No existen mecanismos confiables y seguros de denuncia para las mujeres privadas de la libertad y personal operativo y de custodia en los centros penitenciarios de Jalisco, aseguró en entrevista Denisse Montiel, Codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Por ello, al ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos y/o delitos -como los denunciados el pasado 15 de febrero- se ve condicionado su acceso a la justicia y a la reparación.
Agregó que, a esto se suma el discurso oficial de parte del Gobernador, Enrique Alfaro y de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Prevención y Reinserción Social, quienes han deslegitimado la denuncia que presuntamente realizaron cuatro mujeres custodias a través de la Organización de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías sobre haber sido víctimas de violación en una de las torres de vigilancia del penal de Puente Grande donde laboran.
Desde el CEPAD, recordaron que dentro de los centros penitenciarios de Jalisco se han documentado una serie de omisiones, violencias, hechos irregulares y violaciones a derechos humanos, desde riñas al interior de los penales, sobrepoblación, hacinamiento hasta el reconocimiento anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la existencia de grupos de autogobierno. Urgen, por lo tanto, un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia público de parte de los titulares de estas dependencias como se ha solicitado.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada: Mujeres policías durante la marcha del 8 de marzo 2021 en Guadalajara. Dalia Souza
“Apoyo total a las compañeras custodias. Exigimos que se investigue y dé con los responsables” decía la pancarta con la que se manifestó la Organización de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías el pasado 15 de febrero en la entrada del complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Con esta protesta buscaron denunciar públicamente el presunto caso de tres mujeres custodias -o hasta cuatro, advirtieron- víctimas de violación dentro de una de las torres de vigilancia del Centro de Reinserción Social en Puente Grande.
Según advirtieron, estos hechos sucedieron después de que un mando, un jefe en turno y un supervisor “estuvieran drogándose y alcoholizándose el viernes 10 de febrero de 2023 y permitieran que internos ingresaran a las torres de vigilancia”.
Luego de estas denuncias públicas el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro junto a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección de Prevención y Reinserción Social, así como el Director del Centro Penitenciario de Puente Grande, José Antonio Pérez Juárez negaron que existieran denuncias oficiales presentadas al respecto e, incluso, cuestionaron “los intereses” detrás de la organización denunciante.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) inició de oficio la queja 391/2023 y dictó una serie de medidas cautelares que consideran 1) la identificación de las probables víctimas y asesoría jurídica; 2) la identificación de las autoridades involucradas y su separación del cargo que ostentan mientras se realizan las investigaciones y 3) la revisión de los protocolos internos de seguridad, protección y custodia.
Sólo una de las medidas fue aceptada, anunció el pasado 21 de febrero Luz del Carmen Godínez, titular de la CEDHJ, así fueron separados de su cargo dos supervisores (personal de custodia) que laboraban el día que presuntamente sucedieron los hechos denunciados por la Organización de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías.
Sin embargo, desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) han manifestado que las presuntas violencias expuestas en este caso, más allá de comprobarse su veracidad, dejan en evidencia nuevamente una serie de violaciones de derechos humanos, omisiones del personal y directivos a cargo, así como diversas problemáticas que prevalecen en los centros penitenciarios de Jalisco. Situaciones que han quedado al descubierto a través de organizaciones y organismos defensores de los derechos humanos en local y nacional.
Puntualmente, explicó Denisse Montiel, codirectora del CEPAD, preocupan y llaman la atención las violencias a las que están expuestas las mujeres en el contexto penitenciario, en este caso preciso hablando del personal de custodia, así como de las mujeres privadas de la libertad.
Por esta razón, cuestionan la deslegitimación de las denuncias que de manera pública ha hecho el Gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, así como de la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Prevención y Reinserción social. Discursos que también han dejado en evidencia las contradicciones que existen entre dependencias y una tendencia hacia invisibilizar los casos, desvirtuar los movimientos que les acompañan y reprimir la protesta social.
Esta ha sido una constante, señaló la codirectora del CEPAD “se ha utilizado el discurso de que “hay intereses ocultos” por parte de quienes denuncian ciertas violaciones a derechos humanos, delitos o situaciones, esta ha sido esa tendencia de la respuesta institucional”.
Al respecto, dijo que “el hecho de que no haya denuncias ante fiscalía no pude presumir que no sucedieron los hechos”.
En ese sentido, advirtió que, si bien, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer que hay una investigación interna por parte del su Órgano de Control, estos mecanismos de investigación interna no han resultado ser efectivos, por un lado, porque tanto la Dirección de Reinserción y Prevención Social como los propios centros penitenciarios dependen de esta Secretaría (es decir, no se garantizaría la imparcialidad) y, por el otro, porque no ha existido un debido proceso de rendición de cuentas para medir la efectividad de estos mecanismos, no sólo en este, sino en otros casos.
Montiel recordó la riña donde ocho personas privadas de libertad fueron asesinadas y ocho resultaron heridas dentro de la Comisaria de Sentenciados del Complejo Penitenciario de Puente Grande. Y es que, aunque la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que abrió una carpeta de investigación en contra de 11 personas privadas de la libertad por su probable responsabilidad en los hechos de violencia, quedó pendiente su esclarecimiento.
En ese momento, el CEPAD, habría urgido la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre las investigaciones de los hechos ocurridos; la creación de una comisión de investigación independiente; así como, el cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el estado de Jalisco.
Como organización que trabaja en la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, reconocieron que estas y otras violencias hacia el interior de los centros penitenciarios ocurren en “contextos que están ocultos de la luz pública”, donde, además, hay actores presentes que impiden que las víctimas puedan denunciar estas situaciones “por los riesgos que ello implica y por la falta de confianza en las instituciones”.
Condiciones que sólo recrudecen con la postura y los discursos de las autoridades, quienes cuestionan la legitimidad del dicho de las víctimas y las situaciones por las que podrían estar atravesando:
“De manera adelantada y pública, el gobernador se adelanta, incluso, de tener cualquier tipo de información o de investigaciones concluidas, sale a mencionar públicamente que el hecho de que no tengan denuncias formales ante la fiscalía ese es un hecho que denota que “no son ciertos los hechos que se dieron a conocer”. El director de Prevención y Reinserción Social también minimiza la situación y menciona lo mismo” mencionó la defensora.
Al cierre de esta nota, el Enrique Alfaro Ramírez ha asegurado que se ha entrevistado a 19 custodias sobre los hechos y que de estas presuntas declaraciones se desprende que se trata de “acusaciones falsas”.
Tal como les dije hace unos días, los presuntos casos de abuso sexual en Puente Grande son mentira y no es algo que diga yo, está firmado en un acta circunstanciada desde la semana pasada en la que 19 custodias rechazan y ratifican que esas acusaciones son falsas. Te la comparto: pic.twitter.com/JOZZCtA8bN
— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 21, 2023
No obstante, “¿con qué confianza, con qué garantías y simplemente con qué ánimo las mujeres que pudieron haber sufrido estas violaciones van a tener esa disposición de acudir a presentar una denuncia formal?” cuestionó Denisse Montiel.
Por lo tanto, afirma que no existen mecanismos que garanticen a las presuntas víctimas no sólo su derecho a interponer una denuncia, sino, además, a no recibir repercusiones o represalias que pongan en riesgo su integridad física o psicoemocional dentro o fuera del contexto penitenciario: “es muy limitada su actuación y no encuentran un mecanismo confiable y seguro de denuncia”.
“Lamentablemente pocas son las denuncias públicas que se hacen sobre estas situaciones porque (las personas afectadas) conocen cuáles podrían ser las consecuencias que podrían tener” dijo, sin embargo, argumentó que aquellas que a través del tiempo han conseguido ser expuestas dan constancia de lo manifestado.
Como ejemplo, recordó la Recomendación 147/ 2021 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) sobre los traslados masivos de mujeres privadas de la libertad desde la Comisaria de Reinserción Femenil a la Comisaría de Prisión Preventiva. Si bien, la comisión no es contundente, considera Denisse Montiel, dentro del documento se menciona que una de las denunciantes fue separada de su cargo y dos de ellas fueron cambiadas a otros centros penitenciarios.
“No logra conectarlo o decir con firmeza que fue una represalia, pero creemos que es un antecedente de las repercusiones que enfrentan el personal operativo de denunciar las violaciones que suceden dentro de los centros penitenciarios” expuso.
El llamado a comparecer
La diputada Hortensia Noroña de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó la comparecencia del titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, el secretario de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano y del director general de Prevención y Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, con el fin de esclarecer los hechos de violencia sexual cometidos presuntamente en contra de tres o hasta cuatro custodias dentro de una de las torres de vigilancia del penal de Puente Grande.
En ese sentido, Denisse Montiel advirtió que, de ser atendida esta solicitud por parte del pleno del Congreso del Estado de Jalisco, esta debería no sólo abocarse al caso concreto, sino que, obliga al poder legislativo a cuestionar a las autoridades de seguridad sobre otros hechos relacionados y/o de la misma gravedad dentro de los centros penitenciarios “nos vuelve a colocar la mirada y la necesidad de seguir observando lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios en Jalisco”.
Además, dijeron que esta comparecencia debería contar con la participación de la sociedad civil, es decir, que no sea a puerta cerrada como ha sucedido en el pasado y que, en esta, también se conozca cuáles han sido las acciones que se han emprendido para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, de quienes laboran en los centros penitenciarios y de quienes acuden de manera constante a la visita familiar.
“Que pueda haber esta comparecencia a puertas abiertas para que puedan rendir cuentas los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Coordinación Estratégica de Seguridad y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social referente a rendir cuentas de cada uno de estos hechos ocurridos en los últimos años”.
Las exigencias
Reconociendo las distintas violencias que pueden sufrir las mujeres en contexto penitenciario, el CEPAD llamó a la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres a que lleve a cabo un diagnóstico sobre las situaciones a las que se enfrentan las mujeres privadas de la libertad, mujeres custodias y personal operativo que labora dentro de los centros penitenciarios en Jalisco, esto con el fin de generar propuestas de políticas públicas que puedan atender estas necesidades y/o problemáticas.
Ante lo expuesto sobre la violación a por lo menos tres custodias que laboran en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande desde el @CEPAD_AC exigimos: pic.twitter.com/V7Bn5YBdcO
— CEPAD (@CEPAD_AC) February 17, 2023
A la par, llamaron a la CEDHJ a participar de estos procesos, por su carácter de organismo defensor de los derechos humanos. Agregaron que esta instancia en otros momentos ha identificado otras irregularidades dentro de estos espacios.
“Es el llamado a la CEDHJ a que pueda realizar una investigación seria, con perspectiva de género y con perspectiva de derechos humanos… podría implicar mayor confianza, pero que sí debe ser un proceso muy cuidado, independiente de los intereses políticos que pudiera haber ahí”.
Denisse Montiel enfatizó que es responsabilidad del Centro de Justicia para las Mujeres ser un mecanismo de denuncia seguro y confiable para que toda mujer o persona que haya resultado víctima de los presuntos hechos denunciados dentro del centro penitenciario de Puente Grande pueda acceder a la justicia, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
“Que sienten estas bases de confianza en las mujeres de poder denunciar. Deben explorar cuáles son esos mecanismos para ellas que, dentro de su contexto, realidad, pudieran funcionarles o hacerles sentir seguras. Hay un abanico amplio, pero siempre y cuando construidos con ellas”.
Finalmente, llamaron a cesar la desestimación pública del tema tanto de parte del gobernante del estado como a las autoridades involucradas, puesto que, precisaron que esta estrategia que han empleado sólo desincentiva aún más el interés de denunciar de las posibles víctimas “si es que en algún punto ellas desearán pensarán realizar esta denuncia, con estas declaraciones públicas, claramente no podrían hacerlo”.
