Investigación
El 99.5% de las agresiones policiacas quedan en la impunidad
De 33 mil 750 carpetas de investigación por delitos relacionados con brutalidad cometida por policías, militares y marinos, solo 172 concluyeron en sentencia condenatoria, revela investigación.
Por Eduardo Buendía* / ONEA / @oneamexico
La brutalidad policíaca patrulla sin freno: 99 de cada 100 carpetas de investigación contra elementos de seguridad pública, militares y marinos quedaron en la impunidad, de acuerdo con 3 mil 862 solicitudes de información tramitadas vía Ley de Transparencia ante las fiscalías federal y estatales.
Las respuestas oficiales constatan que los agentes investigados fueron acusados de cometer homicidios, desapariciones forzadas, tortura, lesiones y abuso de autoridad al momento de realizar detenciones.
Una investigación impulsada por el Programa de Apoyo al Periodismo en México de la Unesco, en colaboración con ONEA México y MILENIO, revela que de 33 mil 750 expedientes que se iniciaron por estos delitos entre 2015 y 2020, solo 373 se judicializaron y 172 concluyeron con una sentencia condenatoria, según la respuesta de los poderes judiciales locales consultados. Es decir, que el nivel de impunidad es de 99.5 por ciento.
La organización Amnistía Internacional (AI) define la brutalidad policial como el uso ilegítimo de la fuerza que tiene como consecuencia violaciones a los derechos humanos de la población civil. Esta mala práctica trata de mantenerse oculta por los gobiernos y ha derivado en casos de privación de la vida y tratos crueles, según la organización.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y sus instituciones homólogas en los estados reportaron vía transparencia gubernamental que por estos delitos se tramitaron 54 mil 248 quejas ciudadanas contra policías, militares y marinos durante el mismo lustro.
Mediante la información de fiscalías y poderes judiciales se comprobó que de 2015 a 2020 se iniciaron 278 carpetas de investigación por homicidio doloso contra policías y fuerzas federales. Un promedio de 46 casos por año.
Además, se abrieron 5 mil 456 carpetas de investigación por tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; 526 carpetas por desaparición forzadas; mil 686 carpetas por lesiones y 25 mil 804 por abuso de autoridad.
Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), organización que ha documentado y realizado acciones de capacitación con corporaciones policiacas locales, asegura que todo eso sucede a pesar de que existen lineamientos básicos para la actuación policial en acuerdos internacionales.
“Hemos hecho revisión en policías municipales y estatales y en la mayoría no existen protocolos de detención, de traslado de detenidos, para documentar el uso de la fuerza, sistematizarlo y que haya aprendizaje, salvo en muy pocas”, explica en entrevista.
El especialista sostiene que esa falta de criterios propicia un alto nivel de discrecionalidad al interior de las instituciones policiales, ya que se interrumpen los procesos en contra de los elementos que cometieron abusos o no informan a los ministerios públicos sobre las malas prácticas, aun cuando es una obligación.
Las cifras obtenidas son apenas un acercamiento de lo que ocurre en territorio nacional sobre la brutalidad policial. Una tercera parte de las fiscalías y poderes judiciales estatales consultadas no entregaron la información solicitada. Entre los argumentos para no hacerlo fueron no contar con la información desagregada, se declararon incompetentes para responder, la catalogaron como confidencial o decidieron reservarla.
Asesinatos contra civiles
De las 278 averiguaciones por homicidio doloso en las que se imputan a agentes de seguridad pública y de las Fuerzas Armadas, se determinó que 88 fueron judicializadas y en 66 se obtuvo una sentencia condenatoria.
A través de las cifras recibidas, Nuevo León es el estado con más casos, ya que 83 asesinatos fueron cometidos en ese territorio: 32 atribuidos a la policía estatal, 30 a la municipal, 8 a la ministerial, 10 al Ejército y 10 a la Marina.
En esa misma entidad, el poder judicial informó que 26 causas penales iniciadas concluyeron en una sentencia.
La Ciudad de México es la segunda entidad con mayor incidencia, al registrar 39 carpetas de investigación y 13 sentencias. Baja California le sigue con 28 averiguaciones, sin embargo, con las respuestas de su instancia judicial no se pudo determinar si alguna tuvo un fallo por parte de un juez.
Ministeriales acumulan quejas por desaparición
De 2015 a 2020 un total de 526 desapariciones forzadas fueron atribuidas a policías y fuerzas federales. De estas, 50 carpetas se judicializaron y solo 4 alcanzaron una sentencia condenatoria: el 0.8 por ciento.
Los elementos municipales fueron a quienes más imputaron por este delito con 143 incidencias, 87 contra agentes estatales, en 57 casos se señaló a integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), en 8 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en dos a ministeriales (uno en Nuevo León y otro en Yucatán) y en 229 no se pudo conocer la institución para la que se desempeñaban.
Pese a que los policías adscritos a ministerios públicos tuvieron la menor cantidad de averiguaciones en su contra, al revisar las quejas ante comisiones de derechos humanos la acumulación de expedientes aumenta de manera exponencial. De las 692 quejas iniciadas contra uniformados locales y de las Fuerzas Armadas por desaparición forzada, en 206 se acusa a elementos de esas instituciones.
Tortura, un modus operandi
La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometida por policías o integrantes de las Fuerzas Armadas es el segundo delito que tiene el mayor índice de impunidad de los cinco que se tomaron en cuenta para esta investigación, solo por debajo del abuso de autoridad.
Mediante las respuestas de la FGR y 17 fiscalías estatales se contabilizaron 5 mil 456 carpetas de investigación abiertas de 2015 a 2020. De estas, solo 14 fueron judicializadas. Con la información entregada por los tribunales de justicia estatales se tuvo conocimiento de 12 sentencias condenatorias por este ilícito; es decir, que únicamente el 0.2 por ciento concluyó en una sanción para los responsables.
En mil 619 expedientes, las personas imputadas formaban parte de la Sedena, 731 de la Semar, mil 889 de policías estatales, 357 de municipales, 618 de ministeriales, uno de la Guardia Nacional y en 241 casos no se pudo determinar la corporación a la que servían.
Marcela Villalobos, presidenta de Amnistía Internacional México, considera que se trata de un delito que pocas veces se denuncia por el temor de las víctimas a sufrir represalias.
“Hay que ver la cifra negra, seguro es muy alta para estos casos; pero también las denuncias que llegan a las comisiones de derechos humanos, ahí se comprueba que siguen estas prácticas”, expone.
La CNDH y las comisiones estatales, por su parte, reportaron 12 mil 003 quejas tramitadas en sus ventanillas por tortura cometida por Fuerzas Armadas o policías de 2015 a 2020, más del doble en comparación con el número de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías.
Quintana Roo: represión sin consecuencias
Las agresiones a golpes y balazos cometidas por policías el 9 de noviembre de 2020 contra un grupo de feministas sigue impune; a la fecha los uniformados responsables no han recibido sanciones.
Por Tamara Gidi*
“Si hubieran tenido la oportunidad, esos nos habrían matado. Tiraron balazos a diestra y siniestra sin importar las familias completas y mujeres que estaban en la explanada”, relata Cecilia, periodista quintanarroense y sobreviviente del 9N.
Ella, como decenas de otras mujeres que se manifestaron el 9 de noviembre de 2020 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, fue agredida por una horda de al menos 70 policías municipales quienes trataron de asesinarlas disparándoles a quemarropa.
“Nos atacaron con todo lo que traían: palos, toletes, escudos. Nos decían que nos iban a matar”, dice Wendy, activista feminista quien recibió dos impactos de arma de fuego durante la protesta que tenía como propósito exigir justicia contra el feminicidio de Bianca Alejandrina, joven estudiante de preparatoria.
Las personas que no lograron escapar de la plaza pública fueron golpeadas, detenidas y torturadas al interior de la comandancia. De las 13 víctimas identificadas, sometidas a tratos crueles e inhumanos por los agentes de policía, solo una es del sexo masculino, mientras que el resto son mujeres de 19 a 47 años.
Una de ellas fue María, joven sometida a tortura sexual durante su detención en los separos municipales, vejaciones perpetradas en lo que recuerda como la primera manifestación de su vida y de las cuales las mujeres son las principales víctimas.
“Al escuchar que estaban violando a mis compañeras supe que estábamos en el mismo infierno dentro del Palacio Municipal”, refirió Julián, director del colegio en el que estudiaba Bianca Alejandrina, quien también fue privado de su libertad y cuyas heridas requirieron de cirugía facial reconstructiva.
Para las personas afectadas por la represión, la justicia se ha mantenido inerte. Hasta ahora, a más de un año de las agresiones, ningún policía o mando operativo ha sido detenido o sancionado.
Deterioro de las prácticas policiales
Las víctimas comentan que en una mesa de trabajo con autoridades estatales y municipales advirtieron que la ausencia de acciones para detener este tipo de comportamientos derivaría en una persona muerta. Meses después, policías municipales de Tulum cometieron el feminicidio de Victoria.
Entre 2015 y 2020, la CEDH registró tres quejas por homicidio, 111 por lesiones, 845 por abuso de autoridad, 574 por tortura y 4 por desaparición forzada contra agentes estatales, municipales y ministeriales.
Este aumento en la incidencia encuentra reflejo en el número de recomendaciones emitidas por violaciones perpetradas por agentes de policía, alcanzando el 51 por ciento del total de las resoluciones generadas durante 2020.
“Las denuncias por el desempeño de quienes se encuentran en la función policial es una constante. Sin embargo, el aumento de las quejas obedece principalmente a las actuaciones y omisiones de los agentes de seguridad pública municipal”, comentó Marco Antonio Tóh Euán.
De nueva cuenta, el ayuntamiento de Benito Juárez no ha sido la excepción, ya que es la segunda autoridad con más quejas acumuladas ante la CEDH por violaciones a la libertad y la integridad personal, la tercera por actos de tortura y la segunda más recomendada por la misma causa en el periodo analizado.
Durante 2020 fue la dependencia con más investigaciones iniciadas por actos de tortura y detenciones ilegales, la segunda con más quejas por lesiones físicas y desaparición forzada de personas y fue investigada en uno de los dos expedientes radicados por el fallecimiento de personas en el ejercicio de la fuerza pública.
En consonancia con la tendencia estatal, esta alcaldía mostró un incremento anual en los actos de brutalidad cometidos por los agentes de seguridad pública del municipio, transitando de 29 violaciones registradas en 2015 a 89 en 2020.
El poder judicial quintanarroense indicó vía transparencia que, en el periodo 2015-2020, solo ejercitó una acción penal por homicidio, nueve por lesiones, 20 por abuso de autoridad y ninguna por tortura y desaparición forzada al cuestionarle los casos abiertos contra fuerzas policiales. Sin embargo, en ningún caso se obtuvo una sentencia condenatoria.
Un trayecto cuesta arriba
En relación con el proceso que denominan “plagado de simulación e inconsistencias”, los miembros del Comité de Víctimas del 9N narraron los múltiples obstáculos enfrentados en su lucha por justicia ante las instituciones de Quintana Roo.
Aunque las denuncias contaban con acusaciones de violencia sexual, esta no fue considerada por la Fiscalía General del Estado, ni se analizó la privación ilegal de la libertad o la tentativa de feminicidio en contra de las manifestantes. Por el contrario, el órgano ministerial se limitó a perseguir los delitos de lesiones, abuso de autoridad y robo.
Entre los servidores públicos imputados se encuentran el entonces secretario de Seguridad Pública municipal Eduardo Santamaría Chávez, el subsecretario Roberto Molina Morales, el director Carlos López Tejeda, seis funcionarios más con facultades de coordinación y dos elementos operativos.
A pesar de que el Poder Judicial solicitó la aprehensión de 10 de estos funcionarios, a la fecha las determinaciones no han sido ejecutadas. Las razones que motivaron a la Fiscalía para omitir la investigación de otros tipos penales o para retrasar la detención de estos agentes permanecen desconocidas.
Este equipo de reporteros contactó a Mónica de Ávila Lozano, directora de Comunicación Social de la Fiscalía General estatal para obtener una versión oficial respecto a la dilación en el caso, sin obtener una respuesta favorable.
No obstante, está demostrado que las autoridades señaladas como responsables continúan en libertad. Así lo confirmó Flor Ruiz Cosío, secretaria general del Ayuntamiento de Benito Juárez, quien informó por escrito que si bien el juzgado impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra los citados elementos, estos “no se encuentran detenidos”.
Lo anterior también se corroboró a través del Registro Nacional de Detenciones, ya que al ingresar el nombre de los servidores públicos al portal éste no arroja ninguna coincidencia.
En materia administrativa tampoco existen sanciones. De acuerdo con información recabada vía transparencia, ninguna dependencia del Estado ha fincado responsabilidades intra-institucionales contra los elementos involucrados. A nivel estatal, a pesar de que el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella, anunció su renuncia días después de la represión, ésta se concretó hasta junio de 2021.
Además de la ausencia de medidas para investigar y sancionar el origen de las agresiones, la falta de respuestas es una constante.
Ello resulta especialmente preocupante a nivel estatal, pues, de conformidad con el convenio firmado entre el gobierno del Estado y la alcaldía que gobernaba Mara Lezama, desde 2019 el Mando Único quintanarroense es el responsable de dirigir las políticas de seguridad pública en Benito Juárez. Esto quiere decir que, legalmente, cualquier operativo realizado con elementos municipales se encuentra bajo responsabilidad directa de la administración que encabeza el gobernador Carlos Manuel Joaquín González.
Al igual que la Fiscalía, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no brindó información relacionada con los hechos, pese a la solicitud realizada para esta publicación.
Aunque la dependencia mostró documentos que establecen la apertura de procedimientos internos contra nueve de sus elementos, éstos se iniciaron siete meses después de que ocurrió el operativo. Y, tras meses de sustanciación, no ha sido posible imponer las sanciones correspondientes.
Del total de los agentes involucrados, solo dos se encuentran sujetos a un proceso administrativo de remoción, puesto que la Comisión del Servicio de Carrera, Honor y Justicia de Benito Juárez determinó la suspensión para el resto de los agentes hasta que concluya el proceso penal y se resuelva su situación jurídica. Lo anterior, a pesar de que se trata de procedimientos de naturaleza completamente independiente.
La información otorgada por Flor Ruiz Cosío revela que, a la fecha, solo ha causado baja laboral el ex secretario de Seguridad Pública municipal Eduardo Santamaría, otros seis se encuentran bajo la figura de “suspensión preventiva sin goce de sueldo” y dos continúan en activo. Por los actos del 9N, ninguno ha sido sancionado.
El incumplimiento de esta obligación de investigar también configura el desacato de los puntos reparatorios dictados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CEDH) para el caso concreto, en los que subrayó la necesidad de “iniciar de manera inmediata y hasta su conclusión” los procedimientos internos de responsabilidad en contra de las autoridades correspondientes.
Marco Antonio Tóh Euán, ex presidente de la institución, informó que hasta junio de 2021 el Ayuntamiento fue omiso en cumplir con 9 de los 10 puntos reparatorios contenidos en la recomendación 20/2020, razón por la cual se requirió en su momento la comparecencia de la entonces alcaldesa Mara Lezama ante el Congreso del Estado.
La Comisión refirió que el Ayuntamiento actualizó el cumplimiento extemporáneo de cinco resolutivos más, mientras sigue pendiente la determinación de los expedientes internos, la instalación de un monumento histórico, la disculpa pública a las víctimas y la creación de un grupo policial especializado en manifestaciones .
El ex ombudsperson quintanarroense manifestó que menos del 33 por ciento de las autoridades recomendadas cumplen con la determinación de individualizar la responsabilidad administrativa al interior de sus corporaciones. La alcaldía de Benito Juárez no ha sido la excepción.
La institución que ha logrado permanecer exenta es la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Aun cuando se comprobó tanto su participación aquel lunes 9 de noviembre como su responsabilidad operativa en virtud del Mando Único, continúa impune: no existen investigaciones en su contra ya sea desde la Fiscalía General o la Comisión local de Derecho Humanos.
Al respecto, la CEDH indicó que la ausencia de determinaciones hacia esta dependencia atiende a que no logró comprobarse su participación en las violaciones cometidas durante la protesta. Ello, pese a que la Sección II, fracción Quinta, inciso B) del convenio de coordinación firmado entre el los ejecutivos del Estado establece textualmente que el Municipio de Benito Juárez delega al gobierno de Carlos Joaquín González la aplicación de “las políticas de seguridad y los instrumentos, medidas y acciones necesarias para preservar el orden público”.
“Es una verdadera vergüenza. Los patrones de conducta implementados por la policía revelan no solo que no está preparada para atender casos de violencia social, sino que está capacitada para exceder el uso de la fuerza permitido y generar terror entre la población como método disuasivo”, mencionan de manera anónima integrantes del Comité de Víctimas del 9N.
Sistematización de la tortura
En Quintana Roo la tortura se comete bajo el manto de la impunidad penal y administrativa. Todo esto sucede a pesar de que se trata de un delito que se ha imputado a miembros de todas las corporaciones de policías de la entidad.
Mientras el órgano ministerial no especificó contra cuáles instituciones fueron abiertas investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que las dependencias con el mayor número de señalamientos son las policías municipales con 350 expedientes, la ministerial con 146 y la estatal con 78.
En el mismo sentido, a pesar de que la secretaría de seguridad pública estatal fue notificada sobre la apertura de investigaciones vía CEDH por posibles actos de tortura cometida por sus agentes, de acuerdo con información recabada vía transparencia, ésta no inició ningún expediente ni aplicó sanciones de carácter administrativo a través de su dirección de asuntos internos.
Lo anterior pese a que desde 2011 el estado de Quintana Roo cuenta con disposiciones legales específicas para la prevención, sanción y erradicación de este delito en el desempeño de los integrantes de las corporaciones policiales y de seguridad pública.
Para la maestra en criminología y doctora en derecho público, Mónica Franco Muñoz, la problemática estructural de brutalidad que enfrenta el estado de Quintana Roo encuentra sus raíces en una cultura de abuso de poder.
“La forma en que se transmiten las órdenes, en que el operativo que las recibe, sean de la gravedad que sean, debe acatarlas porque provienen de un determinado mando, esa es la cultura que debemos transformar”, expone.
Subrayó la importancia de realizar una reingeniería en las pruebas de control y confianza.
“No basta con investigar si los elementos consumen drogas o si tienen aptitudes físicas, lo que queremos saber son temas de valores éticos, como qué percepción tienen de las mujeres, si poseen una construcción de odio hacia ciertos grupos o si la discriminación es una práctica constante en sus vidas”.
Quintana Roo es uno de los estados donde la brutalidad policial se ha incrementado notablemente en los últimos tres años, de acuerdo con las cifras de las autoridades locales. En esta entidad los policías disparan a quema ropa, cometen actos sexuales y recurren a la tortura como ocurrió en Cancún en la manifestación del 9N por el feminicidio Bianca Alejandrina, y donde por varios minutos las mujeres participantes de la protesta pensaron que las iban a matar. A más de un año de que ocurrieron estos hechos no hay justicia para ellas.
Jalisco: La muerte a manos de un policía
Policías de la entidad asesinaron a Gabriel después de abordar su taxi en 2015. A casi siete años de lo ocurrido, su esposa e hijos siguen en espera de la indemnización.
Por Patricia San Juan*
Jimena y Gabriel tenían una serie de claves para comunicarse en su vida cotidiana. Él colgaba el teléfono cuando trasladaba pasajeros en su taxi, mientras su esposa esperaba que devolviera la llamada.
El día que su hijo se graduó de sexto de primaria, en el verano de 2015, ella se dirigió con anticipación a la escuela ubicada en la zona metropolitana de Jalisco. Era la presidenta de la asociación de padres de familia y preparaba todo para tener un evento ameno y memorable. Hizo la llamada, su esposo colgó; Jimena dejó el teléfono a un lado esperando la respuesta, pero ésta no llegó.
Volvió a llamar y entró directo el buzón de voz, significaba que el teléfono estaba apagado. No había forma de contactarse, pero era extraño porque él nunca se quedaba sin batería y debía llegar al evento. Era un padre amoroso y presente.
Esa tarde, la del 15 de julio, Jimena sintió que algo era distinto. Decidió no ir a la graduación y pidió a su amiga que la acompañara a buscar a Gabriel en la base de taxis a la que estaba adscrito para pedir información.
El primer viaje que tomó era el único que había registrado, el radio no funcionaba. Nadie de sus conocidos sabía de él desde el momento en que salió. En 16 años siempre había vuelto a casa.
A partir de ese día, Jimena y sus tres hijos se enfrentaron al proceso de búsqueda y reconocimiento de los delitos que terminaron con la vida de Gabriel, quien fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por parte de un policía que pertenecía a la Fuerza Única de Jalisco y un expolicía.
La mañana de aquel día un oficial y su acompañante abordaron el taxi de Gabriel, le pidieron que realizara un viaje a Chapala que llevaría 40 minutos aproximadamente. En el trayecto los pasajeros exigieron que hiciera varias paradas las cuales aumentaron el precio del servicio. Una vez que el conductor les solicitó el pago lo asesinaron con dos balazos, robaron su auto, lo repintaron y llevaron su celular a una casa de empeño.
Su cuerpo estuvo desaparecido poco más de cuatro meses. A Jimena la Fiscalía del estado de Jalisco le brindó muy pocos datos sobre el hecho. Relata que fue gracias a investigadores privados que pudo saber qué le sucedió a su esposo, de no haber buscado ayuda considera que a la fecha no conocería su paradero.
“Desde que llegué a la Fiscalía empezó la primera caída. Desde la atención, como los pintan en las películas: que son groseros, que están comiendo mientras tú estás presentando una denuncia, que son sobrados, que no tienen nada de ética, nada de empatía”, relata.
Después de dos semanas, los investigadores contratados por ella le informaron la localización del cuerpo en el Río Santiago, un sitio cercano a Ixtlahuacán de los Membrillos y la Rivera del Lago de Chapala. En días posteriores, la prueba de ADN confirmó que era Gabriel.
Al policía que cometió el homicidio lo removieron del cargo y en septiembre de 2021, casi seis años después, a él y a su compañero les dictaron sentencia. Miguel Rentería pasará 50 años privado de la libertad, mientras Javier Carretero 30 años.
Jimena es una de las pocas víctimas indirectas que logró una sentencia en contra de sus agresores en Jalisco. Sin embargo, la reparación del daño todavía no llega por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado a pesar de la insistencia de su defensa legal. El camino burocrático ha sido lento y aún no reciben la indemnización por responsabilidad patrimonial.
Brutalidad sin castigo
Con los datos entregados por las autoridades vía Ley de Transparencia se pudo conocer que de 2015 a 2020 hubo 16 víctimas de ejecución extrajudicial, delito que se tipifica cuando un servidor público comete un asesinato. También informaron que se judicializaron seis carpetas por ese motivo.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificó que durante ese mismo periodo abrió expedientes de queja por tres homicidios dolosos en los que estuvieron involucrados policías: uno en 2016 en el que se señala a un agente de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado; los dos restantes se iniciaron en 2017 y 2020, los denunciantes mencionaron que elementos adscritos a la Fiscalía General del Estado fueron los agresores.
Durante ese lustro también se abrieron en la fiscalía estatal 100 carpetas de investigación por el delito de lesiones presuntamente cometidas por funcionarios públicos de distintas corporaciones, solo dos se judicializaron, mientras que el total de víctimas registradas fue de 112.
En lo que respecta a abuso de autoridad, se iniciaron 295 averiguaciones a nivel estatal, mil 094 en lo municipal y 916 en lo ministerial; todas sumaron 2 mil 305. De estas se judicializaron 16, de acuerdo con lo que informó la FGE, lo que equivale al 0.7 por ciento. Por estos actos solo se detuvo a 18 personas.
Los datos recabados en los últimos años por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quienes han documentado violaciones a los Derechos Humanos en Jalisco, demuestran que en los casos de tortura y desaparición forzada el nivel de impunidad es de casi 100 por ciento, además los gobiernos que han llegado al poder en el estado niegan la existencia de estas violaciones a los derechos humanos, lo que limita sus acciones para contrarrestarlos.
Por su parte la Fiscalía acumula el mayor número de quejas ante la CEDH de Jalisco. Anna Karolina Chimiak, co directora de CEPAD, comenta que en la entidad las autoridades apuestan a la impunidad y también a la tolerancia de los actos de corrupción.
Chimiak menciona que su organización ha documentado “una grave colusión que existe entre las autoridades, sobre todo municipales, pero también estatales, con los grupos de delincuencia organizada”.
Estos han utilizado a las policías de distintos niveles como blancos para cometer acciones ilegales y la combinación de los factores dio paso al incremento de los crímenes, pues en el panorama no existen sanciones a las autoridades, mientras que los miembros de los cuerpos de seguridad temen a represalias de la delincuencia que los presiona para cometer delitos, añade la especialista.
Entre las fallas observadas por CEPAD también se encuentra la falta de investigaciones exhaustivas, no solo en los casos de violencia cometida por las autoridades, sino en el total de las denuncias.
El largo camino para la reparación
Después de que Jimena atravesó todo el proceso funerario para enterrar a su esposo Gabriel, un par de abogados se ofrecieron a llevar la defensa legal para iniciar un proceso en contra de los expolicías y las instituciones que los respaldaban.
Estaba negada a seguir. El camino hasta localizarlo generó muchas heridas en su familia. Las rutinas cambiaron, pues encontró un trabajo para poder mantener a sus hijos y el duelo era una carga que sobrellevaba, sin embargo, aceptó la propuesta e inició el juicio por responsabilidad patrimonial con el propósito de que el Estado reparara el daño cometido por el expolicía y el elemento de seguridad, junto con el juicio penal.
En noviembre de 2018, tres años después de que su marido fue víctima de una ejecución extrajudicial, el Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad dictaminó que sería acreedora a una indemnización por parte de la institución responsable.
La Fuerza Única de Jalisco, corporación a la que pertenecía Miguel Rentería cuando cometió el asesinato de Gabriel, desapareció al final del gobierno de Aristóteles Sandoval y con la llegada de Enrique Alfaro se promovió una reforma para que se dividieran las tareas de la institución entre la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad.
Pese al cambio, la demanda siguió en contra de las dos entidades públicas. Cristian Frías Lomelí, abogado de Jimena, expone que aunque las instituciones desaparezcan por nombre, existen responsables administrativos de las acciones que atentan contra la vida y la integridad de los ciudadanos.
Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad se ampararon para evitar pagar la indemnización de 12 millones de pesos que estableció el tribunal para la esposa y los hijos de Gabriel, en un proceso en el que las instituciones calificaron a la familia como “terceros interesados” lo que no reconocería su calidad de víctimas y que contradice a la tesis XXVII de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala que en los juicios de amparo quien fuera víctima u ofendido se le debe nombrar como tal.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó negar el amparo promovido por las autoridades y mantuvo la orden para la reparación del daño, la cual aún no se ha pagado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a pesar de los apercibimientos promovidos por la defensa, siete años después de que ocurrió el homicidio.
El caso de Jimena es una excepción a la regla, pues la impunidad es el común denominador ante los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.
Tierra de desaparición y tortura
Jalisco es la entidad con mayor número de desapariciones a nivel nacional. Las cifras que difunde la Comisión Nacional de Búsqueda muestran que en esa demarcación hay un registro de 15 mil 932personas que no han vuelto a casa.
Durante la administración de Alfaro, que inició en diciembre de 2018, al menos 125 agentes o mandos se involucraron en la desaparición forzada de personas, de acuerdo con los datos del gobierno del estado. De todas las investigaciones abiertas por esos actos, solo se han dictado cuatro condenas.
La impunidad a cargo
Mientras avanzaba su caso, Jimena percibió que las autoridades le negaban información, la única persona que la ayudó fue retirada de la investigación. Comenta que los funcionarios le argumentaban no tener conocimiento de que el responsable de la muerte de Gabriel era un policía.
De acuerdo con el procedimiento, una vez que se identifican casos de servidores públicos que cometen delitos en contra de ciudadanos deben ser apartados de su cargo, en caso de ser encontrados culpables no podrán continuar con sus labores; sin embargo, eso no ocurre en todas las indagatorias, ya que se han identificado ascensos o cambio de posiciones para evitar sanciones a los probables responsables.
“Las personas servidoras públicas que ocupaban algunos cargos como policías o asistentes en las Agencias del Ministerio Público con recomendaciones (de la CEDH), años después los vemos también mencionados en otras, nuevamente por actos de tortura, pero ya con cargos mayores”, menciona Montiel Flores.
Uno de los ejemplos más relevantes es el de Gerardo Octavio Solís Gómez, Fiscal General del Estado entre diciembre de 2018 y enero de 2022, a quien promovieron al inicio del gobierno de Enrique Alfaro, después de ser Procurador General entre el 2000 y el 2005. Mientras desempeñaba su cargo fue señalado por participar en la represión de manifestaciones el 28 de mayo de 2004, donde se documentó la detención arbitraria de 118 personas y se reportaron actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
En 2020, mientras Solís de nuevo estaba en el cargo, también se registraron agresiones contra civiles que protestaron durante el 4, 5 y 6 de junio. Al menos 25 detenidos por elementos de la Fiscalía del Estado presentaron lesiones. Las movilizaciones exigían justicia para Giovanni López, un joven detenido en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos por no portar cubrebocas durante la pandemia.
Miembros de la policía estatal lo detuvieron y murió mientras se encontraba bajo custodia policial, víctima de tortura. De acuerdo con los datos preliminares su cuerpo reportaba traumatismo craneoencefálico y una bala en el pie izquierdo.
Prevenir, capacitar y sancionar
Jimena dice estar agradecida con su equipo legal. El caso de su esposo alcanzó la justicia después de siete años, con las sentencias condenatorias dictadas y la indemnización establecida por los tribunales.
Tras la denuncia de la desaparición, las autoridades cuestionaron si Gabriel no tenía una doble vida, relaciones con otra persona, una nueva familia o contacto con grupos criminales, esto fue a lo primero que se enfrentó en la Fiscalía su esposa, después a la falta de acompañamiento psicológico en todo el proceso.
“Ellos no tienen nada, nada de sensibilidad. Debería de haber una persona capacitada para recibir una demanda, en el aspecto legal y proporcionarte el apoyo, pero también alguien que emocionalmente te auxilie, que esté ahí, que te entienda, que trabajen de la mano, para que a ellos los hagan más humanos”, afirma.
Con el objetivo de combatir la brutalidad policial en el estado y en otras regiones, el abogado Cristian Frías recomienda profesionalizar a las policías, capacitarlas con un nivel de educación superior para tener conocimientos legales, respeto a los derechos humanos, las acciones que pueden o no realizar y la atención a la ciudadanía.
Tan solo para 2022 el gobierno federal proyectó un mayor presupuesto para el área militar que para las policías locales. Dentro del proyecto presupuestal se propuso brindar a las fuerzas policiales de los estados 7 mil 988 millones de pesos, mientras para Fuerzas Armadas un gasto de 141 mil 858 millones.
Las especialistas de CEPAD consideran que se debe combatir la impunidad y de esta manera las autoridades garanticen que haya consecuencias justas en caso de que sus integrantes cometan violaciones graves a los derechos de las personas. De igual forma, consideran necesario generar políticas de prevención, fortalecer las instituciones y aplicar un enfoque práctico en las evaluaciones, así como el reconocimiento del problema.
Datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reportan que se capacitó a 13 mil 509 elementos de 2015 a 2020. Los cursos sumaron un total de 480 mil horas impartidas, sin embargo, no hay evaluaciones que determinen si estas han servido para contrarrestar los abusos policiales detectados a nivel estatal.
En lo que respecta a la tortura fue el mismo abogado, Cristian Frías, quien consiguió la primera sentencia a nivel nacional relacionada con este delito en 2014, después de que el comandante de la policía del municipio de Tala y su escolta torturaran hasta asesinar a Alfonso Altamirano, quien fue detenido por presuntamente robar los frutos de una milpa, pero durante el violento interrogatorio fue inculpado por presunto robo a casa habitación.
En el resto de los casos de tortura, de acuerdo con CEPAD, no hay fallos contra algún funcionario del estado por la comisión de este delito. Con base en respuestas oficiales, entre 2015 y 2020 se iniciaron 67 carpetas contra elementos estatales y 28 municipales, sin que se informara cuántos fueron judicializados.
Por la naturaleza de los casos de violencia policial, menciona Denisse Montiel Flores, co directora de CEPAD, “siempre va a estar involucrada alguna persona servidora pública, ya sea por comisión directa, por autorización o por aquiescencia, es decir con consentimiento o permiso (de la autoridad), entonces no existe confianza” para realizar una denuncia.
Además de que la unidad encargada de investigar los casos pertenece a la misma corporación señalada como responsable, por lo que las personas que denuncian no esperan que las autoridades realicen las indagatorias necesarias al respecto.
Veracruz: con permiso para desaparecer
Carlos Bautista fue víctima de desaparición forzada y ejecución extrajudicial. A más de seis años de lo ocurrido, el funcionario agresor aún no recibe sentencia.
Por Nayeli Meza Orozco*
Impunidad desde todos los frentes
La brutalidad policial en Veracruz es evidente en los datos. Para esta investigación se tramitaron 117 solicitudes de información vía Ley de Transparencia al Tribunal Superior de Justicia local, la Fiscalía General veracruzana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) y la Comisión Estatal de Búsqueda para conocer la incidencia de abusos policiales en la entidad.
En respuesta se pudo conocer que de 2015 a 2020 la Fiscalía inició un total de 36 investigaciones por desaparición forzada en contra de elementos de la SSP y otras 7 en las que se responsabilizó a uniformados municipales.
Pese a la apertura de los expedientes, el Poder Judicial notificó que ninguno concluyó con sentencia condenatoria.
Por su parte, la CEDH reportó 68 quejas en contra de agentes de la SSP, policías municipales y ministeriales por desaparición. Precisó que emitió 26 recomendaciones para atender las posibles violaciones a los derechos humanos por parte de estas corporaciones.
A petición expresa se buscó la postura de la Fiscalía, la SSP estatal y el Tribunal Superior de Justicia del Estado sobre las cifras. Solo el último respondió.
Sergio Naranjo, vocero del Poder Judicial local, declaró que no era competencia del órgano responder a la solicitud, por lo que se negó a dar más información al respecto.
Bloqueo para la justicia
La madre de Carlos denuncia que de manera inicial le negaron el acceso a la carpeta de investigación. También acusa que la CEEAIV, bajo la titularidad de Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, le asignó un asesor jurídico sin su consentimiento y no solo eso, el litigante en cuestión estaba recibiendo todas las notificaciones sin que ella o sus familiares fueran informados. “Nos volvimos aún más vulnerables en nuestra búsqueda de justicia”, comparte Marichuy.
Los familiares de Carlos han sido víctimas de dilaciones y omisiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, la CEEAIV y el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así lo estableció en 2019 la CEDH en la recomendación 63/2019 dirigida a esas entidades.
Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la CEDH Veracruz, explica que ese oficio tiene un índice de cumplimiento general de 54 por ciento.
Por dependencia, la SSP presenta un avance de 62 por ciento en los puntos recomendatorios, en tanto que la Fiscalía 55 por ciento y el mismo porcentaje aplica para el Tribunal y la CEEAIV.
La titular de la Comisión asegura que la compensación económica es el único punto que se ha cumplido en su totalidad, más allá de que las víctimas impugnaron el monto que les fue asignado como medida indemnizatoria.
“Hay que reconocer que hay un problema que brutalidad policial en Veracruz y el área de oportunidad es que la autoridad debe investigar y sancionar estos excesos en el uso de la fuerza porque en tanto eso no ocurra podrán aceptar recomendaciones, pero será muy difícil que estos hechos disminuyan, pues la impunidad de los servidores públicos envía un mensaje claro de que no hay consecuencias”, manifiesta Matzumoto Benítez.
Carlos Bautista López nunca regresó a casa. El ex director general de penales en Veracruz, José Óscar Sánchez Tirado, fue imputado de haber cometido su desaparición forzada y homicidio. Después de seis años, su caso sigue sin recibir justicia.
La investigación ministerial establece que durante la madrugada del 15 de septiembre de 2015, Sánchez Tirado arribó en vehículos de la policía estatal a la colonia Unidad del Valle en Xalapa acompañado de siete elementos más; tres de ellos golpearon al joven y lo obligaron a subir a una camioneta. No volvió a ser visto con vida.
Carlos tenía 29 años y trabajaba como agente de ventas en Xalapa. Su historia evidencia múltiples omisiones por parte de las autoridades estatales y representa el presunto abuso de poder público de un alto funcionario para desaparecer y asesinar extrajudicialmente a un ciudadano.
En 2017, el ex director general de Prevención y Reinserción Social fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, y vinculado a proceso.
Actualmente Sánchez Tirado permanece en el Penal de Pacho Viejo, Veracruz, y se encuentra a la espera de que inicie su juicio, luego de que en la audiencia intermedia que se realizó en marzo de 2022 un juez confirmó su proceso.
María de Jesús López, madre de Carlos, ve este destello de esperanza después de años de enfrentarse a obstáculos.
Prueba de ello es que los abogados del ex funcionario lograron dilatar la audiencia intermedia a través de amparos otorgados por dos jueces federales, cuando esta debía realizarse desde febrero de 2021.
“Estoy decepcionada de la justicia en México. De nada nos sirve que haya autoridades en Veracruz si todas están coludidas”, dice María de Jesús, quien también es representante del colectivo Unidos por la Paz Veracruz, durante una charla en la Ciudad de México.
En octubre de 2020 el juez de control del distrito de Xalapa, Francisco Hernández Lima, dejó en libertad a dos ex policías implicados en el caso argumentando falta de pruebas.
Para febrero de 2021 quedaron libres dos ex elementos más. Uno de los acusados sigue prófugo y Marichuy, como le conocen sus más allegados, planea pugnar para que la orden de aprehensión se haga extensiva a nivel nacional, pues hasta mediados de 2020 la solicitud era de índole local.
Enterrado sin nombre
Con base en la carpeta de investigación UIPJ/DXI/15/174/2015 y en la recomendación 63/2019 se sabe que después de acudir a una fiesta con amigos, en la madrugada del 15 de septiembre de 2015 Carlos fue a buscar a su ex novia, Olga Hebe Jiménez Noya, sin embargo, tras una discusión ella llamó a Sánchez Tirado, quien era su pareja sentimental.
El agente de ventas fue trasladado a bordo de una camioneta Nissan blanca de Xalapa a una propiedad del exdirector ubicada en la comunidad de La Mancha en el municipio de Actopan.
Carlos desapareció dos veces. La primera cuando lo privaron de la vida en 2015. La segunda cuando encontraron su cuerpo el 13 de abril de 2016, pero la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz no cotejó el ADN con la denuncia por desaparición forzada interpuesta por su familia. Al no haber nadie que lo reclamara lo inhumaron y enviaron a una fosa común en el panteón municipal de Actopan.
“Ellos tenían fotografías de la última ropa que llevaba, tenían su ficha. A mi hijo me lo desaparecieron dos veces las autoridades de Veracruz”, expresa Marichuy.
Para el 23 de septiembre de 2017 se realizó un cateo en el predio de Sánchez Tirado donde trasladaron a Carlos aún con vida. Los peritos encontraron una pulsera de tela color blanco, azul y rojo con el logo de Suzuki, empresa donde laboraba en Xalapa. “Es de él”, lo supieron desde el primer momento en que se la mostraron a sus padres.
Más de un mes después, la Fiscalía notificó a los familiares sobre el hallazgo de los restos de Carlos. Ese día, Marichuy pudo, por fin, ponerle fin a su búsqueda. Habían transcurrido dos años desde su desaparición.
En los análisis forenses no se determinó la causa del fallecimiento, solo que Carlos murió de manera violenta. La razón: supuestamente por el estado en que se encontraron sus restos.
En 2020 la familia del joven recibió una compensación gracias a que se inició el trámite ante la CEEAIV para solicitar la reparación del daño, pero no toda la documentación fue tomada en cuenta, por lo que el monto fue menor al solicitado.
“El tema de la atención a víctimas y reparación del daño es muy complicado, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podemos porque nosotros entramos de manera subsidiaria. No había una claridad en la administración pasada sobre qué recomendaciones tenían que salir primero y cuáles debían pagarse”, agrega Christian Carrillo Ríos, quien asumió la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas el 13 de septiembre de 2020.
Estado de tragedia
Veracruz es el quinto estado con el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas en México, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda. En la actualidad existen 5 mil 506 registros en la entidad gobernada por Cuitláhuac García.
Mientras la fiscalía veracruzana no precisó el número de desapariciones forzadas cometidas por elementos de seguridad pública, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó vía Ley de Transparencia la apertura de 68 quejas por este delito en el periodo de 2015 a 2020. Del total, 53 expedientes se atribuyeron a policías estatales, 13 a municipales y 2 a ministeriales.
“Es complicado asegurar que las violaciones graves a derechos humanos observadas en Veracruz son un problema estructural porque hay delitos que no se denuncian o presentan quejas. El muestreo que llevamos en la Comisión no resulta suficiente para poder afirmarlo porque tiene que ver con acreditar generalidad y sistematicidad”, comenta Mariana Torres López, Tercera Visitadora General de la CEDH.
El último adiós
Empiezan a caer los primeros rayos del sol esa mañana de invierno. El frío abraza a María de Jesús en el patio de un convento ubicado al sur de la Ciudad de México. Su visita tiene un motivo: asistir al Encuentro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 2021.
Poco antes de que amanezca las palabras se entrecortan. Inevitable que no ocurra cuando los recuerdos vuelven de golpe. Hace una pausa. Su mano izquierda juega nerviosamente con un anillo en forma de flor colocado en el anular derecho. Continúa la conversación.
Al revivir el momento en que las autoridades le entregaron los restos de su hijo con frustración en la voz reconoce que no tenía dinero para sepultarlo, por lo que solicitó un crédito funerario. “El gobierno te deja sola, aunque te desaparezcan a un hijo”.
Poco después de que Carlos fuera encontrado, Marichuy formó el colectivo Unidos por la Paz Veracruz como una forma de acompañarse en su lucha, pero también porque vio la misma necesidad en otras madres y padres de encontrar a sus hijos. Hoy ya son alrededor de 60 integrantes que caminan juntos, a pesar de los obstáculos.
María de Jesús López evita que la llamen “activista”. Cree que no es la palabra correcta para definirla. Prefiere ser solo una madre que busca justicia para su primogénito. Para ella las respuestas a sus preguntas llegaron, pero le inquieta la idea de saber que muchas familias en Veracruz vivirán con interrogantes el resto de su vida.
Carlos tenía muchos planes. El principal era tener una casa propia para vivir con su hija. A su madre le gusta imaginar cómo hubiera sido verlo concretar ese deseo. Sonríe.
Y aunque hay días en que la tristeza la sacude, el amor la mantiene de pie, así como la promesa de que el nombre de su hijo no se convierta en una estadística más en México.
“¿Cómo se sigue viviendo con tanto dolor? La indignación pesa en el pecho, pero el amor siempre nos saca adelante. Carlos se fue y debo vivir con esa idea, hay que seguir por los que aún no regresan a casa”.
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Esta investigación se realizó como parte de la Convocatoria 2021 del Programa Piloto de Apoyo al Periodismo en México de la UNESCO. Su contenido es responsabilidad de los autores, quienes formaron parte de la Unidad de Investigación de ONEA México. Editor del Programa: Francisco Sandoval Alarcón.
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Este trabajo se publicó originalmente en ONEA México y se reproduce aquí con su autorización.
