia contra personas defensoras y periodistas es extrema, Anna Karolina detalla que “es muy difícil dimensionar la magnitud de violencia contra periodistas en Jalisco”, esto debido a que varias de las víctimas deciden no denunciar, “o viven en una situación de miedo a recibir represalias, sobre todo porque no existen las condiciones adecuadas para ejercer su labor, y también por la impunidad”.

Violencia contra personas defensoras de derechos humanos

El Comité Cerezo México estima que “el total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2021 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador es de 25 personas defensoras de derechos humanos”.

De igual manera, el Comité afirmó que dichas ejecuciones fueron cometidas como una forma de castigo por las actividades de defensa a derechos humanos que cada una y cada uno realizaba. Además, se reconoce que los perpetradores de los crímenes fueron agentes del Estado.

El Comité también expresa que siete de las 25 ejecuciones extrajudiciales se cometieron en Oaxaca; cinco en Chiapas; cuatro en Sonora; Michoacán y Guerrero registraron dos cada uno; y Veracruz, Campeche, Jalisco, Hidalgo y Colima registraron un caso por estado.

Entre las causas que defendían las y los activistas, 12 de ellas y ellos se encargaban de la defensa del territorio, cinco defendían derechos humanos relacionados a la vida digna, cuatro se dedicaban a la defensa del medio ambiente, dos velaban por los derechos humanos y uno más de ellos defendía el derecho a la libertad de expresión.

En cuanto al sexo de las víctimas, tres de ellas eran mujeres (12%), y 22 de las víctimas eran hombres (88%). Por otro lado, en nueve de estos casos (32%) las víctimas eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a una comunidad indígena.

Aún cuando la Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012, y aún cuando el gobierno federal asegura que desde 2018 ha aumentado el número de personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la violencia sigue cobrando la vida de más periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

El Mecanismo de Protección y su nula aplicación y utilidad

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es una garantía de protección a derechos humanos, el cual está a cargo de la Secretaría de Gobernación. El portal del gobierno federal señala que desde 2018 ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80%.

En 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en 2021 se aprobó un presupuesto de 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, así que en 2021 el presupuesto destinado para el Mecanismo fue de 416.6 millones de pesos.

Sin embargo, el Mecanismo de Protección no funciona. La organización ARTÍCULO 19 expone que siete periodistas han sido asesinados y asesinadas bajo la “protección” del Mecanismo federal, y cinco bajo protección estatal, entre ellas Lourdes Maldonado.

Fernanda Hernández detalla que es urgente replantear el modelo de protección que se ha manejado en México: “cuando se haga esto, las y los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos tenemos que involucrarnos, para que así este sistema de protección vaya acorde a la realidad que vivimos, para que se sepa cómo pueden protegerse mejor, para que podamos seguir ejerciendo nuestro trabajo”.

A la par, Fernanda menciona que es necesario “una acción preventiva”, es decir, “que las autoridades no lleguen cuando ya se tiene la amenaza de muerte, sino que se prevenga, que nuestra labor esté protegida“.

En ello coincide Anna Karolina, quien expresa que, en el caso de Jalisco, la Ley de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, implementadas en diciembre de 2016, está también a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), misma que debe auxiliar a la Secretaría de Gobernación para la implementación de dicha Ley.

La misma Ley señala la creación del Consejo Consultivo, el que debe estar integrado por personas expertas en defensa de derechos humanos y profesionales de la libertad de expresión. Tiene la obligación de emitir recomendaciones, dar seguimiento y evaluar la situación que atente contra los derechos humanos de personas defensoras y periodistas. Sin embargo, Anna menciona que se desconoce cuál ha sido el plan de trabajo del Consejo, así como las recomendaciones que ha emitido. “Posiblemente no se ha hecho ninguna recomendación, o al menos no han sido públicas”, remarca Anna.

Por todo ello, las y los periodistas que residen en Jalisco han tenido que recurrir al Mecanismo federal de protección, mismo que se ha mostrado rebasado en sus capacidades, tanto operativa como técnica para responder ante la situación de riesgo que enfrentan las personas beneficiarias. Esto ha generado deficiencias en los procesos de incorporación, análisis de riesgo, creación de los planes de implementación, nula perspectiva y enfoque diferenciado, es decir, no se ha tomado en cuenta factores que vulneran mayormente los derechos de ciertos usuarios y usuarias del Mecanismo.

“Los procesos dentro del mecanismo han sido ineficientes y burocráticos”, puntualiza Anna Karolina.

Además de lo anterior, en el caso de Mecanismo federal, muchos periodistas no saben cómo integrarse al Mecanismo, por lo que “hace falta un compromiso más activo en la Secretaría de Gobernación”.

Revictimización y estigma

A pesar de la notoria crisis de violencia en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el Estado mexicano niega estos casos minimizando y revictimizando a las víctimas.

El gobierno federal asegura que la muerte de un periodista es consecuencia de no haberse incorporado al Mecanismo, lo que no solo revictimiza a cada periodista asesinado, sino que “omite las obligaciones del Estado de proteger y prevenir la violencia contra la prensa”, expresa ARTÍCULO 19.

La misma organización denuncia lo que ocurrió tras los asesinatos de Armando Linares y Roberto Toledo. Uno de estos actos de revictimización fue lo mencionado por el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien expresó en su cuenta de Twitter que Roberto no era en realidad periodista.

Mientras tanto, durante la administración de Enrique Alfaro, la relación entre el gobierno estatal y la prensa ha estado marcada por el alejamiento y la desacreditación contra el periodismo crítico y contra personas defensoras de derechos humanos, sobre todo si se trata de actos de exigencia de justicia para que se cumplan las obligaciones de las autoridades. Estas descalificaciones y discursos de estigmatización se han hecho, incluso, hacia las víctimas, como lo son las y los familiares de personas desaparecidas.

Además de lo anterior, Anna expresa que las y los posibles perpetradores van desde agentes del Estado, como también grupos del crimen organizado o, incluso, las estructuras de colusión entre ambos. También se han documentado actos de agresiones y hostigamiento del personal que conforma los medios en los que laboran, especialmente, al hablar de violencia de género y hostigamiento sexual o acoso.

Por todo ello, Fernanda expresa que la ausencia del Estado es total pues, además de los actos de revictimización, desde el discurso del gobierno federal se criminaliza la labor periodística.

“Otro tema que me preocupa es la doble cara que pone el Estado: por un lado está el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, que charla con los periodistas y dice protegernos; y por el otro lado está el presidente, cada mañana, atacando a la prensa que es crítica y generalizado nuestro trabajo, diciendo que, cuando se reveló el sueldo de Carlos Loret de Mola, dijo que todos nos enriquecemos ‘levantado falsos de su gobierno’. Me parece muy peligroso este doble discurso”.

Ante este panorama, ARTÍCULO 19 sentencia que, dado que las autoridades mexicanas no hacen nada para proteger la vida e integridad de personas defensoras y periodistas, así como investigar y sancionar a quienes resulten de los delitos que se cometieron en sus contra, es urgente que el Estado adopte una política de protección integral.

Esto es urgente, ya que lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras y periodistas en México, el Estado debilita las alianzas y desconoce la relación de colaboración que se ha dado por años con instancias internacionales, tal y como lo que ocurrió después de la publicación de las recomendaciones de la Unión Europea.

Esto sucedió después de que el parlamento Europeo condenó la violencia y los ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La intervención del grupo de la Unión Europea no había publicado una resolución de urgencia sobre México desde 2014, tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

¿Qué hace falta?

Dado que el Estado mexicano hace caso omiso a la crisis de violencia en contra de periodistas y personas defensoras, Fernanda asegura que la única opción viable en esta situación es la organización de manera interna y colectiva, es decir, a través de creación de redes de apoyo entre periodistas.

“Tenemos que hablar, nos urge. Al gremio nos urge organizarnos, y tener un gremio jurídico que nos permita defender nuestros derechos laborales, y que no nos corran nada más porque se les da la gana. Esto ya está establecido en la ley del trabajo, pero ahora tenemos que entrar mecanismos para hacer valer la ley”.

Entre las soluciones que ya han sido planteadas desde hace algunos años está el crear un sindicato gremial, así como la creación de un colegio de periodistas.

“Ya que el Estado no nos cuida (y ni lo hará), entre nosotros, nos debemos organizar para cuidarnos”, concluye Fernanda.

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Samantha Anaya
Samantha Anaya
Amo pasar tiempo con mi persona favorita: mi mamá. Considero que el ser periodista implica hacer un compromiso con la verdad, la justicia, la empatía y, sobre todo, con las personas.

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