Tras los feminicidios de Liliana Tinoco y Alondra Franco en Poncitlán, Jalisco, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco denunció que el Gobierno de Jalisco ha fallado nuevamente a las mujeres del estado.
Ambos feminicidios ocurrieron dentro de las instalaciones del ministerio público de este municipio, mientras las víctimas intentaban interponer una nueva denuncia en contra de quién terminaría siendo también su feminicida, Cristofer Gerardo “N”.
CLADEM Jalisco reprobó las declaraciones que realizó el Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez sobre el caso y le recordó que la prevención de la violencia feminicida y las políticas públicas de protección a las mujeres no es un asunto de “predicción”, como sugirió el gobernante.
Por Redacción ZonaDocs / ZonaDocs
Foto portada: Dalia Souza.
Liliana Tinoco y su madre Alondra Franco fueron asesinadas dentro de las instalaciones del Ministerio Público de Poncitlán, Jalisco, mientras intentaban interponer una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de Cristofer Gerardo “N”, pareja de Liliana.
Era la segunda vez que Liliana acudía a pedir ayuda, pues el personal ministerial “le pedía pruebas para darle seguimiento a su caso”, denunció el Comité de América Laguna y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) en Jalisco en un comunicado.
Cristofer Gerardo “N” siguió a ambas mujeres sin que ellas se percataran, entró a las instalaciones del Ministerio Público en Poncitlán, sacó un arma de fuego y “frente a las autoridades comete dos feminicidios”, señaló la organización.
Los hechos sucedieron el pasado 31 de enero.
Si bien, Cristofer Gerardo “N” fue aprendido el 1 de febrero, un día después de haberse dado a la fuga, “el Estado de Jalisco y sus instituciones de procuración y administración de justicia le vuelve a fallar a las mujeres” sentenció CLADEM Jalisco.
Y es que el feminicidio de Liliana Tinoco y Alondra Franco deja en evidencia el no cumplimiento de la obligación estatal para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, así como el derecho a la vida.
En ese sentido, la organización que trabaja por la defensa y protección de los derechos de las mujeres en el estado, reprobó las declaraciones del Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó ante los medios que “como gobierno es difícil controlar y predecir la conducta de los agresores”.
“Decir eso es eximirse de su responsabilidad como administrador del Estado, de prevenir la violencia lenta o feminicida”, refutaron.
Y no dudaron en explicar a la autoridad estatal que la prevención “debe ser una apuesta fundamental de cualquier política pública” y no una suerte de lectura de cartas o predicción del futuro, como lo planteó Alfaro Ramírez.
El doble feminicidio de Liliana y Alondra, hija y madre demuestra también “la falta de capacitación y sensibilización en materia de feminicidios y otros delitos vinculados a la violencia contra las mujeres por parte de los funcionarios públicos”, agregó CLADEM.
Por ello, también reprobaron la falta de protocolos de seguridad que estas formas de violencia letal.
Sus exigencias al Gobierno de Jalisco plantean: garantizar el acceso a la justicia para Liliana y Alondra para que no queden impunes. Además, el inicio de carpetas de investigación en contra del personal de seguridad y ministerial que permitieron la comisión de dos feminicidios dentro de la agencia del ministerio público de Poncitlán Jalisco.
A la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) se le demanda la implementación urgente del Programa Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, instrumento planteado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que deberá contener las acciones coordinadas entre la administración pública estatal y municipal.
