Asuntos del Sur
Por Paola Flores | @paolaflorestr / Asuntos del Sur | @asuntosdelur
Durante años, a las juventudes se les ha dicho que en ellas/os está el futuro de su país, sin que nadie se responsabilice del presente. Por ello, asegurar discursivamente que las y los jóvenes tienen garantizado un futuro, es una de las maneras más irresponsables de abordar la crítica situación social, económica y política en la que se encuentran.
Recientemente, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó que la población joven es cercana a los 160 millones de personas en la región, lo que representa una fuerte necesidad de poner atención a las persistentes brechas estructurales de desigualdad que no han permitido el desarrollo de sus capacidades y la garantía de sus derechos.
Basados en la matriz de desigualdad social en América Latina que la misma Comisión presenta, se espera que las y los jóvenes finalicen con éxito sus estudios para poder adquirir las capacidades necesarias que su campo laboral requiere y con ello, lograr posicionarse en un trabajo que permita su estabilidad financiera y la posibilidad (¿responsabilidad?) de formar su propio núcleo familiar. Todo esto, haciendo un equilibrio de su vida personal, social y mental. Nada más alejado de la realidad.
En Latinoamérica, por ejemplo, estas expectativas (aunadas a un discurso de estigmatización desde una mirada adultocentrista, privilegiada y sin tomar en cuenta la diversidad e interseccionalidad) ha generado que miles de jóvenes, aún accediendo a mayores grados de escolaridad, acceso a la información y desarrollo de capacidades autogestivas, padezcan de altos niveles de desempleo, falta de acceso a canales de movilidad social y económica, coacción por parte de pandillas y otros grupos conformados con base a violencia, menor acceso al poder y espacios de toma decisiones, ausencia de representatividad de sus demandas en órganos o instancias del sistema político, mayores probabilidades de sufrir muerte por agresiones físicas, consumo de drogas, suicidios, feminicidios y, actualmente, desapariciones forzadas, entre muchos otros factores (sin olvidar que la situación se agrava si éstos viven en zonas rurales, forman parte de la diversidad LGBTTTIQ+, son indígenas, pobres o viven con alguna discapacidad). Porque de las juventudes se espera todo pero no se les garantiza nada.
Por ello, ante esta crítica situación, es imperante identificar los esfuerzos colectivos en la región para transformar sus realidades. Actualmente, existen Marcos Generales que trazan una ruta programática de acciones indispensables para mitigar ésta crisis: el Consenso de Montevideo, los Compromisos de Nairobi en América Latina y el Caribe; la Agenda de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD); la Estrategia de las Naciones Unidas para la Juventud #Juventud2030; la Iniciativa regional de Inversión en Adolescentes y Jóvenes de UNFPA en América Latina y el Caribe “165 Millones de Razones” y la Estrategia Global de Juventud de UNFA “Mi Cuerpo, Mi Vida, Mi Mundo” , todas con un potencial enorme y construidas con diferentes sectores desde las juventudes.
Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para resaltar una iniciativa que se destaca por haber transitado del papel a la acción; el proceso latinoamerico #AltaVoz. Éste es fruto de un esfuerzo colaborativo de más de 50 organizaciones en toda América Latina que se unieron en el año 2020 para co-construir un Nuevo Acuerdo Democrático (NAD), uno que integrara las voces y miradas históricamente excluidas. Este documento funciona, actualmente, como una guía programática, compuesta por 5 ejes temáticos y 21 acciones concretas para que las iniciativas y proyectos de Latinoamérica se enmarquen en aquellas agendas “irrenunciables” que nos permitan recuperar nuestras democracias y garantizar los derechos humanos. #AltaVoz busca darle vida al NAD desde los territorios y, así, fortalecer la participación de las juventudes y el posicionamiento de sus demandas.
Ante el cierre del espacio cívico en Centroamérica, los primeros países en implementar dicho proceso fueron Guatemala y El Salvador. En el año 2021, más de 130 personas en ambos países fueron capacitadas para monitorear las posibles violaciones de derechos humanos y se les brindó herramientas para generar innovación política en sus activismos. Posteriormente, se les brindó asesoramiento para el diseño de campañas digitales que les permitiera posicionar sus demandas a través de redes sociales. A finales del año pasado, se celebró un encuentro presencial que permitió el diseño de 4 proyectos concretos para incidir en sus territorios mediante el fortalecimiento organizacional y el impulso de una agenda en temas de Salud Mental. En 2022, se comenzaron a implementar las primeras acciones, por lo que se volverá fundamental seguirles la pista para conocer sus resultados.
Este ejemplo brinda esperanza a la posibilidad de recuperar su futuro, aquel que no queda respaldado en acciones de sus representantes, pero si de ellxs mismxs. Por ello, este texto, más que informativo es una invitación a la reivindicación de las juventudes, a su inclusión y reconocimiento. Por eso, hoy, nos atrevemos a decir que en las juventudes no está el futuro porque les está tocando construirlo.
