“Reparación del daño y declaración de área natural protegida”: continúan exigencias en el Parque Metropolitano

El domingo 11 por la mañana, varios colectivos ambientalistas se reunieron en el Parque Metropolitano para anunciar los siguientes pasos en su defensa de esta área verde: presentarán al Gobierno de Jalisco una petición para que se declare un Área Natural Protegida (ANP), exigirán la reparación de los daños hechos por Alteacorp (empresa que hubiera celebrado “Calaverandia” y “Navidalia” en el parque), propondrán cambios a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (Ambu), y buscarán rendición de cuentas respecto al resto de los eventos que se celebrarán en el parque.

Por Andrés de la Peña

“Hacemos un llamado a la protección del Parque Metropolitano a través de una declaratoria estatal de Área Natural Protegida (ANP)” fue la petición del colectivo Ecológica y Sustentable Arcos de Guadalupe, quienes con la compañía de Vecinos Unidos por Jardines de la Paz del parque San Rafael, la representación vecinal de Residencial del Parque, Por amor a los bosques de Jalisco y otros activistas se reunieron en el Parque Metropolitano para seguir manifestando que #ElMetropolitanoEsDeTodos.

El lunes 12 de septiembre al mediodía, estos colectivos harán la entrega formal del escrito donde solicitan la declaratoria de ANP, además, aclararon durante el evento que los artículos 44 y 45 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Preservación Ambiental de Jalisco faculta al Gobierno del Estado a destinar el parque como ANP de manera voluntaria, y que existen diversas modalidades que podrían proteger al parque mientras se siguen permitiendo sus usos cotidianos. 

Portada de la solicitud ciudadana que presentarán para iniciar el proceso de análisis de viabilidad del ANP. Esta se presentará con una colección de firmas de vecinos a favor de la declaratoria.

La semana anterior, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, descartó la posibilidad de declarar como ANP al parque Metropolitano, considerando que la petición es únicamente un intento por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para conseguir un “botín político” con la situación. Esto ocurrió en el contexto de la cancelación, por parte del Gobierno de Jalisco, de la concesión del parque Metropolitano a la empresa Alteacorp para los eventos “Calaverandia” y “Navidalia” que volverán a su sede anterior en el parque Ávila Camacho. 

Aunque el amparo contra Navidalia y Calaverandia (ahora extinto) fue presentado por Paola Cosío, presidenta de la Red Juventud Popular Jalisco del PRI, tanto este amparo como la solicitud para declarar el ANP fueron planteados por colectivos ecologistas conformados hace años para cuidar el parque Metropolitano.

Colectivos unidos y en resistencia contra la privatización de los espacios públicos (Foto: Andrés De la Peña).

Para una declaratoria es necesario un estudio técnico que resulte en un “programa de aprovechamiento” donde se especifiquen las actividades permitidas en un área. De acuerdo con el artículo 54 de la misma ley, cualquier ciudadano puede solicitar que se inicie el proceso para determinar la viabilidad de la declaratoria.

Entre las cuatro modalidades que existen en esta Ley (parque estatal, formaciones naturales, áreas de protección hidrológica y áreas destinadas voluntariamente a la conservación) se buscará que se adopte la última: el área destinada voluntariamente a la conservación.

En el evento, además de celebrar un convivio donde demostraron el uso comunitario que puede tener un área verde bien preservada, aprovecharon para mostrar a medios de comunicación los daños que Alteacorp causó mientras preparaba el recinto de Calaverandia. Señalaron que exigirán a la Ambu, incluso mediante un amparo o un juicio administrativo si resulta necesario, la reparación de las afectaciones para dejar el área verde en el estado original.

Diana Bernal, activista y vocera del colectivo Arcos Guadalupe, mostró a los medios de comunicación una serie de daños que provocó Alteacorp en diversos puntos del parque. Entre los daños se cuentan cientos de metros cuadrados de pasto y tierra levantados para abrir senderos a maquinaria, árboles con raíces expuestas y extremidades mutiladas por el paso de retroexcavadoras, instalación de transformadores eléctricos e  impermeabilización de un camino de tierra.

La semana anterior Alteacorp, con supervisión de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (Ambu), retiró los andamios y volvió a colocar tierra en los espacios que había excavado. Sin embargo, no queda claro si se llevarán a cabo acciones para restaurar el resto de los daños, y ninguno de los colectivos ha recibido una respuesta clara de la Ambu o de Alteacorp al respecto.

Paola Cosío, quien es vecina del parque y ha asesorado a los vecinos jurídicamente, explicó que existe una problemática de fondo con la Agencia de Bosques Urbanos: su junta de gobierno está compuesta únicamente por autoridades, sin representación ciudadana ni contrapesos científicos que puedan ver por el equilibrio ecológico.

Desde la extinción del organismo público descentralizado (OPD) del parque Metropolitano, la Ambu ha absorbido todas las funciones del OPD respecto a la gestión del parque, lo cual incluye la facultad para permitir usos extraordinarios ─como venta de alcohol y organización de eventos masivos─ a concesionarios de manera unilateral.

Por eso, el colectivo Arcos de Guadalupe, varias representaciones vecinales de la zona, y el equipo legal que lidera Paola Cosío no descartan buscar modificaciones al reglamento del parque o al marco normativo de la Ambu. Incluso consideran la posibilidad de pedir que el parque se desincorpore de la Agencia de Bosques Urbanos para volver a ser un órgano público descentralizado, para que sea gobernado por un comité que incluya ciudadanos y especialistas.

Con estos puntos, la abogada dejó en claro que el objetivo de los colectivos, más que lograr una figura específica de protección ambiental, o algún resultado predeterminado, quieren una solución definitiva para que el parque no sea utilizado en formas que dañen su fauna, flora, y vocación pública. En tal sentido, exhortó al Gobernador de Jalisco a recibir la solicitud y decidir, con argumentos técnicos en lugar de con la excusa de que es “politiquería”, si se declara el ANP. 

De recibir una respuesta negativa, adelantó la postura: 

“Por favor: ilústrenos y díganos cómo sí vamos a proteger al parque. Hay opciones. Éramos un OPD y tenía un consejo de administración en el que había voz y voto de figuras de contrapeso ciudadanas externas a las autoridades. Ahora solo son las autoridades quienes están tomando las decisiones. Es prácticamente el director de Bosques Urbanos. Esto es lo que no podemos permitir en ninguno de los parques que administra la Agencia Metropolitana. Entonces: o se modifican los estatutos de Bosques Urbanos o se regresa a ser una OPD como era antes y se garantiza la protección del espacio”. 

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Andrés De la Peña
Andrés De la Peña
Periodismo y Relaciones Internacionales. Sostenibilidad e interseccionalidad.

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