“La violencia contra la prensa en México es una tragedia sostenida y normalizada”: Artículo 19

La violencia y la impunidad que aquejan la vida de la población en México es una realidad “que está ahí, gritando a la cara de las autoridades, y mientras sigan negando estás realidades sólo se profundizará y no se revertirá”, señaló Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 en México, durante la presentación del informe Negación, el cual muestra el contexto de impunidad e indiferencia en el que periodistas y personas defensoras de derechos humanos deben ejercer su labor.

Y es que, en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas y asesinados 33 periodistas en el país; sin embargo, el presidente señala que esta cifra “no es nada”, pues, en enero y febrero pasado, fueron asesinadas 5 mil personas, de las cuales “sólo cinco eran periodistas”.

Por ello, lejos de prevenir la violencia contra la prensa en México, “la reacción institucional es ver estas agresiones como situaciones con las que hay que convivir”, agregó Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Por Samantha Anaya/@Sam_An16

“El buen periodismo y la democracia van de la mano: no puede existir el uno sin el otro, por lo que, al llegar a la violencia letal contra periodistas se pone en riesgo la información, información que el Estado tanto quiere callar y distorsionar”, mencionó la periodista Patricia Mayorca, en la presentación del informe Negación, elaborado por la organización Artículo 19.

En los últimos años, la violencia contra la prensa ha sido una constante; tan sólo, en 2021, fueron asesinados siete periodistas, y en los primeros tres meses de 2022 han sido cometidos ocho asesinados.

De esta manera, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados y asesinadas 33 periodistas en todo México; además dos periodistas más están desaparecidos.

En el informe se destaca el hecho de que, a pesar de la negación y minimización de la violencia contra periodistas por parte del gobierno federal, lo cierto es que en los últimos tres años han sido el periodo más violento contra la prensa. En contraste, se muestran los asesinatos contra periodistas durante los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto (19) y Felipe Calderón (26).

“Negar esta realidad da como resultado que no se tomen medidas urgentes para frenar esta espiral brutal de violencia”, sentenció el director de Artículo19, Leopoldo Maldonado.

En la mayoría de estos 33 casos, (por lo menos 20) fueron integrantes del crimen organizado los autores materiales del crimen. Sin embargo, también se subraya el hecho de que la cobertura periodística de las víctimas trataba temas que involucraban a grupos políticos.

Sobre otros tipos de agresiones cometidas contra periodistas, en 2021, se tiene registro de 644 casos; es decir, que se presentó una agresión contra periodistas cada 14 horas.

Asimismo, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia del país, se han cometido mil 945 ataques contra la prensa, lo cual representa 85% más que el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aunado a ello, las autoridades mexicanas han estado involucradas en, por lo menos, 274 agresiones contra periodistas (42.55%), frente a 21.31% cometidas por particulares, seguido de partidos políticos (9.18%) y delincuencia organizada (6.53%). Esto significa que las autoridades mexicanas están directamente vinculadas en 2 de cada 5 agresiones contra la prensa.

Leopoldo Maldonado de Artículo 19, en el fondo el rostro de las y los periodistas asesinados en México en los últimos años (Foto: Artículo 19).

¿Cuáles son los temas y situaciones más peligrosas para las y los periodistas?

En 2021, los temas de cobertura vinculados de manera a la violencia contra periodistas fueron la corrupción y la política, con 44.25% del total (285 agresiones); y la cobertura de seguridad y justicia, con 155 casos (24%),

De igual manera, el año pasado, ARTÍCULO 19 documentó agresiones en contextos críticos, como las 20 ocurridas durante la cobertura de temas sobre migración, perpetrados tanto por autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional como por particulares.

De la misma manera, como parte de las múltiples consecuencias de la violencia contra periodistas, la organización también señaló lo que llaman: “efecto cascada”, al que da lugar el discurso del Ejecutivo federal.

Esto porque, en al menos 46 casos, se documentó que tanto actores privados como públicos utilizaron el mismo discurso estigmatizante y criminalizante empleado en las conferencias matutinas del presidente.

Asimismo, la organización denunció un incremento de las agresiones contra la prensa, a través de distintos recursos: campañas de desprestigio (62), estigmatización por medio de la comunicación oficial (17) y criminalización (7), esto al comparar situaciones similares en años anteriores.

Desinformación y ataques gubernamentales

Leopoldo Maldonado expresó que, en 2021, se consolidaron tres tendencias de comunicación para censurar, desprestigiar y criminalizar la labor periodística: 1) la concentración de la comunicación social en el espacio de la conferencia matutina; 2) la desinformación oficial como forma de anular cualquier otro discurso que se le oponga o a sus interlocutores; y 3) la clausura de los mecanismos formales de acceso a la información establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En cuanto a las declaraciones hechas por Andrés Manuel López Obrador, la organización Verifcado reportó, por tercer año consecutivo, que 40% de los dichos verificables no son verdaderos.

Por su parte, Artículo 19 expresó en su informe que, al analizar las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República, relacionadas con 28 declaraciones del presidente, fue posible observar que en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró notoriamente incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y en un caso (3%), señaló que previamente había declarado la inexistencia de la información.

Por otro lado, también se detalló que la discrecionalidad del gasto en publicidad oficial como obstáculo para la pluralidad mediática, pues durante el actual gobierno federal, no se ha impulsado una regulación adecuada como fue prometida.

Datos preliminares demuestran que, durante 2021, la concentración de los recursos económicos se centró en un grupo privilegiado de medios de comunicación, donde, por vez primera, La Jornada ocupa el primer puesto con poco más de 181 millones de pesos, seguida de Televisa y Televisión Azteca. A estos tres medios se les asigna el 33% de la totalidad de los recursos públicos destinados a la publicidad oficial.

Este gasto, indica el Informe, ha sido una de las estrategias del gobierno federal para desestimar y desacreditar los discursos de la prensa que ha sido crítica con su administración, situación que limita el correcto ejercicio y garantía del derecho a la información.

Otra de las violencias que se dan, en contra de las y los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, es la institucional, pues las instancias gubernamentales encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos y la garantía de justicia para las víctimas: “muestran una paciencia infinita ante cada ataque, ante cada agresión, ante cada asesinato, y las consecuencias son que cada vez esto se ve más normal, y se pierden más vidas”, sentenció Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Foto: Artículo 19.

Debilitamiento institucional

La negación de la atrocidad y los ataques permanentes desde el sector público a quienes cuestionan dicha negación tiene una consecuencia principal: el debilitamiento de las instituciones.

A este debilitamiento institucional se suma la falta de recursos económicos y garantías para aquellas instancias encargadas de velar por los derechos humanos y la garantía de justicia para las víctimas de violencia.

Desde 2014, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no cuenta con presupuesto suficiente, aún cuando la Junta de Gobierno de la CEAV, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aprobó en el anteproyecto un presupuesto de 2,575 millones de pesos para el ejercicio 2022, la Cámara de Diputados aprobó 958.2 millones de pesos, es decir, 62.8% menos respecto a lo planteado en el anteproyecto.

En contraste, la rama militar ha visto incrementado por mucho su presupuesto. Para 2022, el presupuesto aprobado para la Guardia Nacional es de 62.8 mil millones de pesos, es decir, un incremento de 70% (26 mmdp) respecto a 2021. Los recursos manejados por el Ejército (Sedena, Semar) pasaron de ser sólo 18% superiores (20 mmdp) a los de los entes civiles (PGR, FGR, SSPC y Segob) en 2018, a serlo en 271% (149 mmp) para 2022.

“Esta es la apuesta de un gobierno que ve con mejores ojos a los leales militares que a las víctimas críticas y exigentes de sus derechos. La prioridad es clara para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales: mayor militarización en México, a costa de la atención a víctimas”, detalló Leopoldo Maldonado.

En cuanto a la procuración de justicia, el panorama no es mucho mejor, pues la peor consecuencia de la negación es la impunidad.

La organización ha identificado una tendencia principal que abona a la impunidad en el país: la falta de implementación de protocolos específicos para investigar delitos contra la libertad de expresión, lo que ocasiona la repetición de delitos contra periodistas.

En el caso del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la organización resiente las consecuencias del debilitamiento crónico en los planos político y operativo. Se mantiene la falta de interés de las instituciones competentes por construir una política integral, relegando sus responsabilidades a la Secretaría de Gobernación federal, como coordinadora del Mecanismo, haga o deje de hacer con capacidades presupuestales y humanas limitadas.

Por su parte, preocupa las acciones tomadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues “vemos la preocupante utilización facciosa de la CNDH para defender a personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas“. De forma contraria, la institución creada para la defensa y promoción de los derechos humanos, criminaliza a las personas defensoras que emiten críticas por su actuación irregular.

Foto: Artículo 19.

Más violaciones a derechos humanos: brechas informativa y violencia contra las personas defensoras de comunidades indígenas

La defensa del territorio es una de las causas de defensa de derechos humanos más peligrosa. En el actual gobierno persiste el contexto de múltiples violencias contra poblaciones indígenas enteras, así como asesinatos y desapariciones de defensoras y defensores de la tierra, el medio ambiente y el territorio ocurrido desde sexenios pasados.

A lo anterior, se suman las acciones y discursos estigmatizantes por parte de la administración federal, con el fin de invisibilizar a las personas defensoras de la tierra y el territorio de las comunidades y a su lucha en contra de la imposición de los megaproyectos que está impulsando la actual administración.

Estas violencias están estrechamente relacionadas con la llamada brecha digital, pues la falta de acceso a internet condiciona en buena medida el acceso a la información, a pesar de que este gobierno prometió desde el inicio que conectaría todos los hogares mexicanos.

En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 32 millones de mexicanos y mexicanas no son usuarias de internet.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expone que casi la mitad de la población rural de seis años y más (49.6%) no tiene acceso a internet.

La brecha digital y el acceso a las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) se acentúa todavía más en el estrato socioeconómico considerado “bajo”, donde 15.7% tiene una computadora, y el 25.1% tiene acceso a internet.

Esta es una grave violación, pues el derecho a la información “es el derecho pilar para garantizar el resto”.

La verdad sobre violaciones a derechos humanos

El informe sentencia el hecho de que el gobierno federal constantemente utilice fechas y espacios que se relacionan con la represión del Estado, para crear una narrativa de compromiso con los derechos humanos y marcar una diferencia con los gobiernos que reprimían, asesinaban y desaparecían a sus oponentes. Sin embargo, ese discurso no se ha traducido en justicia real para las víctimas que han sido asesinadas, agredidas y desaparecidas durante su mandato.

En cuanto a la garantía del derecho a la verdad continúan las resistencias institucionales para la transferencia de información de sus archivos.

Por todo ello, es imperante y sumamente necesario el periodismo crítico, un periodismo “que sigue resistiendo, investigando y manteniendo un compromiso social, aún en medio de toda esta violencia”, manifestó la periodista Patricia Mayorga.

Patricia Mayorga de la Red de Periodistas de A Pie (Foto: Artículo 19).

Resistencia en medio de la violencia: el periodista independiente

La periodista Patricia Mayorga, integrante de la Red de Periodistas de A Pie, denunció la manera en cómo el Estado -en sus tres niveles de gobierno- ha orquestado a lo largo de la historia ataques contra las y los periodistas.

“Tienen un gran interés por intimidar, amenazar y asesinar a quienes se atreven a manejar discursos que no empatan con sus ideas”.

En las regiones donde habitan grupos de la población indígena, el tema que se ha convertido en el más peligroso para cubrir es la defensa del territorio, punto que empata con e asesianto de defensoras y defensores.

“Las autoridades hacen oídos sordos, y hacen alianzas con grupos empresariales”.

Otra de las consecuencias violencias que genera el cubrir este tema y su defensa es el desplazamiento forzado, el cual “es una clara señal de guerra”.

Sobre el Mecanismo de Protección, la periodista señaló el hecho de que este no cuenta con criterios que permitan a las personas desplazadas volver con seguridad a sus estados. Sin embargo, el Mecanismo Federal pide a las y los beneficiarios que regresen a sus estados, lugares que “son un peligro para ellas y ellos, pues de ahí mismo fueron desplazados de manera forzada”.

Ante este panorama, la periodista reconoció la labor que se ha venido haciendo desde el periodismo independiente.

“Quienes hemos apostado por el periodismo independiente en cada estado, hemos creado espacios públicos en dónde podemos expresar los esfuerzos que hemos estado haciendo”.

También agregó que está labor no es menor, pues además de seguir con su labor periodística, también “hemos aprendido a ser gestores, coordinadores, pero sobre todo compañeros en esta soledad en la que hemos venido caminando”.

Por último, hizo un reconocimiento a todas y todos los periodistas que han apostado por este periodismo:

“Es importante que la sociedad aprenda dos cosas: primero, que el aesinsto de cada periodista atenta contra la libertad de expresión de todas y todos; y, segundo, que sin un pidamos al servicio de la gente no se sabría que pasa en cada rincón del país, no como la corrupción mata, literalmente”.

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El informe “Negación” de Artículo 19 puede leerse y descargarse en:

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2022/04/Book-1_A19_2021_V03_BAJA-3.pdf

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Aquí puede verse de manera íntegra la presentación del Informe:

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Samantha Anaya
Samantha Anaya
Amo pasar tiempo con mi persona favorita: mi mamá. Considero que el ser periodista implica hacer un compromiso con la verdad, la justicia, la empatía y, sobre todo, con las personas.

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